Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada.