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El PP de Aragón pide un pacto nacional para la transición energética que apueste por mantener el carbón hasta 2030

EFE.- La diputada autonómica popular en las Cortes de Aragón, Dolores Serrat ha planteado una iniciativa para que el Gobierno de Aragón solicite a su homólogo nacional un pacto de Estado por la transición energética que incluya una «descarbonización» más lenta y un Plan Miner que apueste por el carbón hasta 2030.

Con esta iniciativa los populares pretenden que las palabras de «transición justa» expresadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se traduzcan en «hechos reales», ha explicado Serrat.

Este pacto deberá recoger los cambios legislativos necesarios, coordinación y una apuesta por la investigación en nuevas tecnologías para dotar de viabilidad al llamado «carbón limpio».

La diputada del PP, quien ha confiado en mantener la unanimidad entre los grupos parlamentarios aragoneses en la defensa del carbón en la provincia de Teruel, ha indicado que la transición energética es uno de los procesos fundamentales para cumplir los objetivos marcados en la cumbre por el clima de París en 2016, pero no el único.

Además, a su juicio, es un «error» plantear la transición energética como un «proceso de descarbonización» o como una «confrontación» entre el carbón y las renovables, así como actuar con prisas, sin una perspectiva global y sin analizar las consecuencias de todo tipo que se puedan derivar.

Por ello, ha considerado un «error» que el Gobierno de Sánchez haya centrado su política energética en la «descarbonización exprés», que ha generado una situación de «temor e incertidumbre», ha desincentivado a las empresas para tomar medidas para reducir sus emisiones y ha dejado en evidencia las «profundas discrepancias» dentro del PSOE.

«Muy lamentablemente», ha alertado, si el Gobierno no actúa «de inmediato», 7 de las 15 centrales que queman carbón cerrarán, entre ellas la de Andorra, y se pondrán en jaque más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Del mismo modo, Dolores Serrat ha apuntado que el Ejecutivo central no ha tenido en cuenta la dependencia que el sistema tiene todavía del carbón, dado que las renovables todavía no son capaces de suplir toda la demanda en determinados momentos.

Además, ha asegurado que el carbón de Aragón es el más competitivo de España y que, de sustituirlo por el gas, que es más costoso, algunos estudios indican que encarecería hasta un 16% la factura eléctrica.

En su opinión, una transición energética justa y coherente requiere de una estrategia global, que analice consecuencias para los territorios y para la economía y, sobre todo, que recabe consensos.

A este respecto, ha llamado la atención sobre las discrepancias mantenidas desde el Gobierno autonómico, que se han expresado «con voz baja» y «con sordina», de igual forma que los representantes del sector.

No obstante, la diputada ha confiado en que de la reunión prevista para el próximo 11 de septiembre entre la ministra y los representantes sindicales del sector salga una vía más lenta para eliminar el carbón, así como que se materialice la oferta a Ribera para que conozca las cuencas mineras aragonesas.

Acciona aboga por un plan ordenado de cierre de centrales para dar cabida a la nueva potencia de energías renovables

Redacción / Agencias.- Así lo explicitó el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, dentro de las cinco propuestas que presentó para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con su planteamiento coincidieron responsables de compañías energéticas del sector de las renovables como Ence, Saeta Yield y Viesgo, que reclamaron un pacto de Estado que garantice seguridad jurídica a las inversiones y que haya una transición energética planificada, en la que las renovables tendrán que desplazar a otras fuentes de energía.

Rafael Mateo ha explicado que en España hay una capacidad disponible cuatro veces superior a la punta de demanda, que está en unos 40.000 megavatios (MW), por lo que cree que «hay que hacer un plan ordenado de retirada de capacidad». En este sentido ha añadido que en esta transición «hay que atreverse a abandonar parte de los muebles viejos» y habrá que «hacer hueco» a las renovables que se incorporan al sistema eliminando la «energía sucia y subvencionada». Para el consejero delegado de Acciona, en estos momentos está habiendo más «una acumulación que una transición» energética, al tiempo que ha criticado la organización de subastas de renovables en España por su falta de planificación.

Por todo ello, Mateo presentó 5 elementos que debería contener a su juicio la Ley de Transición Energética: en primer lugar ha reclamado objetivos vinculantes y por sectores, no solo para el sector eléctrico. También reivindica poner precio al carbón porque “contaminar no puede salir gratis”, por lo que reclama fijar un precio disuasorio. Asimismo, pide poner fecha al plan ordenado de retirada de capacidad que se plasme en un calendario. Por último, ha pedido aligerar la factura de la luz y que se alcance una legislación armonizada con Europa.

En cuanto a las interconexiones, ha indicado que son inversiones cuantiosas que «hay que optimizar», pues hasta el momento lo que se hace con ellas es importar energía nuclear de Francia a España, que es más barata para el consumidor pero que «deja fuera de juego» mucha potencia instalada en España. Asimismo, destacó que las interconexiones ya habrían alcanzado el objetivo del 10% si se estableciera sobre la capacidad utilizada en puntas de demanda y no sobre la potencia instalada.

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de ENCE Energía y Celulosa, Ignacio Colmenares, ha criticado el «cortoplacismo» en la planificación y ha pedido más inversiones en plantas de biomasa, que podrían reemplazar al carbón en un primer momento y a más largo plazo a la nuclear «sin caer en manos del gas», que ha recordado es «caro» y viene de países inestables políticamente. Colmenares ha expresado sus dudas sobre las últimas subastas de renovables y sobre que haya capacidad para financiar tanta renovable simultáneamente. En este sentido, auguró que en el caso de la biomasa no cree que de lo adjudicado en las últimas subastas vaya a funcionar más del 50% en la fecha fijada, al finalizar 2019.

Ha añadido que las interconexiones «no son una condición necesaria» para el desarrollo de las renovables y ha apostado por otras fórmulas, como el almacenamiento y la gestión de la demanda. Por eso, cree que los recursos no tienen que ir a hacer gasoductos, sino a impulsar el almacenamiento y las redes inteligentes, al tiempo que reclama un pacto de estado a largo plazo sobre la energía en España que aborde el sector del transporte y ponga precio al COS.

Al respecto, el presidente de Saeta Yield, José Luis Martínez Dalmau, considera que lo hecho en España en materia renovable en los últimos años ha sido un «paradigma de cómo no se deben hacer las cosas», especialmente en lo que atañe a las subastas de nueva potencia renovable, y cree que en España se ha jugado con la seguridad jurídica «y eso tiene un coste tremebundo». Por ello, ante el reto “brutal” que supone la descarbonización de la economía, Martínez Dalmau realizó unas peticiones muy concretas a los encargados de diseñar las líneas maestras de la transición energética: “sentido común, planificación, prudencia y seguridad jurídica”.

Finalmente, el director general de Regulación y Relaciones Institucionales de Viesgo, Francisco Rodríguez, también cree que en España hay una «exuberancia de capacidad» mientras desde el Gobierno se está tratando de hacer cambios normativos para dificultar el cierre de centrales, como el anunciado por el Gobierno y que se aprobará próximamente para impedir el cierre de plantas térmicas. Asimismo, Rodríguez ha añadido que las interconexiones «no pueden convertirse en un mantra y apoyarlas sin ningún tipo de control», y ha apostado por un mayor respaldo al desarrollo del almacenamiento, tecnología que considera que hará factible la transición 100% renovable y que se adapta «mucho mejor al perfil de las renovables».

Nadal asegura que las nucleares “son más rentables de lo que dicen algunos” y quiere intervenir el cierre de centrales

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, argumenta que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales», en referencia a las decisiones que deben tomar las compañías eléctricas sobre las plantas térmicas y reactores atómicos. En este sentido,  el ministro asegura que las centrales nucleares son más rentables de lo que están diciendo algunas empresas propietarias, aunque «su obligación es decir que pierden», y ver si así se pueden bajar las tasas nucleares.

Respecto a las quejas de las compañías eléctricas sobre la falta de rentabilidad de su negocio atómico por los altos impuestos que soportan, Álvaro Nadal señaló que, aunque esas empresas dicen que tienen pérdidas, luego reparten dividendos, por lo que descarta bajar la fiscalidad a las nucleares. El ministro ha indicado que él ha pedido las cuentas a esas compañías, pero «nunca me han venido con las cuentas bien hechas», y ha asegurado que los resultados operativos de las centrales son positivos, aunque si las empresas incluyen amortizaciones y costes financieros que, según Nadal, no deben meterse, pueden arrojar pérdidas.

«Todo esto es muy discutible», ha añadido el ministro, que ha señalado, en alusión a Iberdrola, que «hay una empresa que habla de esta manera, pero otras no». Así, explicó que mientras unas han acortado en su balance la vida útil de sus plantas, acortando el valor de la inversión, otras han hecho lo contrario, extendiendo el tiempo de amortización de sus inversiones y necesitando la prolongación de la vida útil para cumplir con lo que está establecido en su balance. Por eso, recrimina que «hay mucha ingeniera contable» y que, aunque «todo el mundo tiene derecho a presionar al Gobierno», ya que les gustaría cobrar mayores precios, «a mí lo que me preocupa es el recibo de la luz».

Respecto a su interés en el precio final de la electricidad, el ministro indicó que «vamos a tener esta tensión. A ellos les gustaría el precio más caro y a mí lo contrario. En otras cosas nos vamos a poner de acuerdo, pero en esto es difícil«. Además, aseguró que el mix energético debe fijarlo la política pública y, «a partir de ahí, que las empresas fijen sus estrategias». «Las decisiones de política energética se toman «por interés general, no por presión de nadie», advirtió.

Además, ha señalado que sería bueno hacer una revisión de los costes de sistemas, incluidas las instalaciones no replicables, aquellas que no se pueden poner en ningún otro sitio, como centrales hidráulicas o nucleares. Explicó que, en este tipo de explotaciones, los propietarios tienen la ventaja de que nadie va a hacer su misma actividad en su emplazamiento, con lo que no tiene que disputarse el beneficio con nadie y es entero para el propietario.

Por eso, ha señalado que el Gobierno alcanzó un pacto con Ciudadanos para hacer un «análisis serio» para saber si las tecnologías no replicables están sobreretribuidas, si se cobra o no mucho por el canon hidráulico o por las tasas nucleares. Resaltó que sería bueno analizar las amortizaciones y los costes históricos de esas instalaciones, algo que a Ciudadanos le ha parecido correcto y ahora está a la espera de si otros grupos quieren participar.

Respeto a la regulación por ley que quiere hacer el Gobierno para poder intervenir en caso de necesidad en el mix energético, la ha justificado en que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales». Ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista ya le ha dicho que no respalda esa posibilidad y que «otros no lo han terminado de decir». Aún así, Nadal afirmó que, a pesar de no contar con ese respaldo en el Parlamento para adoptar medidas que permitan al Gobierno intervenir en el cierre de centrales nucleares y térmicas, se pueden hacer cosas sin rango de Ley, ya que «es bueno ordenar este proceso».

Nadal cree que «la energía no es un bien normal de una economía de mercado», sino un producto de primera necesidad, básico para la competitividad y la seguridad nacional, y es una cuestión estratégica. Por eso, afirma que la energía «no es cuestión de mercado puro» y, aunque es bueno que haya gestión privada porque mejora la eficiencia, la política energética corresponde es al Gobierno. Respecto al precio de la luz, señaló que este 2017 estará en línea con 2015, aunque advirtió que existe un «problema de agua enorme» y que “cada borrasca baja 10 euros el precio del pool.

Por otra parte, Nadal señaló que con la potencia de 3.000 megavatios (MW) de la próxima subasta, España quedará a «apenas unas décimas» de cumplir el objetivo del 20% en renovables previsto para el 2020. El ministro vaticinó también que lo «previsible» es que en esa nueva subasta verde, que se celebrará antes del verano, es que no haya «tanta eólica«, que fue la gran vencedora de la subasta anterior al adjudicarse el 99% de la subasta puesta en juego.

Extremadura reclama un calendario de cierre de las centrales nucleares que también plantee alternativas energéticas y empleo donde se ubican

Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado un calendario de cierre de las centrales nucleares en España que vaya acompañado por una alternativa energética así como por proyectos que generen empleo en las zonas donde están ubicadas. Fernández Vara se ha referido de esta forma a la propuesta planteada por el Gobierno central acerca de dar dos años más a las compañías eléctricas para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Fernández Vara ha señalado que se trata de una decisión que le corresponde al Gobierno central, si bien ha señalado que éste «no es el problema», sino si existe «una planificación hecha del para qué y de alternativas de futuro sobre qué es lo que quiere España en materia energética», y en la que según ha dicho parece que se va «a salto de mata».

Para el presidente de la Junta de Extremadura, el cierre de las centrales es «una cuestión de fechas», pero detrás hay «algo más importante», que es una falta de proyecto, y que éste «no puede ser solo de un gobierno». «Los grandes proyectos que tienen que ver con la energía son proyectos de país, no coyunturales ni momentáneos», ha remarcado. Fernández Vara reiteró en este sentido que el conjunto de fuerzas políticas y sociales del país deberían «sentarse a ver qué» quiere España al respecto.

UGT reclama un pacto de Estado sobre Energía en el que prime el «interés general»

Europa Press.– El vicesecretario general de UGT-Fica, Antonio Deusa, considera «imprescindible» un pacto de Estado para la Energía que permita «reflexionar sobre cómo se produce la energía y cómo se consume», indicó el sindicato. Deusa ha realizado estas consideraciones durante una jornada sobre Exploración y Producción de Hidrocarburos, junto al secretario sectorial de Energía de UGT, Andrés Muñoz, y el secretario sectorial Minero del sindicato, Víctor Fernández.

Competitividad y sostenibilidad como claves

El sindicalista es partidario de que en el pacto participen todos los agentes «directamente implicados», lo que incluye a Administraciones Públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos. En el pacto de Estado, insistió, «habrán de tenerse en cuenta unos principios básicos de competitividad, sostenibilidad, seguridad de suministro e interconexión de redes, principios que UGT ha venido reclamando tradicionalmente, tanto en el ámbito europeo como nacional».

Ciudadanos pide saber si existe un plan para que el 20% de la energía sea renovable en 2020

Europa Press.- Ciudadanos quiere saber si el Gobierno cuenta con un plan para cumplir el objetivo marcado para el año 2020, por el cual un 20% de la energía consumida debería ser renovable, y si la subasta de 3.000 megavatios anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, será suficiente para alcanzar esta cuota.

Estas son algunas de las preguntas registras en el Congreso por la portavoz de Energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que advierte que España «aún está lejos de los objetivos fijados» en algunos aspectos, como en transporte o climatización. En este sentido, señala que aunque las renovables acaparan casi el 50% del sistema eléctrico, dentro de todo el sistema energético este porcentaje se sitúa en el 17,3%, según datos de 2014.

Respecto a la subasta renovable, la segunda tras la celebrada en enero de 2016, Rodríguez quiere saber las razones que llevaron al Gobierno a decantarse por una subasta «tecnológicamente neutra». Este procedimiento, donde las distintas tipologías de generación competirían en igualdad, no solo es «muy complejo», al tratarse de tecnologías «tan distintas», sino que «no es nada común en el ámbito internacional». Contrapone el ejemplo de otras subastas de potencia, llevadas a cabo en Dinamarca, Países Bajos y Alemania en 2016, en las que se fijaban cupos de diferentes energías que los gobiernos consideraban oportunas.

Pide un Pacto de Estado

En este sentido, señala que el esquema aprobado por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea es «muy diferente al elegido por España» y lo achaca a la ausencia de un Pacto de Estado con su «debida planificación del mix energético más adecuado» para el país. El sistema «neutro» requiere una serie de parámetros que, advierte la diputada, «aún no han sido completamente anunciados», por lo que pregunta al Ejecutivo si ha anticipado «las soluciones para la integración de la potencia que resulte de una subasta tecnológicamente neutra».

Otra de las críticas es que la subasta no vaya a tener en cuenta la mayor generación de potencia de algunas tecnologías, como la eólica, ni el efecto que esto pudiera tener sobre una reducción del precio en el mercado. En este sentido, plantea si finalmente se comparará la tecnología que se presente a la subasta por su coste total para el sistema eléctrico o por su coste aparente unitario.

Unesa pide «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética y reducir la fiscalidad asumida

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha pedido «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética e insistió en pedir que la tarifa eléctrica recoja «exclusivamente» los costes del suministro eléctrico. Montes también pidió la eliminación de los impuestos a la generación, que producen «distorsiones», así como de los autonómicos de naturaleza pseudo-ambiental.

Además, el presidente de la patronal eléctrica señaló que también debe ser «muy importante» la contribución que el sector puede aportar a la elaboración de la actual normativa europea. En lo que se refiere al balance de 2016, Montes indicó que el consumo eléctrico creció en torno a un 0,6%, situándose en niveles de 2003 o 2004. No obstante, resaltó el saldo «netamente» importador por primera vez en 13 años.

Por su parte, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Alvaro Mazarrasa, calificó 2016 de un «buen año» para el sector, ya que la recuperación económica se reflejó en el consumo de productos petrolíferos. Así, indicó que las gasolinas repuntaron en 2016 por primera vez «en muchos años». De esta manera, el consumo se incrementó un 1,8% en 2016, con un crecimiento del 7% en los querosenos de aviación.

Mientras, el presidente-director general de Carbunión, Pedro Iglesia, calificó 2016 de un «annus horribilis» para el sector ya que, del carbón consumido en España, solo el 13% fue nacional, con un precio que cayó a mínimos históricos desde 2003. Sin embargo, Iglesia se mostró «moderadamente optimista para 2017» después de que en los últimos meses se registraran subidas del precio de importación del carbón y un repunte en la demanda.

Empresas, ecologistas y consumidores piden un impulso al autoconsumo y una ley de cambio climático

Europa Press.- Varias organizaciones empresariales, de consumidores y ecologistas han suscrito un documento conjunto en el que piden la modificación de la normativa de autoconsumo para adecuarla a las recomendaciones de la UE y la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética, así como un Pacto de Estado de la Energía que garantice la seguridad jurídica.

Entre los firmantes figuran los inversores fotovoltaicos de Anpier, la unión de empresas fotovoltaicas UNEF, los eólicos de Eolicat, Aremur, los ecologistas de Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y WWF, y las asociaciones empresariales Asgeco, Unccue, Uncuma y Facua.

También lo han suscrito la la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), el Clúster de la energía de Extremadura, la Asociación de Profesionales de Energías Renovables en Catalunya (Aperca), Emigrados sin fronteras y Fundación Desarrollo Sostenible, además de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Estas organizaciones piden al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que defina un plan de medidas para llevar a cabo la transición energética y que modifique la actual legislación de autoconsumo para que esté en línea con las legislaciones de otros países y recomendaciones de la Comisión Europea.

También piden la adopción de decisiones concretas para que España pueda cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar la descarbonización completa de la economía en 2050.

«Tanto las medidas de ahorro energético como las inversiones en renovables son decisiones a largo plazo que requieren de un marco jurídico estable para que puedan llevarse a cabo a precios competitivos», y «por ello resulta esencial abordar previamente la restitución de la deteriorada confianza en la normativa eléctrica española, quebrantada por la sucesión de medidas retroactivas que padece el sector desde hace años».

Un marco regulatorio estable y la definición de una planificación ordenada son condiciones necesarias para garantizar una creciente introducción de las energías renovables en el mix energético y reducir la dependencia energética de España, aseguran.

Por esta razón, las organizaciones firmantes instan al Gobierno a que impulse un Pacto de Estado de la Energía que sea fruto del diálogo entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.