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El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

Castilla y León buscará convencer a los socialistas de Asturias y Aragón para que apoyen la propuesta sobre las térmicas

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha avanzado que buscarán una alianza con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón para evitar que antes de que se cierren las térmicas se vendan, para no incidir en el empleo en las comarcas mineras. Del Olmo presidió, en la sede de la Diputación de León, una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera señaló que, en defensa de la minería, la Junta va a apoyar la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. «Me parece fundamental, cuando hay anuncios de que las eléctricas quieren cerrar alguna térmica en la comunidad, estar con el Gobierno y, sobre todo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que antes de cerrarlas se vendan a quien pueda estar interesado, para el mantenimiento del empleo», añadió Del Olmo.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos días se pondrá en contacto con los consejeros de Asturias y Aragón para promover entre las tres comunidades que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Además, del Olmo ha recordado que España se ha adherido al programa de Regiones Europeas Carboníferas en Transición y que el Gobierno ha designado a Asturias, Aragón y Castilla y León para que presenten proyectos con el objetivo de conseguir fondos para sus comarcas mineras.

Diversificación de la actividad económica

«En ese sentido estamos trabajando también con Asturias y Aragón para incentivar la I+D+i en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar con proyectos para la Ciudad de la Energía, que dispone de un buen equipo de investigación», ha explicado. Del Olmo ha precisado que dentro de esa plataforma de la Unión Europea hay otros proyectos de diversificación de la actividad económica de las comarca mineras, y ha indicado que en ese ámbito también se trabaja con Asturias y Aragón.

La consejera recordó que las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, lo que calificó de «buena noticias» porque «va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas compañías». También advirtió de la importancia que para la minería tiene que se aprueben los presupuesto generales del Estado porque contemplan recursos para los convenios MINER. Además, destacó que hay dos proyectos de diversificación «muy avanzados» en las comarcas mineras, uno de ellos el de Forestalia, con una creación de 50 empleos directos y 400 indirectos. «El otro proyecto va a dar empleo a más de cien personas. Por discreción no puedo decir su nombre pero esta bastante avanzado», indicó.

Asturias lo debatirá el viernes

Por su parte, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el viernes una iniciativa del PP que respalda el contenido del proyecto de ley tramitado por esta formación en el Congreso para modificar la normativa que regula el sector eléctrico y evitar el cierre de centrales térmicas como la de Lada. La iniciativa, que aún debe ser debatida en comisión en la Cámara baja, plantea condicionar el cierre de una instalación, como el que ha solicitado Iberdrola para la central asturiana y para la de Velilla (Palencia), a los posibles efectos que tendría sobre el incremento del precio de la electricidad.

Así, el PP defiende en el Congreso, con el respaldo del Gobierno central, que los cierres de instalaciones de producción eléctrica con una potencia superior a 50 megavatios requieran de tres dictámenes previos aunque no vinculantes de la CNMC, la Oficina del Cambio Climático y del IDAE. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos han mostrado su rechazo en el Congreso a esta propuesta aunque el Gobierno asturiano que preside Javier Fernández sí ha defendido que el Ejecutivo central disponga de mecanismos para evitar que las compañías eléctricas puedan decidir de forma unilateral cierre de plantas de producción de energía.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, se mostró confiada en obtener «el apoyo unánime» de la Junta a esta iniciativa para promover, ha apuntado, un sistema eléctrico «ordenado» a partir de criterios de defensa del interés general. «Los criterios de las empresas no pueden suponer una alteración del sistema eléctrico en su conjunto», ha apuntado Fernández tras incidir en la importancia de que la Junta se pronuncie políticamente sobre esta cuestión pese a que el Principado no cuente con competencias en el ámbito de la regulación del sector energético.

El diputado de Foro, Pedro Leal, que anunció la presentación por parte de su grupo de una iniciativa similar, ha incidido en la necesidad de que los distintos partidos tengan la misma postura «en Madrid, en Bruselas o en Asturias» y ha apuntado que esta votación constatará «el peso de cada uno en sus respectivas organizaciones». «En todo país serio la decisión de cerrar una central térmica dedicada a la producción de electricidad no puede adoptarse de espaldas al Gobierno y en contra del interés general», apuntó, para rechazar una medida «que encarecerá el precio de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares, que desempeñarán el papel de las térmicas».

El Consejo Insular de Mallorca insta al Gobierno a detener la reactivación de las prospecciones petrolíferas en aguas de Baleares

Europa Press.- El Consejo Insular de Mallorca aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE, MÉS y Podemos en la que se insta al Gobierno central a detener la reactivación de las prospecciones en aguas de Baleares, por el proyecto MedSalt-2.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Francisca Servera, ha reiterado la oposición «absoluta» de los socialistas a este tipo de proyectos porque no quieren «ningún proyecto que sirva para distorsionar el medio ambiente, el patrimonio natural y la forma de vida de la comunidad». La propuesta también insta al Gobierno a escuchar el clamor social y político de Baleares y aprobar una ley que declare el Mediterráneo zona libre de prospecciones. Además, se solicita que se desarrolle una moratoria de efectos inmediatos a la presentación de proyectos que incluyan sondeos acústicos con cañones de aire comprimido y prospecciones de hidrocarburos. En este sentido, los socialistas organizan una ofensiva institucional para tratar de paralizar las prospecciones en aguas de Baleares.

En concreto, Servera ha defendido que en el Congreso «se han presentado una batería de preguntas para que el Gobierno explique todos los detalles del proyecto MedSalt-2«; en el Senado «se ha registrado una moción para paralizar la reactivación de los sondeos y para declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones»; y, finalmente, en el Parlamento balear, «todas las fuerzas políticas se han volcado a presentar la Ley contra las prospecciones para que pueda ser aprobada por unanimidad y tramitada en el Congreso». La propuesta también ha sido apoyada por el PP, salvo en un punto propuesto en el que se pide el apoyo de diputados y senadores a esta cuestión, algo en lo que los populares se han abstenido.

El Parlamento de Baleares pedirá otra vez al Congreso de los Diputados que se prohíban las prospecciones en el Mediterráneo

EFE.- Todos los diputados del Parlament balear respaldan volver a tramitar ante el Congreso una proposición de ley para que se prohíban las prospecciones petrolíferas y de gas en todo el Mediterráneo español.

Los grupos políticos de la Cámara regional han registrado una proposición de ley idéntica a la aprobada hace un año para prohibir «actividades de investigación, exploración y explotación» de hidrocarburos en el subsuelo marino, propuesta que rechazó la Cámara Baja por el veto del Gobierno, ha recordado la diputada por Formentera, Silvia Tur.

La portavoz del PP, Marga Prohens, ha indicado que entonces el Gobierno usó su derecho de veto, argumentando que estaban vigentes unos presupuestos prorrogados, pero la próxima aprobación de las cuentas estatales podría facilitar la tramitación.

La diputada Olga Ballester, de Ciudadanos, ha señalado que aunque hace un año su partido ratificó el veto en la Mesa del Congreso, en esta ocasión espera que el Gobierno no ejerza su prerrogativa y, si lo hace, tendrá que argumentarlo mejor para contar con su apoyo.

Los grupos políticos baleares han intentado ofrecer una imagen de consenso con la presentación de esta iniciativa contra las prospecciones, aunque en las últimas semanas han mostrado diferencias por la reactivación del proyecto de sondeos acústicos Medsalt-2, que vuelve a tramitar el Gobierno, iniciativa que el PP defendió al principio por su carácter «científico», aunque Prohens no ha querido abundar en las discrepancias «por respeto» a la unidad.

Silvia Tur, que ha ejercido de portavoz de todo el arco parlamentario, ha puesto de manifiesto que, si ya estuviera aprobada la ley que respalda el PP balear, «el Medsalt no sería una amenaza», porque el proyecto que impulsará el Parlament prohíbe investigaciones científicas lesivas para el medio ambiente.

El Gobierno de Canarias descarta que las plataformas petrolíferas que utilizan sus puertos tengan un riesgo medioambiental

EFE.- El consejero de Industria de las Islas Canarias, Pedro Ortega, ha advertido contra quienes cuestionan el riesgo medioambiental derivado del fondeo de plataformas petrolíferas, que a su juicio no existe, y precisó que esta actividad ha generado una facturación de 102 millones de euros y ha dado empleo a más de 200 personas.

El diputado socialista Gustavo Matos, cuestionó si realmente hay una actividad de reparación naval o los puertos canarios se han convertido «en un parking» de plataformas. En ese caso, prosiguió, este «aparcamiento» compensa el coste ambiental que supone con impacto a la invasión de especies «muy agresivas» y de poner los recursos naturales en manos de empresas foráneas en una actividad en la que los canarios ocupan los puestos menos remunerados por falta de formación.

El consejero indicó que Canarias se ofrece como una base única para reparaciones navales y no debe desperdiciar ninguna oportunidad de empleo, por lo que reiteró que no entiende que se cuestione esta capacidad. «Es un sector que funciona a pleno rendimiento, está impulsando la economía y beneficiando al resto de sectores, además de generar valor», puntualizó Pedro Ortega, quien precisó que en el puerto de La Luz y Las Palmas hay 18 plataformas fondeadas y se espera otra, en el de Tenerife hay 9 y a lo largo del año se recibirán otras 3.

El diputado de Podemos, Francisco Déniz, advirtió de que no le cuadran las cifras dadas por Ortega porque no ve tantas empresas de reparación «por ningún lado» y sólo una de Noruega que subcontrata a las canarias. En su opinión, se está apostando «por un cementerio de plataformas» sin tripulación que provocan que un espacio enorme del puerto de Santa Cruz esté «lleno de arretrancos».

Agustín Hernández, del PP, pidió por el contrario continuar consolidando este sector, al tiempo que la nacionalista Socorro Beato, también opinó que se debe potenciar esta actividad «con un gran futuro» porque fortalece el comercio, la industria local y el área del metal. Por el grupo Mixto, Jesús Ramos se refirió al innegable potencial de esta actividad para la economía isleña pero, añadió, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos medioambientales, por lo que pidió estar vigilantes y cuidar de que los puertos no se conviertan en el retiro de instalaciones en desuso.

El Gobierno de Baleares y los Consejos insulares aprueban pedir al Estado proteger el Mediterráneo frente a las prospecciones petrolíferas

Europa Press / EFE.- Mientras el diputado autonómico socialista Vicenç Thomàs ha pedido al presidente del PP balear, Biel Company, que sea «coherente» y vuelva a posicionarse en contra de las prospecciones en el Mediterráneo, el Gobierno de Baleares y los Consells de todas las islas han aprobado una declaración institucional sobre la protección del Mediterráneo ante los proyectos de prospección y sondeos petrolíferos.

El texto, que ha sido firmado por los presidentes de las cinco instituciones, pide al Gobierno central la retirada del proyecto MedSalt-2, solicita al Congreso que permita la tramitación y la aprobación de la Proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo, aprobado por el Parlamento balear, e insta al Gobierno a hacer frente común con las instituciones de Baleares ante los proyectos que pueden tener un efecto adverso para el medio marino balear, así como a actuar con transparencia, ofreciendo toda la información en lo referente a los proyectos que se quieran realizar.

«Decimos un no clarísimo a este y a todos los proyectos que sirvan para distorsionar nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural y nuestra manera de vivir», ha indicado la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, quien ha definido el MedSalt-2 como un proyecto «que se quiere vestir de científico» pero que tiene como una de sus finalidades «saber si aquí hay petróleo». Asimismo, la presidenta detalló todas las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Baleares durante esta legislatura para detener las prospecciones petrolíferas y ha firmado otro manifiesto contra las prospecciones.

Petición del PSOE al PP

Según indicó el PSOE, los grupos parlamentarios tratarán de pactar una nueva proposición de ley contra las prospecciones petrolíferas en el Parlamento tras conocerse la intención de llevarse a cabo el proyecto científico de sondeos acústicos Medsalt-2 en el área marina comprendida entre Ibiza y Mallorca y el sureste de las Pitiusas para investigar las formaciones salinas del subsuelo marino. Thomàs ha asegurado que esta iniciativa está «disfrazada de proyecto científico» y que, incluso sus propios impulsores, han reconocido que en este proyecto están interesadas empresas de gas y petróleo.

Por ello, «pedimos a Company y a todo el PP que sean coherentes». Si el PP ya aprobó en el Parlamento una iniciativa contra las prospecciones en el Mediterráneo, Thomàs ha pedido que «vuelvan a dar su apoyo». «Aún están a tiempo de rectificar y sumarse a esta nueva proposición de ley» contra las prospecciones, ha reiterado el representante socialista. «Desgraciadamente el PP se ha puesto tras la pancarta, pero ha frenado en el Congreso junto a Ciudadanos las prospecciones en el Mediterráneo«, lamentó Thomàs.

Greenpeace pide con una parodia al Gobierno que aumente las energías renovables al menos al 35% para 2030

Europa Press.- Greenpeace ha lanzado un vídeo parodia con fragmentos de intervenciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que denuncia en clave de humor el «boicot» del Ejecutivo a las energías limpias y para pedir que apueste aumentar las energías renovables al menos hasta el 35% en 2030. Así, el vídeo Placa, placa, impuesto al sol denuncia que el Gobierno pretende conseguir en la Unión Europea un aval al impuesto al sol.

La ONG pide a Rajoy y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de «desperdiciar» el dinero de los contribuyentes en subvencionar a viejas centrales contaminantes como las del carbón para que la reforma energética sea una inversión en un futuro común y empoderar a millones de europeos para luchar contra el cambio climático y producir su propia energía. En este contexto, recuerda que España tiene la normativa de autoconsumo «más restrictiva del mundo y del coste de electricidad más alto de toda Europa», mientras que en 2016 las grandes eléctricas duplicaron sus beneficios.

Placa, placa. Impuesto al sol

Por ello, Greenpeace lanza el próximo hit del verano: el Placa, placa. Impuesto al sol de Rajoy en el que también se incluyen fragmentos de Nadal para poner en evidencia la «bofetada» del Gobierno a las renovables y a los ciudadanos que quieren generar y consumir su propia energía limpia. La organización ecologista denuncia que el Gobierno intenta trasladar a Europa su boicot a las renovables ya que se opone al aumento del objetivo de renovables e intenta que el resto de Europa acepte el impuesto al Sol, pone trabas a la seguridad jurídica de renovables y se resiste a eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles como el carbón.

Urkullu reclama al Gobierno central que cumpla el acuerdo para rebajar el precio de la electricidad a la industria vasca

EFE.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado al Gobierno central que cumpla el acuerdo sobre tarificación eléctrica para empresas vascas recogido en los Presupuestos de 2017 que el Ejecutivo pactó con el PNV. «Esto ha de hacerse porque es un compromiso del Gobierno español en 2017 y con proyección a 2018. No debe estar sujeto a la negociación de este año», matizó. En este sentido, ha indicado que el incumplimiento de este acuerdo “afecta a la competitividad de las empresas vascas».

El Gobierno traspasará 40 millones de euros al sistema eléctrico desde los Presupuestos para cubrir el vacío recaudatorio del euskopeaje

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para compensar la reducción de ingresos al sistema eléctrico por la eliminación de la tarifa 6.1.b, que arrancó el PNV al PP para apoyar los Presupuestos del 2017. Si se aprobara el proyecto de Presupuestos para 2018, dicho importe tendrá que ser incorporado de una sola vez como ingreso al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por la CNMC.

El acuerdo entre el PP y PNV para aprobar las cuentas del Estado de 2017 incluía la eliminación en 2018 de esa tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kilovoltios (Kv), utilizadas sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 100 millones de euros anuales para las industrias afectadas. La medida fue contestada en Cataluña, donde hay más de 3.000 empresas conectadas a una tensión de 25 Kv que no se benefician del cambio, y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) protestó ante la Comisión Europea, que acordó investigar la reforma pactada entre PP y PNV.

Además, el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 mantiene en sus disposiciones adicionales dos medidas que ya incluyó en 2017 y que implican que el superávit del sistema eléctrico pueda utilizarse no sólo para reducir la deuda acumulada. Así, se mantiene que los superávits de ingresos puedan utilizarse, de forma excepcional, a pagar indemnizaciones correspondientes a resoluciones de litigios referidos a la normativa del sector eléctrico, aunque la legislación vigente establece que se destinen a reducir la deuda acumulada del sistema eléctrico.

También está previsto en una disposición adicional que, con cargo al superávit eléctrico, se puedan conceder ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico por un importe máximo de 60 millones de euros en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos FEDER. Por otra parte, en el proyecto de Presupuestos se prevé destinar 755 millones de euros en 2018 a atender el extracoste de la generación eléctrica en los sistemas extrapeninsulares.

Además, en el proyecto de Presupuestos se habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias electrointensivas, de acuerdo a la normativa europea, para la reducción de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética. El colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales que les sean de aplicación, según una disposición.

Revisión retributiva de actividades eléctricas

Por otro lado, el Gobierno revisará aspectos de la retribución de las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica, siguiendo así las recomendaciones de la CNMC. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de lesividad de determinados aspectos relativos a las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica. El Consejo de Ministros declaró lesivas para el interés público una orden que establecía la retribución de las empresas de distribución eléctrica para 2016, así como otra que fijaba la de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, respecto de la retribución fijada para Red Eléctrica de España.

El origen de esta declaración radica en observaciones presentadas por la CNMC, que consideró necesario corregir diversos errores “que incrementaban de manera no justificada la retribución de las empresas que realizan la actividad de distribución o transporte de electricidad”. Así, mediante la declaración de lesividad acordada, se iniciará el procedimiento para corregir las órdenes afectadas y adecuar las retribuciones de las empresas, siguiendo los trámites del procedimiento administrativo. Fue el pasado septiembre cuando el Ministerio de Energía inició un procedimiento de declaración de lesividad de la orden que establecía la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el 2016. Energía tomaba en consideración para iniciar este procedimiento las recomendaciones de la CNMC respecto a la sobrerretribución detectada.

En concreto, la CNMC constató que, en la retribución percibida en 2014 por la lectura de contadores y equipos de medida de los clientes conectados a sus redes, no se aplicó una penalización al no estar accesible la información para el cálculo en el momento de su publicación. Por ello, la consideración de tal penalización debería suponer una reducción de la retribución de las empresas distribuidoras por dicho concepto. El organismo presidido por José María Marín Quemada cifraba esta penalización en 4,93 millones de euros para el conjunto de compañías.

Otra de las cuestiones puestas en consideración por la CNMC se refería al cálculo de la vida de los activos de las empresas, en donde advertía que en la retribución para aquellas empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes se procedía a descontar los elementos totalmente amortizados para cuantificar los años de vida residual de los activos.

El anuncio de la corrección de estas órdenes se produce cuando el Ministerio de Energía ha anunciado que tiene intención de aprobar, mediante una proposición de ley que el PP presentará en el Congreso, una serie de ajustes en los sistemas de retribución, atendiendo a las observaciones que hizo la CNMC sobre la existencia de un exceso de retribución por diferentes conceptos. Las reformas generarían en total un ahorro al sistema eléctrico de hasta 190 millones de euros, según las estimaciones que facilitó entonces el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Polémica entre Gobierno central y Junta de Extremadura a cuenta de las infraestructuras eléctricas para posibilitar la llegada del AVE

EFE.- La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, asevera que los trámites para la construcción de las líneas eléctricas del AVE en el tramo extremeño «ya están en marcha», y de ello ya ha informado a la Junta de Extremadura.

En concreto, Herrera se refirió a la línea de entrada y salida de la subestación de Carmonita (Cáceres), mientras que en próximas fechas comenzarán las otras dos líneas, la de Cañaveral y Sagrajas. «De esta manera, se cumplirá en tiempo y forma el compromiso adquirido por el Gobierno de España para terminar la electrificación del tramo del AVE extremeño en 2020«, ha señalado. Por el momento, todos los tramos de obras del propio tramo, así como la electrificación, con la publicación de los trámites para la construcción de las subestaciones eléctricas, se están llevado a cabo de forma puntual para cumplir con los compromisos adquiridos.

Herrera aseguró no entender que la Junta de Extremadura haya reclamado el inicio de los trámites para las líneas de electrificación «cuando la propia Junta recibió recientemente» la comunicación de que este proceso ya se había iniciado. «No queremos pensar que a la Junta de Extremadura le sienta mal que todo el mundo esté comprobando que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que trae el AVE», ha añadido Herrera.

La portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, había criticado que «vienen las subestaciones pero no vienen las líneas», explicando que la Consejería de Economía se había puesto «en contacto con el Gobierno para plantearle las dudas que suscita a la Junta lo publicado» en el BOE. Por ello Herrera «ha recomendado» a Gil Rosiña que «antes de realizar declaraciones que no se ajustan a la realidad pida la información a la Delegación del Gobierno, cuyas puertas están siempre abiertas, como hemos demostrado, para resolver todo tipo de dudas sobre esta cuestión o cualquier otra».

Ya están iniciados los trámites de la línea eléctrica de alta tensión Alarazaz-San Serván/SE Carmonita, los cuales no requieren de publicaciones puesto que ya tiene autorización administrativa y Declaración de Utilidad Pública. En cuanto a las otras infraestructuras, la línea eléctrica de alta tensión Sagrajas-San Serván y la línea eléctrica de alta tensión JM Oriol-Arañuelo/SE Cañaveral, próximamente se iniciarán los trámites necesarios, una vez que ya disponen de autorización ambiental.