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El PP se marca como objetivo político la congelación de los peajes de luz y gas

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Europa Press.– El PP fijará entre sus objetivos políticos la congelación de la parte de la factura de electricidad y de gas que depende del Gobierno, esto es, la dedicada a sufragar los costes regulados, al tiempo que mantiene el compromiso de evitar que se generen déficits de tarifa en estas actividades. Esta pretensión aparece recogida en la ponencia sobre economía y administración territorial que será presentada en el decimoctavo congreso del PP, que se celebrará en febrero. La ponencia ha sido coordinada por Javier Arenas.

«En el ámbito de la energía, deberemos esforzarnos por evitar generar nuevos déficits», afirma el documento, en el que se indica que el partido «defenderá la congelación de la parte de la factura que depende del Gobierno y contribuirá a que la mejora de la eficiencia y la competencia contribuyan en un mejor y más accesible servicio al consumidor«. La ponencia también apela a la necesidad de un mix energético «sostenible y respetuoso con los compromisos en la lucha contra el cambio climático», en el que se fomenten la eficiencia energética y las energías renovables.

Impulsará Ley de Transición Energética

Para acometer este reto, el PP se muestra partidario de aplicar los métodos más «efectivos y eficientes en coste», conforme al modelo propuesto a nivel europeo en el paquete de invierno de la Comisión Europea. Para ello, impulsará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido también se compromete a impulsar un pacto por la Energía que «garantice la seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales«. De hecho, las interconexiones deben ser una «prioridad estratégica para Europa», aseveran.

«Será necesario también reforzar nuestro compromiso a favor de las medidas de eficiencia energética impulsándolas tanto en hogares, particularmente en los de rentas más bajas, como en empresas y administraciones públicas», indica la ponencia. El documento califica además de «fundamental» la protección al consumidor, así como el refuerzo en la información que se ofrece a los clientes en la contratación y gestión de los contratos de suministro energético a hogares.

También indica que, tras el reciente fallo del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social de luz, el PP ha actuado «para que el mismo no lo termine pagando el contribuyente ni el consumidor energético». «Además, hemos logrado un buen pacto para regular la problemática de los cortes de suministro a los hogares cuyo grado de vulnerabilidad es más severo, con la participación de las compañías y los servicios sociales de las autoridades competentes a nivel local», añade, en alusión al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.

Araba sin Garoña plantea que se exija al PP el cierre de la nuclear en la negociación de los Presupuestos

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La plataforma Araba sin Garoña ha exigido que el cierre definitivo de esta central nuclear se incluya en las negociaciones de los distintos partidos con el gobierno central (PP) para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2017. Su portavoz, Alberto Frías, ha denunciado la «actitud tibia» de «todo el arco político alavés» que no está exigiendo el cierre de la central a pesar de existir «una mayoría popular» que apuesta desde hace años por el cierre de Garoña.

Frías se dirigió al PP alavés, formación a la que ha acusado de «pucherazo expreso» por no defender en Madrid las mismas posturas que en Araba. «Si los partidos que se comprometieron expresamente a paralizar y no reabrir la central nuclear de Garoña van a seguir pactando con quien plantea reabrirla, estarán desoyendo la voluntad popular«, ha afirmado Frías, quien también ha asegurado que la plataforma denunciará «a todos y cada uno de los partidos que no cumplan con los compromisos que adquirieron para el cierre definitivo de la central»

Además, considera que «se está reproduciendo miméticamente el esquema que posibilitó el accidente de Fukushima», ha advertido, debido a las relaciones que se están dando entre el gobierno, el regulador (en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear) y el operador (Nuclenor).  La plataforma, que «daba por amortizado este tema» ha alertado de los movimientos «escalofriantes» de los últimos dos meses con declaraciones tanto del presidente de la empresa propietaria de la central, José Ramón Torralbo, como del responsable del CSN, Fernando Martí y del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal. Palabras que, según Frías, abren nuevos interrogantes sobre el futuro de la central que requieren de «una respuesta clara».

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

Badajoz insta a la Junta de Extremadura y a Endesa a que acaben con los cortes eléctricos

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EFE.- El Ayuntamiento de Badajoz ha instado a Endesa y a la Junta de Extremadura a que solucionen el problema de los cortes del suministro eléctrico que se producen en los poblados de la localidad. Los grupos políticos debatieron en el pleno municipal una moción del PSOE en la que se pide a Endesa a que acaben los «continuos» cortes y a la Junta a que interceda con la empresa para solucionar la situación.

El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, resaltó que en la última reunión de la Comisión Municipal en la que se abordó este aspecto se acordó solicitar al Ejecutivo autonómico a resolver la cuestión, y felicitó al PSOE local por su esfuerzo en este asunto. PP y C’s también han apoyado esta moción, y el concejal de Poblados, Jesús Coslado, manifestó que el Ayuntamiento (PP) ya realizó algunas notificaciones de quejas a la compañía por estos cortes y transmitió a la Dirección General autonómica de Industria (PSOE) esta situación.

Otra moción del PSOE, aprobada gracias a los votos de C’s y Podemos, insta a ayudar a las personas que no pueden pagar la factura de la luz, y a un convenio con las compañías eléctricas para que no se corte el suministro a ningún ciudadano, iniciativa a la que el PP se abstuvo al alegar que se abordará en el próximo consejo del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

El PSOE critica una política minera de «mucho ruido y pocas nueces» y el PP le acusa de “demagogia”

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EFE.- El alcalde de Bembibre (León), José Manuel Otero (PP), ha pedido al procurador y secretario general del PSOE en León, Celestino Rodríguez, que se deje de «demagogias» en la defensa del carbón, «ya que los socialistas no pueden dar lecciones a ningún cargo público» de la comunidad autónoma. Así se pronunció después de que Rodríguez anunciara la presentación de diversas medidas en las Cortes autonómicas para hacer frente a la política minera de la Junta de «mucho ruido y pocas nueces».

Se trata de unas medidas que apuestan por políticas que garanticen el consumo de carbón autóctono y la necesidad de recuperar los planes complementarios del Plan de Dinamización de Comarcas Mineras. El grupo del PSOE en las Cortes apoyará sus propuestas en el dato de que España es el país del mundo que más incrementó el consumo de carbón para la generación de energía eléctrica en 2015 con una subida que rozó el 25%. A esto se suma que el 40% de la Reserva Estratégica de Carbón de España se encuentra en la provincia leonesa.

A tenor de estos datos, Rodríguez apuntó que «aunque las térmicas están consumiendo más carbón que otros años y hay reserva de mineral las cuencas mineras pierden empleo y se hunden mientras los barcos hacen cola con carbón de importación». A este respecto, ha criticado duramente la política del Gobierno debido a la cual, ha denunciado, sólo tres centrales térmicas en España situadas en la costa son las que están recibiendo ayudas gubernamentales para la adaptación medioambiental de sus instalaciones para la quema de carbón.

El PSOE va a proponer varias medidas en las Cortes, una de ellas ya prevista y enmarcada en el Plan de Dinamización de Comarcas Mineras de la Junta para solicitar al Gobierno que incentive el consumo del carbón autóctono a través del céntimo verde. Rodríguez destacó que después de aprobarse este plan «no se ha tomado ninguna iniciativa a este respecto», por lo que la «política en materia de carbón de la Junta es de mucha foto y pocos hechos».

La iniciativa socialista, que insta al Gobierno a poner en marcha el céntimo de España, también se llevará al Congreso de los Diputados. Una medida que, como ha recordado Rodríguez, ya fue rechazada hace un año en el Congreso pero que «si la oposición se une podría salir adelante ante un Gobierno en minoría, a pesar de que en su momento no contó con el apoyo de Ciudadanos y Podemos».

También en el Plan de Dinamización había un compromiso explícito de la Junta para recurrir, por vía judicial si fuera necesario, la demanda de los Fondos Miner que adeuda el Gobierno a la Junta de Castilla y León entre los años 2006-2012. En este sentido, Rodríguez ha anunciado que preguntara para conocer qué medidas ha tomado la Junta a este respecto.  Por último, el PSOE preguntará sobre los proyectos complementarios que recoge el Plan de Dinamización. Según Rodríguez, «hasta la fecha hay muchos anuncios y pocas realidades ya que no se sabe cuándo se va a acometer la planta de biomasa anunciada para el Bierzo».

El PP critica la demagogia

Precisamente Otero ironizó sobre la fijación de Rodríguez en la defensa del sector. «Tiene una mina; que no produce riqueza sino postureo y que no piensa en la gente de la mina ni en las cuencas», aseveró Otero. En esta línea, ha asegurado que tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como el PP «han defendido ante el Gobierno central las reivindicaciones de los alcaldes mineros». También recordó la reunión entre Herrera y Luis de Guindos, «en la que se trasladó las inquietudes y acuerdos alcanzados en Castilla y León, así como la petición del 7,5% de consumo de carbón nacional en el mix energético y reivindicó la puesta en marcha del céntimo verde«.

En el marco de las actuaciones realizadas por el Gobierno autonómico, Otero ha resaltado la firma del acuerdo entre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por el que se concedió una ayuda de 150 millones de euros para la creación de empleo en las cuencas mineras. Estas inversiones, según ha resaltado el alcalde, continúan con la aprobación y puesta en marcha del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, aprobado en las Cortes con el voto favorable del PSOE, y por el que se pusieron a disposición de los ayuntamientos otros 2 millones de euros para generar empleo.

Por todo ello, Otero ha defendido la gestión y defensa del sector minero del Gobierno regional y, aún reconociendo las críticas que arrastró el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, ha abogado por «dar tiempo nuevo Gobierno para que se pongan en marcha todas las medidas y ayudas aprobadas». «De lo contrario seremos los primeros en ser críticos», aseguró.

Asimismo, criticó las afirmaciones de Rodríguez sobre la inacción de la Junta para demandar al Gobierno central los Fondos Miner que se le adeudan del periodo 2006-2012. En este sentido, Otero ha apuntado que todas las obras de infraestructuras financiadas con Fondos Miner de ese periodo que se llegaron a firmar y a ejecutar «fueron pagadas por la Junta a pesar de no haberse transferido los fondos mineros desde el Gobierno». Otero también negó que todo el carbón que se quema en las térmicas leonesas sea de importación, tal y como afirma Rodríguez. «En la central de Anllares, el 70% del mineral es nacional y hay acuerdos recientemente firmados para que el consumo de carbón autóctono se incremente», ha concluido.

La subasta del servicio de interrumpibilidad amplía de 8 a 10 los bloques de 90 MW para satisfacción de Asturias

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EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, considera que es «prematuro todavía» pero que el aumento a 10 bloques de 90 megavatios de la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico «apunta bien» y le parece «un dato positivo» después de conocer la decisión de Red Eléctrica ante la subasta de la próxima semana, Estos bloques son los que más interesan a Alcoa, según indicó el comité de empresa de la aluminera.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa. A falta de saber cuántas empresas están certificadas para la próxima subasta, la ampliación del número de bloques de 90 MW, demandada recientemente por organizaciones sindicales y políticas, abre un escenario en principio mejor que el del pasado año, aunque con dudas por despejar.

La primera es si en la puja están certificadas el mismo número de empresas, en cuyo caso Alcoa tendría más opciones en la subasta, pero la plantilla de trabajadores de Avilés pide en ese supuesto a la compañía que tenga en cuenta la fábrica asturiana en el reparto de esos paquetes. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CCOO), indicó que, en caso de que sean las mismas empresas, habría más opciones de lograr un bloque de 90 MW, «que no es del todo suficiente, pero sí sería lo mínimo para ser rentables». El año pasado Alcoa obtuvo 3 bloques de 90 MW y fueron a su factoría de San Ciprián (Lugo).

Asturias: “La subasta apunta bien»

Por su parte, Isaac Pola afirmó que «las valoraciones en este caso hay que hacerlas a posteriori, pero apunta bien que haya dos bloques más de 90 megavatios, aunque es preciso tener en cuenta que hay muchos parámetros que no se conocen hasta el momento de su celebración precisamente para mantener la tensión competitiva». El director general recalcó que la interrumpibilidad es una variable que permite a las industrias electrointensivas rebajar el precio final de la energía, pero entiende que debería de articularse alguna medida regulatoria en los otros componentes. «Es preciso hacer una revisión de los peajes eléctricos, hacer también una revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía, e incluso de la configuración del precio», subrayó.

Además, ha explicado que la energía tiene tres vertientes fundamentales, la primera de las cuales es el precio que marca la competitividad del sector industrial y de la economía. Una segunda vertiente de la energía es que se trata de un sector productivo en sí mismo, de modo que las oscilaciones en la generación de energía en Asturias influyen decisivamente sobre los parámetros estadísticos como, por ejemplo, la participación en el PIB del sector industrial.

Para el director general de Minería y Energía, la tercera vertiente, especialmente importante para Avilés, es la energía como «sector inductor» para otras actividades industriales. «Avilés es un ejemplo paradigmático en el que tenemos una multitud de empresas industriales que trabajan para el sector energético, para el gas y el petróleo, y para las renovables como las eólicas marinas», expuso el director general. Para Isaac Pola, es necesario ir a un pacto de estado en materia energética, porque la actual regulación del sector, con la última reforma, planteó «muchas incertidumbres, cuando la energía es un elemento clave para la competitividad».

Un “parche” para Unidos Podemos

Sin embargo, el diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de «buena noticia» la decisión de Red Eléctrica pero ha remarcado que tan sólo se trata de un «parche que no resuelve estructuralmente el problema de la tarifa eléctrica para las empresas electrointensivas». Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de servicio de interrumpibilidad «sostenible y predecible, y que esté condicionado también a la inversión y al mantenimiento de los puestos de trabajo», dentro de un pacto de la energía que implique a las empresas, los sindicatos, las empresas y los sectores energético e industrial.

Avilés demanda una estrategia industrial

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió una estrategia industrial «real y ambiciosa» que comprometa al territorio y que esté conectada con los planteamientos de la Unión Europea en este sector. En este sentido, Monteserín también pide contar con un sistema de tarifa eléctrica sostenible y duradero en el tiempo que permita a las empresas consolidar estrategias productivas a largo plazo y con inversiones e infraestructuras que faciliten la consolidación de sistemas que basen la competitividad en la mejora constante de la productividad y en políticas anticíclicas».

Por ello, la alcaldesa plantea una nueva tarifa eléctrica para la industria, que supere la temporalidad de las subastas anuales de interrumpibilidad, y otorgue seguridad y garantía a las grandes industrias avilesinas. «Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, son los adjetivos que acompañan al actual sistema de subasta a la baja para la renovación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», indicó. La alcaldesa recordó que se elevaron mociones al pleno municipal en apoyo a la industria, se convocaron movilizaciones lideradas por los agentes sociales, se trasladaron peticiones de reunión al Ministerio de Industria, y se organizaron jornadas de apoyo al sector industrial.

El PP muestra su satisfacción

Por otro lado, el portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el aumento de bloques de 90 megavatios en la subasta para el servicio de interrumpibilidad debería hacer callar «a los agoreros que utilizan políticamente esta situación». En su opinión, el Ministerio de Energía ha atendido las peticiones de las empresas y es un síntoma de que el nuevo responsable de Energía, el ministro Álvaro Nadal, «es buen conocedor de la problemática asturiana y de la ciudad». «Parece que algunos partidos salen enseguida a maltratar políticamente al nuevo gobierno pero callan cuando hay este tipo de noticias tan positivas», declaró el portavoz de PP.

El PP apoya en el Congreso el proyecto para crear una biorrefinería en Barcial del Barco (Zamora)

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EFE.- El PP en el Congreso de los Diputados apoyará en el Parlamento nacional el proyecto impulsado por una empresa privada para la creación de una biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco (Zamora). En este sentido, el PP se ha comprometido a secundar una proposición no de ley conjunta de apoyo a este proyecto que se presentará en la comisión parlamentaria, para ser posteriormente remitida al Ministerio del ramo y al de Agricultura, según comunicó el PP de Zamora.

El acuerdo para apoyar esa proposición no de ley conjunta se ha alcanzado tras la reunión mantenida entre los responsables de Magdala, sociedad promotora del proyecto, y representantes de los cuatro principales grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja. El diputado zamorano José María Barrios, acompañado por el diputado Teodoro García Egea representaron al Grupo Parlamentario Popular en esa reunión. El proyecto de la biorrefinería supondría una inversión de cerca de 160 millones de euros, permitiría producir bioetanol, energía eléctrica y piensos a partir de cultivos de maíz y remolacha y supondría crear unos 80 puestos de trabajo directos y cerca de un millar indirectos.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».