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El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

PP y Ciudadanos acusan al Gobierno socialista de politizar las instituciones ante los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

Europa Press.- El PP y Ciudadanos rechazan la propuesta del Gobierno del PSOE, pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, para la renovación de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ambas formaciones han mostrado su rechazo a esta actitud del Ejecutivo alegando que busca politizar las instituciones con sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura.

El portavoz parlamentario adjunto del PP, Guillermo Mariscal, ha denunciado que esta propuesta para renovar al regulador «va más allá de la política energética» y se basa en «la ocupación del espacio público, apoderándose de las instituciones». «El hecho de que el Gobierno tenga que nombrar a estas personas con las cámaras disueltas es, además de absolutamente irresponsable, una demostración más de que el único objetivo de este cambio es llenar todas las instituciones posibles de miembros de su formación política o adeptos», ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado que organismos tan importantes como estos «necesitan el consenso y la concordia» de las formaciones políticas y que los partidos lleguen juntos «a buscar a quienes son los mejores candidatos». Según ha señalado, el PSOE está haciendo un «ejercicio de sectarismo» que el PP no practicará «a partir del 28 de abril cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

Por su parte, la portavoz adjunta de los naranjas en la Cámara, Melisa Rodríguez, ha explicado que es contraria a «seguir manipulando y poniendo a dedo» los órganos de regulación y que los diputados de su grupo se mantendrán en esa convicción. En este sentido, Rodríguez ha defendido reguladores independientes del poder político y ha mostrado su sorpresa ante la actitud de un PSOE que, en la oposición, se mostraba favorable a las propuestas de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección de estos órganos.

«Propusimos que las negociaciones no fueran a puerta cerrada y a dedo y que las personas que tienen que formar parte del regulador se eligiesen de manera independiente y meritocrática», ha señalado, para apuntar que los socialistas quieren «a toda prisa» y «saltándose el reglamento» nombrar para el CSN «a los suyos». En este sentido, indicó que este «nerviosismo» por «repartirse los cromos» llega ante el miedo de que después de las elecciones “pierdan la cuota» en el organismo sin poder «nombrar a los suyos».

Javier Dies, consejero del CSN, defiende que su nombramiento por iniciativa del PP se realizó de acuerdo a la legislación

Europa Press.- El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies, ha defendido tanto el proceso en que transcurrió su nombramiento así como su capacidad para el cargo en el regulador nuclear después de que el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, dudase de la legalidad de ese procedimiento y denunciara que no hay base jurídica para retrasar la renovación del CSN, según solicita el PP, al que acusa de buscar retrasar los nombramientos.

La polémica surge después de que el Congreso haya recibido la propuesta del Gobierno de nombrar como consejeros a Elvira Romera y Pilar Lucio a propuesta del PSOE, Josep Mª Serena, a propuesta del PdeCat, y a Francisco Castejón, en representación de Unidos Podemos. Al disolverse la Cámara el 5 de marzo, no hay opción a que la Comisión para la Transición Ecológica elabore un escrito razonado pronunciándose sobre los nombramientos. En este contexto, Uralde comparó esta situación con el proceso de nombramiento de Javier Dies, quien no logró el respaldo de tres quintos exigidos.

Tras las críticas y comparaciones, el consejero «puntualiza» que su propuesta como candidato se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y que se comunicó al Congreso de los Diputados 3 días después. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación del CSN, el Gobierno nombrará a la persona propuesta para el cargo después de su comparecencia en Comisión en el Congreso tras el acuerdo de tres quintos de sus miembros, que manifestarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes desde que se reciba la comunicación del Gobierno.

Si pasado un mes el Congreso no se ha manifestado de forma expresa, entonces se entenderá que los nombramientos son aceptados. Díes recuerda que tanto su comparecencia como la votación en la Comisión parlamentaria se realizó el 29 de septiembre por 23 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Finalmente, su nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre posterior. Dies defiende así que el tiempo que transcurrió desde la comunicación al Congreso hasta su nombramiento fue de «un mes natural más dos días» de acuerdo con la ley.

El consejero sustituyó a Antonio Gurguí, quien había sido propuesto por el extinto CiU y que finalizó su responsabilidad 7 meses después de que venciera su nombramiento. Con su nombramiento, el consejo del regulador nuclear, que cuenta con 5 consejeros, pasó a estar compuesto por 3 consejeros (incluido el presidente) propuestos por el PP, Fernando Marti, Fernando Castellón y el propio Dies, y otros dos propuestos por el PSOE, entonces Cristina Narbona y Rosario Velasco.

El consejero Javier Dies es doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde ha coordinado el grupo de investigación de ingeniería nuclear, ha sido vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013 al 2016 y ha colaborado en 13 misiones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entre 2004 y 2005 fue secretario de la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear auspiciada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de 1995 a 2002.

Elvira Romera, Pilar Lucio, Francisco Castejón y José María Serena, propuestos como consejeros del CSN con el rechazo del PP

Europa Press.- El PP se ha desmarcado de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar 4 plazas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya negociación se achaca a PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de «abusar de su posición» en el poder hasta «el último minuto«. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de nombramientos de Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender.

La propuesta responde a la voluntad del Gobierno de reflejar en la composición del pleno del regulador nuclear el actual reparto parlamentario. El Gobierno podrá nombrar a los candidatos mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto del CSN, el presidente y los consejeros serán designados entre personas «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Según refleja el Gobierno, Elvira Romera es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.

Por su parte, María Pilar Lucio es diputada y portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE y se especializó en regulación energética y en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva.

Por su parte, Francisco Castejón, es propuesto por el grupo de Unidos Podemos. Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Además, es el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.

En cuarto lugar, se propone a Josep Mª Serena, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Los nuevos consejeros podrán permanecer en el cargo 6 años y podrán optar, mediante el mismo procedimiento, a un segundo periodo de igual duración. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años. Precisamente, por edad cesó el 2 de febrero Jorge Fabra, quien sustituyó a Cristina Narbona cuando fue elegida presidenta del PSOE, y que desde finales de diciembre estaba en situación de prórroga. En la actualidad el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, está también en situación de prórroga desde diciembre y otros dos consejeros desde finales de febrero. Se trata de la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el consejero Fernando Castelló.

El PP contra el PSOE

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha explicado que su formación «no ha participado» en la negociación de estos nombres y que el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en Podemos. Como resultado de estos acuerdos, según denuncia, la propuesta aprobada está formada por un grupo «claramente sesgado» y «prejuicioso» en materia de energía nuclear. En concreto, el diputado pone en duda la apuesta de los morados, el miembro de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, un antinuclear declarado. Mariscal ha recordado que en los 6 años que dura el mandato de los miembros del CSN, éstos deberán enfrentarse a la posibilidad de cierre o renovación de la vida activa de varias centrales nucleares.

El portavoz popular cree que esta decisión entra en la «línea habitual del PSOE» de «politizar las tecnologías«. Además, ha criticado que estas propuestas lleguen ante la “inmediata disolución» de las cámaras. «Sánchez está abusando de su posición hasta el último minuto», ha insistido. «Así que los candidatos serían elegidos con un Gobierno en funciones», ha lamentado Mariscal, que alerta de que con esta medida el PSOE ha «garantizado su presencia mayoritaria» en esta institución durante «los próximos 6 años».

El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de la oposición de no elevar impuestos al diesel

Europa Press.– El PP y Ciudadanos se han unido en el Congreso para reclamar al Gobierno que renuncie a elevar la fiscalidad al diesel por los posibles impactos que podría tener esta medida pero el PSOE recabó el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y EH-Bildu para rechazar ese posicionamiento.

La diputada del PP, Teresa Palmer, criticó que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de apoyar un aumento de las compras de vehículos eléctricos «a través de un sistema potente de ayudas e incentivos», y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020. Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos.

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el «desequilibrio fiscal» en los carburantes «no se justifica en un escenario de descarbonización», máxime cuando la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud. Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

«No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética», ha lamentado Josep Vendrell, de Podemos, que detecta un «envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios» en la medida. Ferrán Bel, del PDeCAT, aclaró que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido «no hacer demagogia» al respecto, por lo no considera «razonable» posicionarse ante una reforma aún no presentada.

El PSOE garantiza que el Gobierno facilitará en menos de 3 meses los cambios de la potencia eléctrica contratada

Europa Press.- El PSOE se comprometió en el Congreso a impulsar en menos de 3 meses los cambios legislativos dirigidos a cumplir con varias proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja, entre ellas la relativa a facilitar los cambios en la potencia eléctrica contratada para ajustarla a las necesidades del momento y favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Su objetivo es evitar que las mociones y PnLs no se queden «en una mera declaración de intenciones».

Su portavoz de Energía, Pilar Lucio, ha asegurado que no sólo apoyará la iniciativa defendida por Esquerra Republicana en el Pleno para exigir este cumplimiento, sino que garantiza que el Gobierno así lo hará en el plazo indicado de 3 meses. «Se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita«, comprometió Lucio, que ha asegurado que el Gobierno ya trabaja, a partir de los Ministerios de Transición Ecológica e Interior, en la actualización de los planes de emergencia nuclear de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós (II), y que la nueva Ley de Cambio Climático incluirá el establecimiento de las redes eléctricas cerradas.

Asimismo, los republicanos reclamaban que el Gobierno haga efectiva una proposición no de ley aprobada hace menos de un mes, en octubre, en la que pedía facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, eximiendo de trámites administrativos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, a excepción de una notificación previa a la conexión. Con esta iniciativa el Congreso reclamó habilitar que una instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, y definir una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo.

Otra medida reivindicada por ERC en su moción es garantizar que se da un correcto uso de los datos de los consumidores en la sustitución de los contadores inteligentes. El texto aprobado pedía garantizar que el acceso a la información se hiciera mediante «un portal neutral», evitando así una posible posición de dominio por parte de la empresas distribuidora y comercializadora a la que esté vinculado el punto de suministro.

La iniciativa encontró el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromis. El portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, recordó que las medidas cuya aplicación exige ya han sido aprobadas en el Congreso. Asimismo, defendió que su puesta en marcha mejoraría la competitividad, como los cambios de potencia o la introducción de una tarifa estacional para pymes, o permitir en redes cerradas que diferentes industrias contaran con una sola conexión a la red.

ERC recordó que el Congreso acordó en 2017 obligar a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa y potencia contratada ya permitir las variaciones voluntarias del consumidor en caso de contar con un contrato de potencia estacional. Este contrato, al que podrían acogerse pymes y cooperativas, establecería diferentes valores de potencia para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso. Para cada período tarifario se contrataría una potencia, aplicable durante todo el año, y se podrían acordar cambios en la tarifa según las necesidades del cliente.

También en febrero de 2017, el Congreso instó al Gobierno a revisar, modernizar y adecuar los planes de emergencia nuclear de las centrales de Tarragona, redefinir los planes de todas las centrales para contemplar a los municipios dentro del radio de entre 10 y 20 kilómetros desde la instalación y equiparar sus mecanismos de protección civil ya incluidos en zonas más cercanas. Por otro lado, la iniciativa aprobada en mayo de 2017 sobre redes energéticas cerradas apostaba por el desarrollo de la regulación para su implantación, prevista en una directiva europea de 2009, y el desarrollo de la figura del agregador de demanda y oferta.

Tras su intervención, varios de los diputados intervinientes subrayaron la importancia de este tipo de enfoques con el fin de apremiar al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Cámara Baja. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, apuntó que se trata de «un toque de atención» tanto al Ejecutivo actual como a su predecesor. Enric Bataller, de Compromís, cree necesario conocer qué se ha tomado en consideración por parte del Gobierno de lo aprobado en las Cortes, mientras que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado «la poca credibilidad de la que gozan las proposiciones no de ley». En este sentido, ha instado a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso.

Las únicas formaciones que han declinado dar su apoyo fueron el PNV, que apostó por abstenerse pues no comparte las resoluciones «en su literalidad», y el PP, cuyo diputado José Manuel Juncal ha instado a «esperar a tener bien definido el sistema eléctrico» que propone el Gobierno, y por ello ha avanzado su voto en contra. «Esperemos a ver ese árbol, porque igual nos encontramos un árbol frondoso y bonito, o bien un árbol chamuscado. Vistas las experiencias con el PSOE, me espero lo peor», ha lamentado el diputado popular.

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Arias Cañete destaca el papel de la electrificación y la energía de fusión en el futuro de la Unión Europea

Europa Press / EFE.- El comisario de Acción por el Clima y Energía en la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha destacado que la electrificación y la energía de fusión «juegan un papel fundamental» en el futuro energético de la Unión Europea y en la descarbonización de la economía. «La electricidad cubre el 27% de la demanda final de energía. En 2050 estará en los alrededores del 50%, de los cuales el 80% será de energías renovables», auguró Cañete.

En la misma línea, ha añadido que la energía de fusión «puede estar llamada a jugar un papel importante» en la descarbonización porque, a su juicio, sería una fuente «prácticamente inagotable y respetuosa con el medio ambiente». «La fusión se convertiría en un complemento básico de las renovables», ha defendido. El gas natural, según Cañete, puede jugar un papel en la descarbonización a corto plazo «sustituyendo a combustibles fósiles con más emisiones de carbono». Sin embargo, según ha explicado, el gas natural se enfrenta a largo plazo al «desafío» de «empezar a ser totalmente descarbonizado».

Respecto a la energía nuclear, ha subrayado que la Comisión Europea «no toma partido» por el tipo de energía que quiera utilizar cualquier Estado Miembro, aunque ha resaltado que la «realidad» es que hay 126 reactores en funcionamiento en 14 países de la Unión Europea con una media de 30 años. En este sentido, ha señalado que el 90% de los reactores existentes «tendrían que cerrarse con vistas a 2030». En concreto, afirmó que de los 126 reactores, 50 «tendrán que cerrarse de aquí a 2025», lo que supondrá «unos costos de 263.000 millones de euros» para su clausura y gestión de los residuos radiactivos.

Para el comisario de Acción por el Clima y Energía la Comisión Europea, el parque nuclear «está envejeciendo y va a requerir inversiones significativas». «A nivel mundial el número de países que cuenta con reactores nucleares va a aumentar hasta 2040, sobre todo en China», ha precisado. Otro reto al que se enfrenta la Unión Europea en la transición energética es, según Cañete, desarrollar el almacenamiento de la capacidad excedentaria de energías renovable, a través del desarrollo de las baterías. «En la Unión Europea no hacemos nada en el almacenamiento de baterías y ahora tenemos que extenderlo en nuestra estrategia del sistema eléctrico«, ha apuntado.

Los riesgos del cambio energético son, en palabras del comisario de la Comisión Europea, «muchos» y «complejos», como el «aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques». «Queremos que los Estados no cierren sus fronteras frente a riesgos de suministro, sino que actuemos en perspectivas regionales con solidaridad e interconexión, porque acudir al cierre de fronteras en tiempos de crisis no es la mejor solución«, ha sentenciado.

Objetivos 2030: 45% en emisiones

Por otro lado, alcanzar una reducción de un 45% desde el 40% inicial de emisiones a la atmósfera para 2030 con la adopción de una serie de medidas y legislación y con una visión regional son algunas de las metas de la Unión Europea, ha asegurado el comisario europeo. Esto se logrará si la legislación que se ha elaborado en la Unión Europea se cumple, según Cañete. El Acuerdo de París, señaló el comisario, representa un gran reto para la transición energética y ecológica de la economía mundial y hasta el momento 180 países lo han ratificado y 168 firmantes han puesto sus compromisos sobre la mesa para la reducción de las emisiones a la atmósfera responsables del calentamiento global.

El compromiso para lograr la transición energética supone para Europa asumir un liderazgo frente al resto de países, porque los europeos fueron «los pioneros en la utilización del carbón en la revolución industrial» y actualmente la Unión Europa debe abanderar la descarbonización de la economía hacia energías renovables. El objetivo es lograr un 32% de eficiencia energética en 2030, meta que se revisará en 2023 para examinar metas y costes.

Durante la mesa de debate Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha apostado por «electrificar la economía» y procurar a la vez que el precio «sea el más bajo cumpliendo siempre con los compromisos medioambientales». Así, ha subrayado que el precio de la energía es un factor «muy importante» para desarrollar un país y reivindica que hay que «quitar del sistema» aquellas fuentes de electricidad que generan CO2.

Para Mariscal, la descarbonización se debería hacer «basándose en hechos científicos», por lo que ha mostrado su apoyo a una ley «que garantice los compromisos medioambientales, pero también el precio». «Si vemos una ley ideológica pelearemos. Esperemos que el Ministerio de Transición Ecológica no haya que cambiarle de nombre y llamarlo Transición Ideológica«, ha ironizado Mariscal, al tiempo que asegura que se puede revertir el «alto» precio de la energía.

Posteriormente, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, ha respondido que la Ley de Cambio Climático «podría haber estado ya hecha». «El grave problema del sector energético ha sido la falta de planificación y de un diseño claro, por lo que ahora tenemos que hacer un trabajo acelerado. Lo tenemos que hacer deprisa pero lo vamos a hacer bien«, ha concretado.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ha pedido explicaciones al Gobierno por las subidas que «incrementan considerablemente» el recibo de la luz. «Queremos un escenario en el que los consumidores sean el eje de la transición energética y acabar con los sobrecostes de la factura de la luz«, ha manifestado. Asimismo, Veloso apuesta por dar seguridad jurídica al ámbito energético, la defensa de la implantación de los parques experimentales en materia de I+D+i y la movilidad sostenible. «Nos preocupa el transporte de mercancías, apostamos por un plan específico para ayudar a esos transportistas para que puedan hacer el tránsito hacia una movilidad descarbonizada», indicó.

Por último, el portavoz de la Comisión de Transición Ecológica de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha señalado que el sector energético es «clave» en la descarbonización, por lo que ha defendido la «necesidad» de un plan de energías renovables que es, a su juicio, «realmente es necesario». «Nuestra idea es que las líneas básicas de nuestro planteamiento podamos abordarlas con el Gobierno y llegar a una ley consensuada. El consenso es que tenemos que disminuir las emisiones de CO2″, indicó. Sobre el debate nuclear, Uralde señaló que la energía nuclear se está eliminando «poco a poco» porque las centrales «están envejeciendo y hay que cumplir con su cierre».

El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.