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Greenpeace cree que el fondo de gestión de residuos radiactivos es insuficiente y sólo financiará un 30% del coste

Redacción / Agencias.- Greenpeace advierte de que la dotación del fondo destinado a la gestión de residuos radiactivos y futuros desmantelamientos de centrales nucleares resulta «insuficiente» puesto que «sólo alcanza para financiar el 30% del coste». Según esta organización, las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales son públicas y se llevan a cabo con dinero ya recaudado pero señalan que la cifra actual es de 4.200 millones de euros «frente a los 22.200 millones de euros requeridos, según cálculos del Tribunal de Cuentas».

A esos 4.200 millones de euros, “un 19% del gasto total”, se añade que si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATIs se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, “lo que significa un 2% y un 5% por ciento, respectivamente, de la inversión total”. Por tanto, “a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil, las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30% del total que se va a requerir”, según ha denunciado la organización.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha calificado el fondo como «infradotado» ya que con él «no podría afrontarse una situación crítica» y denunció a las compañías eléctricas por la existencia de este «enorme agujero que estas empresas no han pagado». En este sentido, el grupo ecologista insta al Gobierno a que «no se conceda la licencia de explotación a los reactores nucleares operativos» a medida que vayan finalizando las concesiones, entre 2021 y 2024.

Para Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, el plan vigente de residuos radiactivos es «obsoleto» a pesar de la actualización agregada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2015. Por ello propone elaborar un nuevo plan que gestione los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor. También plantea revitalizar las comarcas que, hasta ahora, eran dependientes de las nucleares por su emplazamiento. Montón ha explicado que existen unos 20 años «de colchón» en la que el propio desmantelamiento de la central y la colocación de renovables supone trabajo para el entorno. Sin embargo, advierte de que «si no se revitalizan las comarcas, tras los 20 años habrá un gran bajón».

Tasas “insuficientes” para las eléctricas

Montón reconoce que «las eléctricas sí están pagando las tasas, pero éstas son insuficientes» y por ello ha instado a modificar el modelo de recaudación por otro «más apropiado» ya que «mientras el fondo disponible no alcanza, las empresas propietarias de las centrales ingresaron por la producción nuclear 30.837 millones de euros entre 2005 y 2015. «Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios», ha insistido la responsable de nucleares de Greenpeace. A su juicio, «aún hay tiempo de hacer las cosas bien».

Por ello, desde Greenpeace consideran «imprescindible» el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, parta de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes. Además, señalan que para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.

Sobre esta situación, Greenpeace denuncia que las empresas dueñas de las centrales no tienen preparado esa cuantía necesaria para tener cubierto el cierre, a pesar de que sus beneficios son de 72.000 millones de euros. «Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente», denuncian desde la organización. En este sentido, critican la falta de control sobre este tema de los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años.

Impacto económico del desmantelamiento nuclear

Greenpeace insistió en que el cierre gradual de las centrales nucleares tendría «un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad«, además de suponer un «importante incentivo» para la economía española y la creación de empleo. Respecto al impacto económico ligado al cierre de las centrales nucleares españolas, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros según el estudio El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, realizado por la organización.

Según su informe, las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes «supondrían la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable». Montón precisó que los dos sectores más beneficiados serían el comercio y la hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones. La ONG ha organizado cinco carreras populares simultáneas en las poblaciones cercanas a las centrales nucleares este domingo, con objeto de recoger apoyo ciudadano contra la industria nuclear.

La estatal EDF anuncia el parón de 5 de sus reactores nucleares en Francia para realizar controles de seguridad complementarios

EFE.- La eléctrica estatal francesa EDF procederá al cierre temporal de 5 de sus reactores nucleares hasta mediados de enero de 2017 debido a los controles de seguridad complementarios a los que sus generadores deben someterse. EDF, que ya tiene 21 de sus 58 reactores con su operación suspendida, también pidió al Gobierno «todas las medidas necesarias» que eviten los «efectos especulativos» en el mercado mayorista.

La Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN) solicitó el cierre temporal de 5 reactores para realizar controles de resistencia de sus generadores durante 3 meses debido a una alta concentración de carbono. Uno de los cinco reactores inspeccionados por la ASN se trata de uno de los más antiguos en servicio en Francia, el de Fessenheim 1, en Alsacia, junto a la frontera alemana. Los otros cuatro son el de Tricastin 4; el de Gravelines 4; el de Civaux 1; y el de Tricastin 2. Los controles se efectuarán desde este momento hasta mediados del próximo mes de enero.

A pesar de estos cierres temporales, EDF aseguró que los objetivos de producción de la energía nuclear para 2016 están «confirmados» (380-390 TWh), así como los de 2017 (390-400 TWh). EDF gestiona los 58 reactores en Francia que producen más del 75% de la electricidad del país. 21 están sin actividad temporalmente por diferentes razones: 10 por mantenimiento, 4 por incidentes y 7 por verificaciones.

El CSN responde ante el Congreso que los técnicos críticos con su labor ofrecen una «imagen distorsionada» del regulador nuclear

Europa Press / EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, leyó una carta aprobada por los 5 miembros del pleno del organismo regulador en respuesta a la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN (ATSECSN), que denunció previamente ante los partidos políticos el «grave deterioro» de la función reguladora del CSN por las «actuaciones de sus actuales gestores». En su respuesta, el pleno del Consejo advierte de que ASTECSN ofrecen una «imagen distorsionada» del regulador.

Ante la Comisión de Industria del Congreso, Marti ha leído la carta después de que la mayoría de grupos de la oposición se hayan referido a las críticas de ASTECSN y denunciaran la opacidad, politización y falta de independencia del CSN. Respecto a ASTECSN, señaló que desconoce el número de profesionales que pertenece a la misma y aseguró que no representan a los funcionarios del Consejo. El presidente del CSN se quejó además de que las afirmaciones de los técnicos fueron remitidas directamente al Congreso y no al organismo regulador y aireadas a la opinión pública. En este sentido, recalcó que, pese a ello, el Consejo se ha mantenido callado durante seis meses en aras del «prestigio» de la institución.

El acuerdo del pleno asegura que es partidario de potenciar la crítica y la actitud «cuestionadora», pero manifiesta su «honda preocupación por el contenido de una carta que puede minar de manera grave la confianza de los ciudadanos y la sociedad en el organismo regulador». «Afortunadamente, la realidad interna y las estructuras de funcionamiento del organismo, que este pleno es responsable de gestionar, en nada se asemejan a la situación de caos y alarma que se pretende dibujar. Somos conscientes, no obstante, de que puede haber, y de hecho hay, discrepancias con decisiones del pleno en cuanto a la gestión del organismo y que intentamos resolver o explicar internamente a través de los instrumentos de nuestra organización», añade el texto.

El escrito responde una a una las críticas de los técnicos y, entre ellas, la relacionada con los cambios en la escala INES, que mide la gravedad de los sucesos notificados por las centrales nucleares. El CSN asegura que este cambio no supone «ningún detrimento en la seguridad de las centrales y se hizo a través de un procedimiento reglado que incluye, como siempre, una fase de comentarios internos«. Además, advierte de que las supuestas «presiones, amenazas o cazas de brujas» son incompatibles con los procedimientos con los que el organismo toma sus decisiones técnicas. También rechaza «tajantemente» la «insinuación» de deterioro de la «función reguladora» y rechaza la «comparación injustificada» con el regulador japonés en el accidente de Fukushima.

Por otro lado, Marti se ha referido a los requerimientos de varios diputados en relación a la posibilidad de aumentar la vida útil de las centrales hasta los 60 años y aseguró que ni sabe nada en relación a este asunto que no tiene que ver con las funciones del organismo. El presidente del CSN insistió en que este organismo «sólo tiene responsabilidad en la seguridad y protección radiológica» y no entra en dictar «la política energética» del país, ni sus decisiones en torno a la misma, como el caso de una posible reapertura de la central de Garoña (Burgos).

Sobre esta central ha sentenciado que el CSN «no puede dejar de hacer informes sobre Garoña si el Ministerio de Industria los pide«, si bien esto no indica que este órgano esté a favor o en contra de un reinicio de su actividad, que cesó en diciembre de 2012. La central burgalesa ha contado en los últimos años con «supervisión y seguimiento especifico, adaptado a su situación actual», ha añadido.

Al comenzar la sesión, Marti pidió «sinceras disculpas» por las «especiales circunstancias» que hicieron que no pudiera sustanciarse su comparecencia en la pasada legislatura. También destacó que durante 2014 y 2015 «todas las centrales nucleares funcionaron de forma segura en España», aunque explicó que en el tercer y cuarto cuatrimestre del 2015 se prestó especial seguimiento a la unidad 2 de Almaraz, para la que propuso a Industria la apertura de un expediente sancionador por una cuestión relacionada con los dispositivos de seguridad ante incendios. «La calidad ambiental de las centrales nucleares se mantuvo sin riesgo para las personas», indicó.

El presidente del CSN enumeró la existencia de 7 expedientes sancionadores en 2014, 7 en 2015 y 5 en lo que va de año. Marti también ha negado la falta de transparencia en la gestión del CSN denunciada y ha advertido de que su intención sería «desacreditar» al organismo regulador. No obstante, también ha pedido disculpas a los diputados por no haber presentado el plan de comunicación para mejorar la información pública sobre la actividad del CSN prometido en el Parlamento para hace un año, y sobre el que ha dicho que «estará en breve».

Greenpeace exige cesar a Marti

Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN para que el regulador pueda recuperar la «independencia y la transparencia». La ONG destacó que todos los diputados salvo los del PP han denunciado la «opacidad y falta de independencia» del organismo «a causa de su presidente». Por ello, Greeenpeace considera «imprescindible» el cese de Marti para empezar a recuperar la confianza en el organismo que debe garantizar la seguridad nuclear, así como la redistribución de los miembros del pleno del CSN para que esté mejor representado el actual arco parlamentario.

Para la ONG, Marti no ha respondido «con claridad» las preguntas que se le han formulado. En su comparecencia, Marti reiteró que continuará con la renovación de la central de Garoña, a pesar de la petición casi unánime del Congreso. El CSN se debe, según Marti, al Gobierno en funciones que le ha encomendado la evaluación de la central y, aunque esta sea en contra de la opinión del Parlamento, él continuará con el proceso.

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

La evaluación de reapertura de Garoña por el CSN está pendiente del envío de información y de modificaciones por Nuclenor

Redacción / Agencias.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, explicó que el proceso de evaluación de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) está pendiente del envío de información por parte del titular, Nuclenor, y de la puesta en marcha en la instalación de algunas modificaciones requeridas, por lo que «estamos a la espera de que Nuclenor cumpla las condiciones» para la reapertura de la central, que cesó su actividad a finales del año 2012.

Así lo explicó Marti durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, especificando que la central, perteneciente a Iberdrola y Endesa, tiene que aplicar los requisitos derivados de Fukushima y presentar unas modificaciones de diseño que deben estar implantadas antes de la carga de combustible para poner en marcha la central (estos incluyen el sistema de venteo filtrado de la contención, los recombinadores pasivos autocatalíticos y el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Estas modificaciones «habrían de ser apreciadas favorablemente por el CSN antes de su entrada en servicio». El presidente del CSN ha asegurado desconocer el coste de las mejoras que ha exigido a Nuclenor para reabrir Garoña.

Por otro lado, recordó que estos requisitos tendrían que haberse cumplido en septiembre de 2015, por lo que afirmó que «el calendario ha sido rebasado». Preguntado por la posibilidad de aparcar la posible reapertura de Garoña ante el retraso de su titular Nuclenor, aseguró que «el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña». «No tenemos capacidad jurídica para parar esos expedientes, de unos señores que son regulados y que están pagando sus tasas», prosiguió Martí, quien advirtió de que «si lo hiciésemos, prevaricaríamos».

Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, «ensayan» con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años. «La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor», remarcó la diputada socialista Pilar Lucio, quien aseguró que «el Parlamento debe ser informado de estas intenciones».

«Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central», insistió el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien exigió al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña «hasta que no haya nuevo Gobierno». La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también acusó a Martí de «seguir dando curso» a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central nuclear de la mayoría parlamentaria.

Sobre el ATC, Marti indicó que el pleno del CSN remitió en julio de 2015 al Ministerio de Industria el informe favorable a la solicitud de autorización previa o de emplazamiento, estableciendo en dicho informe los límites y condiciones referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. En este sentido, en 2016, el CSN ha trabajado en la solicitud de autorización de construcción, concretamente en la evaluación del Estudio Preliminar de Seguridad que ha generado una petición de información adicional. Igualmente, ha recalcado que hubo dos inspecciones centradas en garantía de calidad, en el diseño de la instalación y en las actividades de caracterización geológica y geotécnica en campo.

Un político antinuclear gobernará la región japonesa con la mayor central nuclear del mundo y se opondrá a su reactivación

EFE.- El político antinuclear Ryuichi Yoneyama se impuso en los comicios para ser gobernador de la prefectura japonesa de Niigata, que acoge la mayor central nuclear del mundo, en lo que puede suponer un revés para la política atómica del Gobierno central. Yoneyama, independiente que ha contado con el apoyo del Partido Comunista y otros dos pequeños grupos, se impuso con el 53,2% de los votos a su rival en las urnas, Tamio Mori, según indicó la comisión electoral de Niigata.

Desde el arranque de campaña, Yoneyama mostró su clara oposición a que vuelva a operar la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa amparándose en el accidente ocurrido en la de Fukushima en 2011, mientras que Mori nunca dejó clara su postura al respecto. «Déjenme decir que bajo las actuales circunstancias no puedo aceptar la reactivación, ya que entonces no puedo proteger las vidas de la gente tal y como prometí», aseveró el político tras conocer el resultado.

Muchos miembros del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD) expresaron su preocupación ante la posibilidad de que una victoria de Yoneyama bloquee en el futuro el reinicio de Kashiwazaki-Kariwa, que con sus 7 reactores y su capacidad para generar hasta 8,2 millones de vatios de electricidad es la mayor del mundo. Para impulsar la economía de Japón, país energéticamente muy dependiente del exterior, el Gobierno apuesta por la reapertura en el país de las centrales nucleares bajo nuevos y más estrictos requisitos en materia de seguridad.

Además de por su gran capacidad y envergadura, la central carga también con el estigma de ser propiedad de Tokyo Electric Power (TEPCO), la empresa que está detrás del desastre nuclear de Fukushima, y de haber sufrido pequeñas fugas radiactivas a causa de un terremoto de 6,6 grados en la escala Richter que golpeó Niigata en 2007. Para revitalizar sus maltrechas cuentas, TEPCO tiene depositadas enormes esperanzas en la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, la única que le queda en condiciones operativas, y solicitó permiso a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA).

La apuesta por las energías renovables empieza a salir cara a los consumidores alemanes al dispararse un 8% la subvención

EFE.– El abandono de la energía nuclear y el auge de la electricidad procedente de fuentes renovables le sale caro a los consumidores y empresas en Alemania, que son los que financian mayoritariamente el uso de energías limpias. La subvención para fomentar la electricidad de fuentes renovables en Alemania subirá en 2017 algo más de un 8%, hasta 6,88 céntimos por kilovatio hora (6,35 céntimos actuales), según indicaron los cuatro operadores de las redes de transmisión: 50Hertz, Amprion, Tennet y TransnetBW.

Se trata de un aumento en la subvención que se paga con la factura de la electricidad y con la que se financia en gran parte el cambio de modelo energético. Para un hogar medio con un consumo anual de 3.500 kilovatios hora, los costes de la subvención a las renovables pueden incrementarse en unos 22 euros, hasta 286 euros anuales, incluido el IVA. Esta contribución, que se introdujo en 2000, financia el crecimiento del uso de las energías renovables y desde su introducción ha aumentado anualmente, excepto en 2015 que se produjo una caída.

El presidente de la Asociación Federal de Industrias Alemanas (BDI por sus siglas alemanas), Ulrich Grillo, calificó la subida de los costes para fomentar la generación de electricidad de fuentes renovables de señal de alarma porque este año «crecen casi cuatro veces y media más que la economía». Asimismo Grillo hizo hincapié en que los costes de la energía se van a convertir en un problema importante para las empresas en Alemania. Desde hace tiempo muchas empresas en Alemania se quejan de que los costes de la energía son demasiado altos en comparación con los que pagan las empresas en otros países como Estados Unidos.

Piden reformar retribución a renovables

Las asociaciones de consumidores y las asociaciones mercantiles de Alemania (VZBV y HDE) piden que se alivie las cargas a los hogares y las empresas en la financiación de la electricidad de fuentes renovables. Consideran que esta contribución a las renovables, que cuesta a los hogares y a las empresas anualmente más de 10.000 millones de euros, debería reformarse. El presidente de la Federación de asociaciones de consumidores, Klaus Müller, considera que los minoristas y los hogares pagan «una parte desproporcionadamente elevada de los costes del cambio de modelo energético» porque cargan con casi la mitad de la contribución pero sólo son responsables de un tercio del consumo de electricidad.

Esta contribución (EEG-Umlage) es la diferencia entre el precio que las compañías generadoras de electricidad reciben por su electricidad y los precios garantizados de la electricidad de fuentes renovables: eólica, solar, hidráulica y de biomasa. Las cuatro compañías operadoras de las redes de transmisión compran la electricidad de fuentes renovables a las generadoras y la venden a precio de mercado. Por ello, cuánto más bajo sea el precio mayorista de la electricidad, más elevada es la subvención, como este año que cayeron mucho los precios mayoristas de la electricidad. La ley de energías renovables (EEG), que entró en vigor en el año 2000, garantiza a los productores la compra de electricidad de fuentes renovables a precios fijos durante 20 años.

Los costes del cambio del modelo energético en Alemania se han cuantificado en 520.000 millones de euros entre los años 2000 y 2025, según cifras de algunos expertos, que han sido criticadas por el sector de renovables. Entre los años 2000 y 2016, se pagaron unos 150.000 millones de euros, quedando otros 370.000 millones de euros hasta el 2025. El sector de renovables se defiende y dice que en los cálculos no se incluyen las ganancias y que se equipara las inversiones en los costes.

El diario Handelsblatt recordaba recientemente que Jürgen Trittin, que fue ministro de Medioambiente entre 1998 y 2005 en un gobierno de coalición rojiverde, prometió que los costes de promoción de las renovables costarían a un hogar medio mensualmente lo mismo que una bola de helado. Lo cierto es que algunos expertos calculan que un hogar de cuatro personas pagará hasta el año 2025 más de 25.000 euros por el cambio de modelo energético y el abandono de la energía nuclear.

Las carencias energéticas de Filipinas podrían rescatar una central nuclear de 1984 que no llegó a ponerse en marcha nunca

EFE.- La central nuclear de Bataan, la única de Filipinas, lleva más de 30 años en el olvido pero la falta de fuentes de energía ha llevado al Gobierno a plantearse su puesta en marcha. La planta, que se terminó de construir en 1984, fue uno de los numerosos proyectos del exdictador Ferdinand Marcos y se vio envuelto en polémica por la enorme inversión que representó, que se elevó hasta los 2.300 millones de dólares, más de cuatro veces lo presupuestado.

Pese al gran coste que supuso para los filipinos, que acabaron de pagar la cuenta en abril de 2007, la central situada a unos 80 kilómetros de Manila nunca llegó a ponerse en marcha porque Marcos fue depuesto en 1986, sólo dos años después de ser completada. A la caída de Marcos se sumó poco después el accidente nuclear de Chernobyl. Corazón Aquino, elevada a la presidencia por la revuelta popular pacífica que expulsó al dictador al exilio, no se decidió a ponerla en marcha.

Después de 32 años de inactividad, Filipinas se plantea recuperarla, aunque la puesta a punto tardaría cuatro o cinco años y costaría otros 1.000 millones de dólares, según estudios gubernamentales. «Deberíamos aprovechar unas instalaciones que ya están ahí y en las que se ha invertido mucho dinero. Y la energía nuclear es la más segura», señaló recientemente el excongresista filipino Mark Cojuangco, uno de los principales impulsores del proyecto. El Estado filipino invierte un millón de dólares anuales para mantener la estructura de la planta.

Pese a los impulsores de la iniciativa, algunos legisladores no están convencidos de la seguridad de la planta, que se construyó a menos de 30 kilómetros del volcán Pinatubo, que provocó en 1991 la segunda erupción volcánica más potente del siglo XX. La construcción también está cerca de una falla que refuerza el argumento de los que temen un terremoto o un accidente similar al ocurrido en Fukushima por un tsunami desencadenado por un seísmo.

Corazón Baluyot, encargada del impacto medioambiental de Bataan, resta importancia a estos temores y apunta que «esta planta está diseñada para aguantar terremotos de hasta 8 grados». La filipina señala además que Fukushima quedó severamente dañada por una ola de 15 metros «y Bataan está a 19 metros sobre el nivel del mar». «Quizá no tenga tecnología punta, porque obviamente se construyó hace más de 30 años, pero es una de las centrales nucleares más seguras del mundo», mantiene Baluyot.

Las principales fuentes de energía de Filipinas son plantas alimentadas con diésel y carbón que apenas cubren la demanda de una población de 100 millones de personas. Pese a ello, la senadora filipina Nancy Binay visitó recientemente la planta para poder tomar una decisión informada sobre el asunto. «Es pronto para decidir si se va a abrir o no. Hay que debatir previamente si Filipinas quiere correr el riesgo de utilizar energía nuclear», declaró Binay.

Entra en vigor el decreto de protección ambiental en terrenos del ATC

EFE.- El 12 de octubre entró en vigor el decreto del Gobierno regional ampliando la zona de especial protección medioambiental en la Laguna de El Hito (Cuenca), que conllevará que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite aprobación ambiental previa.

El decreto de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y propone a la Comisión Europea su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

En 2002 se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de El Hito y se declaró la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, pero ahora se amplía la ZEPA con los objetivos de mejorar la conservación del hábitat y reducir las presiones y amenazas sobre las aves de la zona y las migratorias que acuden en periodos de reproducción o invernada.

También pretende mejorar la protección de los hábitats y especies de flora y fauna de interés comunitario así como mantener y promover los aprovechamientos tradicionales agrarios bajo la perspectiva de que la agricultura y la ganadería han permitido la conservación de hábitats de muchas especies de aves, subraya el decreto.

La zona declarada de especial protección para las aves amplía la primera declaración, en El Hito, a los términos municipales conquenses de Almonacid del Marquesado, Huete, Montalbo, Saélices, Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz, y Zafra de Zácara.

La pasada semana, tras aprobarse el decreto en el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explicó que esta ampliación conlleva que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa del Gobierno de Castilla-La Mancha.

«Y, por tanto, el ATC se verá afectado como cualquier inversión que se quiera hacer en la zona», indicó Martínez Arroyo.

El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.