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PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

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Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

El Senado rechaza pedir el cierre de la nuclear de Cofrentes en 2021 porque el PSOE ve necesario el ATI

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Senado ha rechazado con los votos en contra del PP, la abstención del PSOE y los votos a favor de Unidos Podemos y Compromis, una moción de Unidos Podemos para instar al Gobierno a cerrar y posteriormente desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando termine su actual permiso de funcionamiento en marzo de 2021.

Además, la moción también pedía al Gobierno que no autorizase la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos al considerar que es «innecesario» puesto que la central tiene capacidad de almacenaje suficiente hasta su fecha de cierre. La propuesta reclamaba asimismo la aprobación de un Plan de cierre de centrales nucleares y su progresiva sustitución por fuentes renovables. En su argumentación, la formación morada repasa los sucesos notificados de la planta valenciana y asegura que Cofrentes está envejecida y es propensa a incidentes, además de ser «absolutamente prescindible».

Respecto al ATI, considera la moción que se trata de una «palpable demostración del fracaso en la gestión de los residuos nucleares» en España y asegura que la instalación es «innecesaria«. Asimismo, el senador de Esquerra Republicana, Xavier Castellana, reclamó la transferencia de las competencias nucleares al «País Valenciá» y la creación de una oficina de seguridad nuclear dependiente de la Generalitat Valenciana que supervise «cualquier» central en ese territorio.

Por su parte, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, justificó la abstención de su grupo parlamentario porque «estando de acuerdo en el fondo» y a pesar de coincidir en su voluntad de cierre de la central nuclear valenciana, discrepa de la moción en cuanto a que considera imprescindible y urgente construir el ATI de residuos nucleares de la planta.

Nadal se escuda en la falta de Presupuestos y en la denuncia presentada desde Cataluña para retrasar el euskopeaje

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre la reforma del peaje eléctrico en Euskadi, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña.

Al respecto, el ministro ha incidido en que la materialización del euskopeaje requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va a apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, Nadal ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos«, ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

La mayoría del Congreso muestra su preocupación por las prospecciones petrolíferas de Marruecos en aguas próximas a Canarias

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Europa Press.- Todos los partidos de la oposición expresaron su preocupación por las prospecciones petrolíferas que planea Marruecos frente a las aguas de las Islas Canarias y se mostraron a favor de una moción en la que Podemos pedía explicaciones al Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la multinacional petrolera italiana ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá unas prospecciones que «pondrán en riesgo» a Canarias, según la parlamentaria de Podemos, María del Carmen Pita.

La diputada ha criticado que «nadie en el Gobierno se haya dirigido al Ejecutivo marroquí para mostrar su rechazo a unas prospecciones que ponen en riesgo el medio ambiente y la principal actividad económica en Canarias, el turismo, para mantener la búsqueda de energías contaminantes». Pita ha acusado al Gobierno de que «no conciba el bienestar de los canarios como una cuestión de Estado», y ha recordado que las aguas españolas que se encuentran frente a las futuras prospecciones están a la espera de ser declaradas santuario mundial de cetáceos, algo que respaldaron el resto de grupos de la oposición.

El diputado del PP, Antonio González, ha acusado al grupo de Podemos de «falta de rigor» y de «ganas de crear alarmismo» con esta moción, alegando que España «respecta» las leyes internacionales y las decisiones «soberanas» del Reino de Marruecos, que mantiene informado al Ejecutivo español de todo lo que le atañe. El diputado ha recordado que una concesión para hacer prospecciones no implica necesariamente «la destrucción del lecho marino».

Frenar las prospecciones petrolíferas marroquíes

En este sentido, el objetivo de Unidos Podemos era que el pleno del Congreso de los Diputados exigiera al Gobierno que emprenda «vías diplomáticas» para «instar a Marruecos» a «desistir» de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, cerca de donde la española Repsol hizo sondeos en 2014. Unidos Podemos quiere que el Gobierno español se movilice, y movilice también a la Unión Europea contra «este tipo de actividades altamente contaminantes» a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, alegó que Marruecos estaba actuando en el marco de su soberanía: «Tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la forma que considere oportuno y no cabe objeción posible», afirmó.

Podemos, en cambio, cree que la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) marroquí puede ser objeto de acciones judiciales internacionales por considerar que la zona afectada, entre Sidi Ifni y Tan-Tan, justo al norte del Sáhara Occidental, corresponde a la plataforma continental del Sáhara Occidental. Asimismo, el grupo morado avisa de las consecuencias que puede tener una actividad petrolera para el turismo y, además, del riesgo de este tipo operaciones en el mar. Por eso, además de expresar su rechazo a las operaciones y reclamar medidas diplomáticas para frenarlas, pide «información veraz y transparente» sobre la situación generada por la concesión, especialmente a la población canaria.

Es más, pide que la información y consulta previa a las instituciones canarias sea «requisito ineludible» en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de Canarias. También propone crear un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes para «paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África» y plantear alternativas energéticas limpias. A su modo de ver, el Gobierno debe «anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario y, por ende, del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras» y que ponga en riesgo el desarrollo económico y la conservación del medio. Para ello, pide medidas como planes de impacto ambiental y de contingencia.

Además, quiere que el Congreso inste al Gobierno a promover la ampliación a las aguas que separan Canarias de Marruecos del acuerdo ACCOBAMS, para crear allí un área de protección especial de cetáceos, y cooperar con Marruecos en el desarrollo de energías renovables. También incorporar zonas propuestas por los científicos, hasta la costa africana, al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del proyecto LIFE 07, que derivó en la designación del «Espacio Marino Suroriental de Lanzarote-Fuerteventura».

El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo en Europa la interconexión eléctrica con Francia

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Europa Press.- El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya al someter a votación en el Parlamento Europeo una iniciativa que busca anular el listado de proyectos de interés común sujetos a subvención del programa Conectando Europa.

En este sentido, el portavoz energético de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha criticado que detrás de esa propuesta «desgraciadamente» hay eurodiputados españoles de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo, por lo que ha pedido a estos partidos que «llamen la atención a sus eurodiputados para que también piensen en el país que los ha elegido». «Está muy bien firmar documentos, pero no han sido conscientes de la enorme problemática que tiene esto. Pueden perjudicar gravemente los intereses del país que les ha votado como eurodiputado», ha aseverado.

Mariscal ha defendido este proyecto de interconexión energética que, en principio, iba a contar con una subvención de 578 millones de euros de los 1.750 millones a los que ascenderá la inversión. «Eso quiere decir que los españoles iban a ver reducido el pago de esa cantidad por esa ayuda«, ha explicado, señalando también que el tráfico energético a través del cable permitirá recuperar la inversión en tan solo dos años, que prácticamente duplicará el volumen de interconexión, pasando de 2.800 MW a 5.000MW, y que así «España dejará de ser una enorme isla energética».

«Si eres una isla, la posibilidad de que un fallo afecte a todo el sistema es mayor que si estamos conectados», ha señalado, abundando que, al no contar con estas conexiones, España depende de tecnologías más caras para prevenir el sistema de posibles colapsos por picos de demanda y escasez de oferta, dada la variabilidad de la producción de energía renovable. Además, ha señalado que el «excedente» de energía renovable que España produjera en los momentos de mayor producción podría colocarse a través de esta conexión, convirtiendo al país en «un hub eléctrico para Europa».

Fernández Vara aboga por ofrecer «alternativas de energías renovables» a las centrales nucleares para regiones como Extremadura

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en España y trabajar para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la Asamblea de Extremadura a preguntas del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que tiene «prevista la Junta para el impulso económico de Campo Arañuelo ante el posible cierre de la central nuclear de Almaraz».

En su intervención, Fernández Vara ha aseverado que su «posición está clara» y pasa por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en el que los partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en este sentido, lo cual «haría que no estuviéramos hablando de una prórroga de 5, 10 o 15 años, sino que se marcaran unas fechas concretas» para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Así, «al tiempo que vayan creciendo las energías renovables, que se vayan cerrando las centrales nucleares», ha aseverado Fernández Vara, quien ha mostrado su preocupación por que «cuando se tome esa decisión, tengamos las alternativas preparadas».

Desde el punto de vista energético, el presidente extremeño asevera que «puede haber una alternativa evidente en fotovoltaica, en biomasa», y apunta que «ahora ya hay en el entorno de Almaraz casi 600 megavatios solicitados de fotovoltaica», por lo que ha reafirmado que «alternativas puede haber, y las hay». Eso sí, añade que «sería bueno» que el Gobierno central «diga algún día qué tiene pensado hacer en el futuro con las centrales nucleares». Y es que, según ha defendido, España «necesita una planificación energética», y considera que la Comarca de Campo Arañuela necesita una «alternativa energética» y una «alternativa industrial».

Por su parte, Monago ha recordado que en los próximos años termina la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, y ha destacado que para los vecinos de Campo Arañuelo «la central nuclear no es el pasado, es el presente, y además lo tienen por su futuro». Monago ha lamentado que el presidente de la Junta «no tiene ningún plan» para esta comarca cacereña, sino que «mira continuamente de reojo a Madrid, a ver si tiene algo que decir Madrid», tras lo que añadió que «si todo depende de Madrid, sobra la figura de presidente» de la comunidad.

Así, el dirigente del PP extremeño sostiene que Vara «no tiene un plan» sino que «su alternativa es que los 2.100 megavatios de la central nuclear de Almaraz se sustituyan con renovables en el entorno de Campo Arañuelo», algo que «no se lo cree nadie«. Ante esta situación, Monago ha pedido a Vara que «se tome muy en serio que en 2020 termina la vigencia» de la central, por lo que hay «que hacer algo desde Extremadura para plantear alternativas, que no pasen permanentemente por el quejío, y por echarle la culpa a Madrid», concluyó.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley antifracking de Castilla-La Mancha

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Europa Press.- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta autonómica de Castilla-La Mancha, que dispondrán hasta mediados de febrero para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses». La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.

El PP respeta la admisión

Por su parte, el portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno central que «las decisiones judiciales se respetan». «Eso no es ni a favor ni en contra«, ha manifestado, donde ha apuntado que este asunto «lleva un curso» y que, «en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no”. Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar «ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales» y que será el tribunal «el que se pronunciará».

Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

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Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

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Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.