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Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

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Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

Asturias denuncia la discriminación de la regasificadora de El Musel frente a la de Mugardos

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EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha denunciado la discriminación del Gobierno central con el Principado en relación a la regasificadora de El Musel, que a diferencia de la de Mugardos sigue paralizada, y ha pedido al PP asturiano que salga en defensa de esta infraestructura.

El consejero ha criticado que, ante la reclamación del Principado para poner en marcha la regasificadora de Gijón, el Gobierno central se escude en que está «en funciones», cuando en cambio va «bastante rápido» en la legalización de la instalación de la de Mugardos.

Blanco ha explicado que, tras la sentencia del Supremo que ratificó que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la Ley, depende del Consejo de Ministros autorizar a Enagás el inicio de los trámites para proceder a su legalización mediante la obtención de una licencia de actividad, algo que no se ha producido.

El consejero ha admitido que en esta situación «no caben acciones legales, únicamente la presión política», y por ello ha pedido al PP asturiano que se pronuncie también al respecto.

El consejero ha insistido en este «trato discriminatorio» porque la regasificadora de Gijón «se inició antes, se autorizó antes y se acabó antes y todavía no se ha puesto en funcionamiento», a diferencia de otras instalaciones similares

El PP cree que Blanco está «pidiendo a gritos una moción de censura»

La diputada regional del PP Emma Ramos ha considerado  «ridículo» que el consejero de Empleo, Francisco Blanco, pida explicaciones a su partido por la regasificadora de El Musel, «reconociendo su incapacidad para gestionar los problemas económicos del Principado», y ha advertido de que «parece que está pidiendo a gritos una moción de censura».

La portavoz de Industria del PP en la Junta General ha subrayado que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2013, y del Supremo, de este año, que declararon la ilegalidad de la regasificadora «dieron un serio varapalo a la ineficiente gestión del Gobierno socialista».

Ramos ha recordado que el PP llevó el pasado mes de marzo a la Junta una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la que se exigía el cumplimiento de «todos los requisitos legales que garantizasen el cumplimiento de la sentencia que declaraba la ilegalidad» de la instalación.

La misma iniciativa, ha apuntado, pedía al Gobierno del Principado que garantice la seguridad de la población adyacente a la regasificadora y que se exijan «responsabilidades políticas a quienes concedieron la autorización para la instalación en contra de la legalidad vigente en 2006».

«Parece» que el consejero «está pidiendo a gritos una moción de censura», ha advertido la parlamentaria popular.

Greenpeace exige al PP un pacto energético que apueste por las energías renovables

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al Partido Popular que cualquier pacto sobre política energética al que llegue con otras fuerzas políticas debe incluir el abandono de las energías sucias, incentivar las de origen renovable, el cierre progresivo de las centrales nucleares y prohibir los proyectos de fracturación hidráulica.

La ONG reacciona así al anuncio del PP, cuando ha dicho que diseñará una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen PSOE, Ciudadanos y PNV.

Además, reclama que en ese diseño se incluya en concreto el cierre de las centrales térmicas de carbón, junto con un plan de cierre justo para las cuencas mineras y la aprobación urgente del Plan Nacional Transitorio (PNT), de modo que se pueda asegurar el cumplimiento de las normativas europeas y el Acuerdo de París.

En este contexto, la responsable de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, considera que estos son los «ejes imprescindibles» en los que deberá fijarse cualquier partido que «pretenda apoyar o diseñar un posible pacto de Estado» en materia energética deberá tener en cuenta lo que votó la mayoría en las recientes elecciones del 26 de junio.

Además, exige que cualquier pacto o estrategia energética se establezca teniendo en cuenta el cumplimiento del Acuerdo del Clima de París e insta al futuro Gobierno a su ratificación urgente.

En toco caso, Greenpeace ve «positivo» e «inevitable» que las renovables sean el principal eje en el que se basará el sistema eléctrico. Sin embargo, no ve «apropiado» ni «justo» que estas sean las únicas energías que se queden sin ayuda, cuando «todas» las fuentes sucias de energía aún perciben «subvenciones encubiertas» como los incentivos a la inversión, los pagos por disponibilidad o se les permite no hacerse cargo de todos sus costes sociales y ambientales.

«Decir que sólo operarán las térmicas de carbón que cumplan con los límites de emisión es una obviedad, pero es imprescindible asegurar que no se darán subvenciones ni bonificaciones a las empresas propietarias para ese cumplimiento. Además debe definirse el plan de cierre de todas las térmicas de carbón, como ya han hecho o acordado otros países como Austria, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Reino Unido o Finlandia», ha añadido Nuño.

Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

1.608 familias recibieron ayudas de la Comunidad de Madrid para no pagar el gas y la luz durante el invierno

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EFE.- Un total de 1.608 familias sin recursos se han acogido desde febrero a las ayudas para pagar las facturas de gas y electricidad de la Comunidad de Madrid, que suavizó recientemente los requisitos para acceder a las mismas para poder atender todas las peticiones recibidas.

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, hizo balance de esta medida en una comparecencia en el pleno de la Asamblea, donde ha explicado cómo se ha desarrollado el convenio que firmó el pasado mes de diciembre la Comunidad con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para impedir que las personas sin recursos sufrieran cortes de electricidad y gas. Durante estos meses han sido 1.608 las personas o familias que han solicitado adherirse a esta ayuda y se han atendido todas las peticiones recibidas, de manera que no han tenido que pagar las facturas energéticas durante el invierno y las empresas energéticas no les han cortado el suministro.

Izquierdo explicó que para no denegar las solicitudes que se habían rechazado inicialmente y poder abarcar todos los hogares vulnerables, el Gobierno tramitó una modificación urgente de las normas reguladoras del acuerdo para, entre otras cosas, suprimir la limitación de los términos de consumo. Izquierdo detalló que se recibieron 1.608 solicitudes: 166 de ellas relativas sólo a gas, 894 a electricidad, y 497 a ambos suministros. Las empresas recibirán a partir de ahora el importe de las facturas desde la Comunidad de Madrid, que este año presupuestó un millón de euros para esta medida. Para poder acceder a estas ayudas, se debe acreditar una situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales del ayuntamiento.

La diputada socialista Josefa Navarro, calificó de «paripé y propaganda» la medida porque, a su entender, deja fuera a muchas personas por los requisitos pedidos, de manera que es una «protección excluyente que se transforma en desprotección». Celebró, en este sentido, que el Gobierno haya cambiado los requisitos iniciales, porque «el paraguas de cobertura estaba muy cerrado», pero aún así criticó que se queden fuera familias que lo necesitan y a los que tienen que atender los ayuntamientos, en muchos casos recurriendo a fondos de emergencia. Además, advirtió de que estos cambios «repentinos» desaniman a los ciudadanos a la hora de plantearse solicitar la ayuda.

En este mismo sentido, la diputada de Podemos Olga Abasolo apuntó que la campaña de información ha sido insuficiente e instó al Gobierno a darle más publicidad. Además, Abasolo denunció que la medida deje sin posibilidad de solicitarla a muchas personas en situación de necesidad, como los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o que uno de los requisitos sea el impago de las facturas, penalizando así a las personas que hacen un esfuerzo en sus domicilios para consumir menos energía. También ha criticado que las ayudas se limiten a 6 meses (ampliables a 9), tiempo que no ve suficiente para que las familias salgan de la dificultad económica.

Desde Ciudadanos, Alberto Reyero, criticó la cantidad destinada a esta medida, un millón de euros para 2015 y otro para 2016, «claramente insuficiente» y «ridícula» para el problema, que afecta a miles de personas, y por eso también consideró que son pocas las solicitudes recibidas. Reyero señaló que este problema no debe abordarse sólo subvencionando facturas, sino que las familias en situación de necesidad deben ser objeto prioritario de las políticas de eficiencia energética para que su consumo sea prácticamente nulo, erradicando el problema en vez de poniendo soluciones temporales.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

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A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

PSOE y PP se enzarzan por la devolución de la ecotasa en Extremadura

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EFE.- El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha dicho que la Junta «llegará a un buen acuerdo» con las eléctricas sobre el impuesto a las instalaciones que incidan en el medio ambiente (IIMA), y el del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, que fue «un boomerang» de Guillermo Fernández Vara que «llega al cuello» de los extremeños.

La anulación de la ecotasa extremeña le costará a la Junta de Extremadura más de cien millones de euros, ya que a los 73,5 millones reconocidos por la Administración regional el pasado año, se sumarán ahora los otros 28,5 millones correspondientes a 2009, según la sentencia del TSJEx que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo.

A juicio de García «seguro» que la Junta de Extremadura puede negociar con las compañías eléctricas sobre esta cuestión y que fruto de esta labor se logrará un acuerdo positivo para la Comunidad Autónoma.

No se ha mostrado de acuerdo el portavoz parlamentario del PP, que ha subrayado que el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, lanzó «un boomerang» durante su etapa de gobierno entre 2007 y 2011″ que ahora se abalanza «al cuello» de los extremeños con un coste de unos 100 millones de euros en diversas causas.

En este sentido, el dirigente popular ha aseverado que a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, «se le encienden todas las luces rojas» por esta cuestión y que el PP ya advirtió sobre la inconstitucionalidad de esa medida.

Monago dice que el «varapalo» de la ecotasa impedirá cumplir objetivo déficit

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho hoy que la sentencia que obliga a la Junta a reintegrar parte de lo cobrado a las eléctricas por la llamada «ecotasa» supone un «varapalo» que va a tener «un efecto claro», pues «el señor Vara no va a poder cumplir el objetivo de déficit».

Monago ha reiterado que las compañías eléctricas, «en lugar de recurrir tanto a los tribunales, podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». En ese sentido, ha indicado que le parece paradójico que Extremadura «sea productor y exportador neto de energía y al final el domicilio fiscal de estas grandes empresas esté en Madrid y encima recurran a sus grandes bufetes de abogados determinadas decisiones que benefician a nuestra comunidad autónoma».

Parlamento asambleario, Gobierno ayuno

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En días pasados hacíamos una revisión de lo que ha sido esta legislatura en lo energético, que ha tenido tres características: en primer lugar, ha sido una sucesión de reclamaciones al Ejecutivo fruto del carácter permanentemente deliberativo del Parlamento elegido, muestra de la no vinculación con Gobierno alguno. Se ha pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular, en la que la mayoría parlamentaria  garantizaba al Gobierno que el Congreso y Senado eran la voz de su amo, a una configuración por la vía de las mayorías volubles frontalmente opuesta y disidente al Ejecutivo en funciones.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha permanecido ayuno de ideas y de modelo de política energética, salvo el ajuste contable de la denominada reforma eléctrica, con una posición entre pasiva y reactiva en este período. Una situación extremadamente maniquea, cuyas consecuencias es una agudización preocupante de un modelo de no política energética que contemple los tres vectores en su equilibrio: economía, medioambiente y garantía de suministro en un mundo globalizado.

Es por ello por lo que cuestiones como la pobreza energética, cuya definición legal ya existe en la Unión Europea, se someten a la mediática para ofrecer versiones diferentes como la de la propia Generalitat de Cataluña o en la trasposición al argumentario de cada partido político. O cuestiones como el autoconsumo eléctrico, de dudoso efecto en el conjunto de nuestro sistema de suministro eléctrico según nuestra demografía, se han convertido en banderas demagógicas al calor de sus propias presiones.

Asimismo, este Parlamento no se ha pronunciado sobre cuestiones capitales como la vaporosa definición de “transición energética” para nuestro país, de acuerdo a los compromisos adquiridos, evitando el oportunismo maximalista dirigido a promover una transformación renovable del 100% de la estructura de suministro sin reflexionar sobre su impacto económico. Otras cuestiones sobre las que no se han pronunciado son las referentes a sectores como el transporte o los hidrocarburos, dentro de una postura global de política energética y de política energética general integrada y coherente, más que declaracional. O sobre el modelo de tarifa y sus componentes, el modelo de gobernanza, los operadores de transporte y sistema, o la forma de “financiar” esa transición energética.

Finalmente, ha proseguido el deterioro político del gobierno popular con la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de la central de Garoña, cuyo pronunciamiento se requiere de forma ideológica desde los partidos políticos; complejidad en la que no ha ayudado el presidente Marti Scharfhausen, hombre poco sofisticado en su ejecutoria. En resumen, un parlamento asambleario y populista, buscando posicionamientos para la prensa a las redes, frente a un Ejecutivo ayuno de política energética. Preludio de la campaña. Preludio de la siguiente legislatura.

Iberdrola permanecerá en el Reino Unido aunque gane el Brexit mientras el Supremo obliga a devolverla 11,7 millones en Extremadura

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EFE.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola, compañía eléctrica que ya ha avanzado que permanecerá en el Reino Unido sea cual sea el resultado del referéndum sobre el Brexit que se celebra este jueves, una decisión que todas las empresas españolas allí establecidas consideran que sería más provechosa económicamente si ganara la permanencia, aunque preparan planes para afrontar la eventual salida de la Unión Europea.

El Reino Unido es un país clave para Iberdrola, donde emplea a 6.700 profesionales, cuenta con 6.465 megavatios (MW) instalados, la mayoría renovables, y casi 5,5 millones de clientes en los servicios de electricidad y gas. Sus activos en el país están valorados en 30.000 millones de euros. Este mercado ronda el 25% del resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo, una cifra que Iberdrola espera consolidar con unas inversiones previstas de 8.400 millones de euros entre 2016 y 2020. Iberdrola ha señalado que, en su opinión, «la pertenencia al mercado común beneficia a Gran Bretaña«, al tiempo que ha avanzado que, «sea cual fuere el resultado del referéndum, Iberdrola seguirá siendo una de las grandes empresas de Gran Bretaña».

11,7 millones devueltos en Extremadura

Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó que la Junta de Extremadura debe devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente correspondiente al ejercicio 2009. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó el recurso de casación que interpuso la Junta contra la sentencia que dictó en abril del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la cual confirma en sus propios términos.

El fallo del TSJEx estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola contra la resolución adoptada por el Gobierno regional en abril de 2012, que consideraba que no había lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por Iberdrola frente a la desestimación presunta, después expresa, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, según han explicado las mismas fuentes. La Sala de instancia anuló dichos actos administrativos y condenó a la Junta de Extremadura a devolver a Iberdrola la indicada suma, más los correspondientes intereses de demora.

En este proceso se ha tenido en cuenta una decisión del Tribunal Constitucional emitida en 2015, que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley extremeña 7/1997 de Medidas Fiscales sobre producción y transporte de energía que incidan sobre el Medio Ambiente. «Siendo inconstitucionales los preceptos legales que dieron cobertura a la autoliquidación discutida, su nulidad resulta indiscutible, procediendo, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia, reintegrar a Iberdrola la suma que ingresó en las arcas públicas de la Junta en concepto de impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente del ejercicio 2009, más sus intereses legales», han explicado desde el Tribunal Supremo.

Monago critica a la compañía

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, criticó que las compañías eléctricas «en lugar de recurrir tanto a los tribunales podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». El dirigente popular añadió que aunque la respeta «no deja de ser curioso siendo Extremadura exportadora neta de energía al resto de España». En este sentido, lamentó que no se haya sido capaz de que el domicilio fiscal de estas empresas esté en Extremadura ni que haya un tratamiento diferencial en cuanto al precio de la energía en Extremadura.

110 días de Congreso: 11 reclamaciones energéticas de la XI legislatura

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La XI legislatura pasará a la Historia de la democracia posterior a 1978 como la legislatura fallida. Esos 110 días en el Congreso de los Diputados se recordarán como un catálogo de reclamaciones de la oposición al Gobierno desde su respectivo espectro ideológico. La tónica general ha sido la del PSOE y Podemos reclamando, Ciudadanos pactando y el PP defendiendo los últimos 4 años. Así que repasemos las votaciones que ha propiciado esta legislatura porque pueden servir para anticipar los próximos pasos de los principales partidos en materia energética.

1- Autoconsumo:

La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluidos los cargos por seguir conectados al sistema, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original fue presentado por el PSOE, se aprobó una iniciativa consensuada con Podemos, Ciudadanos y nacionalistas al que sólo se opuso el PP. Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Asimismo, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las desaladoras de Canarias del pago de peajes hasta 2020.

2- Carbón:

La Comisión de Industria aprobó una proposición presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir medidas al Gobierno para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas y alcanzar el 7,5% previsto en el hueco térmico contemplado en el Plan del Carbón acordado en 2013. La propuesta también pidió la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que ya había sido aprobado en la Comisión de Hacienda por una propuesta del PSOE. En esta iniciativa Podemos sí que se involucró, mientras que los nacionalistas catalanes mostraron su oposición mientras que se abstuvieron Ciudadanos y el PP, que planteó sus dudas de que el céntimo verde pudiera evitar ser declarado como ayuda de Estado y autorizado por Bruselas.

3- Castor:

La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta que, partiendo de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, fue finalmente pactada con el PSOE y con Ciudadanos. La iniciativa cosechó el respaldo de los grupos nacionalistas y el rechazo de los diputados del PP. Podemos proponía que el Gobierno fijara un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación. También pedía estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, Escal UGS, así como buscar la fórmula de recuperar la millonaria indemnización que la empresa recibió. El PP volvió a recordar la clausula firmada por el Gobierno socialista de Zapatero que obligaba al Estado a indemnizar al promotor.

4- Cogeneración:

Resulta llamativo que la única iniciativa energética que no haya encontrado ningún voto en contra fuera la presentada por el independentismo catalán de Democracia y Libertad. Su iniciativa, aprobada en la Comisión de Industria, exigía al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC). Su objetivo era impulsar de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración.

5- CSN:

La lentitud que rodea a procesos como el desarrollo del ATC o la posible reapertura de Garoña ha sido crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en combinación con un Gobierno en funciones. En este sentido, todos los grupos de la Comisión de Industria, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, por su negativa a comparecer ante la Cámara para informar sobre la planta nuclear burgalesa y sobre el ATC. Asimismo, fueron continuas las peticiones de los partidos de la oposición para que no se tomara ninguna decisión hasta constituirse un Gobierno.

6- Fracking:

La Comisión de Industria aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos y los nacionalistas. La iniciativa reclamaba al Ejecutivo que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en toda España y para que suspendiera los permisos ya concedidos durante la pasada legislatura. También se pedía derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que establecían incentivos económicos para favorecer la implantación de esta técnica en España. El PP votó en contra alegando que “cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone” mientras que Ciudadanos se abstuvo ya que se mostró en contra de apoyar una prohibición total de la técnica por “no tener la información suficiente” para ello.

7- Garoña:

La Comisión de Industria respaldó una proposición impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que “aboga por el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento”. Podemos-Equo señaló que Garoña es la planta más antigua del parque español y que lleva cerrada 3 años “sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético”, argumento que compartieron Ciudadanos y el PSOE. El PP reivindicó que es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%.

8- Interrumpibilidad:

La Comisión de Industria aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios “competitivos, estables y predecibles” a la industria electrointensiva. La propuesta original de En Marea reclamaba un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad, pero finalmente la redacción de la propuesta fue mucho más genérica después de la negociación con PSOE y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa. El PP se opuso a la iniciativa y repasó las medidas que impulsó el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector energético así como los beneficios fiscales que estableció para las empresas electrointensivas.

9- Nuclear:

La última Comisión de Industria de esta legislatura aprobó una proposición del PSOE que planteaba el cierre progresivo de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento, lo que culminaría en 2028. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad, el voto en contra de PP, que resaltó que defenderán que estas decisiones las tome el CSN, y la abstención de Podemos, que había presentado otra iniciativa, que no salió adelante, para urgir al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplieran los 40 años de funcionamiento y que se cerraran cuando les toque renovar su permiso de explotación.

10- Pobreza energética:

Aunque no avanzó en su tramitación parlamentaria por el final de la legislatura, la llamada ley 25 de emergencia social de Podemos fue admitida a trámite tras contar con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos y los nacionalistas. Eso sí, todos criticaron duramente la forma en la que está elaborada la iniciativa y su «pésima técnica legislativa». La iniciativa planteaba un nuevo bono social para la electricidad y el gas, financiado por las empresas del sector, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. El PP se opuso y calificó la iniciativa de populista.

11- Prospecciones:

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición del PSOE para instar al Gobierno a declarar al Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos y, por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y los nacionalistas frente a los votos en contra del PP, que criticó que el Gobierno de Zapatero aprobara prospecciones en el Mediterráneo y ahora el PSOE las quiera prohibir, y la abstención de Ciudadanos, que recordó que España es dependiente del petróleo, “actualmente insustituible”.