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El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

La hora del planeta de WWF llega puntual a Castilla-La Mancha

EFE.- Una veintena de municipios de Castilla-La Mancha se han sumado a la campaña La hora del planeta 2018 de WWF para concienciar a la población sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático y apoyar la biodiversidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ciudad Real, que apagó las luces de la Plaza Mayor y del edificio consistorial este sábado de 20:30 a 21:30 horas.

Según WWF, también se han adherido a la campaña los ayuntamientos de Ajofrín, Illescas y Santa Olalla, en Toledo; Alcázar de San Juan, Puertollano, Daimiel y Valdepeñas, en Ciudad Real; Alovera, Azuqueca de Henares, Cifuentes, Guadalajara, Fontanar, Marchamalo, Sigüenza y Torija, en Guadalajara; y Cuenca y la localidad conquense de Sisante. La hora del planeta de WWF pretende volver a movilizar a más de 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático y en favor de la biodiversidad apagando las luces de sus principales edificios y monumentos.

Esta iniciativa nació hace 11 años en Sidney, como gesto simbólico para llamar la atención sobre el cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después articularía un creciente movimiento mundial por el Planeta. El pasado año participaron miles de ciudades de 187 países del mundo que apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones para, entre todos, «cambiar el cambio climático«.

Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs 2, parada desde que se detectó

EFE.- Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs II, que sigue parada desde el pasado 2 de marzo, día en el que se detectó la fuga, según indicó la operadora ANAV (Asociación Nuclear Ascó Vandellòs). En consecuencia, se realizará la intervención necesaria para reparar la soldadura de la válvula de venteo que originó la pérdida de agua, notificada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El equipo técnico de ANAV ha trabajado en la planificación de las tareas a ejecutar y ha decidido ampliar el programa de trabajo a una intervención en la línea de drenaje de los generadores de vapor y una extensión de la inspección a soldaduras similares. La central había estado registrando durante las últimas semanas y, de acuerdo a los procedimientos establecidos, un pequeño aumento del volumen de agua recogido en los sumideros del interior del edificio de contención. En todo momento, este volumen se ha mantenido en valores unas treinta veces inferiores a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central.

Dentro de estas tareas de seguimiento, el equipo que seguía la incidencia identificó el 2 de marzo, mediante una inspección robotizada, la zona de origen del goteo. Ante la imposibilidad de determinar si la procedencia era o no un componente de la barrera de presión, se decidió iniciar la parada de la planta para acceder y establecer las actuaciones correspondientes. En esta segunda inspección se confirmó la existencia de un goteo de agua en la soldadura de una válvula de venteo, por lo que según lo establecido en las ETF, se determinó llevar a la planta a parada fría y preparar el programa de intervención.

La central se encuentra parada y en condición segura, según ANAV, que también sostiene que el suceso no ha tenido repercusión para las personas o el medio ambiente. En este sentido, Ecologistas en Acción denunció que la central había operado al menos durante dos semanas «de forma peligrosa» y no paró inmediatamente, tal como marcan las ETF, al detectar una fuga de agua «contaminada». Según indicaron, la fuga de agua procede de la barrera de presión del circuito primario, situado dentro del recinto de contención, y acusó al CSN de un «exceso de permisividad» hacia los titulares de las centrales.

Ecologistas en Acción pide impuestos más altos para los vehículos diésel que, pese a producir más emisiones, reciben rebajas fiscales

Europa Press.– Ecologistas en Acción ha reclamado un cambio en la fiscalidad que eleve los impuestos de hidrocarburos, de matriculación y de circulación a los vehículos diésel, causantes de la mayor parte de las emisiones contaminantes debidas al tráfico, que suponen el 60% del parque automovilístico español.

El informe Mejor sin diésel de esta organización denuncia que, a pesar de que los diésel son la «principal fuente de contaminación atmosférica» en las ciudades, aún «gozan» de beneficios fiscales que superan los 2.500 euros en toda su vida útil. La ONG afirma que los vehículos diésel reciben una rebaja fiscal del 23% en el impuesto de hidrocarburos, lo que influye en que en España un 60% de los más de 22 millones de vehículos que circulan sean diésel.

Esta ventaja ha contribuido en gran medida a que durante años los diésel supusieran el 70% de las ventas. Ecologistas en Acción lamenta que a pesar del «descrédito» de estos vehículos tras el escándalo de las emisiones, conocido como Diéselgate; de los anuncios de prohibición de circulación de vehículos más contaminantes en las ciudades; o de la clasificación de la OMS de los humos del diésel como cancerígenos, «todavía en 2017 las ventas de diésel rondaron el 50%» en España.

Por ello, la ONG aboga por cambiar la fiscalidad de los vehículos diésel, revisando los impuestos que pagan. En este sentido, lamentan que el impuesto de circulación grava «sobre la base de criterios obsoletos» y con una «enorme disparidad» entre distintos municipios. El estudio compara la situación de España con la de otros países de la Unión Europea y destaca como los países «menos dieselizados» como Holanda o Finlandia tienen una penalización fiscal en los impuestos de matriculación y de circulación para los vehículos diésel.

En concreto, Ecologistas en Acción propone igualar el impuesto de hidrocarburos de la gasolina y el gasoil; actualizar los límites de CO2 en el impuesto de matriculación, de los que actualmente depende el gravamen, además de una penalización a los vehículos diésel. En tercer lugar, plantea una reformulación del impuesto de circulación con criterios ambientales, con la misma base que el de matriculación (los tipos dependientes de las emisiones de CO2 y una penalización para los diésel). En esa línea, proponen invertir la recaudación extra en infraestructuras de transporte sostenible.

Ecologistas en Acción alegará contra la futura planta de Forestalia en Guardo (Palencia) para generación de electricidad con biomasa agroforestal

EFE.- La asociación Ecologistas en Acción no apoya la construcción de una planta de biomasa en Guardo (Palencia) y presentará alegaciones al proyecto del grupo Forestalia, que prevé construir una planta de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal en esta localidad palentina.

Ecologistas en Acción Palencia ha recordado que «históricamente» se ha opuesto al aprovechamiento eléctrico exclusivo de la biomasa porque «conlleva un derroche energético de la mayor parte del poder calorífico del combustible». Además, asegura que, en el caso de grandes instalaciones como las proyectadas por esta empresa, se añaden otros problemas de emisiones, disponibilidad de recursos y transporte, tal y como han puesto de manifiesto los ecologistas en cada proyecto tramitado en Castilla y León.

Forestalia está a la espera de la autorización ambiental para iniciar la construcción de una planta de generación eléctrica de 49,9 megavatios (MW) alimentada con biomasa agrícola y forestal, en Guardo, que prevé tener finalizada en diciembre de 2019. En concreto, se abastecerá en un 50% de paja de cereal del entorno, con una alta proporción de paja de centeno, cereal que se produce en esta zona palentina y de muy bajo consumo en ganadería, lo que tendría un «impacto positivo» para unos 500 agricultores.

El resto será residuo forestal procedente del norte de Palencia y de Cantabria, con el consiguiente impacto positivo en la gestión de los montes cercanos, ya que se estima que una planta de este tamaño precisa en torno a 280.000 toneladas anuales de biomasa. Además, durante su construcción trabajarán unas 200 personas en un periodo de dos años, más otros 50 puestos de trabajo industriales directos que se generarán cuando entre en funcionamiento, más otros 300 puestos de trabajo inducidos.

La policía desaloja en Francia a un grupo de activistas contrarios a la construcción del futuro almacén nuclear de Bure

EFE.- La policía francesa evacuó por la fuerza a un grupo de activistas contrarios al proyecto de construcción de un cementerio nuclear en Bure (noreste del país), que prevé albergar 80.000 metros cúbicos de residuos de alta actividad. Medio millar de agentes se desplegaron para evacuar a apenas una quincena de militantes que se habían instalado en el lugar del futuro cementerio nuclear, según anunció el ministro del Interior, Gérard Collomb.

Collomb indicó que una persona que había lanzado un cóctel molotov contra las fuerzas del orden había sido detenida. El despliegue policial tuvo lugar en cumplimiento del dictamen del Tribunal de Gran Instancia de Bar le Duc del pasado abril, pero ha sido interpretado en Francia más como un movimiento político que judicial. El Ejecutivo quería evitar que Bure se convirtiera en un nuevo Notre Dame de Landes, localidad del oeste del país donde la oposición ecologista consiguió tumbar el proyecto de construir allí un nuevo aeropuerto internacional para Nantes y su región. Centenares de ecologistas, activistas, asociaciones, agricultores y vecinos protestaban desde hace décadas contra ese plan y el enclave estaba ocupado desde 2009.

En Bure, los militantes se habían instalado en el bosque donde se debían hacer las primeras perforaciones antes del inicio de las obras, cuya autorización se decidirá en 2019 y cuyo coste, según el colectivo Bure Stop, podría elevarse hasta los 35.000 millones de euros. El grupo había instalado barricadas, cabañas y puestos de vigilancia en los árboles. «Este proyecto es científicamente la mejor solución», aseguró el secretario de Estado encargado de las relaciones con el Parlamento, Christophe Castaner, mientras que Bure Stop denunció que el Ejecutivo prefiera «la opacidad y la fuerza al diálogo».

Greenpeace pide en Filipinas a la petrolera angloholandesa Shell rendir cuentas por las catástrofes naturales inducidas por el cambio climático

EFE.- Miembros de Greenpeace accedieron a una refinería de Shell en Filipinas con el objetivo de exigir a ésta y a otras compañías que cooperen con una investigación para estudiar su responsabilidad en desastres inducidos por el cambio climático. Decenas de ecologistas entraron en lanchas desde su buque Rainbow Warrior, que se encuentra en el archipiélago desde la semana pasada, a la planta de Shell de Batangas, donde desplegaron una gran pancarta amarilla con el lema Personas y planeta, no beneficios.

«Shell y otras compañías de combustibles fósiles continúan llenándose los bolsillos a expensas de las personas y el medio ambiente», afirmó Desiree Llanos Dee, activista en el sudeste asiático de Greenpeace.Como resultado «la gente está sufriendo más tifones destructivos, hay menos peces por el calentamiento del mar y menos producción de alimentos por la sequía o las lluvias más intensas», concluyó.Greenpeace entregó una carta a Shell para que asista a las próximas audiencias de la Comisión de Derechos Humanos filipina, que abrió una investigación para estudiar la responsabilidad de empresas de combustibles fósiles sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos.

En la investigación, impulsada por la división local de Greenpeace y más de una docena de demandantes particulares, se pedirá a 47 compañías, entre ellas Repsol, Shell, BP o Chevron, que expliquen su papel en el fenómeno del cambio climático. De cara a la primera audiencia en marzo, Greenpeace aseguró que ha tratado de «involucrar a los grandes contaminadores», pero éstos «continúan ignorando la difícil situación de las personas y sus familias, eligiendo los beneficios por encima de la gente y el planeta». «Es por ello que tomamos el muelle de la refinería de Shell en Batangas», explicó la ONG.

Filipinas es el cuarto país del mundo que más catástrofes naturales ha sufrido en los últimos 20 años, según un estudio publicado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU. Desde 1995 a 2015 el archipiélago se ha visto azotado por 274 desastres naturales que han afectado a unos 130 millones de personas, un 90% de ellos relacionados con el clima, según el informe. En noviembre de 2013 el tifón Haiyan, uno de los más poderosos de Filipinas, causó 6.300 muertos, más de 1.000 desaparecidos y 14 millones de damnificados.

Greenpeace pide al Gobierno el fin de la pobreza energética en España

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama al Gobierno que ponga fin a la pobreza energética en España y, por ello, participó en la movilización contra esta situación que afecta al 11% de las familias españolas. La ONG pide que el Gobierno deje de boicotear los «intentos de que la nueva política energética europea ponga a las personas y el planeta en el epicentro del sistema». Durante la movilización se reclamaron medidas «urgentes y estructurales» para erradicar este problema que afecta a más de 5 millones de personas en España.

«A veces hemos dejado de comer para poder pagar los recibos de la luz», denuncia Víctor, un hombre de 62 años en paro y con una discapacidad del 45% que vive con la renta mínima de inserción de 320 euros y que sufre dificultades para pagar el recibo. En este sentido, Greenpeace denuncia que la pobreza energética es «una de las muchas caras de la pobreza y un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es”.

Críticas al nuevo bono social

En este contexto, considera que el bono social de electricidad puesto en marcha por el Gobierno es «muy insuficiente» para acabar con la pobreza energética, por lo que exige un cambio en el modelo energético para frenar la contaminación y el cambio climático e impedir que los gobiernos «sigan siendo cómplices de la injusticia que representa que las corporaciones eléctricas impongan prácticas contaminantes de generación eléctrica con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven vulnerados». Por ello, Greenpeace participó en la manifestación-pasacalles que exigió la declaración del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

Una asociación denuncia que la avería en la refinería de Repsol en Coruña provocó «picos ilegales» de dióxido de azufre

Europa Press.– La organización ecologista Arco Iris ha denunciado que la avería eléctrica que se produjo en la refinería de Repsol en A Coruña, y que provocó una densa humareda negra, provocó «picos ilegales» de dióxido de azufre. En concreto, asegura que hubo «un aumento severo y prolongado de los niveles de SO2 en todas las estaciones de control atmosférico de las que dispone la red municipal». Al respecto, señala que los valores obtenidos «superan los límites de protección para la vegetación».

Sin embargo, explica que las estaciones dependientes de Repsol (Centro Cívico-A Grela y Pastoriza) y de la Xunta (Riazor y Torre Hércules) «no ofrecen, curiosamente, datos del intervalo en cuanto a cifras de contaminación». La organización denuncia «esta intolerable situación, que trasgrede y viola todas las directivas europeas en materia de acceso a la información ambiental y deja a los ciudadanos a merced de unas empresas cuya carga contaminante está afectando de forma continuada a la ciudad«. Por todo ello, Arco Iris insta a que estas estaciones se integren “de forma inmediata” en la red de Meteogalicia en tiempo real.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.