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PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos aceptan tramitar en el Congreso la ley de autoconsumo de la Asamblea regional de Murcia

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Europa Press.- El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han respaldado en el Congreso la tramitación de la ley impulsada por la Asamblea de Murcia para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las diferentes modalidades del suministro de energía eléctrica, como el autoconsumo y la producción de energía renovable.

Esta iniciativa, impulsada por Podemos, fue aprobada hace 3 años en la cámara legislativa murciana, pues salió adelante en 2015 con los votos de PSOE y Ciudadanos, además de los de la formación morada, mientras que el PP optó por abstenerse. Tras ser aprobada, el Gobierno frenó su tramitación vetando su debate parlamentario al alegar que supondría una aminoración de los ingresos públicos. Sin embargo, el PP ha cambiado de parecer. «Ahora se pueden hacer propuestas gracias a la gestión del PP. Estamos a favor de promover las inversiones en la generación eléctrica a través de renovables y seguir desarrollando el autoconsumo sin que a nuestras familias, mayores y pensionistas les suban la luz», argumentó su diputada María Ascensión Carreño.

Antes de ello, los diputados regionales murcianos, Alfonso Martínez Baños (PSOE), Óscar Urralburu (Podemos) y Miguel Sánchez López (Cs) han defendido ante la Cámara Baja la admisión a trámite de una iniciativa «pensada y hecha para que el consumidor sea el protagonista» en el sistema eléctrico. Martínez Baños ha pedido impulsar la energía renovable, teniendo en cuenta la dependencia energética con el exterior y la necesidad de aumentar la productividad en la economía, mientras que Urralburu ha incidido en la necesidad de combatir el cambio climático. Por su parte, Sánchez López recordó que los objetivos marcados por la Comisión Europea establecen en el 32% la producción de energía renovable en 2030 y que incluso podría revisarse al alza en 2023.

«Es absurdo que Europa lleve ventaja al país del Sol», ha argumentado, por su parte, la diputada socialista María González Veracruz, recordando que si en España existen mil instalaciones fotovoltaicas, en Alemania, con menor potencial, hay en torno a un millón. Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha celebrado que la ley pueda poner «los cimientos para un sistema eléctrico más limpio«, pese a que ahora los diputados que apoyen la norma «van a tener más difícil» una puerta giratoria en una compañía eléctrica. «La batalla comienza», ha avanzado, anticipando que las grandes eléctricas se opondrán a la iniciativa y la voluntad de su grupo y el de Compromís en pedir la tramitación de la ley por la vía de urgencia.

Ciudadanos ha incidido durante el debate en las posibilidades laborales que implica el desarrollo de la energía renovable, teniendo en cuenta que muchos jóvenes especializados acaban en el extranjero por faltas de oportunidades en este sector, como ha apuntado su diputado Miguel Ángel Garaulet. También han avanzado su apoyo Esquerra Republicana y PDeCAT, si bien ambas formaciones han alertado de que, tal y como está formulada, podría restar competencias a comunidades que quisieran apostar por un desarrollo alternativo de esta regulación o incluso ser más ambiciosos. Una razón que, unida a que el Gobierno acaba de aprobar la derogación del impuesto al Sol, han llevado al PNV a optar por la abstención, según ha justificado su portavoz energética, Idoia Sagastizabal.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

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Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

La demanda eléctrica crece un 3,4% en septiembre con la nuclear y el carbón como principales fuentes de generación

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica en septiembre alcanzó los 20.821 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 3,4% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

En los 9 primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en los 191.279 GWh, un 1% más que en el mismo periodo de 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica es un 1,2% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de 2018, la nuclear es la principal fuente de generación, con el 21,7% del total, seguida de la eólica (19,4%), hidráulica (15,2%), carbón (13,5%), cogeneración (11,6%), ciclos combinados (9,7%) y solar fotovoltaica (3,3%).

En lo que atañe a septiembre, la producción de origen eólico alcanzó los 2.396 GWh en el mes, un 15% inferior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso tan sólo el 12,1% de la producción total. Por su parte, la nuclear fue la fuente que más aportó al sistema en el mes, con el 25,2% de la generación, seguido del carbón (20,8%), mientras que la cogeneneración cubrió el 11,9%, los ciclos combinados el 11,1%, la solar fotovoltaica el 3,4% y la solar térmica el 2,5%. Con datos estimados, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 29,8% de la producción en septiembre. El 55,2% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Casado ve inasumible su cierre

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, considera «inasumible» suprimir «al mismo tiempo» el carbón y las fuentes nucleares del mix energético nacional, al tiempo que demanda que no se apueste por la «demagogia» y sí por la «sostenibilidad«. Asimismo, el presidente del PP reclama que el aislamiento energético del país se vea ayudado por las interconexiones energéticas a través de los Pirineos y el Golfo de Vizcaya.

El PP, los consumidores de OCU y el sindicato UGT critican el bono social “provisional” e “insuficiente” que propone Ribera

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Europa Press.- Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de bono social energético «van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas», ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan, el PP critica que, ante «una de las facturas eléctricas más grandes de la historia», la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proponga una ampliación del bono social eléctrico como una solución «provisional«.

«Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una factura eléctrica tan elevada, la solución que plantea el Gobierno es una solución provisional», ha apuntado el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, que ha criticado que Ribera no negociara con la oposición esta medida, a diferencia de su predecesor, Álvaro Nadal, que en su bono social estableció la figura de consumidor «extremadamente vulnerable«.

Por otro lado, el diputado popular cuestionó otras de las medidas aprobadas, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% a las compañías eléctricas o la eliminación del gestor de carga para facilitar la movilidad sostenible, pues el PP ya había presentado iniciativas en este sentido recientemente. «No hace falta que siga inventando cuando las soluciones ya están encima de la mesa», ha aseverado Mariscal, antes de ironizar que el Gobierno, «al no tener programa, se está fijando en los pasos que el PP había establecido previamente».

Por ello, ha recomendado a la titular de Transición Ecológica que «no hace falta que tenga trabajando a los servicios jurídicos del Ministerio» y que «se aproveche» de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, Mariscal ha instado al Gobierno a poner en marcha medidas para ejecutar los 50 millones de euros con los que cuenta en los Presupuestos de 2018, «de los que aún no ha movido ni un euro», para favorecer el uso de la movilidad sostenible, más los 16 millones que hay en las cuentas del Ministerio de Economía para esta cuestión.

Medidas “insuficientes” para la OCU

Por su parte, OCU cree que «el efecto de las medidas para mejorar la situación de las familias en precario es muy limitado». Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, «ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan». Por otra parte, OCU considera de «forma positiva» la mayor facilidad de acceso al bono social dada a las familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3 pero ve «muy escaso» el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer.

Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve «un fracaso» que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social. OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación vulnerable desconocen su existencia.

En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve «injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado«. Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del impuesto al sol, «que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos», así como la prohibición de la comercialización puerta a puerta de los servicios de gas y electricidad.

«Insuficientes» para la pobreza energética

Por otro lado, UGT ha denunciado que el paquete de medidas aprobado es «insuficiente» al considerar que siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza y que «no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda». En concreto, el sindicato critica que el bono social solo se amplíe a familias monoparentales y que la prohibición de cortes de luz solo incluya a las familias con menores de 16 años o dependientes de grado 2 y 3, dejando fuera a las de grado 1.

Además, ha manifestado su disconformidad con la iniciativa de crear un nuevo bono social, el térmico, que se aplicará automáticamente al tener el bono social eléctrico, por «crear una mayor confusión». UGT prefería que se ampliase en vez de crear una nueva figura. Por todo ello, el sindicato considera fundamental una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, donde se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir situaciones de pobreza energética.

ATA pide reducir el IVA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que apoyan las medidas adoptadas para abaratar el recibo eléctrico aunque ha afirmado que «no es suficiente» y ha pedido reducir el IVA de la luz. En este sentido, Amor ha señalado que valoran todo aquello que signifique aliviar los costes energéticos que están sufriendo familias, autónomos y empresas».

No obstante, indicó que «la luz es un bien de primera necesidad y tiene que tener un IVA acorde a un bien de primera necesidad». «En estos momentos las empresas y los autónomos están sufriendo unos incrementos en el coste energético que van directamente a las cuentas de resultados», añade. A juicio del presidente de ATA, «no puede ser que España sea uno de los países donde los costes de producción se vean duramente castigados por los costes energéticos», por lo que «es evidente que hay que trabajar por reducir esos costes para ser competitivo».

El PP presenta una moción para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica viables

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Europa Press.- El PP ha presentado una moción en el Senado para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica «viables» de forma unilateral y sin tener en cuenta «el interés general» ni los objetivos o garantías de suministro y cambio climático e «impacto en el precio de la electricidad». Esta iniciativa está así en línea con la propuesta de Ley que intentó sacar adelante el anterior Gobierno, que pretendía endurecer los criterios que tenía que cumplir una eléctrica para cerrar una central de generación.

En este nuevo intento en el Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría, el grupo parlamentario insta también al Ejecutivo a mantener el carbón como componente del mix energético, «planteando los términos de una transición justa del sector minero en términos de transición, no de cierre, y defender los pagos por capacidad de las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red, siendo las centrales térmicas indispensables para el control de la red y abaratamiento de la factura de la luz».

Una interconexión eléctrica del 15%

Asimismo, solicita continuar impulsando «decididamente» la instalación de renovables y biomasa que complemente los más de 28.000 megavatios (MW) de solar fotovoltaica que, o bien están operando o están en proceso de construcción, los 2.300 MW de termosolar y 23.000 MW de energía eólica, para cumplir los objetivos de penetración de renovables y emisiones de CO2 en el año 2030 y 2050. Además, en su iniciativa insta a impulsar las interconexiones energéticas de España y «poner todos los medios necesarios» para que en el año 2030 se alcance un mínimo del 15% de interconexión en redes de transporte de electricidad.

Por otra parte, pide al Gobierno replantearse la decisión de crear un nuevo impuesto especial para el diésel, por lo perjudicial que supondría para la industria automovilística, el sector agrario, los autónomos, los transportistas y para todos los usuarios propietarios de vehículos diésel. De esta manera, ve necesario apostar por un nuevo modelo sostenible de transporte con cero y bajas emisiones, «pero exigiendo un modelo de transición ordenada para que la economía, la industria y los consumidores se puedan adaptar a este nuevo modelo energético».

La central nuclear de Almaraz

Por otro lado, el PP de la provincia de Cáceres ha denunciado que el cierre de la central nuclear de Almaraz supondría terminar «de golpe» con el futuro de la comarca de Campo Arañuelo, además de destruir «de inmediato» cientos de puestos de trabajo, y provocar que las familias extremeñas pagasen un 15% más por la luz y las empresas afrontasen un incremento del 25%.

El presidente del PP de la provincia de Cáceres, Laureano León, se reunió con los alcaldes, portavoces y presidentes locales para abordar este asunto que «preocupa» a los dirigentes del PP, que «quieren evitar el cierre de la central» y «conseguir un compromiso serio» del Gobierno de España, de la Asamblea de Extremadura y de la Diputación de Cáceres. Por ello, no descartan impulsar movilizaciones ante la «preocupación» por esta situación de Campo Arañuelo, e informar a todos los vecinos de la zona de lo que supondría el cierre de la central, entre otras acciones.

Cabe recordar que el PP ya ha solicitado en el Congreso que se modifique la Ley de cierre de estas instalaciones, y ha pedido al PSOE que rectifique su postura del sí al cierre de la central nuclear, al tiempo que pide al Gobierno de España que «reflexione» y «rectifique». «Que el Gobierno defienda el no al cierre de las centrales nucleares, porque tener una energía a un precio desorbitado es sinónimo de pérdida de competitividad de nuestra industria y de empleo, y el objetivo del PP es seguir creando condiciones óptimas en nuestra sociedad para continuar creando empleo», concluye.

Guillermo Fernández Vara pedirá al Gobierno «subastas especiales de renovables» para los territorios con centrales nucleares como Extremadura

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedirá al Gobierno central la puesta en marcha de «subastas especiales de renovables» en los territorios donde hay centrales nucleares, ya que a su juicio «es la mejor manera de ir buscando una transición normal y lógica».

Una petición que el presidente de la Junta realizará a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión con ella prevista para el próximo 15 de octubre, a la que planteará subastas especiales para estos territorios. Y es que, según ha señalado Fernández Vara, «no se va a cerrar la central nuclear de Almaraz mientras no haya una alternativa», y asevera que «esa alternativa la tiene que dar el Gobierno de España con las comunidades, con las diputaciones y con los ayuntamientos».

En cualquier caso, el presidente extremeño ha explicado que para ello es necesaria «una ley de cambio climático, fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares en el Parlamento», o que «haya clarísimamente una alternativa«. Fernández Vara se ha pronunciado así en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del líder del PP, José Antonio Monago, sobre las actuaciones que ha realizado la Junta de Extremadura con respecto a la central nuclear de Almaraz.

En la formulación de su pregunta, Monago ha destacado que el «primer objetivo» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética «es el cierre de las centrales nucleares», por lo que ha alertado de que «la fecha del funeral de Almaraz será en 2020», tras lo que considera que Fernández Vara será «el corresponsable, junto al señor Sánchez, del cierre» de la planta. Un cierre que «va a suponer ruina, empobrecimiento y el ocaso de Almaraz, del norte de Cáceres y de toda Extremadura, con más paro y más despoblación», ha alertado el presidente del PP extremeño, quien ha considerado que Vara «lleva desde el principio de la legislatura sin hacer nada, buscando una alternativa».

«No ha tenido ninguna reunión para buscar una alternativa, usted está mintiendo en este Parlamento», recriminó el dirigente del PP extremeño dirigiéndose al presidente de la Junta, al que ha asegurado que con los gobiernos socialistas «Almaraz se cerrará» y «pasará por lo que ha pasado con Zorita, que ha provocado paro, jóvenes que se tienen que marchar y despoblación». Monago asegura que «no hay alternativa en la zona» donde se sitúa la central nuclear, tras lo que ha instado a Vara a decirle al presidente del Gobierno «que se vaya a su casa y convoque elecciones si quiere realmente evitar el cierre de Almaraz».

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Ribera asegura que la descarbonización permitirá ahorrar a la economía española más de 400.000 millones en importaciones de combustibles fósiles

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que conseguir la plena descarbonización permitirá ahorrar al conjunto de la economía española «más de 400.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, facilitando la electrificación y repercutiendo en la factura de la electricidad».

Ribera indicó que la transición energética representa una oportunidad para movilizar 100.000 millones de euros hasta 2030. Para aprovechar todo este potencial, subrayó que es necesaria «la construcción de un marco estable y atractivo para los inversores que conlleve esa movilización» de inversiones. Además, consideró que hay que «analizar y reflexionar» sobre las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de la transición energética exige, por lo que no se puede «seguir poniendo parches». La titular de Transición Ecológica consideró que la electricidad tiene «un gran futuro», pero añadió que para ello es necesario «avanzar en un marco regulatorio diferente que responda a los desafíos actuales».

Ribera recordó las medidas anunciadas para abordar el incremento en la factura de la luz de los consumidores, destacando la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que «es la medida más adecuada en el corto plazo», así como la ampliación de la protección de los consumidores vulnerables. Asimismo, destacó otras medidas que requieren «más sosiego, pero no más tiempo», como una reforma estructural del mercado mayorista eléctrico, así como asegurar un sistema fiscal «coherente» y regular «algo fundamental» como es el almacenamiento.

Por su parte, el senador del PP, Arturo Pascual, acusó a Ribera de sembrar «la incertidumbre» respecto al diésel, poniendo «en peligro real miles de puestos de trabajo» y de querer acabar con las nucleares, lo que hará «subir el precio de la luz a todos los españoles«. Además, subrayó que la intención del actual Gobierno de «echar la persiana ya» al carbón «va a influir en el bolsillo de los ciudadanos y a generar problemas en unas zonas deprimidas». «Por lo que le pido que se lo plantee», reclamó.

Cierre de las centrales térmicas

Por otro lado, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC) y PNV han rechazado limitar el cierre de las centrales térmicas, como ha propuesto Foro Asturias, durante el debate celebrado en el Congreso sobre el papel que debe jugar el carbón durante la transición energética. De hecho, únicamente el PP ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, en línea con la ley que los populares trataron de tramitar sin éxito.

En la defensa de su proposición no de ley, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, esgrimió que «renunciar al carbón equivale a sacrificar soberanía energética», y relacionó esta actividad con la caída de la actividad industrial, del 18,7% del PIB en el año 2000 al 16,4% en 2017. Una caída que en Asturias, ha apostillado, alcanza los 3,3 puntos.

Por ello, ha calificado como «despropósito» el anunciado cierre de las centrales térmicas, aceptado por la ministra para la Transición Ecológica y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «copiar de los manuales ecologistas más rancios». Respecto a su incidencia en el medio ambiente, Oblanca ha defendido que en los actuales Presupuestos ya se incorporaron partidas para investigar en el control de sus emisiones en las propias centrales. Además, ha alertado de que el fin de estas centrales podría encarecer el precio de la luz entre un 5% y un 10%.

Únicamente el diputado José Ramón García Cañal, del PP, ofreció su apoyo a Foro, recordando que la comisión demandada por el Congreso para avanzar en una «transición energética equilibrada y justa» y cumplir con los objetivos de descarbonización ya alertó de este encarecimiento en caso de renunciar a las térmicas. Según sus conclusiones, no prorrogar el uso de las centrales elevaría los precios entre un 15% y un 25%, por lo que ha cargado contra el «ecologismo rojiverde y neoecologismo anaranjado», «buenos ecologistas de moqueta», calificó, a los que no les «importa el precio que se pague» para estar a la «vanguardia del ecologismo europeo».

Frente a ello, el PSOE ha acusado de traer esta iniciativa para «enredar políticamente», justo «cuando se ha iniciado el diálogo social» para negociar el cierre de las centrales térmicas. «Llega a ser insultante. No es propio de alguien que quiere solucionar un problema», criticó Ignacio Urquizu, que ha apostado por que la transición energética sea «justa», pues «es de justicia que las cuencas mineras, que han contribuido al desarrollo del país, tengan un futuro».

«Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay», ha manifestado el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quien ha pedido «que el Estado se involucre decididamente para evitar lo que puede ser un desastre» y para que no se repita la reconversión «que ya padeció» España en los años 80. Así, recordó que en el País Vasco, Cantabria y Asturias «se enquistaron el paro y la heroína, fruto de la desesperanza y la inacción del Gobierno», y ha apostado por impulsar el norte del país como potencia en energía renovable.

«Una cosa es la industria y otra son las térmicas», ha replicado, por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que ha instado a investigar el destino final de unos fondos mineros «que se han quedado en rotondas y no en las cuencas«, recordando además la reciente sentencia de prisión al líder sindical y exdiputado socialista José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida.

Por su parte, Joan Capdevila, de ERC, recordó que la tarifa ya es cara con un mayor peso del carbón y nuclear que las renovables, y que además en las térmicas repercute un coste, el del CO2, que seguirá subiendo. Por último, Idoia Sagastizabal, responsable económica del PNV, ha recordado que el fin del carbón ya lo marca la Comisión Europea con sus plazos: cierre de las minas dependientes en 2019 y de las centrales que no reduzcan de forma importante sus emisiones en 2020.

La Comisión de Transición Ecológica del Senado aprueba la interconexión eléctrica urgente entre las islas de La Gomera y Tenerife

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EFE.- La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado por unaminidad una moción del Grupo Mixto en la que se insta al Gobierno a dar un «impulso decidido» al proyecto de interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife para que se concluya su terminación de manera urgente.

En la moción, defendida por la senadora de la Agrupación Socialista de La Gomera, Yaiza Castilla, se pide que se resuelvan todos aquellos expedientes administrativos que hayan quedado pendientes «para evitar que una obra de tanta importancia quede paralizada».

La senadora Olivia Delgado ha comprometido la actuación del Gobierno central para que el proyecto se realice de manera urgente, si bien ha recordado que la autorización del enlace corresponde al Ejecutivo autonómico.

Por parte del PP, la senadora Isabel García ha considerado «fundamental» este proyecto dado que el actual sistema eléctrico de Canarias tiene una dependencia «casi total» del exterior, basada en productos petrolíferos y elevados costes de generación eléctrica.

García ha subrayado el valor ambiental de las islas y ha considerado que el enlace de Gomera y Tenerife permitirá abastecer con un sistema mix de generación, «menos contaminante y más eficiente».

Pablo Casado (PP) pide una transición «progresiva» y «consensuada» hacia una movilidad sin emisiones para la industria del automóvil

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Europa Press.- El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha defendido que el futuro de la industria del automóvil pasa por las energías limpias, pero que la transición tiene que ser «progresiva», «consensuada» con el sector y «realmente accesible» para los ciudadanos.

Según Casado, estas circunstancias «no se cumplen» actualmente y pide que se aborde una reforma de la tributación de vehículos, reduciendo el peso de los impuestos en la compra del vehículo y reformando la cotización sobre el uso hacia la compra de vehículos más eficientes. El líder del PP también ha reclamado el desarrollo «efectivo» de las infraestructuras de recarga, sobre todo en las ciudades. En este contexto, Casado ha hecho hincapié en una política energética basada en tres pilares: que «no se olvide» la seguridad del suministro, que se produzca el menor impacto medioambiental posible y que se garantice el menor precio posible tanto a empresas como a particulares.

Para Casado, la industria automovilística es un sector «muy importante» para la economía española, segundo fabricante de automóviles de Europa y octavo del mundo, con una producción cercana a los 3 millones de vehículos anuales. Asimismo, ha defendido que un vehículo diésel de última generación, que cumple con la normativa Euro 6, es menos contaminante que un vehículo de gasolina equivalente, y mucho menos contaminante que un vehículo con más de 10 años de antigüedad, independientemente del carburante que use.