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El Tribunal Supremo ratifica la anulación de la autorización inicial para la regasificadora de Granadilla en la isla de Tenerife

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Europa Press / EFE.- La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 16 de marzo de 2015, que anuló las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y del Secretario de Estado de Energía, de 2012, que otorgaron una autorización administrativa inicial a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan) para la construcción de una regasificadora en Granadilla (Tenerife).

En este caso, el Supremo desestima los recursos tanto del Estado como de la empresa Gascan contra la sentencia del TSJM, que tomó su decisión al estimar un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla. Esta sentencia avala la anulación de la antigua autorización para el proyecto. No obstante, Gascan procedió posteriormente a solicitar una nueva autorización en 2015 que ahora está pendiente de ser autorizado por el Ministerio de Energía.

Gascan presentó el primer escrito de petición de autorización administrativa del proyecto en julio de 2000, pero el proyecto sufrió retrasos por su posible impacto ambiental, y en febrero de 2015 el gestor del sistema gasista, Enagás, compró la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago. Enagás inició una nueva tramitación al adquirir Gascan y en julio de 2016 consiguió la declaración de impacto ambiental favorable.

En una argumentación que avala el Supremo, el TSJM decidió, para anular la autorización administrativa, que no bastaba con examinar de manera independiente el posible impacto de esa instalación de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado con una Declaración de Impacto Ambiental, sino que debió haberse estudiado si tenía algún efecto «acumulativo» con otras industrias potencialmente peligrosas existentes en esa misma zona, como la central térmica de generación eléctrica, situada a 400 metros. Esto fue considerado una omisión especialmente relevante, al no tener en cuenta el contexto que rodearía a la regasificadora, «en cuanto desnaturaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que debe ser adecuado para preservar de forma integral los intereses ecológicos concurrentes en ese lugar».

Era necesario el impacto acumulativo

Añadió la sentencia que la estimación de dicha alegación determinaba la necesidad de completar la Declaración de Impacto Ambiental realizada con un informe de esas características, y que consecuentemente procedía anular esa Declaración de Impacto y la autorización administrativa impugnada, ya que debe contar con dicha evaluación antes de resolver sobre la procedencia de la autorización del proyecto y para establecer las condiciones necesarias en el desarrollo en detalle y ejecución de la obra proyectada.

Para el Supremo, la sentencia del TSJ de Madrid fue «perfectamente argumentada y razonable», y añade que su motivación no fue la ausencia de un determinado contenido del Estudio de Impacto Ambiental, «sino la falta de un análisis de los riesgos ambientales acumulados en la Declaración de Impacto Ambiental». Por ello, la Sala considera que en este caso concreto «resultaba necesario que la propia Declaración de Impacto Ambiental contemplase de manera específica la problemática de los efectos acumulativos» al quedar probado que la regasificadora se iba a instalar dentro del futuro puerto de Granadilla junto con el polígono industrial de esta localidad, y a unos 400 metros de la térmica de Granadilla, actualmente en funcionamiento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió en 2017 un informe en el que no consideraba conveniente autorizar la construcción de la regasificadora de Granadilla hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. A juicio de la CNMC, la autorización debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señaló que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron han quedado desfasados en relación con la actualidad.

Anulación celebrada en Gran Canaria

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva Canarias), ha defendido que la sentencia del Tribunal Supremo avala «la sensatez del movimiento ciudadano» que se opone a ella. «Está clarísimo, esa no es una planta necesaria para estas islas. Es absolutamente imprescindible que nos paremos a reflexionar y que avancemos en un futuro renovable para esta tierra«, ha manifestado el presidente del Cabildo. Antonio Morales, que lidera en Gran Canaria la oposición a la entrada del gas canalizado en la isla, sostiene que «no se puede imponer» a Canarias «un modelo caduco» ni se debe «volver a un pasado contaminante» porque el futuro de esta comunidad autónoma «no se puede sostener en las energías fósiles».

Una petición contra el gas natural en Canarias supera las 10.000 firmas en cuestión de días

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EFE.- Una petición contra la introducción del gas en las islas Canarias y a favor de un nuevo modelo energético ha obtenido el respaldo de más de 10.000 personas en cuestión de días, en una iniciativa publicada en la plataforma de recogida de firmas change.org.

La propuesta ha partido de la Asamblea Ciudadana Contra el Gas, que reclama al Gobierno de Canarias un nuevo modelo energético que permita superar los combustibles fósiles, ante la posición favorable del ejecutivo regional a la introducción del gas. «El gobierno autonómico y las multinacionales eléctricas quieren imponer un nuevo combustible fósil en las islas, el gas natural, en el paraíso de las renovables, cuando el reto mundial es reducir la dependencia de los combustibles fósiles para mitigar el cambio climático», indica la petición, en la que se insta a no permitir «semejante atropello a la ciudadanía y al planeta».

En la petición se detallan los planes para instalar 2.942 kilómetros de canalizaciones para distribuir combustibles gaseosos «altamente peligrosos» en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con un coste de 200 millones de euros. «Numerosos expertos consideran un sin sentido la introducción del gas en Canarias, que reúne todas las condiciones para ser un ejemplo mundial en las energías renovables», suscriben los firmantes, que consideran que la utilidad pública del proyecto no está justificada y que se ha planificado de espaldas a la ciudadanía, que será la que asuma el coste de la inversión.

El escrito argumenta que el gas va a frenar las energías renovables, «más baratas y limpias», y va a aumentar la dependencia energética del exterior cuando ese combustible «ya se está retirando de otros países para luchar contra el cambio climático». «Intentan justificar infraestructuras como las regasificadoras, inviables económica y ambientalmente», señala la Plataforma, que recuerda que la regasificadora de Granadilla «está paralizada en el Tribunal Supremo y carece de autorización». También hace referencia al informe negativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la viabilidad económica de la regasificadora.

La CNMC cuestiona la viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) en un informe no vinculante para el Ministerio

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. Así lo ha expresado en un informe que no es vinculante para la decisión del Ministerio de Energía.

El organismo de supervisión se pronuncia sobre la propuesta de resolución por la que la Dirección General de Política de Energía y Minas otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), propiedad 100% de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública a esa planta de recepción, almacenamiento y regasificación. La CNMC, en las conclusiones de su informe, ha explicado que no es conveniente autorizar la construcción de esta instalación hasta que no se disponga de garantías de usos y de estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de Canarias.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización de la planta de regasificación debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones están desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

La CNMC también considera que habría que hacer un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de GNL de Granadilla para la que se solicita la autorización administrativa. Asimismo, asevera que el proyecto esta «incompleto» pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de GNL de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering (el abastecimiento de GNL de buque a buque).

Un proyecto del año 2000

El proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces sufrió numerosos retrasos por su posible impacto ambiental. Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que ser redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la Comisión Europea por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño. En la tramitación del proyecto, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

En esos momentos el presidente de Enagás cifró en unos 300 millones de euros la inversión en la regasificadora de Granadilla y aseguró que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en enero de 2017 Gascan reiteró su solicitud de autorización administrativa.

Nueva Canarias y la energía

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha defendido la necesidad de revisar en profundidad el modelo energético de Canarias tras el informe contrario de la CNMC a la instalación de una regasificadora en el puerto de Granadilla. Por ello, Rodríguez propugna un proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado en las renovables y la puesta en marcha de un plan canario de transición energética. Según Román Rodríguez, “Canarias puede articular un sistema que avance en la autosuficiencia, reduzca la contaminación y abarate la energía para los hogares, las empresas y el sector primario”.

La CNMC «ha propinado un duro golpe a la regasificadora de Granadilla» al cuestionar la viabilidad económica de un proyecto «que se ha quedado obsoleto dado el desarrollo tecnológico, la eficiencia y el abaratamiento de la producción de las renovables«, según el líder de NC. «Canarias ya dispone de las bases para pasar del actual modelo dependiente, contaminante, caro y controlado por los grandes oligopolios de los combustibles fósiles, a otro más democrático, menos costoso, eficiente y seguro, centrado en las energías limpias», asevera Rodríguez.

Izquierda Unida Canaria pide renovables

Por otro lado, Izquierda Unida Canaria ha pedido al Gobierno autonómico que aproveche el revés que ha sufrido el proyecto para instalar una planta regasificadora en el puerto de Granadilla para invertir en energías renovables y trabajar por el medio ambiente. Izquierda Unida Canaria considera que el pronunciamiento de la CNMC es «una oportunidad estupenda» para apostar por las energías renovables. «No habrá de momento regasificadora en Granadilla; el trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias ha logrado que se paralice», se felicitó Izquierda Unida Canaria.

Canarias estará exenta de tasas en el autoconsumo al menos hasta 2022 mientras “cuestiones técnicas” retrasan la subasta renovable insular

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el retraso de la subasta de nueva potencia de energías renovables en Canarias tiene que ver con «cuestiones técnicas» y «no políticas». Asimismo, Nadal ha avanzado que los sistemas de autoconsumo energético en Canarias estarán exentos de abonar tasas compensatorias al sistema al menos hasta 2022, pues las instalaciones insulares resultan más económicas que el actual sobrecoste del precio de la energía que ya asume el Estado.

Nadal explicó que un avance del autoconsumo y la generación distribuida en Canarias es bueno «para todos»: para el sistema, para el consumidor y para el Estado. Por eso, detalló, el archipiélago atlántico tiene un «régimen específico sin elemento compensatorio como mínimo hasta 2022». «Siempre será beneficioso para Canarias y para el conjunto del sistema», insistió. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ve fácil que esa consideración especial con el archipiélago respecto al autoconsumo «se amplíe» pues, «por mucho autoconsumo» que exista en las islas, «va a seguir siéndole rentable al erario público».

Además, Clavijo avanzó que el expediente de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) ya está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que será autorizada «pronto». Para el presidente canario se trata de una «muy buena noticia» que la regasificadora esté cerca de recibir su «visto bueno», a falta de la redacción de un informe.

Mejorar las interconexiones entre islas

El ministro detalló que uno de los retos para mejorar el sistema y abaratar sus costes en Canarias es la conectividad eléctrica de los sistemas insulares. A este respecto, reconoció «cierta sorpresa» en la falta de receptividad de la Unión Europea a financiar más allá de un 10% o un 15% de los costes de estas operaciones, por lo que avanzó movimientos junto a Canarias para cambiar esta posición. «El caso de Canarias no es el mismo que el de otras zonas de la Unión Europea, por su condición de región ultraperiférica», remarcó. Así, ironizó que ojalá exista pronto una tecnología que posibilite conectar eléctricamente Península y Canarias, pero incidió en que «actualmente no existe».

El aislamiento afecta a la estabilidad del sistema canario pero también a su coste. Por ello, consideró que tiene todo el «sentido impulsar renovables es Canarias» porque es donde «tiene todas las ventajas», al contrario de en la península, donde a veces no. «En Canarias siempre es más barato optar por renovables que por fuel. Todo lo que se pueda hacer será bueno para el sistema, pues incluso se traslada a las Canarias la marca de islas limpias, lo que puede despertar interés de la gente por venir aquí porque la energía que se consuma sea cada vez más renovable», apuntilló. Por otro lado, Nadal y Clavijo aseguraron que buscarán facilitar inversiones de ahorro energético en las desaladoras de Canarias.

«Cuestiones técnicas» retrasan la subasta

Para el ministro, en las islas concurren «dificultades técnicas de espacio o red» que fuerzan a la Administración a «hilar más fino» en la implantación de renovables. Pero se trata, sostuvo, de «cuestiones técnicas» y «no políticas» que se están «resolviendo». Eso sí, Nadal no quiso hablar de potencia ni de fechas concretas, pero sí detalló que la «intención del Gobierno es convocar la subasta cuanto antes». «Tenemos claro que hace falta convocar nuevas subastas en Canarias, y cuantas más, mejor. Se trata de un beneficio para todos y vamos resolviendo los problemas técnicos con la mayor celeridad posible», apuntó.

Enagás eleva un 1,5% su beneficio hasta septiembre, con 317,4 millones, y espera comenzar este año la regasificadora de Tenerife

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Redacción / Agencias.- El presidente de Enagás, Antonio Llardén, espera que se desbloquee la situación política actual para poder contar con la orden ministerial necesaria para comenzar las obras de construcción de la regasificadora de Tenerife a finales de este año. Así lo señaló tras presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, en los que Enagás registró un beneficio neto de 317,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,5% en comparación con los 312,7 millones del 2015.

Enagás atribuyó el incremento de su beneficio a los activos internacionales. La contribución de las sociedades participadas al beneficio ha sido del 14,8%, frente al 8,8% registrado a 30 de septiembre de 2015. Según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos totales de la gasista sumaron 899,7 millones en los nueve primeros meses de 2016, un 2,3% menos que en 2015, y los gastos aumentaron un 8,7% por temas de personal. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 6,1%, hasta los 643,3 millones, en tanto que el resultado neto (Ebit) ascendió a 438,6 millones de euros, con un retroceso del 6,2% sobre los nueve primeros meses de 2015.

La inversión realizada fue de 598,4 millones de euros, de los cuales 175 millones correspondieron a España y 423,4 a inversión internacional. De la inversión en España, hay que destacar que la cifra incluye un importe de 106,6 millones de euros correspondiente a la adquisición de un 42,5% adicional en la planta de regasificación de Sagunto a la compañía Unión Fenosa Gas. La demanda de gas natural del mercado nacional alcanzó hasta finalizar septiembre 226,5 TWh, un 1,7% inferior a la obtenida en 2015, fundamentalmente por un menor consumo para generación eléctrica. Eso sí, la demanda industrial en el mismo periodo continuó su tendencia positiva con un crecimiento del 2,2%.

En cuanto a la evolución del consumo de gas, Llardén se ha mostrado positivo y ha afirmado que el pasado jueves 13 de octubre se batió el primer récord de demanda nacional en 3 años fuera de la temporada invernal. Además, destacó que en los últimos 50 días la evolución general de la demanda de gas natural es muy positiva. «La evolución de la demanda industrial es coherente con la evolución de la economía española y con las previsiones del PIB español para finales de 2016″, apunta la empresa gasista.

Enagás eleva objetivo de beneficio

Por otro lado, el presidente de Enagás valoró que la empresa está en la «senda correcta» para superar los objetivos marcados a principios de año y que espera terminar 2016 con un alza del beneficio del 1,5% frente al 0,5% previsto inicialmente. En este sentido, los directivos de Enagás explicaron que esta mejora del objetivo de beneficio refleja, entre otros aspectos, la contribución de la regasificadora de Sagunto (Valencia). La empresa también reafirmó el resto de objetivos de negocio para el año así como su compromiso de elevar el dividendo un 5% cada año hasta 2020. También avanzó que pronto actualizarán su plan estratégico con objetivos a «2020 o 2021».

El FFO (Funds from Operations) al final del tercer trimestre de 2016 fue de 611,5 millones de euros, superior en un 1,5% respecto al generado en el mismo periodo del 2015. En cuanto a la deuda neta de Enagás, ésta se situó en 4.431,3 millones a finales del tercer trimestre de 2016, frente a los 4.237 millones en que cerró el pasado ejercicio, lo que supone un ratio de FFO (12 últimos meses) sobre deuda neta del 15,9%. El coste neto medio de la deuda a 30 de septiembre 2016 se situó en el 2,4%, inferior al 2,8% registrado en la misma fecha de 2015.

Construir la regasificadora de Tenerife

Respecto a la regasificadora que la compañía pretende construir en Tenerife, Llardén explicó que, tras obtener en julio la autorización ambiental, el Ministerio de Industria trabaja en el borrador de orden ministerial para la autorización administrativa. Sin Gobierno esta orden no sale adelante, indicó Llardén, que confía que la situación se desbloquee antes de final de año y que se apruebe para arrancar así las obras. La planta regasificadora, con una inversión que ronda los 300 millones de euros, se construirá en los próximos tres ejercicios con el objetivo de que esté operativa en 2020.

Llardén también se ha mostrado confiado en que los números del sistema gasista cuadran para acabar con el déficit en 2020, tal y como estaba previsto. «Está perfectamente controlado«, ha apuntado. En cuanto al Midcat, el gasoducto que conectará Francia y España a través de Cataluña, ha insistido en que esperan tenerlo concluido también en ese horizonte previsto de 2020.