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Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

La Eurocámara confirma el acuerdo para reformar el mercado eléctrico europeo y facilitar la transición hacia un modelo energético descarbonizado

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Europa Press,- La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha confirmado el acuerdo alcanzado con los gobiernos de la Unión Europea para reformar el diseño del mercado eléctrico europeo para mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.

En concreto, los eurodiputados han dado su visto bueno tanto al nuevo reglamento como a la nueva directiva, pero todavía debe pronunciarse al respecto la Eurocámara en la sesión plenaria prevista a finales de marzo. Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que “limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas”, según el Consejo de la Unión Europea.

Precios regulados, posibles hasta 2025

No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

También busca reforzar los derechos de los consumidores. Los consumidores tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes. Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad.

El sector eléctrico pide que el Plan de Energía y Clima defina mecanismos para alcanzar la descarbonización

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Europa Press.- El sector eléctrico reclama que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contemple los mecanismos adecuados para cumplir con esa hoja de ruta hacia la descarbonización. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió que se debería considerar que durante la transición muchas tecnologías tradicionales, como el carbón o los ciclos combinados de gas natural, necesarias para garantizar la seguridad de suministro, no entrarán en el mercado, por lo que consideró que habrá que compensarlas con mecanismos por capacidad.

«Los ciclos combinados van a caer como moscas ya que funcionan poco», indicó Bogas, quien valoró las oportunidades que abre la transición energética para el sector, aunque subrayó que la seguridad de suministro «será muy importante». El ejecutivo señaló que los objetivos a 2030 de renovables son «perfectamente alcanzables» y suponen «una oportunidad», con la instalación anual de entre 4.000-5.000 megavatios (MW) verdes anuales, aunque indicó que las renovables deben llegar con un «óptimo económico» para evitar repercutir los costes en el ciudadano. A este respecto afirmó que la transición energética debe producirse de manera natural, con el mercado definiendo el escenario, y subrayó que tecnologías como la eólica y la solar ya son «competitivas».

Por su parte, el director del Negocio Liberado de Iberdrola, Aitor Moso, señaló que habrá que estar atentos a la publicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y subrayó la importancia de que sean definidos esos mecanismos adecuados para transitar en ese camino a la descarbonización. Moso, que además consideró necesario estudiar una revisión del actual mercado eléctrico, insistió en que la transición energética abre una «oportunidad» de nuevas inversiones y debería acabar suponiendo un menor precio de la electricidad para los clientes. «Para España, la transición es una oportunidad económica, ya que cambiar a renovables será más económico para nuestros clientes«, auguró.

Mientras, el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, destacó que la transición energética debe tener como foco el consumidor y los costes y advirtió del riesgo y el reto que puede suponer la penetración «muy relevante» de generación distribuida y su impacto en la retribución. Por su parte, el director de Operaciones de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvison, puso el foco en la necesidad de seguir trabajando en las interconexiones ya que son «clave» para la transición.

Los Gobiernos de la Unión Europea aprueban la nueva reforma del mercado eléctrico para facilitar la transición hacia la descarbonización

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Europa Press.- Los Gobiernos de la Unión Europea han dado su visto bueno a la nueva directiva y el nuevo reglamento que reforman el diseño del mercado eléctrico europeo con el objetivo de mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.

Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas», según el Consejo de la Unión Europea. No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

También busca reforzar los derechos de los consumidores. Los consumidores tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

El Gobierno creará un Índice Nacional de Calidad del Aire, con información en tiempo real sobre contaminantes

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un nuevo Índice Nacional de Calidad del Aire, con el objetivo de informar de forma accesible sobre la presencia de contaminantes en el aire. En este sentido, Ribera destacó que el fin de este índice será hacer posible la consulta en tiempo real a cualquier persona o administración de los datos sobre la contaminación atmosférica.

Teresa Ribera señaló que España contará con un nuevo índice «homogéneo», basado en códigos de colores, que permitirá informar de forma accesible sobre esa presencia de contaminantes en el aire. Además, Ribera indicó que en abril del próximo año el objetivo es que España disponga también de un nuevo Programa de Control Atmosférico. La titular de Transición Ecológica afirmó que la calidad del aire es una de las cuestiones que más evidencian «lo importante» que es la protección ambiental para la calidad de vida y subrayó que los próximos 10 años «serán determinantes» para hacer frente al cambio climático, una cuestión que «ya no es opinable gracias a la ciencia».

Asimismo, aseguró que se está en un proceso de cambio en el que se debe acabar con las desigualdades sociales y los efectos negativos sobre el medioambiente, para lo que se está trabajando en una estrategia de economía circular. «Necesitamos un modelo circular más racional en el uso de los recursos», indicó. Por ello, Ribera recordó que la historia «será implacable con quienes no hicieron nada sobre el cambio climático«, y señaló que «la ciencia debe imponerse a la postverdad».

Greenpeace protestan contra el carbón

Por su parte, una quincena de activistas de Greenpeace interrumpió la conferencia internacional World Coal Leaders Network 2018, celebrada en Barcelona, para protestar bajo el lema El carbón destruye la vida, porque la quema de carbón es la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono resultado de la actividad humana, ha explicado la ONG. «Es inaceptable que estas personas se reúnan para vender más carbón mientras los científicos nos advierten de que tenemos que abandonar urgentemente su quema por el cambio climático que produce», ha explicado la responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño, que ha considerado que esta conferencia no tendría que realizarse.

La ONG ha señalado a los responsables de la industria del carbón como «los principales contribuyentes al cambio climático y a la contaminación del aire» y han exigido a los gobiernos europeos que eliminen las subvenciones al carbón y planifique de forma inmediata su eliminación. «España es el país que más ha aumentado el porcentaje de uso de carbón en 2017 y también es el país europeo que más ha apoyado los combustibles fósiles mediante los pagos por capacidad», añadió Nuño, que reclama al Estado adoptar un objetivo nacional de abandono del carbón, como han hecho otros países de Europa occidental, para que en 2025 ya no se siga utilizando.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El Gobierno de Portugal suspende la subasta anual de pagos por capacidad que perciben las compañías eléctricas EDP y Endesa

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EFE.- El Gobierno portugués decidió suspender este año la retribución por garantía de potencia que abonaba a Energías de Portugal (EDP) y Endesa, un incentivo que pagaba para que las compañías eléctricas estén siempre disponibles para producir. En una orden ministerial, el Ejecutivo socialista anunció que ha aplazado la subasta anual para atribuir estos incentivos prevista para 2018, ante las dudas de Bruselas de que sea compatible con las directrices europeas.

De esta forma, el Gobierno está a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad de este mecanismo «con las disposiciones comunitarias relativas a los auxilios del Estado en el sector de la energía». En el caso de recibir luz verde de la Comisión Europea a lo largo de 2018, se podrían pagar incentivos por los meses que resten del año, según la orden ministerial. El régimen de garantías de potencia busca asegurar el abastecimiento de los consumidores de energía cuando no es posible hacerlo en las condiciones normales de mercado.

Según un informe divulgado en 2016 por la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE), los incentivos pagados a EDP y a Endesa con este régimen supondrían un coste de 665 millones de euros al Estado portugués. Ambas compañías han defendido en varias ocasiones la necesidad de estas ayudas para garantizar la producción de energía en Portugal. El Gobierno luso introdujo en 2017 un nuevo modelo de pagos por capacidad, basado en un esquema competitivo, en el que los generadores licitan en una subasta distintos productos de capacidad firme anualmente.

Endesa ya lo tenía previsto

Endesa considera que el aplazamiento de la subasta de 2018 para asignar incentivos de retribución por garantía de potencia en Portugal tiene muy poco impacto en su caso, según han indicado fuentes de la compañía, que recordaron que la decisión ahora formalizada ya había sido anunciada por el Ejecutivo luso a través de una disposición en los Presupuestos. Al ser conocida la decisión, Endesa no había presupuestado ningún importe de pago por capacidad para 2018.

En 2017 Endesa resultó adjudicataria de un producto de 418 megavatios (MW), cuya disponibilidad debía garantizar entre abril y el 31 de diciembre, cubierto con el ciclo combinado de Pego en Portugal, con una retribución total aproximada de 1,5 millones de euros, ya cobrada en enero de 2018. Después de esa subasta, la Comisión Europea pidió aclaraciones sobre el mecanismo y el Gobierno portugués decidió posponer la correspondiente a 2018 hasta que Bruselas se pronuncie, con lo cual el impacto negativo, de un máximo de 1,5 millones, ya se produjo con la decisión del aplazamiento.

La comisión de expertos propone subir un 28,6% el gasóleo, un 5,8% el gas y bajar un 6,8% la luz

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Europa Press.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que el que contamina, paga. El documento incluye 3 límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, para la electricidad y el gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia «ya que la mayor penetración renovable en nuestro país permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España», explica Sanz, presidente de la comisión de expertos. El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica con carbón, el informe apunta a que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en el año 2030.

Mejor fijar pagos por capacidad

El informe también contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación «que, pudiendo ser redundantes actualmente, podrían necesitarse cuando se recupere la demanda de electricidad«. Esto podría ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años.

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso «para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara» respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y, con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables. Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

«Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala», apunta Sanz. Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. «Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía», explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

El informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético, pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), «siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas», con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes. Por último, la comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.

Los expertos aconsejan acabar con los pagos por capacidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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EFE.- Los tres expertos consultados en la comisión parlamentaria de cambio climático han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad, destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que funcione cuando el sistema lo necesite.

El primer interviniente fue Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la Ley francesa de cambio climático, que establece un objetivo de 0 emisiones en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta. El cumplimiento de esta ley es evaluado por un comité independiente. La norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón, 2022, y un calendario de cierre nuclear, que se establecerá este año.

Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, es decir, a no emitir más de lo que el país pueda absorber por sus mecanismos naturales, y debe desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta. Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable según la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de los combustibles fósiles.

Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), ha subrayado que la futura ley debe ser «el instrumento» que permita «pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables«. «A España le interesan las renovables: si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes», ha incidido Grimalt, quien ha subrayado que con el gas natural, «aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada».