Europa Press / EFE.- Después de que el ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, eludiera pronunciarse sobre este asunto, la consejera de Medio Ambiente del País Vasco, Ana Oregi, indicó que el Gobierno vasco debería haber sido consultado y haber tenido «voz» en la posible construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña (Burgos), y anunció que exigirá al Ejecutivo central la documentación al respecto para «evaluar el alcance de las acciones».

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió el pasado mes de octubre una Declaración de Impacto Ambiental «favorable» al proyecto del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña por un periodo inferior a 10 años, un trámite que fue interpretado por los movimientos ecologistas como un paso hacia la reapertura de la central burgalesa. Al respecto, Oregi aseguró que el Gobierno vasco exigirá la documentación «para tener la ocasión de estudiarla y evaluarla». También recordó que «una y otra vez» el Gobierno vasco manifestó su posición a favor del cierre de Garoña «de una manera definitiva y sin ningún otro tipo de consideración al respecto más allá de su cierre inmediato y total».

País Vasco exige tener «voz»

Según explicó, «parece ser» que el Gobierno central «ha llevado a cabo una serie de procedimientos» en los que no ha consultado «ni al Gobierno vasco ni a la Diputación foral de Álava» porque, en su opinión, «ha entendido que, al estar fuera de Euskadi, las cuestiones que plantea no tienen afección» en la comunidad autónoma vasca. «Obviamente, no estamos de acuerdo con esa consideración, respetamos las decisiones del órgano ambiental actuante, pero, dadas las circunstancias y la ubicación de la central, a unos 40 kilómetros de Vitoria y próxima a Álava, Euskadi debería de haber tenido conocimiento y voz dentro de los procedimientos administrativos previos, como territorio limítrofe y que, además, puede verse afectado por las actividades evaluados», señaló.

Alonso (PP) no quiere «interferir»

Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha eludido pronunciarse en torno a la instalación del ATI en Garoña para no crear «interferencias políticas» en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El también presidente del PP del País Vasco, formación que votó en el Parlamento vasco en contra de la reapertura de Garoña, indicó que la decisión definitiva corresponde al CSN. «Son los que saben; y nosotros no hacemos interferencias políticas en esas decisiones, que deben tener el máximo aval técnico y garantizar de manera absoluta la seguridad», aseguró Alonso, que confía en que «ese sea el criterio que definitivamente pese, y que las decisiones se tomen sobre esa base de la seguridad y la gestión más correcta».

«Rajoy dejará solucionada la reapertura»

Desde las filas del PNV, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que tiene «la sensación» de que el Gobierno de Rajoy dejará la cuestión relativa a la central nuclear de Garoña «solucionada» antes de las elecciones, ante la eventualidad de que un nuevo ejecutivo pudiera impedir la reapertura. En su opinión, los «movimientos» que el Gobierno central ejecutó en los últimos días en relación con Garoña «conducen a pensar» que existe «una alta probabilidad» de que la central nuclear burgalesa vuelva a abrir. El diputado general recalcó que son movimientos que se producen «a 4 días del final de la legislatura» por lo que «da la sensación de que quieren garantizar la reapertura«.

González se refirió a las dos cartas que la Diputación alavesa ha enviado a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente. En ambas cartas muestra su «total oposición» hacia un proyecto que se ha decidido «sin consultar» a este territorio, lo que a su juicio prueba que Álava se ve «sistemáticamente ninguneada» por el Gobierno de Rajoy. Para González, el territorio alavés sería el «más afectado» por la reapertura de la central, ya que «los riesgos no conocen fronteras».

El diputado general criticó la actitud del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en este asunto, y aseguró que en su lugar «se le caería la cara de vergüenza» al comprobar cómo el Consejo de Ministros toma decisiones «en contra de Álava y de la opinión de sus propios compañeros de partido en territorio alavés». En su opinión las decisiones del Gobierno central sobre Garoña prueban que el PP de Álava «no pinta nada para Rajoy».

Bildu pide el amparo comunitario

Mientras tanto, EH Bildu presentó tres preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea para saber si está al tanto de que el Gobierno español «pretende reabrir» la central nuclear de Garoña, y si es consciente «de los riesgos que conllevaría«. En su iniciativa, el europarlamentario de EH Bildu Josu Juaristi recuerda que esta instalación fue diseñada para 40 años, pero tras las modificaciones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su vuelta a la actividad, entre las que se encuentra la verificación del estado funcional y de la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes, «Garoña podría estar en funcionamiento un total de 61 años».

Juaristi alerta de que actualmente sólo falta el dictamen del CSN, que se espera para los próximos meses, para que la central vuelva a ponerse en funcionamiento. Advierte de su «antigüedad, falta de inversiones, junto a las denuncias de irregularidades acumuladas sobre la misma» y pone de relieve que las instituciones de Álava se han pronunciado con claridad a favor del cierre y desmantelamiento de Garoña. Recalca, en este sentido que Álava tampoco quiere un cementerio nuclear a escasos kilómetros de la central, «ya sea de forma temporal o definitiva».