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El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El PP se compromete con un Renove para la cogeneración mientras Ciudadanos lo encuadra en un pacto de Estado energético

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Javier Angulo.- Los partidos que lograron suscribir un pacto de investidura el pasado agosto han ofrecido una perspectiva esperanzadora para la cogeneración en caso de formarse Gobierno. El Plan Renove, aspiración del sector que está contenida en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 pero aún no desarrollada, parece contar con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos, aún con las manifiestas diferencias entre sus representantes. En el lado contrario Podemos, que no varió su aspiración 100% renovable.

La mesa política del Congreso Anual de Cogen España (Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración) no contó con la presencia de la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados, Pilar Lucio. Una ausencia totalmente comprensible e incluso esperada dado como bajan las aguas por Ferraz. A pesar de la ausencia del principal partido de la oposición, no faltó la tensión política en algunos momentos. Frente a las críticas de Ciudadanos y Podemos a las medidas puestas en marcha por el Gobierno popular en los últimos años, el PP volvió a justificar sus decisiones en la necesidad de atajar la generación de más déficit de tarifa.

Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, resaltó que su partido fue el único que llevó en su programa electoral el compromiso de llevar a cabo un Plan Renove para la cogeneración. No comprometió cifras ni plazos, pero mostró su convencimiento de que el gas natural “es el futuro a corto y medio plazo” al tiempo que resaltó la infraestructura gasista existente en España. Por ello cree que, una vez logrado “un marco jurídico estable” en el sistema eléctrico, es el momento de apostar por la cogeneración y la eficiencia energética, pensando en los objetivos comunitarios para 2020. La cuestión es conocer si la sintonía será absoluta entre lo expresado desde el grupo popular y los actuales y futuros responsables ministeriales.

Su homóloga en el Congreso por Ciudadanos, Melisa Rodríguez, priorizó un pacto de Estado en materia energética para que el país defina cómo quiere garantizar su suministro. En este sentido, reprochó al PP haber tomado medidas que “han sido un palo para el sector” así como otras como la regulación del autoconsumo, “ambas realizadas desde la improvisación después de no escuchar a nadie”. Asimismo reconoció que la eficiencia energética es clave para la economía de un país y ratificó el compromiso de Ciudadanos con los objetivos comprometidos con la Unión Europea en la materia, pero no quiso respaldar explícitamente un Plan Renove para la cogeneración, algo que circunscribió a la conveniencia de alcanzar un pacto de Estado en materia energética.  

Elena Méndez, coordinadora del Área de Trabajo Territorial del grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, se limitó a exponer el objetivo de un suministro energético 100% renovable como el objetivo a alcanzar en el futuro. Dentro de este discurso, si bien reconoció que es necesaria una transición para llegar a ese punto, no ofreció una solución mejor a la cogeneración para las industrias que precisan de gran cantidad de energía térmica (calor o frío) para sus procesos productivos, limitando su discurso al sector eléctrico y a un plan de ahorro energético centrado en la rehabilitación de edificios y el sector del transporte. “Hay que subordinar los intereses económicos a los intereses sociales”, sentenció respecto al cambio climático.

Punto de vista de autonomías

Los representantes de los partidos políticos también protagonizaron otros momentos del Congreso Anual de Cogen. Mención especial merece Aitor Oregi, director de Energía del Gobierno del País Vasco, que asistió a todas las sesiones del Congreso e incluso lanzó una pregunta a los diputados. El dirigente vasco lamentó que la incertidumbre que rodea al plan Renove de cogeneración esté retrasando las inversiones en un sector en el que no se ha invertido nada desde 2012. A la espera también se expresaron otras comunidades como indicó el representante de Aragón, Fernando Rivera, que señaló que el Plan Energético a 2020 prevé una potencia instalada en cogeneración de 850 megavatios, lo que supondría un incremento del 30%.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Juan Jiménez Luna destacó que la cogeneración es una herramienta “básica” para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética. En términos parecidos se expresó Esther Marín, directora de Energía de la Región de Murcia, que aspira a aprobar próximamente una regulación específica para el autoconsumo. Otro representante murciano, el diputado del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, apuntó que, “después de asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico”, es momento de dar un paso adelante y plantear otras cuestiones como si deben financiarse mediante la tarifa eléctrica todos sus componentes actuales o favorecer a la industria “haciendo justicia” con la cogeneración.

Los partidos coinciden en la necesidad de una nueva regulación para avanzar a una transición energética

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Europa Press.- Expertos del sector energético y representantes de las principales formaciones políticas alertaron desde el Foro de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas de la necesidad de consensuar un marco legislativo para garantizar una correcta transición energética en España.

Al acto acudieron el diputado de Equo Juan López de Uralde, el exministro socialista Luis Atienza, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez y el diputado popular Guillermo Mariscal. Junto a ellos también estuvieron el presidente de BP España, Luis Aires y el director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas, Ignacio Pérez-Arriga. Los expertos señalaron que el sector del transporte es el sector que contribuye más a las emisiones de CO2 en España, ya que suponen un 30% del total. De esta forma, piensan que se deben mejorar las tecnologías de los vehículos y que se promuevan señales económicas y fiscales adecuadas.

Según el presidente de BP España, Luis Aires, los gobiernos deben ofrecer un marco legislativo claro que facilite y ayude al desarrollo energético. Asimismo, ha recordado que los combustibles fósiles suponen un 86% de las emisiones a nivel global. En este sentido, Aires propuso que se sustituya el uso del carbón como materia prima para la producción eléctrica por gas, ya que, según comenta, la combustión del carbón constituye un tercio de todas las emisiones. Del mismo modo, Aires ha criticado que España fuera en 2015 el país con un mayor incremento de la emisión de contaminantes derivados del carbón.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Comillas Ignacio Pérez-Arriaga advirtió que todos los sectores energéticos tendrán que contraer mucho sus emisiones para el año 2030 y que tendrán que exponerse a «un esfuerzo notable». En este sentido, Pérez-Arriga pide que se establezca una hoja de ruta y una política energética «fuerte, estable y ortodoxa». Asimismo, pidió que la regulación que se adopte tiene que adaptarse a las alteraciones del mercado e indicó que ahora es «un buen momento» para reflexionar acerca de una legislación conjunta. «Hace falta decisión, liderazgo y cierto nivel de consenso político», ha explicado.

Para el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, el modelo que propone su formación consiste en que toda la energía que se consuma provenga al 100% de renovables. Del mismo modo, defendió que también se deben cerrar progresivamente todas las centrales nucleares conforme se vayan agotando sus licencias. Asimismo, lamentó que en los últimos años el sector de las renovables haya perdido «el gran aporte de riqueza» que le otorgaba a la economía española a causa de «políticas irresponsables».

Por otro lado, el exministro socialista de Agricultura Luis Atienza reclamó que la reducción de las emisiones pase por la descarbonización «plena» del sistema eléctrico. Asimismo, ve imprescindible que se acometa una decisión política a largo plazo. «Hace 20 años, la desaparición de la política energética era la medida más adecuada para asegurar la competitividad del sector. Ahora, el cambio climático se ha revelado como el gran fallo de mercado y necesita de intervencionismo«, argumentó.

Para la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, los partidos que han estado en el poder «han jugado» con la política energética y a raíz de este hecho se ha llegado a un punto de «inseguridad jurídica». De esta forma, Rodríguez ha solicitado «un pacto de Estado» para la energía pero duda de que todos los partidos lo apoyen. Igualmente, ha puesto en valor la utilización del ferrocarril como método a corto plazo para reducir las emisiones de carbono y ha pedido que se acometan medidas para que España se aleje del concepto de «isla energética».

Finalmente, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, recordó que la primera demanda del sector de la energía es el consenso. De este modo, cree que el objetivo de que el 20% de la energía producida en España sea renovable en 2020 es conseguible y explica que el porcentaje actual es superior al de los socios europeos. Además, Mariscal cree que una reducción de la tarifa y de los precios es fundamental para que la industria sea competitiva y para que no se «machaque» al consumidor.

El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

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EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.

Una línea eléctrica de baja tensión es motivo de disputa política en Cartagena

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EFE.- El portavoz municipal del PP, Francisco Espejo, denuncia que el alcalde de Cartagena, José López, de una coalición de partidos de izquierdas, «no ha movido un dedo» para desviar la línea eléctrica que permita a la consejería de Sanidad de la Región de Murcia construir la segunda fase del centro de Salud de San Antón «porque le interesa mantener la obra paralizada» y apuntó que el Gobierno miente cuando dice que se están cumpliendo los trámites, puesto que la obra debería haberse terminado en el pasado marzo.

«López, que se manifestó para exigir un centro de salud no se preocupa ahora de mover la línea que impide la construcción», ha afirmado el portavoz popular, que ha apostillado que la consejería ya señaló que debe llevar a cabo el desvío de la línea de baja tensión que discurre por la zona para poder acometer el proyecto. Espejo critica que «López ha ocultado que la culpa de la paralización era suya», al tiempo que se ha preguntado por qué «no se lo explica a los vecinos y prefiere dejar que todos piensen que el retraso es de la Comunidad«.

Los sindicatos CCOO y UGT piden reunirse con el embajador de Italia para que Endesa y Enel compren carbón nacional

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Redacción / Agencias.– UGT y CCOO solicitaron la celebración de una reunión “urgente” con el embajador de Italia en España para pedirle la mediación del Gobierno del país transalpino y que Endesa, cuyo principal accionista es el grupo italiano Enel, proceda a la compra de carbón nacional. Por ello, quieren que el Gobierno italiano interceda ante Enel y esta retome las compras de carbón para sus centrales en España de Compostilla y Teruel.

Los sindicatos aseguran que adoptan esta decisión ante la «desidia del Gobierno del PP en relación con el sector del carbón» y a la vista de la «situación agónica por la que atraviesa la minería del carbón», a la que se debe responder con «medidas extraordinarias y actuaciones urgentes». «Ambos sindicatos culpamos al Gobierno del PP, en la figura del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por incumplir lo acordado con sindicatos y empresarios», señalan, antes de considerar «urgente» que Enel «reaccione para darle un respiro y a la vez un futuro al sector».

UGT y CCOO indican que, en la reunión que esperan celebrar con el embajador italiano, le explicarán la situación por la que atraviesa el sector y las comarcas mineras, «en riesgo de una pronta desaparición por la irresponsabilidad del actual Gobierno». «Confiamos en que estas explicaciones sirvan para el desbloqueo de compra de carbón a la que Enel nos tiene sometidos y con ello poder seguir intentando una solución viable al sector del carbón autóctono y a las comarcas mineras», señalan. De este modo, creen que se conseguiría aliviar el problema en este sector «hasta que el Gobierno de turno cumpla lo acordado» en el Marco del Carbón y se reúna con los agentes sociales.

Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Nadal dice que no hay «obstáculo» al autoconsumo, frente a las trabas a las que alude el pacto PP-C’s

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha defendido la regulación sobre autoconsumo diseñada por su departamento y ha sostenido que esta actividad no tiene «obstáculos» a su desarrollo eficiente, frente a las «dificultades» relacionadas con el «impuesto al sol» a las que alude el reciente acuerdo entre PP y Ciudadanos.

El secretario de Estado ha realizado estas consideraciones tras participar en una conferencia sobre energía organizada por ‘El Economista’, en la que ha apelado a la importancia de «no introducir costes innecesarios en el sistema eléctrico» y ha pedido que no se haga «caso» a «determinadas líneas propagandísticas como el ‘impuesto al sol’, que, cuando a la gente le preguntas lo que es, no lo sabe».

Al ser preguntado por los periodistas acerca de si su posición contradice el acuerdo entre PP y Ciudadanos para la investidura como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que se alude expresamente al ‘impuesto al sol’, Nadal ha dicho no tener «duda» de que en la norma actual «no existe ningún obstáculo al autoconsumo eficiente».

«El pacto habla de autoconsumo eficiente, para quitar los obstáculos si los hubiera. Yo no tengo duda de que la regulación actual no tiene ningún obstáculo al autoconsumo eficiente», afirmó el secretario de Estado.

El pacto el PP y Ciudadanos indica que «se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como ‘impuesto al sol’) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios».

Durante su intervención en la conferencia, Nadal ha reclamado además «un pacto de Estado sobre energía en el que se aíslen las cuestiones energéticas de las políticas». Este gran acuerdo y el reto de la transición a las renovables mediante la incorporación de tecnologías limpias lo más competitivas posible deben guiar la política energética en el futuro, señaló.

Evitar «costes innecesarios»

El secretario de Estado de Energía también apeló a la necesidad de «no introducir costes innecesarios en el sistema eléctrico» y calificó de «barbaridad» algunas de las decisiones sobre política energética tomadas en «2007 y 2008» relacionadas con las tecnologías ‘verdes’. «No podemos volver a dedicar una legislatura energética a recomponer las cosas», añadió.

Para Nadal, las renovables han de introducirse «cuando tienen sentido» y «poco a poco». «En el momento en el que la solar sea competitiva, no se preocupen que entrarán miles de megavatios de golpe, en masa, y las propias compañías convencionales invertirán ingentes cantidades», indicó.

«Las renovables no todavía más caras» y su «punto de equilibrio» no llegará hasrta dentro de «quince o veinte años». Mientras, el Gobierno debe abordar «los objetivos que les corresponden en la lucha contra el cambio climático, pero solo los que le corresponden», añadió.

El Gobierno propone a Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales de las renovables

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Redacción / Servimedia.- El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria, que dimitió tras aparecer su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como cotitular de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Jersey, como candidato para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales por las modificaciones retributivas en España a las energías renovables en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Según informó este viernes el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado difundido tras el debate de la fallida investidura de Mariano Rajoy, la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) ha seleccionado a los candidatos para cubrir los puestos que corresponden a España en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

En el caso del Banco Mundial, el puesto a cubrir es el de director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018 y el candidato propuesto es José Manuel Soria. El plazo para presentar candidaturas terminaba este viernes y su nominación, junto a los otros 24 directores ejecutivos propuestos por el resto de países, será votada por los 189 Gobernadores del Banco Mundial.

Soria dimitió después de que se difundiera que era cotitular de la empresa UK Lines Limited con sede en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque en un principio lo negó, posteriormente reconoció la existencia de la empresa, creada por su padre y gestionada por su hermano sin que él, según afirmó, supiera nada, aunque en los papeles de Panamá aparecieron documentos firmados por el propio ministro. Finalmente, dimitió en abril.

El Gobierno destacó que «José Manuel Soria tiene una dilatada experiencia sobre todo en la Administración Pública, aunque también en el ámbito docente y en el sector privado. Como alto funcionario del Estado, ha sido ministro de Industria, Energía y Turismo durante la X Legislatura y ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, en especial, en el área de comercio exterior».

La Comisión de Evaluación, presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la que forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica, también ha seleccionado a Fernando Jiménez Latorre para el FMI y a Pablo Gasós y Casao para el BERD.

El PSOE pide una ley de cambio climático para integrar los compromisos de España mientras reitera su rechazo al fracking

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EFE.- La diputada del PSOE en el Congreso, Puerto Gallego, aseguró que «si es verdad» que el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, «no quiere el fracking» lo que «tiene que hacer es hacer valer esa opinión ante el Gobierno de Rajoy». Mientras tanto, el PSOE ha reclamado al Gobierno la elaboración de una ley de cambio climático para armonizar la legislación y para integrar los compromisos internacionales que ha adquirido España para combatir ese fenómeno.

Con ese objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno esa ley y promover un crecimiento «verde» basado en la «ecoeficiencia» de los sistemas productivos y de consumo. Los socialistas quieren que ese texto legislativo sirva para promover políticas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que para ello se establezca un marco de ecoeficiencia en la gestión energética, con un énfasis especial en las energías renovables. Plantean además «que se orienten las políticas alternativas a nivel industrial, con sistemas de producción bajos en carbono», y que se adopte un sistema de gestión de la información de acceso libre y público.

En la misma iniciativa, el PSOE reclama al Gobierno que promueva una política de movilidad sostenible y «la exploración y el escalamiento» hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono». Subrayan en su proposición los socialistas que el cambio climático y los impactos que de él se derivan constituyen uno de los retos globales más importantes que la sociedad debe afrontar, y que la reducción de estos impactos constituye un objetivo para el que se tienen que diseñar «los procesos socioeconómicos adecuados».

El PSOE contra el fracking

Por otro lado, la diputada del PSOE criticó la “sorprendente naturalidad” con la que el líder del PP en Cantabria «adjudica a los demás algo que autoriza, defiende, fomenta y va a seguir impulsando su propio partido». Gallego se ha referido así al fracking, después de que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, abogara por no «cerrar la puerta» a conocer si un subsuelo cuenta con recursos de hidrocarburos para ser explotados por fracking. Estas palabras provocaron el rechazo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y a su vez las críticas de Diego al líder regionalista, a quien responsabilizó del único permiso regional de fracking en Cantabria.

La diputada del PSOE cree que Diego demuestra «una gran desfachatez» y ha negado que los parlamentarios del PP se hayan comprometido a no permitir el fracking, como dijo el presidente popular. «¿Es que no se entera el líder del PP de que sus compañeros de partido han apoyado en todas las ocasiones la fractura hidráulica cada vez que se ha discutido el asunto en el Congreso?», se ha preguntado.

Puerto Gallego subrayó que ella misma y otros diputados del PSOE «han liderado el rechazo a esta técnica» y han desarrollado iniciativas en su contra. Y ello para prohibirlo no solo en Cantabria, «sino en todo el territorio nacional». Según destacó, la postura del PSOE es «totalmente transparente». «Estamos en contra del fracking allí donde se proponga, da lo mismo si es en Cantabria, en Madrid o en Bruselas», agregó.