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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) denuncia a España ante la Comisión Europea por los pagos por capacidad

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Europa Press.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben las centrales eléctricas. Según indicaron ambas entidades, si la Comisión Europea admite a trámite la denuncia, las compañías eléctricas podrían tener que devolver más de 3.000 millones de euros percibidos por estas ayudas solo durante el periodo 2011 a 2015.

En la actualidad, estas ayudas suponen unos 700 millones de euros anuales que pagan los consumidores y aprueba el Estado para garantizar el suministro. La directora de IIDMA, Ana Barreira, señaló que los pagos por capacidad «violan el derecho de la Unión Europea» relativo a las ayudas de Estado. «Además, no hay constancia de que el Estado las notificara a la Comisión, estando obligado a ello. Son contrarias a derecho, pues no son de interés general y son desproporcionadas», asegura.

En concreto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y el IIDMA han denunciado ante Bruselas los pagos correspondientes al incentivo a la inversión y el servicio de disponibilidad. A este respecto, Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, consideró que se tratan de «ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico».

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos de Anpier reclaman ante el Supremo contra la reforma energética de Soria

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Europa Press.- Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos han presentado ante el Tribunal Supremo reclamaciones patrimoniales por el perjuicio económico sufrido con la entrada en vigor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el periodo en el que José Manuel Soria ejercía como ministro de Industria.

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law, que aglutinan a cerca de 6.000 pequeños reclamantes productores de energía fotovoltaica, han presentado otros tantos recursos ante el Alto Tribunal, dando así continuidad a la reclamación previa realizada el verano pasado ante el Consejo de Ministros, que no se pronunció ante las reclamaciones de los pequeños productores.

El Supremo avala la reforma

Hace pocas semanas, el Alto Tribunal, en el recurso interpuesto por Anpier contra dicha reforma, recordaba que con independencia de la constitucionalidad o no de la norma, lo que resultaba incuestionable era la posible reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El Tribunal Supremo avaló por cuatro votos contra tres la legalidad de la norma que rebajó la retribución de las plantas fotovoltaicas hasta en un 50%, con la posibilidad de ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero dejó abierta la vía para los que se sintiesen perjudicados pudiesen iniciar este camino.

Básicamente se corresponde con el camino seguido por fondos de inversión internacionales contra el Reino de España, solo que en el caso de éstos, la reclamación se realiza en foros de arbitraje internacional y con arreglo a la Carta de la energía, mientras que los recurrentes españoles lo tienen que hacer ante los tribunales nacionales. El secretario y abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, ha manifestado que los productores fotovoltaicos «no tienen el deber jurídico de soportar esta auténtica expropiación de sus derechos sin ser resarcidos por ello». De su lado, Piet Holtrop, del despacho Holtrop SLP Transaction&Business Law ha reclamado que el Estado español «tiene que hacerse responsable de alguna manera de la situación creada».

La Fiscalía archiva la denuncia por prevaricación en el recorte a las renovables

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Redacción / Europa Press.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada contra la orden ministerial IET/105/2014, por posible prevaricación en el llamado hachazo a las renovables, según lo denomina la Fundación Renovables. En la denuncia, presentada por la fundación y la Plataforma por Nuevo Modelo Energético, se pedía a la fiscalía realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la “arbitrariedad y falta de respaldo técnico” a la hora de fijar los criterios de la orden.

El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, mostró su «decepción» por el archivo de la denuncia, ya que, en su opinión, las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía «demuestran la solidez de los argumentos expuestos en la denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el Ministerio de Industria sobre esta importante normativa«. No obstante, la Fundación Renovables señala que todavía hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.

El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, consideraba que el Gobierno del PP legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop, que indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, sucedía en este caso. Concretamente, la denuncia de estas organizaciones se dirigía contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías.

Los contratos con las consultoras

De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno. Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demostraban que los «errores» en la normativa, que justificaban en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de su aprobación.

Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, denunció “otras contradicciones”, como que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que consideraba «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

La Fundación Renovables y la Px1NME denunciarán a Nadal ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.