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Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Pablo Iglesias aboga por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas y exige al Gobierno y a la CNMC intervenir el sector

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EFE / Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que «es un organismo público con capacidad reguladora», que «intervenga» en la regulación de «las tarifas abusivas» de las eléctricas. Así, el líder de Podemos apuesta por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas ya que el sistema español está «en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real», según expresó en eldiario.es.

Para Iglesias, según este artículo, el actual modelo español hace que los beneficios de «estas grandes corporaciones» no dejen de crecer al tiempo que el precio final de la electricidad que paga la gente «no deja de aumentar». «Decir esto es decir la verdad, nos llamen lo que nos llamen», matiza. Para Iglesias, el papel de Podemos debe ser el de «señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir», es decir: «el modelo eléctrico, que permite comprar a expresidentes y a exministros sentándolos en consejos de administración de grandes eléctricas a cambio de retribuciones impúdicas, no es sólo un modelo corrupto, sino ineficaz y obsoleto».

Por eso, según Pablo Iglesias en España «hace falta» un «plan nacional de transición energética» que sirva para «ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables». Un plan que implicaría una «inversión estatal razonable» (15.000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca), que crearía 400.000 empleos de calidad, «fortalecería» un tejido industrial propio y «reduciría» la dependencia energética de España. «¿Tenemos miedo de que nos llamen estatalistas por proponer lo evidente? ¿Tenemos miedo a que anuncien la llegada de las diez plagas de Egipto porque queremos perseguir con medios de verdad el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado?», se cuestiona Iglesias.

En este sentido, Iglesias señala que el «Gobierno del PP nacionalizó Bankia con dinero público», y por eso añade, «sin miedo», que «las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente». «La nacionalización de las eléctricas no es la única ni la primera solución a los graves problemas del sector eléctrico español y tal vez no sea la mejor a corto a plazo, pero es una posibilidad que permite la Constitución y además es una excelente oportunidad para debatir qué hacer», agrega. Según concluye su artículo, el papel de Podemos «debe ser apoyar a los sectores de la sociedad civil que están planteando soluciones».

Concentración ante el organismo regulador

Por otro lado, Pablo Iglesias protagonizó una concentración contra la pobreza energética frente a la sede de la CNMC, donde criticó duramente que este organismo proteja a los mercados cuando «estos actúan en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas». En esta línea, añadió que «es una vergüenza» que las compañías eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos», así como que «la factura de la luz suba el día que más frío hace» mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy achaca el problema «al viento y a la meteorología».

El líder de la formación morada ha reivindicado «un Gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz y tener calefacción es un derecho» y ha criticado «la vergüenza» que supone que las empresas eléctricas «sigan sentando en sus consejos de administración a ex ministros y ex presidentes del PP y del PSOE». Por último, ha recordado que su formación ha sacado adelante en el congreso una medida contra la pobreza energética. «Estamos aquí porque entendemos que la oposición parlamentaria adquiere sentido cuando trasladamos las demandas de la sociedad civil tanto en la sociedad civil como en las instituciones», indicó.

Que investigue la subida eléctrica

Pablo Iglesias ha exigido a la CNMC que investigue la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha remitido en los últimos días. En teoría, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió una investigación a la CNMC cuando los precios iniciaron su senda alcista en diciembre. El propio Ministerio analiza si el comportamiento del mercado mayorista responde únicamente a motivos coyunturales, como la ola de frío, la escasez de lluvia y viento o la subida del pecio del petróleo, o se han producido comportamientos anticompetitivos por parte agentes del sector.

El sector eléctrico mejora en 452 millones sus previsiones hasta noviembre pero el gasista eleva su déficit a 482 millones

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.301,8 millones de euros hasta noviembre, lo que supone 452 millones de euros menos de los previstos, mientras que el agujero del sector gasista se elevó a 482 millones de euros, un 44% superior al de 2015.

En el sistema eléctrico, esa diferencia resulta entre todos los ingresos del sistema, 13.708 millones de euros, y los costes, que sumaron 15.009 millones. Esta diferencia entre los ingresos y los costes del sistema se termina ajustando en las últimas liquidaciones del año, hasta dar como resultado un equilibrio entre los ingresos y los costes a cierre del ejercicio. De esta forma, la tendencia actual anticipa un nuevo superávit en 2016, que se sumaría a los de 2014 y 2015, que acumulan entre los dos ejercicios 1.020 millones de euros.

Según la undécima liquidación del sistema eléctrico de 2016, elaborada por el regulador, la CNMC, los ingresos por peajes de acceso de consumidores (11.764,3 millones de euros) resultaron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos de peajes de generadores en esta liquidación fueron un millón de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, un 0,9% menos. Asimismo, los ingresos registrados por los consumidores suministrados a precio regulado más unas penalizaciones tras haber perdido el derecho a esta tarifa, resultaron un 48,3% inferiores a los previstos en la Orden IET/2735/2015.

Por su parte, los costes regulados resultaron 334 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración y residuos (257,5 millones de euros) y de los pagos por capacidad (88 millones de euros). En lo que se refiere a la demanda de consumo de electricidad registrada hasta noviembre, fue un 0,3% superior al valor promedio registrado en años anteriores, con 202.213 gigavatios hora (GWh).

El coeficiente de cobertura de esta liquidación se situó en un 90,16%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La normativa establece que los costes del sistema se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de peajes de acceso se suelen recibir con cierto retraso.

Asimismo, el organismo presidido por José María Marín Quemada gestionó la liquidación de 63.704 instalaciones con derecho a retribución específica. De esta manera, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero al 30 de noviembre ascendió a 5.907,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación asciende a 681 millones de euros, antes de IVA.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit ascendió a 482 millones de euros a noviembre, frente al agujero de 335 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos netos liquidables fueron de 2.103 millones de euros, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, y la retribución total acreditada a las empresas fue de 2.585 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,4% de la retribución acreditada, señaló Competencia.

La cifra de déficit se ajusta en las últimas liquidaciones del año, cuando entran los ingresos de los meses de invierno en los que se registran los mayores incrementos de demanda. Tanto noviembre como diciembre del 2016 cerraron con alzas en el consumo de gas convencional, del 13,5% y el 10%, respectivamente. Así, y según fuentes del sector, el déficit definitivo del año podría rondar los 100 millones de euros. Esta cifra supondría cuatriplicar los 23 millones con los que cerró 2015, aunque, señalan desde el sector, se trata de cifras modestas en comparación con los ingresos del sector, que rondan los 3.500 millones anuales.

La demanda de gas en 2016 facturada hasta noviembre, ascendió a 269,82 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año anterior. A este respecto, la CNMC señaló que en los últimos meses se observa una recuperación de la demanda del grupo 1, que por primera vez en 2016 supera a la del ejercicio anterior. Por su parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 30 de noviembre del año pasado ha ascendido a 7,7 millones, con un aumento interanual de 91.480 consumidores.

El PSOE pide en el Congreso una auditoría de los costes de la tarifa y una reforma del mercado eléctrico

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Europa Press.- El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado de la Energía, a llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética y a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico.

La iniciativa pide impulsar un pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad «mayor» que la de los últimos años, y facilitar la transición energética hacia un modelo «seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables». Asimismo, pide llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición «indispensable» para conocer cuánto cuesta producir la energía eléctrica, qué es lo que se paga en el recibo y lo que reciben los usuarios a cambio.

Asimismo, insta al Gobierno a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al «mínimo coste», que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética. Esto pasaría por reducir la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva una gestión «más eficiente» del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

En el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor propuesta por el grupo socialista, insta al Ejecutivo a aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. En el texto, el PSOE denuncia que los precios de la electricidad al por mayor se incrementaron más de un 30% el pasado mes de diciembre, desde los 40 euros por megavatio hora (MWh) a 60 euros. En enero, el precio siguió aumentando y está llegando a superar actualmente los 90 euros por MWh.

Asimismo, respecto a las palabras del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que informó de que la factura de la luz se encarecerá de media 100 euros más este año, lo que según el PSOE «intensificará la reducción de la renta disponible de los hogares, y en especial de los más vulnerables», al tiempo que conllevará una pérdida de competitividad de las empresas. Además, los socialistas señalan que el ministro anunció que había encargado un informe a la CNMC para ver qué elementos del sistema podían mejorarse. Sin embargo la CNMC ya indicó que no había abierto una investigación en profundidad ni había incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.

Tres de cada cuatro clientes de luz que pasan del precio regulado al mercado lo hacen en la misma compañía

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Europa Press / Servimedia.- El 74% de los cambios de suministrador de electricidad en los que el consumidor pasa del precio regulado al mercado libre se da entre sociedades del mismo grupo empresarial, según el informe de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre comercialización de luz y gas correspondiente al segundo trimestre.

Si en electricidad el porcentaje de cambio desde la filial regulada a la filial de mercado de un mismo grupo empresarial equivale al 74%, en el caso del gas esta tasa es inferior y se sitúa en el 41%. El precio regulado, llamado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), es generalmente la opción más económica. Además, esta es la modalidad de suministro de la que deben disponer los consumidores que deseen beneficiarse del bono social y cumplan las condiciones para disfrutarlo. En todo caso, la CNMC indica que el mayor volumen de solicitudes de cambio de comercializador se dio entre suministradores en el mercado libre. El porcentaje fue del 61% en el sector eléctrico y del 89% en el gasista.

El informe muestra además que los tiempos medios de cambio de comercializador se redujeron en el segundo trimestre. Para el sector eléctrico fueron de 12 días, frente a entre 13 y 14 días en 2015, mientras que para el gasista fue de 14 días, frente a entre 14 y 15 días en 2015. Por canales de contratación, la venta domiciliaria es, con 8 días, más lenta que el resto de canales, como son el teléfono, la web y la tienda. Esta circunstancia se produce tanto en electricidad como en gas.

La CNMC también ofrece un ranking de comercializadores en función de los tiempos medios de cambio. Entre los comercializadores de electricidad con tiempos medios de 6 días o menos se encuentran los del Grupo Iberdrola, Carvisa y Viesgo COR. Por el contrario, con tiempos medios de 30 días o más está la comercializadora de referencia de CHC. En el sector del gas natural figuran cinco comercializadoras con tiempos medios inferiores a 7 días, que son Sonatrach Gas Comercializadora, Fenie Energía, Endesa Energía XXI, Iberdrola Clientes, EDP CUR e Iberdrola CUR. Se registran dos comercializadoras con tiempos medios superiores a 30 días, que son Viesgo Energía, Multiservicios Tecnológicos, Gas Natural Comercializadora y Unión Fenosa Gas Comercializadora.

Por otro lado, el número de solicitudes de cambio de comercializador de electricidad y de gas recibidas por los distribuidores durante el segundo trimestre se incrementó en un 7,8%, hasta 1,31 millones de solicitudes. De estas solicitudes, 988.713 pertenecen al sector eléctrico y 330.641 al sector gasista. En total, se aceptaron el 88% de solicitudes en el sector eléctrico y el 79% en el sector gasista, ya que no todas las solicitudes formuladas por los comercializadores están bien realizadas, contienen la información que corresponde a la del punto de suministro o incluso puede ocurrir que deban rechazarse por aspectos técnicos.

En el sector eléctrico, la tasa de rechazo alcanzó el 11,8% y puede atribuirse a los rechazos experimentados por Iberdrola CUR, como consecuencia de un fallo puntual en sus sistemas automatizados. En el sector gasista, la tasa de rechazo alcanzó el 21% en el segundo trimestre. El incremento se produce en todas las áreas de distribución y, en mayor medida, en la de Gas Natural Fenosa, favorecido por la implantación de una serie de mejoras en sus sistemas informáticos. De esta manera, el número de cambios de comercializador activos, los que fueron ejecutados por los distribuidores, alcanzaron los 848.560 en el sector eléctrico y los 266.271 en el sector gasista.

La tasa global de cambio de comercializador, conocida como switching, fue en el segundo trimestre de 2016 un 2,9% en el sector eléctrico y un 3,5% en el sector gasista, superiores a las del anterior trimestre. En términos interanuales se observa una tasa de cambio del 11,1% en el sector eléctrico y del 12,3% en el sector gasista. Estas tasas de cambio están entre las más altas de gas y electricidad a nivel europeo, y serían comparables a las existentes en otros sectores regulados como la telefonía, asegura la CNMC.

Los márgenes comerciales de las gasolineras subieron alrededor de un 5% en noviembre

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Servimedia / Europa Press.- Los márgenes comerciales aplicados por las gasolineras españolas se incrementaron en noviembre alrededor de un 5%, según la CNMC. Hay que tener en cuenta que dentro del margen no solo aparece el beneficio final, sino otros costes como el de la logística, la distribución o el comercial.

En concreto, el margen bruto promedio mensual, que refleja la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de referencia, en el caso de la gasolina aumentó respecto al mes anterior un 4,6% (78 céntimos de euro por litro), situándose en 17,9 céntimos de euro. Mientras, en el gasóleo el margen se incrementó un 5,3% (86 céntimos de euro por litro), hasta los 17,2 céntimos de euro.

Al compararse con los países del entorno, el margen bruto promedio de la gasolina en España fue superior en 5,5 céntimos por litro a los seis países europeos de referencia, conocidos como UE-6 en la jerga del regulador. Este diferencial supone un descenso del 18,7% respecto a octubre. En cuanto al gasóleo, fue superior en 4,3 céntimos a la media de la UE-6, lo que supone un descenso del 27,1%.

España se mantuvo en la tercera posición del ranking de precios antes de impuestos más altos de la Unión Europea para la gasolina. Respecto al ranking del gasóleo, descendió de la cuarta a la octava posición. El precio antes de impuestos de la gasolina en promedio mensual bajó un 2,5% (1,31 céntimos de euro por litro), frente a un descenso del promedio mensual de la cotización internacional de referencia de la gasolina del 5,9% (2,09 céntimos de euro por litro). Asimismo, el precio antes de impuestos del gasóleo descendió un 2,2% (1,17 céntimos de euro por litro), frente a un descenso de la cotización internacional del 5,7% (2,03 céntimos litro).

El peso de los impuestos y otros costes aminora la traslación de estas caídas al recibo final. Las estaciones de servicio de BP marcaron los precios más altos para la gasolina, seguidas de Cepsa y Repsol. En el caso del gasóleo, las estaciones de Repsol, Cepsa y BP registraron precios promedio idénticos. La CNMC indica que los precios de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como Galp Energía España y Disa Península. Además, señala que el promedio correspondiente a los restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes.

Asimismo, Guipúzcoa volvió a ser la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos en gasolina, seguida por Álava y Pontevedra. Lérida continuó también siendo la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina, seguida por Valencia y Barcelona. Por lo que respecta al gasóleo, las provincias del País Vasco fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos y Lérida ocupó su habitual posición como provincia con precios antes de impuestos más bajos, seguida por Valencia y Murcia.

Energía congela los peajes de electricidad y gas a pesar de las advertencias de la CNMC sobre el déficit gasista

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Europa Press / Servimedia.- El Ministerio de Energía publicó en el BOE sendas órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.

Los peajes deberían recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. En los últimos tres años, los peajes, que dependen del Gobierno, se han mantenido constantes para gas natural y descendieron un 2,8% para la electricidad. Según el Ministerio, esta congelación es consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes. La otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas (gas y petróleo principalmente) y la climatología. A los peajes y al coste de la energía hay que sumar los impuestos.

Según los cálculos de Energía, el consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que el del gas experimentó un abaratamiento del 9%. El Gobierno destaca además que «la congelación de la parte regulada del recibo contribuirá de manera significativa a amortiguar el impacto de las recientes subidas de las materias primas sobre las facturas de los consumidores en general».

El sistema eléctrico, si se cumplen las previsiones de Energía, cerrará de nuevo 2017 sin déficit de tarifa, después de haber registrado un superávit de 110 millones en 2016, que se suma a los cerca de 470 millones en 2015 y a los 55 millones de 2014. Para 2017, el coste del transporte y la distribución de electricidad se mantendrá en cifras parecidas, mientras que el de las renovables y la generación aumentará de 6.403 a 6.987 millones. La retribución a las renovables aumentará al haberse acometido la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado fijada en la reforma eléctrica. Además de los 6.987 millones, se les reconocen otros 176 millones por importes recibidos de menos en 2015.

Los consumidores eléctricos deberán afrontar además en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa. También se retocan aspectos técnicos de las subastas de interrumpibilidad para mejorar su funcionamiento. La tarifa eléctrica asumirá de nuevo en 2017 un total de 740 millones de euros correspondientes al 50% de los extracostes de la actividad extrapeninsular, mientras que los otros 740 millones recaerán sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los PGE, como ya está establecido, aportarán además a la tarifa 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado con los distintos impuestos eléctricos, por un importe previsto en 2017 de 2.704 millones de euros.

En cuanto a los peajes de gas, Energía asegura que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes totales del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. Así, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto. El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones. También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral acerca de los costes del gas importado desde Argelia, asumiendo 163 millones en cinco años por este concepto.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que ya había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros. Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental. Asimismo, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones.

La CNMC cifra en 200 millones el perjuicio de Energía sobre la retribución renovable al estimar el precio del mercado

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Redacción.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reprochó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la ausencia de metodología para fijar su previsión del precio del mercado a largo plazo y poder ejecutar correctamente la retribución que van a percibir las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos. De hecho, con la estimación fijada por Energía, la CNMC avanza un impacto en 2017 de que estas instalaciones recibirán 200 millones de euros menos al percibir su retribución.

Acudiendo a los números, mientras Energía ha reducido su previsión de precio del mercado para el período entre 2017 a 2019 a cifras en torno a los 42 €/MWh, el Ministerio ha optado por mantener en 52 €/MWh el precio a partir del año 2020. Esta decisión cobra importancia si se tiene en cuenta que el modelo retributivo aprobado por el PP para las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos fija una rentabilidad razonable para estas plantas, de tal forma que lo que reciben del mercado por la venta de energía se complementa con las ayudas necesarias para alcanzar la rentabilidad razonable fijada por el Gobierno, establecida de forma común en el interés del bono español más un diferencial.

Por este motivo, para calcular cuánto se tiene que aportar a una planta determinada, se estima lo que la instalación va a recibir del mercado a lo largo de su vida útil. De esta forma, la CNMC señala que “los ingresos regulados presentes se reducen de forma proporcional a la expectativa de incremento de los ingresos futuros por la venta de energía a mercado”. Asimismo, “el impacto es tanto mayor cuanto más larga es la vida útil regulatoria residual de la instalación tipo en cuestión”.  

El regulador critica que el Ministerio no haya establecido una metodología para calcular el precio del mercado a partir de 2020 después de que se atienda a los mercados de futuros para estimar los precios del período entre 2017 y 2019. “Se ha adoptado la hipótesis de que el precio del mercado eléctrico se mantiene constante en un valor de 52 €/MWh, hipótesis para la que no se proporcionaba metodología”, denuncia la CNMC. Por ello subraya que mantener los 52 €/MWh «no se justifica» y «se compadece mal» con los precios obtenidos con una metodología.

La CNMC reprocha a Energía que 335 millones ingresados para pagos por capacidad se destinen a financiar otros costes regulados

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Redacción / Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía de que, en su borrador de peajes eléctricos para 2017, está «financiando» costes del sistema mediante un exceso de recaudación de 335 millones de euros en la partida de pagos por capacidad, unos incentivos a las centrales de respaldo, generalmente térmicas de carbón o de gas, por estar disponibles en los momentos en los que falla la aportación de tecnologías no gestionables como la eólica.

En su informe sobre el borrador de peajes de electricidad, el organismo presidido por José María Marín Quemada advierte de que los ingresos previstos para 2017 destinados a los pagos por capacidad ascienden a 725 millones, a pesar de que esta partida generará unos costes de 390 millones. De esta forma, se registra un saldo positivo de los pagos por capacidad de 335 millones que se destinará a financiar los costes regulados “distintos al transporte y la distribución”, entre los que figuran, especialmente, los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica.

«Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema», afirma. La CNMC aprovecha para reclamar a Energía «una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«.

Justifica congelar los peajes eléctricos

El borrador de orden ministerial de peajes eléctricos contempla un escenario de equilibrio entre costes regulados e ingresos procedentes de los peajes para 2017. Tras más de una década de déficit de tarifa, el sistema eléctrico ha arrojado superávit en 2014 y 2015, y lo hará previsiblemente en 2016. La CNMC considera en todo caso que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, está justificada la decisión de mantener congelados los peajes.

La CNMC aprovecha para pedir a Energía que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria. También lamenta no haber podido valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, y considera «inadecuado» el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en territorio insular. Junto a esto, insiste en la necesidad de que Energía apruebe una metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.

A propósito de esta metodología, el regulador indica que su aprobación servirá para contribuir a la transparencia del sistema en su conjunto y, en el caso del autoconsumo, para dotarlo de mayor certidumbre para su desarrollo. Competencia también advierte del incremento de los cargos transitorios por energía consumida para los subsistemas de Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera incluidos en la orden ministerial, sin que se justifique suficientemente el motivo de dicha variación.

Para el conjunto de autoconsumidores, se producirá una rebaja del 6,2% en el término fijo de los cargos para potencias contratadas no superiores a 10 kW. Entre 10 y 15 kW, la rebaja será del 3,6%. En cuanto a los términos variables, registran reducciones comprendidas entre el 3% y el 16,3% para los consumidores de baja tensión y entre el 8,4% y el 16,7% para el resto de los consumidores.

Comunicación y electricidad

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La evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista durante la primera quincena de diciembre ha desatado un proceso comunicativo que suele ser bastante virulento, intenso y previsible cuando su resultado anticipa una posible evolución al alza de los mismos (por las circunstancias que sean y que en el caso que nos ocupa, esbozaremos) y que podemos describir de acuerdo al histórico anterior de procesos semejantes, cumpliendo los siguientes pasos, con los matices lógicos.

En primer lugar, este proceso comunicativo, como se puede apreciar, se produce con mucha mayor intensidad en el ámbito del suministro eléctrico con respecto a otras energías finales, sea al suministro gasista o incluso los hidrocarburos, dónde los consumidores parece que son más precio aceptantes. Por una parte, existen más agentes opinando, con un grado más grueso en su expresión así como en sus demandas y pretensiones (pueden llegar a solicitar la estatalización del suministro).  Por otra parte, existe una maquinaria muy engrasada y entrenada al respecto que lo ceba.

En segundo lugar, se produce en términos catastrofistas de forma que se extrapolan las posibles variaciones de precios por la mayor que resulte de las comparaciones que se barajen o sea posible realizar con la calculadora. Por tanto, se emiten comparaciones con el mes anterior, en un sistema que sólo admite comparaciones homogéneas respecto al año anterior. Aún así, no dudan en aislar la evolución del mercado o incluir los peajes, según convenga para que el porcentaje resultante resulte mayor. El objetivo, lógicamente, es amplificar sus posibles resultados para que los efectos comunicativos sean mayores.

En segundo lugar, se produce de forma adánica, omitiendo los períodos en que por razones concretas se producen abaratamientos o descensos del precio de la electricidad: por razones meteorológicas, de estacionalidad o de circunstancias de mercado. También se produce de forma adánica respecto a las decisiones en torno al modelo de fijación de precios horarios o de los costes de acceso. En consecuencia, la electricidad, en este desarrollo discursivo que disimula las evoluciones negativas, ha de ser un suministro cuyo precio sólo podría descender y los más condescendientes, otorgándole el título de precio político, admitirían una evolución ajustada al IPC.

Seguidamente, se involucra a la CNMC, para que valore si la evolución de los precios al por mayor es «mucha o poca», haya razones meteorológicas o incluso, como ocurre actualmente, porque se esté exportando energía (a mercados que por circunstancias de producción de la electricidad nuclear tienen la energía más cara en generación, como es actualmente el caso francés). La CNMC, organismo cuyo supuesto correlato en otros países debe ser el de regulador independiente, supervisión y control de los mercados en su conjunto, se convierte en una especie de Junta Superior de Precios. Las declaraciones de los portavoces del organismo en las que responden a las preguntas de la evolución del precio del mercado mayorista supone la asunción del marco.

Sea como fuere, una vez caldeado el ambiente de forma suficiente, el proceso enfrenta dos alternativas. Si se conocen los resultados definitivos y no coinciden con las previsiones alarmistas preventivas, se produce un decoroso mutis por el foro de estas voces. Y si coinciden, la presión ejercida sobre el Gobierno puede llevar a hacer ajustes contables, tocar magnitudes de costes de acceso, dependiendo del escenario político y electoral del momento. En todo caso, se renuncia a la revisión de los componentes de los costes de acceso y a una reflexión seria de dónde se producen las variaciones en los precios de la electricidad, según su proceso de formación y componentes.  Nada nuevo, esta vez tampoco.