Europa Press.- Ecologistas en Acción considera que sería una «acción insensata» reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que es una «antigualla» y cuya solicitud para renovar su licencia de explotación hasta 2031 ha comenzado a estudiar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos consejeros han recibido «todos» los documentos técnicos elaborados durante 30.000 horas por 16 áreas del organismo regulador para que decidan sobre la renovación de la licencia de operación solicitada por Nuclenor, su titular, en 2014.

En total, el material que tendrán que estudiar se compone por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de 7 meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013. El informe del CSN es preceptivo, vinculante en caso de ser desfavorable, y en caso de ser favorable correspondería decidir al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Fuentes del CSN estiman que el estudio y análisis de la documentación se prolongará algunas semanas.

Además, añade que los miembros del pleno han recibido información «detallada» sobre el proceso de evaluación que se ha realizado en el marco del expediente de renovación de la autorización de explotación, así como del estado actual de la central. En concreto, esto incluye las evaluaciones realizadas para la prórroga de la autorización de protección física y la correspondiente revisión del Plan de Protección Física; la autorización de modificación de diseño correspondiente al funcionamiento de un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la aprobación de las propuestas de revisión, de los documentos oficiales de la licencia, el Estudio de Seguridad (ES) y las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central.

También incluye las evaluaciones relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos; los programas de implantación de los requisitos de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el CSN. Estos requisitos no se incluyeron en la instrucción técnica complementaria (ITC) que se emitió para la adaptación de la central a su actual situación de cese de explotación. El 30 de julio de 2014, pocos meses después de la solicitud presentada por Nuclenor para que la central nuclear vuelva a operar hasta 2031, 17 años más, el pleno del CSN acordó emitir una ITC complementaria, la documentación y los requisitos adicionales respecto a la solicitud de renovar Garoña hasta los 60 años de edad.

«Acción insensata» reabrir esa «antigualla»

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, señaló que «previsiblemente» el organismo regulador emitirá un informe «favorable» sobre la reapertura de la central, algo que para la ONG muestra la «falta de rigor» en el CSN que, en su opinión, «nunca debió aceptar» una solicitud de reapertura por 17 años, hasta que la planta llegue a los 60 años de edad. Además, indicó que se calcula que el periodo antes de que tomen una decisión puede pasar «ampliamente de un mes o incluso más del doble».

Garoña comenzó a funcionar en 1971 y dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, cuando descargó su combustible por motivos económicos. Para Ecologistas en Acción, la central tiene un «largo historial de incidentes graves para la seguridad», entre los que ha destacado la corrosión de elementos clave del circuito primario, como el barrilete o las penetraciones de las barras de control. Asimismo, advierte de las «condiciones de seguridad deplorables» que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la «falta de rigor» del CSN han convertido la continuidad de la central en una «cuestión política», más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

La ONG denuncia que para «facilitar» la cuestión, primero el CSN abrió un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y que después modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) «a la medida de Garoña». Por otro lado, Ecologistas calcula que para poner a punto la central se necesitarán inversiones que pueden pasar de 150 millones, sin que supongan garantizar la seguridad y recuerda que el presidente de Iberdrola manifestó su «nulo interés» en reabrirla. «El Gobierno del PP y el CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados», advierte.

Permiso hasta los 60 años

Castejón da por hecho que el informe del CSN sobre la renovación de la licencia de operación de Garoña será favorable pero con numerosas condiciones y esto sentará «dos graves precedentes válidos» para el resto del parque nuclear español. Se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España y supondrá una autorización para operar hasta los 60 años y considera que el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

«El riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo«, ha sentenciado. En este contexto, ha apuntado también a la falta de transparencia del organismo regulador tanto en este expediente como en otras cuestiones, como por ejemplo en la decisión del ATC. «Tendremos que pedirlos a través del portal de la Transparencia», señaló Castejón.