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La CNMC pide reducir la retribución por transporte a Red Eléctrica, que trabaja para absorber la nueva eólica en Canarias

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha anunciado que concluirá este año las ochos actuaciones anunciadas en Canarias que permitirán verter a la red los 403 megavatios del nuevo cupo eólico. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica, que en España lleva a cabo REE, para adecuarla al coste de los recursos del transportista, que han evolucionado a la baja.

El organismo de competencia ha hecho público el informe de análisis económico-financiero durante el periodo 2013-2016 de la actividad del transporte de energía eléctrica, que ejerce Red Eléctrica como transportista único del sector eléctrico. La CNMC ha recomendado que se revise la tasa de retribución financiera del transporte eléctrico para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.

Además, pide que no se modifique ni el valor ni la vida útil de los activos anteriores a 1998 de cara al siguiente periodo regulatorio para cumplir con los principios retributivos establecidos en la Ley del Sector Eléctrico y el decreto de 2013 de realizar la actividad de transporte eléctrico al menor coste para el sistema y el de permitir una retribución adecuada para una actividad de bajo riesgo. La retribución de REE representa el 98,3% de su actividad, 1.710 millones de euros anuales, según la CNMC, que señala que la retribución del transporte representa aproximadamente el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anunció hace unos meses su intención introducir ajustes en la retribución de actividades en el sector energético para dar cumplimiento a varias recomendaciones de la CNMC y que el grupo popular presentaría una proposición de ley en ese sentido. Según el análisis que la CNMC ha dado a conocer, la rentabilidad económica del transportista se mantuvo en valores estables durante el periodo 2013-2016, por encima del 9% en los cuatro ejercicios analizados, alcanzando el valor más alto en el último año, en que ascendió a un 9,7%. La rentabilidad financiera se situó en valores cercanos al 30% y alcanzó el 31,1% en 2016.

Competencia también recomienda que se fijen límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y en su análisis expone que REE presentó un elevado apalancamiento en el periodo analizado, que alcanzó el 78% a cierre de 2016. Sin embargo, el ratio deuda neta/ebitda (4,67 veces) y el de cobertura de la carga financiera, ebitda/gastos financieros (8,36 veces), presentaron valores razonables.

El periodo analizado, el 2013-2016, permite ya observar el impacto de los cambios que se introdujeron en el marco de la retribución de la actividad en 2013. En ese periodo, el importe neto de la cifra de negocios de REE se incrementó un 6% y pasó de 1.701 millones de euros a 1.803 millones, debido principalmente al incremento de los ingresos regulados del transporte eléctrico.

Asimismo, se incrementaron los gastos de personal de REE un 11,5%, mientras que los financieros se redujeron un 21%. El beneficio neto de la empresa, en la que el Estado tiene una participación del 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), aumentó desde los 463,3 millones de euros en 2013 a 586 millones en 2016, un 26,5% más que en 2013.

Absorber la eólica en Canarias

Por otro lado, la directora general de Transportes de REE, Eva Pagán, señaló que las actuaciones a realizar en Canarias suponen una inversión de 401 millones de euros y se complementarán con la interconexión por cable submarino de los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura, presupuestada en 32,1 millones de euros.  Del total de esta inversión, 434 millones de euros, generará en Canarias 3.400 puestos de trabajo, una renta de 172 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto, así como unos ingresos fiscales de 55 millones de euros, según destacó el director de Infraestructuras en las islas, Daniel Pérez.

Pagán, que subrayó el compromiso de REE por contribuir a lograr un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente en el archipiélago, ha indicado que con la incorporación de estas nuevas infraestructuras se podrá duplicar la oferta de energía eléctrica renovable en las islas, que pasará del 8% al 18%. Las instalaciones proyectadas para cumplir con el plan eólico por REE, 6 nuevas subestaciones y otras 2 más que se ampliarán, entrarán en servicio a medida que se vayan concluyendo, si bien todas ellas estarán finalizadas en diciembre de 2018.

En cuanto a las obras previstas, en Gran Canaria, con una inversión de 32,7 millones de euros, se ha ampliado la subestación de Aldea Blanca, de 66 kilovoltios (kv) y se están construyendo las de Arinaga y Agüimes, también de 66 kv, así como las líneas de conexión asociadas. En Tenerife, se invertirán 80,5 millones de euros en la ampliación de la subestación de Tagoro, de 66 kv, y en la construcción de las subestaciones El Porís y Abona, de 220 y 66 kv, respectivamente.

En Lanzarote, con una inversión de 71,1 millones de euros, se ha construido la subestación Callejones, de 66 kv, y se han proyectado la línea Tías-Playa Blanca, de 132 kv, y las subestaciones de Tías y Blaya Blanca, de 132 kv y 66kv. En Fuerteventura, en la que REE prevé la mayor inversión, 217,7 millones de euros, se construirán la subestación Jares, de 132 kv, y su línea de conexión, que se deberá apoyar con otros desarrollos de la red.

Sobre el sistema de Fuerteventura, subrayó que es importante que se complete el eje norte-sur proyectado en la isla para que la capacidad de su tendido eléctrico pase de 66 kv a 132 kv, por lo que ha reiterado la disposición de REE para encontrar una salida junto al Cabildo y la Consejería de Industria del Gobierno canario, ante la suspensión cautelar del nuevo trazado comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Pagán explicó que sin ese trazado concluido no podrá circular la energía que se produzca en los parques eólicos del sur de la isla hacia el norte.

Red Eléctrica ve «absolutamente necesario» alargar el funcionamiento de las centrales nucleares «al menos 10 años»

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Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, considera «absolutamente necesario» e «imprescindible» alargar la vida útil de las centrales nucleares en España «al menos 10 años», según convenga el regulador CSN, si se quieren alcanzar plenamente los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero durante el proceso de transición energética para reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en 2050. Incluso lo considera «inevitable» para alcanzar la reducción de emisiones comprometida para 2030 en el marco del Acuerdo de París.

En la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, Folgado ha destacado que la nuclear jugará un papel «relevante» durante el tiempo que dure la transición energética y resaltó la importancia de potenciar las interconexiones eléctricas, el mallado de la red y la eficiencia energética, aspectos que «salvarán» en el largo plazo a España junto con sus «ventajas competitivas». A su juicio, la transición energética debe llevar a que la energía sea un «motor» económico y no factor limitador económico, «a diferencia del pasado». En ese tránsito, ve un mix de tecnologías en el que las nucleares y el carbón serán «absolutamente necesarias» para maximizar el uso de renovables.

En cuanto a los plazos, no cree que las centrales de carbón puedan ir más allá de 2030 y de las nucleares ve que alargar su vida 10 años es «realmente» necesario para bajar los precios, reducir las emisiones y cumplir objetivos. «Soy partidario de que, como reza el documento de expertos sobre transición energética, se alargue el funcionamiento de las centrales nucleares«, ha zanjado. Por otro lado, ha pronosticado que la «masiva implantación de renovables» será una fuente sostenible de energía en España, incluso por encima de otros países a pesar de sus dos limitaciones, como son su imposibilidad actual de almacenar energía primaria y a su extraordinaria variabilidad.

Además de no generar emisiones de CO2, Folgado recordó que las nucleares no encarecerían el precio de la luz, y representan un «respaldo competitivo» para las renovables con el fin de garantizar la seguridad del suministro hasta que se desarrollen tecnologías de almacenamiento masivo de las renovables. El presidente de REE subrayó a los diputados que «la energía ha estrangulado el crecimiento económico de España», fundamentalmente por el desequilibrio de precios y la dependencia de energía importada, alrededor de un 75%, frente al 50% de los países del entorno, por lo que ha pedido que la Ley de Cambio Climático que salga de esta comisión tenga en cuenta esta variable.

En este sentido, para cumplir los objetivos energéticos respecto a los compromisos de la Unión Europea y del Acuerdo del Clima de París, ve fundamental avanzar en una mayor electrificación de la sociedad, fomentar la movilidad sostenible, aumentar la participación de las renovables en el mix y maximizar el uso de la capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías, que está en el 4%, frente al 20% en otros países europeos, mejorando la infraestructura de vías actual para garantizar el acceso del tren a los núcleos industriales. «Hay que dar un paso de gigante en ese tema», subrayó Folgado, que indicó que la introducción de renovables en el sistema eléctrico de cara a 2030 no debe ser inferior al 60%.

Respecto a la movilidad sostenible, ha señalado que es «irreversible» la mayor electrificación del transporte dadas las tendencias globales y los compromisos de descarbonización asumidos. Por otro lado, sobre el vehículo eléctrico valora que se esté iniciando su despliegue a pesar de las «importantes barreras de entrada» que sufre a consecuencia de su coste más elevado, su menor autonomía y la escasa infraestructura de recarga. Por eso insistió en que un plan de movilidad sostenible debe incluir estímulos, como favorecer fiscalmente los vehículos eléctricos, y una regulación adecuada pero ha apostado porque se va a producir con «bastante rapidez» un proceso de cambio en las líneas de montaje hacia coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Del mismo modo, considera importante actuar en el tema de los buques, que atracados en los puertos contaminan «una barbaridad», y cree que el mayor porcentaje de ahorro y eficiencia debería llegar por el acondicionamiento del parque de viviendas, que supone un 11% de las emisiones de CO2. En ese ámbito, asegura que hay un potencial de mejora de la eficiencia energética en 12 millones de viviendas en España, para lo que aconseja aprobar un nuevo código de edificación, establecer la obligatoriedad de hacer una certificación energética, y apostar por sistemas como geotermia o aerotermia, las placas de inducción o la sustitución por electrodomésticos de bajo consumo, entre otras medidas.

En definitiva, Folgado opina que para el desarrollo masivo en el medio y largo plazo de las renovables y mantener los precios competitivos es un «requisito imprescindible» avanzar en el mercado interior de la energía con el desarrollo de un buen mallado de red de transporte energético y en las interconexiones eléctricas que permitirán utilizar tanto la eólica marina del mar del norte a la solar del sur de España en el conjunto de Europa.

El segundo compareciente en la comisión, Alberto Amores, experto en transición energética de la consultora Deloitte, coincidió con Folgado en que cerrar las centrales nucleares «no es una alternativa lógica» ya que «subiría el precio de la luz y habría que recurrir a más consumo de gas o carbón». Amores ha incidido en que la expansión masiva de renovables, la eficiencia energética y la electrificación de la demanda final de energía, especialmente en sectores como el transporte y la edificación que representan el 75% del consumo final, son las claves para la descarbonización de España.

Aprobada la conexión de transporte eléctrico de Red Eléctrica en Fuerteventura a la nueva subestación de Puerto del Rosario

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EFE.- El Gobierno de Canarias aprobó el decreto por el que se acuerda ejecutar el proyecto de conexión de las líneas existentes a 66.000 voltios con la nueva subestación de Puerto de Rosario, promovido por Red Eléctrica de España en el municipio que lleva el mismo nombre.

El mismo decreto ordena iniciar en el plazo de 6 meses el procedimiento para modificar el planeamiento territorial y urbanístico afectado, como son el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, según explicó la portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. Este proyecto es necesario para poner en funcionamiento la nueva subestación, que ya dispone de las autorizaciones para su puesta en servicio, y posibilitar la evacuación de hasta 96 megavatios de potencia eólica y fotovoltaica.

El consumo eléctrico de las grandes empresas cayó un 1,1% en marzo

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Europa Press.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas ha descendido en marzo un 1,1% respecto al mismo mes del 2017, según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE). Desglosado por sectores, el consumo industrial cayó un 2,3%, mientras que el de los servicios aumentó un 1%. Calculando estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

El IRE es un indicador cuyo objetivo es facilitar información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes y medianas empresas, con una potencia contratada superior a 450 kilovatios. Las medidas se recogen en más de 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas y el consumo que representa supone un 47% de la demanda eléctrica total. Según el IRE, en los últimos doce meses, el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, aumentó un 1,6%, respecto al mismo periodo del año anterior. Por sectores, el consumo de la industria creció un 1,3 % y el de los servicios se mantuvo.

Comparado con marzo del 2017, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia descendió un 0,7%, la industria química cayó un 14,2% y la fabricación de otros productos minerales no metálicos bajó un 0,5%, mientras que la industria de la alimentación se incrementó en un 0,9% y la del papel descendió un 7,6%. Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en marzo fueron la captación, depuración y distribución de agua, con un aumento del 7,9%, los servicios de alojamiento (+12,3%), el almacenamiento y actividades anexas al transporte (+4,9%), el transporte terrestre y por tubería (+3,4%) y la construcción de edificios (+7,6%).

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.

Más de 30 empresas españolas reclaman una Ley de Transición Energética “ambiciosa” con un precio al carbono y fiscalidad verde

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EFE / Europa Press.- 32 multinacionales, entre las que se encuentran Acciona, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa, han suscrito el manifiesto Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el Cambio Climático en el que exigen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa», que incluya un precio al carbono para todas las actividades y una reforma fiscal verde que facilite la descarbonización del país.

El manifiesto ha sido coordinado por el Grupo Español para el Crecimiento Verde y está dirigido a los poderes públicos. Las empresas, procedentes de todo tipo de sectores, piden que se alcance este año un acuerdo que facilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «estable, ambiciosa y eficaz, que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo». El texto recuerda cómo la economía mundial, y en particular la mayor parte de los países del entorno, «están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono», desencadenando así una revolución a escala global.

En este sentido, consideran que «las economías que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma». Asimismo, creen que España no debe «retrasar la puesta en marcha de políticas efectivas inmediatas, porque en caso contrario las aprovecharán otros». Por ello, piden una Ley de Transición Energética «ambiciosa», un requisito que ven «indispensable» para consolidar esa transformación y sentar las bases sobre las que construir una nueva economía que ha de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los dos grados centígrados.

Un marco legal y regulatorio concreto y creíble, sostienen, servirá para incentivar la inversión privada a medio y largo plazo, crear nuevos empleos, e impulsar a la innovación y el emprendimiento empresarial. Solicitan que la futura ley cuente con objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la Unión Europea; con un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga, de modo que empresas y ciudadanos orienten su actividad hacia un mundo descarbonizado.

Asimismo, solicitan un órgano de la Administración del Estado para direccionar, coordinar y supervisar el proceso de descarbonización, así como un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles; medidas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos los sectores; alternativas a los colectivos vulnerables de la transición energética (como los mineros); o exigencias de información y transparencia en los mercados financieros sobre los riesgos asociados al cambio climático, son otras de sus peticiones. Entre las 32 empresas firmantes se encuentran Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Eulen, Iberdrola, Ikea, Mapfre, NH Hoteles, OHL, Siemens Gamesa, Red Eléctrica de España, y Telefónica.

El Cabildo de Gran Canaria asegura que el bombeo de Chira-Soria no se retrasará y las obras empezarán en 2019

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EFE.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado al gas ciudad como una «barbaridad», porque costaría de 3.000 a 5.000 euros «readaptar un hogar al aire propanado», y también ha garantizado que no hay retrasos en el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria porque «ya se están haciendo los estudios geotécnicos y Red Eléctrica ha previsto en sus presupuestos una partida importante para realizarlos».

En su opinión, de alguna manera esto «significa que el proceso y las obras han empezado», pero, de forma física, los trabajos «comenzarán con la planta desaladora a principios del 2019». Morales ha insistido en que, junto con Red Eléctrica, el Cabildo está intentando que las obras de la desaladora que apoya el proceso de llenado de ambas presas pueda iniciarse en los primeros meses del 2019. El presidente insular ha asegurado que desconoce si el Gobierno se está planteando retrasar el proyecto a 2020 “porque a nosotros nos apuntan que se siguen los plazos».

Morales insistió en que continúa el proceso de construir una central hidroeólica y que “hubo que cambiar todo el proyecto». Asimismo recordó que «primero la concesión estaba hecha para Endesa», que luego «se cambiaron las normas» y que, finalmente, «Red Eléctrica recibe la propuesta de realización y administración» de esta central. Desde ese momento, añadió Morales, «se transformó el proyecto para que la desaladora sea la auténtica pila de almacenamiento de las renovables y permita una penetración de un 70% de renovables en Gran Canaria».

Estas modificaciones «ya están hechas y se está ahora en el proceso de aprobación de los estudios de impacto medioambiental», ha explicado. En sentido estricto, ha recalcado el dirigente de Nueva Canarias, «ya se están empezando las obras, ya que se están haciendo los estudios geotécnicos y no se hacen estos estudios para una obra que no se esté realizando».

El gas ciudad: «una barbaridad»

Por otro lado, Morales ha celebrado el rechazo al gas ciudad del Comité Regional del PSOE canario y ha recalcado que ha escuchado en la sede del Parlamento a un experto decir lo que desde el Cabildo “llevamos diciendo mucho tiempo» y también otras organizaciones «como la federación empresarial canaria, que ha mostrado su rechazo» a la implantación del gas. «Los tribunales lo han suspendido y espero que también lo haga la ciudadanía», ha añadido el dirigente de Nueva Canarias

Entre los argumentos que sostiene Antonio Morales, ha recalcado que «en Adeje, que tiene todas las canalizaciones, no hay no un solo cliente, nadie ha pedido engancharse a esta red», ya que «supone un coste de entre 3.000 y 5.000 euros para readaptar un hogar al aire propanado». «Es una barbaridad volver al siglo pasado, el futuro son las renovables, no volver atrás a un sistema caduco, abrir todas las aceras, edificios y casas para obligarnos a volver a las cocinas de gas», ha apostillado.

El Gobierno traspasará 40 millones de euros al sistema eléctrico desde los Presupuestos para cubrir el vacío recaudatorio del euskopeaje

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para compensar la reducción de ingresos al sistema eléctrico por la eliminación de la tarifa 6.1.b, que arrancó el PNV al PP para apoyar los Presupuestos del 2017. Si se aprobara el proyecto de Presupuestos para 2018, dicho importe tendrá que ser incorporado de una sola vez como ingreso al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por la CNMC.

El acuerdo entre el PP y PNV para aprobar las cuentas del Estado de 2017 incluía la eliminación en 2018 de esa tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kilovoltios (Kv), utilizadas sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 100 millones de euros anuales para las industrias afectadas. La medida fue contestada en Cataluña, donde hay más de 3.000 empresas conectadas a una tensión de 25 Kv que no se benefician del cambio, y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) protestó ante la Comisión Europea, que acordó investigar la reforma pactada entre PP y PNV.

Además, el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 mantiene en sus disposiciones adicionales dos medidas que ya incluyó en 2017 y que implican que el superávit del sistema eléctrico pueda utilizarse no sólo para reducir la deuda acumulada. Así, se mantiene que los superávits de ingresos puedan utilizarse, de forma excepcional, a pagar indemnizaciones correspondientes a resoluciones de litigios referidos a la normativa del sector eléctrico, aunque la legislación vigente establece que se destinen a reducir la deuda acumulada del sistema eléctrico.

También está previsto en una disposición adicional que, con cargo al superávit eléctrico, se puedan conceder ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico por un importe máximo de 60 millones de euros en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos FEDER. Por otra parte, en el proyecto de Presupuestos se prevé destinar 755 millones de euros en 2018 a atender el extracoste de la generación eléctrica en los sistemas extrapeninsulares.

Además, en el proyecto de Presupuestos se habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias electrointensivas, de acuerdo a la normativa europea, para la reducción de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética. El colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales que les sean de aplicación, según una disposición.

Revisión retributiva de actividades eléctricas

Por otro lado, el Gobierno revisará aspectos de la retribución de las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica, siguiendo así las recomendaciones de la CNMC. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de lesividad de determinados aspectos relativos a las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica. El Consejo de Ministros declaró lesivas para el interés público una orden que establecía la retribución de las empresas de distribución eléctrica para 2016, así como otra que fijaba la de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, respecto de la retribución fijada para Red Eléctrica de España.

El origen de esta declaración radica en observaciones presentadas por la CNMC, que consideró necesario corregir diversos errores “que incrementaban de manera no justificada la retribución de las empresas que realizan la actividad de distribución o transporte de electricidad”. Así, mediante la declaración de lesividad acordada, se iniciará el procedimiento para corregir las órdenes afectadas y adecuar las retribuciones de las empresas, siguiendo los trámites del procedimiento administrativo. Fue el pasado septiembre cuando el Ministerio de Energía inició un procedimiento de declaración de lesividad de la orden que establecía la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el 2016. Energía tomaba en consideración para iniciar este procedimiento las recomendaciones de la CNMC respecto a la sobrerretribución detectada.

En concreto, la CNMC constató que, en la retribución percibida en 2014 por la lectura de contadores y equipos de medida de los clientes conectados a sus redes, no se aplicó una penalización al no estar accesible la información para el cálculo en el momento de su publicación. Por ello, la consideración de tal penalización debería suponer una reducción de la retribución de las empresas distribuidoras por dicho concepto. El organismo presidido por José María Marín Quemada cifraba esta penalización en 4,93 millones de euros para el conjunto de compañías.

Otra de las cuestiones puestas en consideración por la CNMC se refería al cálculo de la vida de los activos de las empresas, en donde advertía que en la retribución para aquellas empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes se procedía a descontar los elementos totalmente amortizados para cuantificar los años de vida residual de los activos.

El anuncio de la corrección de estas órdenes se produce cuando el Ministerio de Energía ha anunciado que tiene intención de aprobar, mediante una proposición de ley que el PP presentará en el Congreso, una serie de ajustes en los sistemas de retribución, atendiendo a las observaciones que hizo la CNMC sobre la existencia de un exceso de retribución por diferentes conceptos. Las reformas generarían en total un ahorro al sistema eléctrico de hasta 190 millones de euros, según las estimaciones que facilitó entonces el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

La Junta de Castilla-La Mancha tiene en tramitación 19 proyectos de energías renovables en la provincia de Albacete

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EFE. –  El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene en tramitación la instalación de 7 parques eólicos y 12 plantas fotovoltaicas, con una potencia de 688 megawatios, en Albacete, que se sumarían a los más de mil megawatios de evacuación disponibles en tres «nudos estratégicos» de esta provincia.

Así lo dio a conocer el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, al visitar la Subestación de Red Eléctrica de España (REE) «Campanario 400», en el paraje de «Las Carrascas», en Bonete, y tras haberse reunido con el director general de Industria, Energía y Minas, José Luis Cabezas, en la Casa Perona.

Ruiz Santos ha destacado el compromiso del Gobierno regional de «apoyar a todas las empresas que se quieren instalar en la región», cumpliendo el objetivo de Lucha contra el Cambio Climático 2020, para la reducción de CO2 y energías fósiles, y que tienen en estas subestaciones eléctricas, como es el caso de Campanario, «una fuente de vitalidad económica para sus proyectos». En este sentido, Eel delegado ha valorado la importante capacidad que tiene esta subestación eléctrica, con 730 megawatios de evacuación; «Romica», con otros 80 megawatios en tramitación; o «Pinilla», con 200 megawatios.

La Subestación de Campanario -creada para la alimentación eléctrica de la línea de AVE entre Madrid y Levante- evacúa energías renovables en toda esta comarca, y tiene proyectada su ampliación para seguir conectando electricidad al resto del país y de Europa, gracias a nuevos proyectos en la zona.

El delegado, recordó asímismo que Albacete es la primera provincia de España en producción de energía eólica, con 62 parques y 1.870 generadores, y en fotovoltaica, la tercera, con 500 gigawatios, representando el 6,7% del país, y el 32% del conjunto de la comunidad autónoma.

AEE valora el informe del comité de expertos pero cree que «no queda reflejado» todo el potencial de la eólica

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Europa Press / EFE.- Mientras desde Equo, integrante de Unidos Podemos, aseguran que el informe del comité de expertos sobre transición energética señala que el aumento de la capacidad de la interconexión con otros países no facilita la consecución de los objetivos ambientales y no favorece a las renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora el informe de los expertos, ya que «propone medidas positivas», pero considera que el potencial de la eólica «no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos«.

La patronal destaca que el documento contempla «un incremento sustancial» de la generación renovable en el sistema en los próximos años, apuesta por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación de la economía. Sin embargo, AEE cree que los parámetros asignados a la eólica no reflejan la actualidad de esta tecnología en lo referente a costes y horas de producción, donde en las últimas subastas de nueva potencia la inversión inicial fue de 1,2 millones de euros por megavatio (MW), un 7,7% menos que en el informe, mientras que las horas equivalentes mínimas eran de 3.000, un 36% más.

El informe, sin embargo, contempla una inversión de 1,3 millones de euros por MW y 2.200 horas equivalentes mínimas. Asimismo, AEE señala que en el escenario que más ventajas ofrece para el cumplimiento de los objetivos a 2030, se contempla un incremento de la eólica de 31.000 a 47.150 MW, constatando que con una mayor aportación de esta tecnología es posible alcanzar «objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix (energías que suministran la electricidad), por encima del 27% en energía final«.

Por otra parte, considera que hubiera sido «deseable» que los expertos hubieran tenido en consideración la repotenciación del parque eólico español, del que el 50% tendrá en 2030 más de 25 años. Según la AEE, la repotenciación implica que, con menos aerogeneradores, se logra más producción de energía (en algunos casos hasta el doble) y la eficiencia es mayor, lo que redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030.

Así, AEE, que subraya que el informe de los expertos es «un paso adelante» en el debate sobre cómo hacer la transición energética en España, ve necesaria una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y una integración «ordenada y progresiva» de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad. Esta asociación ya presentó un documento para su consulta a los expertos en el que señalaba que la potencia eólica instalada en España en 2020 alcanzaría los 28.000 megavatios (MW) y en la década siguiente los 40.000, un escenario que la AEE califica de «posible» y «realista».

Equo cuestiona las interconexiones energéticas

Por su parte, tras el informe de los expertos, la diputada de Equo / Unidos Podemos, Rosa Martínez, exigió de nuevo al Gobierno y a Red Eléctrica la paralización del proyecto de conexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Martínez asegura que, según los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas recogidas en el informe del comité de expertos para asesorar la estrategia de energía y clima, las interconexiones no mejoran la consecución de los objetivos ambientales.

Para la diputada, se desmienten así parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Energía para justificar la construcción de la megainfraestructura submarina proyectada en el Golfo de Vizcaya, 278 kilómetros de cables submarinos más otros 80 terrestres para unir la estación de conversión existente en Gatika, (Vizcaya) y la estación de Cubnezais, en la región francesa de Aquitania.

Según Martínez, las simulaciones del informe reflejan que, con la interconexión, por una parte, se aumentan las emisiones, y por otra, se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. A esto ha de sumarse, según el estudio, que un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía. El experto propuesto desde Unidos Podemos, Cristóbal José Gallego, apunta además en sus conclusiones que a ese encarecimiento se ha de añadir el aumento de los costes de inversión en la red de transporte, que pasan de 131 a 334 millones de euros al año.

«En este informe del comité de expertos se reconoce que estas interconexiones eléctricas no tienen los beneficios ambientales apuntados y encarecen la luz. El Gobierno de Rajoy tiene que replantearse este proyecto con un gran impacto en el territorio de Vizcaya y un elevado coste económico. No pueden pasar por alto los resultados de estos expertos», insiste Martínez. En caso de que el Ejecutivo de Rajoy siga adelante con el proyecto en Vizcaya, la diputada de Equo en Unidos Podemos emplaza al Gobierno a entregar datos sobre los «beneficios concretos» de este proyecto. «El coste de los actuales proyectos de interconexión en marcha puede convertirse en otro ejemplo más de infraestructuras innecesarias como lo fue el proyecto Castor», advirtió Martínez.