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El 95,9% de la energía consumida en El Hierro en julio fue de origen renovable gracias a Gorona del Viento

EFE.- El 95,9% de la energía eléctrica consumida en la isla de El Hierro durante julio fue de origen renovable y alcanza así el máximo mensual de integración de renovables en España hasta el momento, según datos provisionales del operador del sistema, Red Eléctrica de España.

En el periodo comprendido entre enero y julio del 2018, la generación renovable herreña ha cubierto el 67,3% de su demanda de electricidad, lo que significa 17,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía eléctrica informa de que las condiciones favorables del viento y las mejoras operativas introducidas recientemente y fruto de la colaboración entre Red Eléctrica y la central hidroeólica de Gorona del Viento han hecho posible una mayor integración de generación renovable.

La isla de El Hierro ha registrado durante este mes de julio una demanda mensual de 4.065 mwh lo que significa el 0,5% de la del conjunto del archipiélago canario, que ha alcanzado los 761.641 mwh durante este mes. De forma similar a como sucedía el pasado febrero, el sistema eléctrico de El Hierro ha cubierto su demanda eléctrica con energía 100% renovable durante 18 días y 9 horas consecutivos de forma ininterrumpida. Desde la entrada en funcionamiento de la central hidroeólica de Gorona del Viento, la isla de El Hierro acumula más de 3.400 horas de cobertura de la demanda con energía 100% renovable.

Red Eléctrica gana 357 millones en el primer semestre, un 5% más, y pretende mantener su retribución después de 2020

EFE / Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) ha defendido mantener la tasa de retribución financiera a las actividades de transporte de energía eléctrica para el siguiente periodo regulatorio 2020-2025 en torno al 6,5% o 7%, frente a la propuesta de recorte al 5,47% de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, Red Eléctrica logró un beneficio neto de 356,9 millones de euros en el primer semestre del año, un 5% más que en el mismo periodo de 2017.

La compañía, que preside ahora el exministro socialista Jordi Sevilla, ha destacado que la evolución del resultado está en línea con lo previsto en su plan estratégico. El beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 0,9%, hasta 776,8 millones, impulsado por la consolidación de las medidas de eficiencia implantadas. De hecho, los costes de aprovisionamiento y otros gastos de explotación descendieron un 1,4%. A partir de este trimestre se incluyen en el ebitda los resultados de la empresa chilena TEN, en la que REE tiene un 50%, que ha aportado 4,3 millones en el semestre.

La cifra de negocio ascendió a 990,3 millones entre enero y junio, lo que supone un incremento del 0,3%. Esta mejora se debe en buena medida al aumento de la retribución por las actividades de operación del sistema, que alcanza los 32,9 millones. Red Eléctrica invirtió 183 millones en la primera mitad del año, de los que 154 millones se destinaron al desarrollo de la red nacional de transporte, un 6,6% más que en igual periodo de 2017. Al desarrollo del negocio internacional se destinaron 17,4 millones, frente a los 42,2 millones de 2017, cifra que incluía la compra del 45% del capital de Redesur.

La deuda neta del Grupo Red Eléctrica se situó al cierre del primer semestre en 4.491,2 millones, un 6,3% por debajo de los 4.791,8 millones contabilizados al término de 2017. El 91% de la deuda es a tipo fijo y el 9% restante, a tipo variable. La plantilla se sitúa en 1.804 personas y la plantilla media en 1.810 empleados.

Contra la propuesta de Competencia

Por otra parte, la directora corporativa Económico Financiera de la compañía, María Teresa Quirós, valoró como «muy positiva» la propuesta de la CNMC, ya que supone «un paso adelante relevante» al reclamar el uso de una metodología reconocida, aunque subrayó que la rentabilidad que se propone «no es idéntica» a los números de la empresa, que sitúan esa tasa de retribucióna sus actividades entre el 6,5% y el 7%. No obstante, subrayó que lo que ha hecho la CNMC es someter a consulta pública esta propuesta, por lo que «se está pendiente de saber cuál será la tasa definitiva».

Además, recordó que cualquier modificación al respecto debe hacerse vía Ley, por lo que sería necesario un anteproyecto de Ley y que se apruebe en el Congreso de los Diputados, y de no ser así se seguiría manteniendo en el nuevo periodo la retribución actual. A este respecto, la directiva de REE indicó que la legislación establece que el regulador deberá elevar al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley con la propuesta de diferencial antes de enero de 2019.

REE remitió en febrero su propuesta de diferencial a aplicar para fijar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte para el periodo regulatorio 2020-2025, señaló Quirós. Esta propuesta de diferencial de la compañía está basada en una retribución adecuada, un coste de financiación de las empresas transportistas comparables eficientes y bien gestionadas y las necesidades de inversión.

La CNMC sacó recientemente a consulta pública la propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica para el segundo periodo regulatorio 2020-2025. En concreto, la tasa de retribución financiera del transporte y distribución de energía eléctrica sería del 5,47% para el periodo 2020-2025, frente al 6,5% actual. En lo que se refiere a la propuesta para la retribución de las renovables, sería de entre el 7,04% y el 7,18% para ese segundo periodo regulatorio, frente a la rentabilidad razonable actual del 7,5%.

Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, es nombrado presidente de Red Eléctrica de España en sustitución de José Folgado

EFE.- El consejo de administración de Red Eléctrica ha aprobado el nombramiento del exministro socialista Jordi Sevilla como presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de José Folgado, según comunicó Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el consejo de administración aceptó la dimisión de Folgado, que accedió al cargo en 2012 tras la llegada del PP al Gobierno, así como su cese como presidente no ejecutivo del consejo de administración y de la compañía.

Folgado había sido reelegido por un plazo de 4 años el 15 de abril de 2016 y su puesto en el consejo y como presidente no ejecutivo será ocupado por Jordi Sevilla. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), tiene un 20% del accionariado de Red Eléctrica, mientras que el 80% del capital restante cotiza libremente. Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez. Entre los asuntos pendientes de Red Eléctrica, destaca la posible compra de la compañía de satélites Hispasat a Abertis.

Folgado, que fue secretario de Estado de Presupuestos entre 1996 y 2000, entre 2000 y 2002 de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, y entre 2002 y 2004 de Energía, Desarrollo Industrial y de la PyMe, percibirá tras su salida de Red Eléctrica la cantidad correspondiente a una anualidad, como pactó en 2012 cuando llegó a la compañía y aprobó ese año la junta de accionistas. Folgado ganó 546.000 euros en 2017, según el informe de retribuciones de la compañía publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo presidente de Red Eléctrica, José Sevilla, considera un reto asumir la presidencia de una empresa que debe «compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada». Red Eléctrica obtuvo un beneficio de 189,1 millones de euros en el primer trimestre de 2018, un 4% más que en el mismo periodo de 2017.

Sevilla (Valencia, 1956), actualmente vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983. Militante del PSOE, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera profesional en la Administración fue el subdirector territorial en Valencia en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985). Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete 1993 como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

Ha sido miembro del comité de redacción de la revista Debats (1984-1985), consejero de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura (Sodiex) (1987-1988) y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (1988-1990). En marzo del 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

El consumo eléctrico de las grandes empresas cae un 1% en junio respecto al mismo mes del año pasado

Europa Press.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en junio ha caído un 1% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE) de Red Eléctrica de España (REE). Desglosado por sectores, el consumo industrial descendió un 1,8%, mientras que el de los servicios aumentó un 0,4%. En el cálculo de estos datos se han considerado los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

En los últimos doce meses, el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, creció un 1,7%, respecto al mismo periodo del año anterior. Por sectores, el consumo de la industria aumentó un 0,9% y el de los servicios un 1,7%. Las medidas del IRE se recogen en más de 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas con una potencia contratada superior a 450 kilovatios. El consumo que representa el IRE supone en torno al 47% de la demanda eléctrica, correspondiendo el resto de la demanda a consumidores residenciales y otros tipos de consumo.

Comparado con junio del 2017, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia descendió un 2,8%, la industria química un 9,6%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos aumentó un 4,7%, la industria de la alimentación un 2% y la industria del papel descendió un 3,9%. Otras actividades que tuvieron una importante aportación al consumo de las grandes empresas en junio fueron el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un aumento del 16,8%, la fabricación de material y equipo eléctrico (9,8%), los servicios de alojamiento (10,7%) y el almacenamiento y actividades anexas al transporte (4,3%).

La CNMC da su visto bueno al cierre de la central térmica de Anllares (León), propiedad de Naturgy y Endesa

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) otorgó su visto bueno a la petición de cierre definitivo formulada en mayo del año pasado por la central térmica de Anllares (León), propiedad de la Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares, sociedad participada en un 66,67% por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y en un 33,33% por Endesa.

En su informe, la CNMC señala que el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), considera que el cierre de Anllares «no tendría incidencia en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años«. REE, en su calidad de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió el 21 de julio de 2017 un informe respecto a la viabilidad del cierre de la central. En este informe, REE realiza una evaluación del impacto del cierre de la central de Anllares en la cobertura global del sistema eléctrico en el medio plazo considerando que no es relevante la reducción de potencia disponible en el sistema que provocaría el cierre de Anllares.

En lo que se refiere al largo plazo, en el análisis de cobertura de la demanda eléctrica peninsular, el informe indica que en todos los escenarios de crecimiento de demanda, bajo la hipótesis de la retirada de servicio adicional de 4.000 megavatios (MW) en centrales de carbón a partir de 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo, se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta 2022, por lo que el cierre de Anllares no tendría ningún impacto.

Anllares, puesta en servicio en 1982, cuenta con una potencia máxima neta de 346,8 megavatios (MW) y no dispone de las instalaciones de desulfuración, encontrándose acogida a la denominada excepción por vida útil limitada de la Directiva 2010/75 de la Unión Europea de Emisiones Industriales. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara ya los permisos de cierre para esta central de Anllares.

Iberdrola también solicitó en octubre al entonces Ministerio de Energía la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), plantas que suman una potencia de 874 MW y que suponen las únicas de carbón del grupo en el mundo. En comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya vaticinó el cierre de 7 de las actuales 15 centrales térmicas de carbón en 2020, ya que no han llevado a cabo las inversiones ambientales necesarias para prolongar su funcionamiento.

La demanda de energía eléctrica crece un 1,2% en el primer semestre con la eólica como principal tecnología de generación

Europa Press.- La demanda de energía eléctrica ha alcanzado los 126.411 gigavatios/hora (GWh) durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto a los seis primeros meses del año anterior, según datos de Red Eléctrica, que indican que si se tienen en cuenta el calendario y las temperaturas, la demanda eléctrica se habría incrementado un 1,1%.

A pesar del crecimiento registrado en el acumulado del primer semestre, la demanda de energía eléctrica peninsular en el mes de junio registró un descenso del 6,3%, hasta los 20.337 GWh, debido a las suaves temperaturas registradas en la primera parte del mes de junio en comparación con el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta el calendario laboral y las temperaturas, la demanda en junio cayó un 3,2%.

El viento ha favorecido la producción de 27.779 GWh de energía eléctrica entre enero y junio del 2018, lo que convierte a la eólica en la tecnología líder en este periodo, con un 22,6% del total peninsular. En comparación con el 2017, la producción eólica se ha incrementado un 10,4%. Por su parte, las lluvias incrementaron la energía hidráulica, que experimenta un aumento del 74% respecto al mismo periodo del 2017, año especialmente seco. Con esta tecnología se han producido 20.821 GWh, lo que significa el 16,9% del total peninsular.

Así, las condiciones meteorológicas del primer semestre han contribuido a la generación renovable, que ha producido casi la mitad (45,8%) del total de la Península y ha incrementado su participación en 8,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2017. Para seguir incrementado la integración de generación renovable en el sistema eléctrico español, Red Eléctrica está trabajando en nuevos proyectos, asociados a la Planificación de Infraestructuras Eléctricas 2015-2020, que permitirán la evacuación de hasta 30.500 megavatios más de renovables a la red de transporte peninsular.

Teniendo en cuenta la aportación de la energía nuclear sobre el total peninsular (20,6% del total), las tecnologías que no emiten CO2 a la atmósfera representaron el 67,5% de la generación del primer semestre del año. Red Eléctrica destaca que la elevada participación de tecnologías renovables en el mix de generación peninsular no habría sido posible sin un paulatino aumento de la potencia renovable instalada, que se ha incrementado un 53% en el periodo 2007-2017.

La demanda eléctrica creció en 2017 pero sigue un 5% por debajo de su máximo histórico de 2008

EFE / Europa Press.- La demanda eléctrica en 2017, a pesar de crecer por tercer año consecutivo, siguió por debajo del máximo histórico que marcó en 2008. En concreto fue un 5% menor, según el informe El sistema eléctrico español en 2017, de Red Eléctrica de España (REE), con Andalucía y Cataluña encabezando el consumo eléctrico.

Este informe fue presentado en un acto en el Club Español de la Energía por el presidente de REE, José Folgado, y el director de Regulación de REE, Luis Villafruela, expuso los principales datos del informe del sistema eléctrico en 2017, año en el que el consumo eléctrico fue de 268.140 teravatios hora (TWh), un 1,1% más que el año anterior, que se eleva al 1,6% corregidos los efectos de calendario y temperaturas, crecimientos que distan del 3% de media anual que hubo hasta 2008.

En 2017 España se situó como el quinto mercado eléctrico de la Unión Europea, con un crecimiento superior del consumo y del PIB al de los países que le preceden. Por sectores, en 2017 la industria volvió a ser el sector en el que más creció la demanda, un 2% por encima de la media mientras que el sector servicios creció un 0,4% respecto a 2016. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía encabezaron el consumo, aunque en consumo per cápita la primera fue Asturias por el peso de la industria en la demanda final de esa región, como ocurre en otras regiones con fuerte actividad industrial, como País Vasco, Navarra y Aragón.

En cuanto al instante de mayor demanda, en 2017 volvió a registrase en invierno,  concretamente el 18 de enero a las 19:50 horas, cuando se alcanzó la cifra de 41.381 MW, superando en un 2,2% al máximo de 2016, que fue por primera vez y única en la historia en verano, en concreto en septiembre. La punta de demanda de 2017 fue inferior en un 9% a la que hubo en 2007, cuando en diciembre se alcanzó un récord histórico de 45.450 megavatios hora (MW).

Si se compara el mix de generación con el que había en 1998, se ve que en ese momento no figuraban en él la fotovoltaica, la solar y los ciclos combinados, y que la eólica tenía un porcentaje muy bajo, mientras otras fuentes, como el fuel-gas ha desaparecido en la Península y sólo quedan 2.000 megavatios (MW) en las islas. La energía nuclear y la eólica fueron, por este orden, las dos fuentes que sustentaron en 2017 el consumo energético en España. De hecho, en tres comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, más del 50% de su producción de energía fue renovable, por encima de la media nacional del 32%.

Tanto Folgado como Villafruela han resaltado que el reciente acuerdo para que el 32% de la demanda final de energía sea renovable obligará a situar la penetración de renovables en el sistema eléctrico en un 72%/76%. En el caso de España, Villafruela ha señalado que el peso de las renovables en la generación de electricidad ha oscilado entre el 40,3% que hubo en 2014 y el 33,7% de 2017, año marcado con una baja hidraulicidad, cuya producción de electricidad cayó un 49% debido a la ausencia de lluvias en un año especialmente seco, su nivel más bajo desde 2005, y arrastró a las energías renovables a su generación más baja en los últimos 5 años.

Esta caída de las renovables supuso un aumento de la participación de la generación térmica, principalmente del ciclo combinado con un 27% más y del carbón con un 21% más, con el consiguiente incremento en un 17,9% de las emisiones de CO2 con respecto al 2017. Asimismo, Folgado señaló que la tecnología es «un pilar fundamental» en la gestión de las renovables, ya que permite su optimización en un contexto de escasas interconexiones con Europa.

España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada, con una tasa de penetración de las renovables que se verá incrementada cuando entren en funcionamiento los 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable que se adjudicaron en las últimas subastas. No obstante, Folgado cree que alcanzar un objetivo del 100% de energías renovables no se conseguirá sin interconexiones eléctricas, con independencia del respaldo del gas. En cuanto al precio de la energía, en 2017 el precio medio en España fue de 60,6 euros el megavatio hora (MWh), que fue el más alto desde 2008 y que estuvo condicionado por una ola de frío, la parada de varias nucleares en Francia y la baja hidraulicidad.

La capacidad instalada del parque generador en España se situó en 2017 en los 104.122 megavatios (MW), con un descenso del 0,5% con respecto al año anterior. Esta reducción, por segundo año consecutivo, se debió principalmente al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, de 455 MW. Así, el 46,3% de la capacidad instalada en España correspondía a energías renovables y el 53,7% a no renovables.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha concentraron más de la mitad de la potencia de generación renovable nacional. De hecho, más del 70% de la potencia instalada en Castilla y León y en Castilla-La Mancha fue de origen renovable. Por tecnologías, Castilla y León fue la comunidad con más potencia eólica, con más de un 24%, e hidráulica, con cerca del 26%, instalada. Mientras, Castilla-La Mancha fue la región con más solar fotovoltaica, con casi el 20%, y Andalucía lideró la termosolar, seguida por Extremadura, sumando entre las dos comunidades el 80% de la potencia total instalada de esta tecnología.

El TSJC anula el permiso de la nueva línea de alta tensión de Fuerteventura y el Cabildo insular lo celebra

EFE. – El Tribunal Superior de Justicia ha revocado el permiso concedido por el Gobierno canario a Red Eléctrica de España en 2015 para construir una línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, en Fuerteventura, por no haber iniciado al mismo tiempo la revisión del planeamiento de la isla.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha reconocido que esa línea eléctrica resulta «esencial para el desarrollo de Fuerteventura» y también que el Gobierno de Canarias tiene competencias para imponer su criterio sobre el del Cabildo, que se oponía a ese tendido de 132.000 voltios, porque vulneraba las previsiones del plan insular de ordenación de su territorio, el PIOF

La Sala subraya que la ley habilita al Gobierno de Canarias a declarar esa línea eléctrica «de utilidad pública», imponiendo su criterio sobre el del Cabildo de Fuerteventura por razones de «urgencia y excepcional interés», pero a condición de seguir un procedimiento que obliga a iniciar de inmediato la revisión del planeamiento al que contradice la autorización de esa infraestructura, el PIOF.

La sentencia recuerda que, en estos casos, la ley permite al Gobierno de Canarias fijar un plazo a las administraciones locales que deben modificar el planeamiento para adaptarlo a su decisión, con la posibilidad de que la comunidad autónoma asuma esa revisión si los tiempos marcados no se cumplen. 

En el caso de Fuerteventura, el Gobierno canario ni ordenó al Cabildo revisar el PIOF ni asumió esa responsabilidad por sus propios medios.

La Sala insiste en que la facultad que la ley concede al Gobierno de Canarias para imponer su decisión en materia de nuevos tendidos eléctricos sobre el criterio de los cabildos y ayuntamientos lleva aparejada la condición de acometer la reforma del planeamiento que impide esa infraestructura.

 

«Una victoria» para el cabildo

Las reacciones no se han hecho esperar. Por ello, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha celebrado la revocación del permiso para construir una nueva línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, que ha calificado como «‘un paso muy importante y una victoria para Fuerteventura.

Así,  Morales se felicita por ese fallo aunque advierte de que no es del todo definitivo porque es susceptible de recurso. »No lanzamos las campanas al vuelo, teniendo muy claro que hay que seguir luchando», subraya el presidente insular, que, en todo caso, aclara que la corporación continuará trabajando para asegurarse de que la decisión sea irreversible. Además, añade, el Cabildo tiene previsto pedir la reposición del paisaje afectado por las obras ya emprendidas para crear dicha línea, devolviéndolo a su estado inicial, una vez sea firme la sentencia.

 

Red Eléctrica de España pone en servicio una línea eléctrica en Perú con una inversión de 60 millones de euros

EFE.- Red Eléctrica Internacional ha puesto en servicio la línea eléctrica de 220 kilovoltios (Kv) y 115 kilómetros de longitud Azángaro-Juliaca-Puno en el sur de Perú, que ha supuesto una inversión estimada por el Estado peruano de 70 millones de dólares (unos 60 millones de euros).

Según Red Eléctrica de España (REE), el proyecto, que lleva a cabo su filial Transmisora Eléctrica del Sur 2, fue adjudicado en una licitación pública en el 2015 e incluye, además del diseño, financiación y construcción de la infraestructura, su operación y mantenimiento durante 30 años.

Estas nuevas infraestructuras permiten evacuar la energía de las centrales hidroeléctricas de Ángel y San Gabán, y reducir la sobrecarga de las líneas existentes de 138 Kv.

Además, refuerza la capacidad de transformación de las subestaciones de Azángaro, Juliaca y Puno, lo que garantiza el suministro eléctrico en estas regiones.

Con la entrada en servicio de este proyecto, Red Eléctrica gestiona 1.314 kilómetros de circuitos en el país andino, y se posiciona de forma preferencial para la futura interconexión entre Chile y Perú.

La línea Azángaro-Juliaca-Puno entró en operación comercial el pasado 8 de junio.

Red Eléctrica Internacional, que cuenta en la actualidad con tres concesiones en explotación y dos en fase de construcción en el sur de Perú, refuerza con la nueva línea su posición como transportista de electricidad en el sur de Perú, donde está presente desde 1999.

Red Eléctrica es propietaria de la totalidad de Red Eléctrica del Sur (Redesur), empresa encargada de gestionar el transporte de energía eléctrica en el sur del país (principalmente de las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno), y de Red Eléctrica Andina, especializada en el mantenimiento eléctrico en media y alta tensión, sistemas de protección y de telecomunicaciones, así como en el asesoramiento técnico a proyectos de energía.

Redesur es propietaria del 100% de Transmisora Eléctrica del Sur (línea de 220 Kv Tintaya-Socabaya y línea de 138 Kv Tintaya Nueva-Tintaya y subestaciones asociadas); Transmisora Eléctrica del Sur 2 (línea de 220 Kv Azángaro-Juliaca-Puno); Transmisora Eléctrica del Sur 3 (línea de 220 Kv Montalvo-Los Héroes), y Transmisora Eléctrica del Sur 4 (línea de 220 Kv Tintaya-Azángaro).

Estas dos últimas infraestructuras se encuentran actualmente en construcción, con una previsión de puesta en servicio en 2019 y 2021, respectivamente, y cuentan con una inversión conjunta de unos 90 millones de dólares (en torno a 80 millones de euros).

La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.