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Los demandantes de Castor recurren al Tribunal Constitucional el archivo de la querella presentada contra el almacén de gas

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Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, han anunciado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» tras la ratificación del archivo de su querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

El colectivo hace alusión a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional, que desestimó y confirmó el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, presentada por este grupo ciudadano el pasado febrero. El colectivo cargaba contra los exministros de Industria, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

En el recurso de amparo presentado ahora ante el Tribunal Constitucional, el grupo ciudadano afirma que «en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga». Asimismo, denuncia la «existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción la proyectista ha ingresado altísimas cantidades (sobrecostes añadidos) y todo ello asumido por la ciudadanía en la factura del gas por un valor de 1.350.730.000 euros más intereses».

Además, lamentan que «el marco jurídico internacional de la lucha contra la gran corrupción» quede «huérfano de tutela en el presente caso» y hacen alusión a la «corrupción medioambiental» generada al respecto, pues los «bienes jurídicos afectados no son únicamente de naturaleza económica y por lo tanto la tutela judicial efectiva deviene más necesaria y su acceso debería entenderse como menos exigente». «Es notorio y conocido que el proyecto Castor ha sido la causa de importantes movimientos sísmicos en la zona de Tarragona y Castellón. Sin embargo, y más allá del resultado concreto del procedimiento, nadie puede negar a estas alturas que ha existido afectación medioambiental a raíz del fallido proyecto Castor», prosigue el recurso.

«Por lo tanto, la investigación que se pretende por parte de los recurrentes es una acción popular que busca perseguir y castigar la corrupción en un caso en el que además de haber provocado un grave perjuicio económico al conjunto de la ciudadanía, también ha generado un grave resultado en cuanto a la afectación medioambiental», añade. Además, advierte de que la falta de investigación sea «generadora de impunidad» y concluye que «anticipar que no puede realizarse reproche penal alguno a los hechos denunciados sin tan siquiera practicar diligencia de investigación alguna, como hace la resolución recurrida a pesar de los indicios y argumentos alegados, significa omitir totalmente la actividad propia de los tribunales ante un caso grave como el presente».

Los demandantes de Castor apelarán al Tribunal Constitucional tras confirmar la Audiencia Nacional el archivo de la causa

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Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Nacional haya desestimado y confirme el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir.

La Audiencia Nacional confirmó el archivo de la querella que estos promotores presentaron el 27 de febrero. El fallo desestima el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que desestimó y archivó una querella por la indemnización fijada tras el cese de actividad de Castor porque consideraba que existía «concierto criminal». El colectivo cargaba contra los exministros de Industria Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

El fallo de la Audiencia considera que los hechos que acaecieron no son constitutivos de infracción penal y concluye que «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización». Para la Sala Tercera «no cabe cuestionar» la corrección de errores a un Real Decreto, porque esto es una decisión administrativa firme y apunta que «no existen indicios» de sobrecoste. Los magistrados excluyen el «concierto criminal» en los hechos de objeto de análisis porque la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

Sin embargo, el colectivo ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y critica que la Audiencia Nacional haya resuelto «en pocas páginas» un tema de «máxima complejidad» y que no valora «ninguno» de los indicios de criminalidad: «ni las puertas giratorias, ni los sobrecostes, ni la forma del concurso, ni siquiera la modificación de los límites marítimos de una comunidad autónoma». Asimismo, lamenta que otorgue validez judicial a informes contables y auditorías de Deloitte, Det Noske Veritas y PwC que avalan las operaciones y costes, «como si en términos de corrupción estos documentos tuviesen el valor de una investigación criminal».

Px1NME explota la calculadora y cifra en hasta 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico desde 1998

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Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cifran entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico entre el inicio de la liberalización en 1998 y 2013. Estas cifras aparecen recogidas en un estudio realizado por Pablo Cotarelo, investigador en ODG, y presentado por la coordinadora estatal de PX1NME, Cote Romero, que explicó que actualizando el valor del dinero se llegaría a 103.899 millones.

Cotarelo explicó que a través de la tarifa eléctrica se han realizado pagos que, a su juicio, «van contra los intereses de la población«. En concreto, en el apartado del componente regulado, Cotarelo indicó que debido a la «opacidad y falta de racionalidad» en el pago de déficit de tarifa, los «pagos ilegítimos» ascenderían a 13.169 millones, así como en los pagos relacionados con el carbón (2.799 millones), los costes de transición a la competencia (9.479 millones) y la nuclear (6.100 millones). Respecto a otros pagos, el mayor montante se deriva de los pagos por capacidad y garantía de potencia (15.607 millones), seguido del alquiler de contadores (3.943 millones), la interrumpibilidad (2.804 millones) y el impuesto de electricidad (1.965 millones).

De igual forma, Cotarelo se refirió a los beneficios generados por un «comportamiento totalmente irregular en el mercado diario«, que en el estudio se recoge mediante una comparativa entre los ingresos reales obtenidos por instalaciones antiguas frente a lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente el marco normativo anterior. Así, los ingresos recibidos por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas son más de 70.762 millones, mientras que con el marco anterior 48.573 millones, por lo que los beneficios «extraordinarios» conseguidos por este tipo de instalaciones ascienden a 22.190 millones. En cuanto a la subasta Cesur, el sistema anterior que determinaba los precios de la luz, los «pagos ilegítimos» habrían alcanzado los 1.605 millones.

De igual forma, las grandes eléctricas españolas representadas por la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) habrían percibido «más de 65.000 millones en pagos ilegítimos». En este sentido, Cotarelo indicó que estas empresas «no serían sostenibles económicamente sin estas ayudas» reconocidas por el Estado y realizada por los usuarios finales. De igual forma, desde PX1NME señalaron que «no se comprende» que con un sistema actual que presenta sobrecapacidad de generación los consumidores abonen pagos por capacidad, y pagos por interrumpibilidad.

«El sistema eléctrico encubre una transferencia de renta de los consumidores a las grandes eléctricas», apuntó Cote Romero, quien advirtió de que por este motivo el recibo de la luz es «muy complejo». Romero criticó también que se subvencione al carbón y en cambio se pongan «todas las trabas del mundo» a las energías renovables, al tiempo que reprobó la deuda millonaria contraída con las eléctricas cuando tienen «beneficios milmillonarios».

El estudio incide también en la «deuda ecológica», y propone como solución para la «opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos» comenzar por la realización de una auditoría con la «ineludible» participación ciudadana. Además, desde PX1NME y el ODG pide la cancelación de las normas que han permitido y generan estos «pagos ilegítimos», sustituir el mercado eléctrico actual por un sistema de fijación de precios basado en la «racionalidad» y un plan de recuperación y devolución de estos pagos. Al acto de presentación acudieron representantes de asociaciones de consumidores como Facua, que exigirá a los partidos políticos para que se comprometan en sus programas a efectuar una auditoría del sistema.