Los demandantes de Castor apelarán al Tribunal Constitucional tras confirmar la Audiencia Nacional el archivo de la causa

Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Nacional haya desestimado y confirme el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir.

La Audiencia Nacional confirmó el archivo de la querella que estos promotores presentaron el 27 de febrero. El fallo desestima el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que desestimó y archivó una querella por la indemnización fijada tras el cese de actividad de Castor porque consideraba que existía «concierto criminal». El colectivo cargaba contra los exministros de Industria Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

El fallo de la Audiencia considera que los hechos que acaecieron no son constitutivos de infracción penal y concluye que «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización». Para la Sala Tercera «no cabe cuestionar» la corrección de errores a un Real Decreto, porque esto es una decisión administrativa firme y apunta que «no existen indicios» de sobrecoste. Los magistrados excluyen el «concierto criminal» en los hechos de objeto de análisis porque la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

Sin embargo, el colectivo ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y critica que la Audiencia Nacional haya resuelto «en pocas páginas» un tema de «máxima complejidad» y que no valora «ninguno» de los indicios de criminalidad: «ni las puertas giratorias, ni los sobrecostes, ni la forma del concurso, ni siquiera la modificación de los límites marítimos de una comunidad autónoma». Asimismo, lamenta que otorgue validez judicial a informes contables y auditorías de Deloitte, Det Noske Veritas y PwC que avalan las operaciones y costes, «como si en términos de corrupción estos documentos tuviesen el valor de una investigación criminal».