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La volatilidad de los precios energéticos tiene un coste para la economía española de hasta un 1% del PIB

Europa Press.- La volatilidad de los precios de la energía, especialmente del petróleo y del gas, representa un coste para la economía española de hasta un 1% del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe del Centro de Investigación Economics for Energy, presentado por sus directores, Pedro Linares y Xavier Labandeira, en el Club Español de la Energía.

El informe destaca que esta volatilidad y los aumentos bruscos de los precios de los combustibles fósiles son los mayores factores de riesgo económico para la seguridad energética en España. Asimismo, señala que estos factores relacionados con los precios pueden suponer un coste para la economía equiparable en ocasiones al 100% del precio de la propia energía, lo que indica su relevancia. Según los autores del estudio, las soluciones a esta problemática en España no solamente hay que buscarlas en la diversificación de las fuentes energéticas, sino también en flexibilizar la economía para que sea capaz de absorber cambios en los precios de la energía.

Economics for Energy han establecido unos baremos para medir las consecuencias de la inseguridad energética, por una parte, basado en el coste causado por una eventual falta de suministro multiplicado por el riesgo de que esta llegue a ocurrir y, por otro, en el coste de ajuste para la economía de la volatilidad de los precios de la energía multiplicado por la magnitud de esa volatilidad (la desviación con respecto a un precio medio estable).

Por ejemplo, destacan que, a pesar de que el coste de una falta de suministro eléctrico es muy alto por unidad energética, cercano a los 6.000 euros por megavatio hora (MWh), su baja probabilidad, debida a la regulación y a la gestión del sistema, hace que su relevancia en términos absolutos se reduzca a menos de un 1% del coste de la electricidad en España. En el cálculo de este coste se contemplan los impactos económicos y sociales de un corte en el suministro, como la pérdida de producción y los daños en equipos en las empresas o la falta de confort en el hogar.

La principal recomendación de Economics for Energy pasa por progresar significativamente en las políticas que aumentan la flexibilidad del consumo de energía y de la economía y reducen la dependencia de combustibles con precios volátiles. Además, los expertos subrayan la necesidad de que estas políticas sean eficientes, es decir, la garantía de que sus costes sean inferiores a los beneficios que lograrían. En este sentido, las recomendaciones para diseñar el sector energético se centran en fomentar el uso de fuentes menos volátiles en sus precios y estimular el ahorro energético.

Según los expertos de Economics for Energy, con la aplicación de estas medidas, coincidentes en gran medida con las que se derivan de la necesidad de reducir las emisiones de gases invernadero y adaptarse al cambio climático, la economía española reduciría sus costes de inseguridad energética. Así, su perfil estaría marcado por una transición de los combustibles fósiles a favor de las fuentes renovables, siempre garantizando la seguridad de suministro, con un mayor grado de interconexión y coordinación en las políticas de seguridad con los países de su entorno y una economía mucho menos intensiva en el uso de energía.

El consumo de electricidad acapara un 18% de los costes de los autónomos

Europa Press.- El consumo de electricidad acapara el 18% de los costes de un trabajador autónomo y se ha convertido ya en el factor más importante en la competitividad de una pequeña empresa, según el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad Sabarís, que señala que, sin distinción en la región en la que trabajan, la electricidad es «un artículo de lujo» para la mayoría de los autónomos.

En este sentido, pone como ejemplo un pequeño establecimiento de 100 metros cuadrados del sector de la hostelería con una contratación de unos 13 kilovatios (kW) de potencia. Según UPTA, el negocio tiene que soportar mensualmente en el recibo de la luz unos 580 euros. «Esta situación, lejos de mejorar y dependiendo del tipo de contrato, puede encarecerse sensiblemente mes tras mes, por lo que los pequeños negocios fluctúan en su rentabilidad sin que nada se pueda hacer», señala. Para Abad Sabarís, es necesario que la legislación se flexibilice para todos los negocios que adopten medidas de autoconsumo energético, más aun en ámbitos poblacionales rurales, donde la capacidad de generar negocio es mucho más limitada.

La organización de consumidores Facua pide su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha solicitado su personación como acusación popular en la causa abierta contra Iberdrola en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, según anunció. Facua señala que pretende actuar en representación de los intereses generales de los consumidores en este caso, en el que se investiga si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando «paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la electricidad«.

La asociación recuerda que en 2015 solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido el delito del que la acusa ahora Anticorrupción. La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en 2016 decidió archivarla. En ese momento, la Fiscalía vizcaína consideró que el presunto fraude cometido por la compañía no encajaba en la definición del delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal.

Facua muestra ahora su satisfacción con que la Fiscalía Anticorrupción «sí comparta su criterio al considerar que Iberdrola incurrió en una práctica delictiva con la paralización de sus centrales hidráulicas para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final». En la actualidad, Facua está también personada en el caso Volkswagen y en el caso Ausbanc y Manos Limpias.

La Audiencia investiga a Iberdrola tras tomar la Fiscalía el proceso sancionador desde la CNMC por las alzas de 2013

Europa Press.- La Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil practicar entradas y registros en las sedes de Iberdrola después de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la compañía, según indicaron fuentes jurídicas. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, adoptó la decisión tras admitir una denuncia de la Fiscalía contra Iberdrola Generación por un delito relativo al mercado y los consumidores.

La investigación se refiere a un presunto delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al «alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre». Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

La denuncia ante la Audiencia fue presentada por el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, quien considera que la empresa obtuvo «un lucro ilícito de 20 millones» en el mercado mayorista de electricidad en diciembre de 2013, según el diario El País. El delito que se investiga aparece tipificado en el artículo 281 del Código Penal y se refiere a actuaciones contra el mercado y los consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya impuso una sanción de 25 millones de euros por manipulaciones de precios a Iberdrola, que tiene recurrida la resolución ante los tribunales. La Audiencia admitió a trámite el recurso de Iberdrola y decidió suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC a la espera de resolver el fondo de la cuestión.

La electricidad mejora su valoración entre los hogares españoles, según datos de la CNMC

Europa Press.- El suministro eléctrico sigue siendo el servicio peor valorado por los hogares españoles, según los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque mejora la percepción con respecto al informe anterior. Concretamente, el 19,5% de los hogares están poco o nada satisfechos con su servicio eléctrico, según los datos de la cuarta oleada del panel, frente al 26% de hace un año.

Los datos del panel indican que el motivo principal de insatisfacción de los clientes con los servicios en general es su elevado precio. Así, el 91% de los hogares se quejan de los precios del servicio eléctrico y el 80% de los del servicio de gas. El segundo motivo de queja para los servicios energéticos es la falta de claridad en las facturas y en los precios. Por su parte, la televisión de pago ocupa la segunda posición como servicio peor valorado por los hogares españoles, seguido muy de cerca por la banda ancha fijas, en los que la segunda causa de descontento es la falta de calidad del servicio.

En línea con la evolución de la valoración global del servicio eléctrico, también ha mejorado la percepción sobre los precios. Así, el número de hogares poco o nada satisfechos con los precios ha pasado de ser un 60% en 2015 hasta un 55% a finales de 2016. No obstante, debe tenerse en cuenta que estos resultados se recogieron con anterioridad a las subidas de precio que se produjeron entre los meses de diciembre a febrero, señala la CNMC. Por último, el papel continúa siendo el formato más utilizado en las facturas y las comunicaciones de las eléctricas (76%) y los operadores de gas natural (69%).

La primavera seca y cálida vaticina una continuidad en los precios altos de la luz, según Grupo ASE

Europa Press.- La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la electricidad se mantendrá alto, según el último informe elaborado por Grupo ASE, en el que se aprecia que el pool eléctrico del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un año por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde Francia, el descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear evitaron una mayor presión en el precio durante el pasado mes de marzo. En todo caso, para los próximos meses «lo más probable» es que se mantengan los precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por debajo de las existentes en 2016, así como las previsiones climatológicas, que anuncian una primavera seca y con temperaturas más cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso acontecido en las cotizaciones del Brent, gas y carbón ha contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo, en los últimos días de marzo se revertió la situación. El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18 euros por megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que marcaba hace un año.

En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un 41,9% más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la coyuntura de los últimos meses y que incide en el mix de generación, marcado por una fuerte reducción de la oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos combinados de gas. Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento en los mercados de materias primas.

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

APPA acusa a Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir la retribución a las renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) acusa al Ministerio de Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir en 600 millones de euros la retribución de las renovables entre 2017 y 2019. APPA señala que esta reducción en la retribución es debida a la consideración realizada por el Ministerio, «en función de sus intereses», de que el precio del mercado eléctrico se situará a partir de 2020 en 52 euros por megavatio hora (MWh).

Así, considera que, dado que el esquema de retribución de las energías renovables se basa en que las instalaciones alcancen un determinado nivel de rentabilidad razonable por la combinación de los ingresos percibidos por el mercado eléctrico y por las retribuciones reguladas, una previsión de un mayor nivel de ingresos provenientes del mercado eléctrico en la vida de las instalaciones, debido al mayor precio estimado a largo plazo, «supone ya desde el momento actual un menor nivel de ingresos regulados».

Para APPA, la previsión de precios del mercado eléctrico a partir del año 2020 realizada por el Ministerio ya sería «censurable» únicamente por el hecho de que los mercados de futuros manejan precios 10 euros por MWh inferiores. Sin embargo, subraya que cuando Energía no calcula la retribución de las energías renovables, entonces las previsiones que maneja sí que están en línea con las previsiones objetivas establecidas por los mercados de futuros, como en la propuesta de orden que prevé los ingresos y costes del sistema eléctrico para el periodo 2017-2022, en la que Energía estima un precio del mercado eléctrico de 41,62 euros por MWh entre 2020 y 2022.

Así, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya puso de manifiesto esta «inconsistencia» en su informe relativo a la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso para 2017, elaborada por el Ministerio, en el que criticaba que no se proporcione metodología de cálculo alguna para mantener los 52 euros por MWh y que no se revise el valor del precio de mercado de 2020.

La patronal, que señala que resulta «lamentable» que el Ministerio no haya modificado su previsión, denuncia que hay que añadir el impacto negativo de las medidas aplicadas a las renovables en la reforma eléctrica, que ya vienen significando recortes anuales de más de 2.200 millones de euros, un 30% menos de la retribución inicialmente prevista. Además, a esto se suma un recorte adicional de 574 millones de euros debido a otra errónea estimación del precio del mercado eléctrico en el primer semiperiodo regulatorio 2014-2016.

La AEE acusa al Gobierno de ignorar a la CNMC y fijar una retribución renovable “alejada de la realidad”

Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha acusado al Gobierno de «ignorar» las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y fijar una retribución para las renovables basándose en previsiones de precios del mercado eléctrico «alejadas de la realidad». La patronal señala que la orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las renovables confirma «las peores sospechas del sector».

Así, estima que la eólica, el sector «más afectado por ser el más vulnerable a las variaciones de precios de mercado», ingresará en tres años unos 400 millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería. En la orden, el Gobierno ha tomado como referencia un precio de mercado de 52 euros por megavatio hora (MWh) a partir de 2020, el mismo que en el semiperiodo anterior, en vez de los 41,62 euros por MWh que eran la referencia tomada por el propio Gobierno en la memoria de la orden por la que se aprueba la previsión de ingresos y costes del sistema para 2017-2022, lo que la CNMC calificó de «abierta contradicción».

Además, según la AEE, en los últimos tres años las empresas eólicas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos de retribución por la desviación a la baja de los precios previstos en la ley. Así, señala que la diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros. «Teniendo en cuenta esta experiencia, no se entiende que el Gobierno apueste por perpetuar la situación justo cuando podía haber optado por corregirla», subraya.

Asimismo, aclara que la orden no introduce un incremento a la retribución de las renovables, sino una compensación a las empresas por los errores de cálculo cometidos por el regulador en el primer semiperiodo. De esta manera, el sector eólico lamenta que el Gobierno «no haya corregido los desequilibrios del modelo retributivo que generan inseguridad jurídica y frenan la inversión«. Sin esa estabilidad, considera que «va a ser difícil» que en España se hagan las inversiones eólicas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales y la transición energética y «se pone en riesgo el futuro de un sector que exporta tecnología por valor de 3.000 millones de euros anuales y da empleo a 22.500 personas”.

Energía revisa los precios de referencia previstos del mercado eléctrico para retribuir a las renovables hasta el año 2019

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó la orden ministerial en la que establece los precios de referencia para calcular la retribución a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos en el semiperiodo regulatorio comprendido entre 2017 y 2019.

La orden ministerial, la ETU/130/2017, establece las retribuciones específicas de cada tipo de instalación en función de los distintos aspectos contemplados en el cambio de modelo retributivo aprobado por el Gobierno en 2013, entre los que figuran el tipo de tecnología, la antigüedad, la potencia instalada o los costes de inversión. El Ministerio indica que esta actualización, prevista en la Ley del Sector Eléctrico, permite garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% a las instalaciones. Así, señala que la revisión va a suponer un incremento de la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos de unos 600 millones de euros al año, y «todo sin subir los peajes».

La Ley Eléctrica establece que, al finalizar cada semiperiodo regulatorio de 3 años, se revisen para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía en el mercado. Asimismo, establece que, al finalizar cada periodo regulatorio de 6 años, se podrán revisar todos los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial. En la revisión llevada a cabo del precio del mercado para los próximos tres años se ha considerado el precio del mercado de futuros para ese periodo. En cuanto al precio del mercado para el segundo periodo regulatorio, éste se revisará en el año 2020, tal y como establece la normativa.

Para la revisión, se recogen los precios de referencia del mercado eléctrico para el próximo trienio. Los incentivos consisten en un complemento para igualar, sobre estos precios base, la rentabilidad razonable contemplada por la normativa. En la orden ministerial, se fija un precio de 42,84 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, de 41,54 euros para 2018 y de 41,87 euros para 2019. Las referencias de precios se calculan conforme a lo contemplado en el artículo 22 del decreto 413/2014, esto es, a partir de la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales negociados en Omip en los seis meses anteriores a la revisión de parámetros.

Las estimaciones para el nuevo semiperiodo son inferiores a las que se recogían para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último. En este primer trienio comprendido entre 2014 y 2016, el precio final medio del mercado fue inferior, de modo que el Gobierno ha tenido que recoger una compensación para las instalaciones por valor de 574 millones de euros, que se va laminando a lo largo de la vida útil de las plantas.

Para 2017, Energía calcula que la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos ascenderá a 7.071 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 9% con respecto a la estimación de coste del 2016. De esta retribución, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá 2.500 millones de euros. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a más de 1.470 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá más de 1.330 millones de euros. Mientras, la cogeneración registrará en su partida un incremento de 173 millones de euros, hasta los 1.067 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.