Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo ha pedido la eliminación de las barreras que supongan un freno al desarrollo del autoconsumo en España y ha incidido en la necesidad de cambios en la propuesta de normativa del Gobierno que propicien que su modalidad compartida y de proximidad se diseñe de forma realmente efectiva.

En sus alegaciones a la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio, la alianza, formada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, considera que la propuesta del Gobierno «es un paso adelante», aunque identifica una serie de mejoras «necesarias» para que el autoconsumo tenga «un marco normativo óptimo». Así, las alegaciones insisten en eliminar los obstáculos y barreras burocráticas que se han detectado en el borrador de Real Decreto sometido a exposición pública, subrayando que resulta «fundamental» simplificar la tramitación con la compañía distribuidora de electricidad en las instalaciones con excedentes.

En concreto, identifica dos condiciones que se consideran excesivamente restrictivas. Por un lado, limitar a un máximo de 500 metros la distancia entre las instalaciones de producción a los puntos de consumo asociados; y por otro, restringir el autoconsumo a instalaciones en la red de baja tensión, dejando fuera a los edificios conectados a la red de media tensión. Estas dos restricciones, además de «arbitrarias y de difícil comprobación práctica», impiden o restringen de hecho el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales e industriales y el autoconsumo en edificios públicos cercanos.

Asimismo, la Alianza reclama una definición de la compensación simplificada que garantice «sin lugar a dudas» que los particulares y pequeños negocios puedan compensar sus excedentes de energía en su factura eléctrica, sin que se considere una actividad económica sujeta a obligaciones fiscales. Respecto a los criterios de reparto del autoconsumo compartido, la Alianza pide que se modifique el texto para permitir una verdadera compartición de energía y no solo de instalaciones, como se propone. Además, destaca que en el Real Decreto no queda «suficientemente claro» cómo será el proceso de tramitación de las instalaciones.