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La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.

El PSOE emplaza al Gobierno a debatir un nuevo modelo energético y no el camino hacia uno ya decidido

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Europa Press.- El PSOE ha reclamado al Gobierno que lleve al Congreso «de una vez por todas» un proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética para poder decidir un nuevo modelo energético, y no limitar el debate a decidir el camino hasta llegar a un modelo ya elegido por el Ejecutivo.

Así, su secretario de Transición Ecológica de la Economía, Hugo Morán, ha criticado la postura del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, de no remitir esta norma «hasta que Bruselas no tome una decisión sobre el paquete de invierno», mientras que «está avanzando en la definición del Plan de Energía y Clima» que «define la política energética para los próximos años». «El Gobierno pretende adoptar una decisión de cuál va a ser el modelo energético del país y que luego, lo que debatamos, es qué camino vamos a seguir para llegar a ese modelo que ya tenemos predeterminado. Ese no es el camino», ha aseverado.

Antes de presentar en el Congreso el libro Transición energética en España. Una propuesta desde la socialdemocracia, auspiciado por el PSOE, Morán pidió a Nadal que procure «un consenso de país» para otorgar a empresas, entidades financieras y administraciones públicas seguridad jurídica y un marco legal «de estabilidad en el tiempo». En este sentido, ha alertado de que, sin una ley en este ámbito, «España corre el riesgo de convertirse en una anomalía como uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta con un instrumento de gestión de clima y energía».

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, que ha recordado que el propio Gobierno se comprometió a impulsar una ponencia legislativa sobre transición energética, y ha lamentado que, pese a que este tema está «en la primera línea política a nivel internacional», no ocurre lo mismo en España, a su juicio. «Queremos trabajar y exigir que, de una vez por todas, traiga al Congreso el informe de expertos sobre transición energética, que ya se han manifestado y lo que queremos es debatirlo», aseveró Lucio.

Por otro lado, tanto Lucio como Morán han criticado la reciente proposición de ley llevada al Congreso por el PP para regular el cierre de centrales térmicas, recurso calificado por la propia diputada como «artimaña parlamentaria». «No necesita España parches en su política energética. Necesita una modificación completa de esta política», ha criticado, mientras que Morán denuncia que el Gobierno «ha decidido buscar un atajo para reincidir en un texto que ya había sido juzgado y no ajustado a norma por parte de la CNMC».

Energía cree que España cumplirá con sus compromisos climáticos y pide que no se valore su ambición por los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- «España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París», aseguró el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de cambio climático basándose en el volumen de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la Cumbre del Clima y asegura que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, «no pueden decir lo mismo». En este sentido ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado criticó que se valore la ambición del Gobierno «sólo por el gasto», cuando «el Gobierno lo que consigue son objetivos«.

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía en cuanto a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible. Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debe dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esta situación es «sorprendente» y «poco rigurosa».

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista. A su juicio, «el debate de fondo» en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, sino «si se quiere ATC o no». «Esto es en previsión», ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno es «continuar» con la energía nuclear, por lo que el ATC «abarataría la conservación de residuos de forma significativa».

Durante el debate, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, celebró el aumento de la inversión en nuclear. Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una «gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares«, y ha defendido el ATC como «la solución más plausible». En este sentido, ha criticado que el PSOE, que «fue abanderado» de este proyecto, ahora se pongan en una situación «injustificable» al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.

Presupuesto de Energía: 4.542 millones

Por otro lado, la partida de Energía contará en 2018 con 4.542 millones de euros, un 7,44% más (314 millones de euros) que en 2017, concentra el 80% del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 2018, según indicó Navia, que destacó que el incremento en su área responde «fundamentalmente» a una partida de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Navia señaló que con esta partida se convocará la subasta de renovables en Canarias, que será sólo para energía eólica.

Asimismo, subrayó que la «prioridad» del Gobierno sigue siendo combatir un déficit del sistema que en 2013 llegó a ser de más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera llevado a una subida del recibo de más del 42%, y que actualmente se ha conseguido encauzar. Además, valoró la reducción que se ha logrado en el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a ser de más de 28.700 millones de euros y ahora ha pasado al entorno de los 21.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos previstos, 2.654 millones (4 millones más que en 2017) provendrán de diferentes figuras tributarias y 369 millones de euros (9 millones más) de subastas de derechos de emisiones. Para financiar los extracostes de los sistemas eléctricos peninsulares, un 50% de los cuales corre a cargo de los Presupuestos estatales, se aportarán por vía presupuestaria 687 millones de euros. En 2018, la aportación presupuestaria al sistema eléctrico será de más de 3.750 millones de euros (4 millones más que en 2017), cantidad que supone el 22% del total de los costes regulados del sistema, según Navia.

Por otra parte, Navia también destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, en un año «crítico» para el sector. La partida más relevante será de la de medidas sociales, aunque contará con 17 millones menos que en 2017, debido a que hay trabajadores que pasan de la situación de prejubilación a la jubilación definitiva. También se reduce la partida destinada al apoyo a empresas, que queda en 27 millones de euros, mientras que se amplían las destinadas a restauración de zonas mineras que dejen de explotarse y a ejecución de proyectos de infraestructuras en zonas mineras, que en este caso cuentan con 90 millones.

La partida para movilidad eficiente se mantiene respecto al año pasado en 50 millones y se destinarán 20 millones a infraestructuras de recarga eléctrica, aunque en este año se hará especial incidencia en la instalación de más puntos de recarga de gas para vehículos. «Es algo que tiene sentido económico, energético y de sostenibilidad y esa será nuestra prioridad», apuntó. Además, los Presupuestos incluyen 150 millones para ayudas a las industrias electrointensivas, que el año pasado no se pudieron pagar al no estar entonces todavía autorizadas estas ayudas por Bruselas.

En respuesta a preguntas de los grupos políticos, Navia ha contestado que si Portugal consiguió abastecerse de electricidad en un 100% con renovables es porque tiene el respaldo de la interconexión con España, país este último que en algunos momentos se ha abastecido en un 80% por energías que no emiten CO2, pero que necesita de más interconexiones con Europa.

El presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el ejercicio 2018 ascenderá a 5.599 millones de euros, un 6,36% más que en 2017, en lo que supone «un cambio de ciclo» y confirma «la senda de crecimiento» en la que se encuentra la economía española, según indicó el subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano.

El CSN investiga el hallazgo de sustancias radioactivas en un pozo de la central nuclear de Ascó I

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Europa Press / EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha reconocido que se han encontrado sustancias radioactivas en un pozo de la central nuclear de Ascó (Tarragona), cuyo origen están investigando. Sin embargo, le ha quitado importancia a la presencia de estas sustancias y, a su juicio, «sólo hay que saber por qué ha ocurrido».

Durante su intervención en la comisión de Energía del Congreso, a petición de los portavoces en esta materia de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, acerca de una emergencia ocurrida el pasado mes de febrero en Ascó, Martí Scharfhausen apunta que, durante una inspección alrededor de la central de una serie de pozos de los que se recogieron varias muestras, se halló una en la que se encontraron niveles anómalos de cesio y otras sustancias. «Lo que encontramos en ese pozo es una cosa peculiar», indicó el presidente del regulador, tras ser cuestionado por Vendrell por no hacer públicos estos datos.

Martí Scharfhausen ha señalado que el CSN cuenta con un documento en el que se detalla este problema pero, a su juicio, se trata de un tema complicado porque «hay mucha tierra y mucho hormigón» y la explicación, según ha indicado, se dará cuando se haya analizado lo hallado en el pozo. Aún así, ha trasladado a los diputados el informe realizado de este incidente.

El propio presidente ha indicado que estos sucesos «puede pasar» como, por ejemplo, durante las limpiezas en las que los operarios cojan líquidos y los echen en un pozo. «No sabemos cómo puede haber llegado allí», insistió, para asegurar que cuando tengan los resultados se informará sobre ello. El documento del CSN sobre este hallazgo precisa que el estudio de estos pozos se realizó entre finales de febrero y principios de marzo. El texto apunta, además, que estos sucesos no han tenido consecuencias para la seguridad, la salud de las personas o del medio ambiente.

“Una coincidencia” de incidentes nucleares

Por otro lado, Martí considera una coincidencia en el tiempo el elevado número de incidencias nucleares que han tenido lugar en los últimos meses en las centrales de Cofrentes (Valencia), Vandellós (Tarragona) y Ascó. En este sentido, Martí ha reconocido que «es verdad que ha habido muchas incidencias recientemente», que «se han agrupado un gran número en los últimos cuatro meses», pero son el «resultado de la conjunción de muchos factores» y, a su juicio, se han atajado pronto. Martí reivindicó que las empresas que operan las centrales han informado correctamente de las incidencias para que este organismo las revisara.

La central que más incidentes ha acumulado ha sido Cofrentes: 10 en 2017 y 3 en lo que va de año. En la central tarraconense de Vandellós, se produjo una fuga en la barra de presión el 13 de febrero, y la central siguió funcionando con ese fallo hasta el 2 de marzo sin ser comunicado, han denunciado los portavoces de Energía del PSOE, Pilar Lucio, y Podemos, Josep Vendrell. Martí ha respondido que el CSN comunica lo que les informan «desde la central» y ha argumentado que hay cuestiones que por ser «muy técnicas», como el incidente en Vandellós, no se informa de ellas.

El PSOE tilda de «demasiado conservador» el informe de los expertos en transición energética y propone debatirlo en el Congreso

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Europa Press / EFE.- El PSOE quiere que las personas que integran la comisión de expertos creada por el Gobierno para plantear escenarios de transición energética comparezcan ante el Congreso y cree que su informe, entregado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, es «demasiado conservador«. Así, su portavoz en la comisión de Energía, Pilar Lucio, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia para todos los expertos, pues cree que «es urgente traer al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».

«Es la hora de ponerse a trabajar», ha afirmado la portavoz socialista. En todo caso, entiende que «es un informe muy abierto y, en principio, demasiado conservador en algunos aspectos, como el mantenimiento del actual sistema regulatorio», ya que, según ha explicado, no plantea cambios en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico. «Sin modificaciones en el modelo de mercado es muy difícil favorecer la penetración de las renovables necesarias para cumplir con los objetivos que ya ha marcado el Parlamento Europeo. Además, incide en la reducción de costes del sistema, pero no en la reducción del precio para los consumidores», ha apuntado.

Falta de ambición en renovables

Asimismo, critica que, a su juicio, el informe peque de «falta de ambición en el cumplimiento del 35% de implantación de renovables en 2030 o el mantenimiento de todo el parque nuclear más allá de los 40 años de vida útil». Por último, Lucio ha recordado que su propia formación cuenta con su propio informe, elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE). «Dicho informe está ahora mismo sometido a debate dentro del partido y con los distintos agentes implicados», indicó Lucio. «Para conocer en profundidad las propuestas, urge trasladar el debate al Congreso para que, de una vez por todas, haya un acuerdo base para abordar la transición energética y aprobar la ley», afirmó.

En todo caso, celebra la publicación de este informe que debe servir, a su juicio, para comenzar con la próxima tramitación de una ley de cambio climático. «Ahora toca diseñar la política energética, sin más demora», subraya. Lucio ha afirmado ante los distintos grupos parlamentarios que «ya no hay excusas para seguir demorando la presentación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética». La responsable socialista recuerda que el informe presentado es fruto del trabajo de un grupo de expertos que se constituyó «a instancias del Grupo Parlamentario Socialista». Este grupo de expertos independientes trabajó durante los últimos 8 meses para elaborar un informe sobre los asuntos clave para la transición energética en España y sobre los escenarios posibles.

El PSOE reclama al Gobierno más publicidad para asegurar que los consumidores vulnerables no se queden sin el bono social

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Europa Press.- El PSOE demanda al Gobierno el desarrollo de campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre la solicitud del bono social de electricidad con el fin de que su renovación sea efectiva y evitar que sus potenciales beneficiarios se queden sin este descuento en su factura.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que deberá debatirse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que piden también la evaluación de las actuaciones relacionadas con la aplicación de este bono social y la suspensión del suministro por impago de la factura. Así, reclaman al Gobierno que convoque «con carácter urgente» una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía. Para desarrollar las campañas de información, exigen al Ejecutivo que colabore con los servicios sociales de las administraciones autonómicas y las organizaciones de consumidores.

Tal y como recuerdan en su iniciativa, el Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo para poder acogerse a las nuevas categorías del bono social tras su nueva reglamentación pues, según denuncian, «no está funcionado correctamente ni la información, ni el procedimiento para acogerse a dicho bono». Así, critican que «la información al consumidor es muy insuficiente». «Debe ser el Gobierno quien, de forma sencilla y unificada, establezca unas instrucciones básicas para que las compañías informen a los posibles beneficiarios», asevera la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio.

Lucio asegura que «aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año». «Sin embargo», apostilla, «el ritmo de renovaciones parece que no es el adecuado». Según las propias comercializadoras eléctricas, subraya Lucio, «quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social».

Al igual que Unidos Podemos y ERC, que critican la información ofrecida sobre las renovaciones del bono social, el PSOE exige también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se implique en esta evaluación de resultados del bono social, reclamando en la iniciativa que someterán a votación en el Congreso un informe anual sobre la eficacia y eficiencia del bono social. En este informe también quiere que el regulador examine su financiación, la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos. Finalmente, piden que la CNMC pueda realizar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

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Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

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Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

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Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

Nadal asegura que pretende evitar la tentación de que se cierren unas centrales para que otras sean más rentables económicamente

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reiterado que el objetivo del real decreto en el que trabaja el Gobierno para endurecer los motivos para cerrar centrales eléctricas es evitar «la tentación» de algunas empresas de «cerrar una central que, aunque es rentable, cerrarla hace más rentables las otras que tienen«.

Nadal insistió en que la decisión de cerrar centrales «no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles«. Por ello, consideró «muy importante» que el mix energético se decida desde «la política pública» ya que «el mix sí que marca la tendencia» y puede «afectar a los precios del mercado». A este respecto, Nadal afirmó que el cierre de centrales es algo que «no está normativamente regulado», ya que no hacía falta debido a que no había peticiones de clausura o las que había eran de plantas obsoletas.

No obstante, reconoció que existe un exceso de capacidad de generación en España, por lo que habrá que ver «qué tipos de centrales se tienen que cerrar», pero siempre de manera «ordenada» y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, climáticos y «al mejor precio posible». «Dentro de los objetivos medioambientales, nuestro objetivo es hacerlo al menor precio», añadió.

Así, en el caso de petición de cierre de una central, señaló que el objetivo es que se esté seguro de si esa planta es necesaria, ya sea por cuestiones de seguridad de suministro, medioambientales o de precio. De ser así, se llevará a cabo una subasta si el operador no la quiere «ya que si tiene comprador es rentable«.

En el caso de no contar con un comprador interesado en la subasta, se procedería a su cierre o, si es necesaria, se acudiría a un sistema de pagos por capacidad, «que tenga respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado», expuso Nadal.

Por su parte, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, acusó a Nadal de utilizar el argumento de la posible subida del precio de la luz si se cierran las nucleares «como un chantaje a la sociedad». Así, subrayó que el precio lo marca el gas dentro del mercado marginal, «independientemente de que siga existiendo la energía nuclear», por lo que retó al ministro a decir «de dónde sale ese dato de incremento del precio» del 25% si se elimina la nuclear. «Diga también qué sobrecoste tendría para el sistema su pago por capacidad a las nucleares si saliera adelante», concluyó.