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El almacén de residuos nucleares de El Cabril simula un incendio y una intrusión en su simulacro anual

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Europa Press.- El centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba) ha simulado un incendio en la zona donde se almacenan los residuos y una intrusión en la instalación en el marco del simulacro anual al que obliga su Plan de Emergencia Interior.

Según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha seguido el ejercicio desde la Sala de Emergencias (SALEM), el simulacro comenzó cuando se declaró la prealerta de emergencia en el emplazamiento debido a un incendio de duración superior a 10 minutos que se produjo en la zona de gestión de residuos de muy baja actividad. A continuación, la situación en el almacén de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) se ha reclasificado y se declaró la alerta de emergencia en el emplazamiento tras producirse un aumento de temperatura en la zona entre las celdas de almacenamiento en las que se produjo el incendio que finalmente fue extinguido sin que los residuos fueran afectados.

Del mismo modo, se ha simulado un intento de intrusión en la instalación que fue reducido por los servicios de seguridad y cuyos autores fueron puestos a disposición de la Guardia Civil. El CSN supervisó las actuaciones del titular para recuperar las condiciones de seguridad y para la adopción de medidas de protección radiológica. Durante el simulacro, el CSN ha activado de forma inmediata su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) en modo 2, que implica la activación de su Sala de Emergencias, del equipo de retén y de sus jefes de grupo. De haberse producido en la realidad, un suceso de esta naturaleza hubiera sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

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Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

La cuestión nuclear en la España de hoy

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Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Las asociaciones renovables APPA, UNEF, EolicCat, y la patronal Pimec urgen a reactivar este tipo de energías en Cataluña

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EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal eólica catalana EolicCat y la patronal Pimec han reclamado un plan urgente que permita reactivar la implantación de las energías renovables en Cataluña. Estas entidades han emplazado a la administración catalana y a los partidos políticos a acelerar la puesta en marcha de este tipo de energías para que supongan el 50% de la generación de electricidad en el año 2030.

Según estas entidades, este plan debe contener tanto aspectos normativos como técnicos con el fin de simplificar los trámites para implantar este tipo de energías. Para alcanzar los objetivos de 2030, resulta necesario, a juicio de los ponentes, que a partir del año 2019 se pongan en servicio anualmente 300 megavatios de generación eólica y otros tantos de generación fotovoltaica, lo que permitiría contar con 4.800 megavatios de eólica y de 4.000 de fotovoltaica en 2030. Durante este encuentro se puso de manifiesto que actualmente la energía nuclear cubre el 50% de la demanda total de electricidad en Cataluña, por un 16,8% de las renovables.

Westinghouse, filial nuclear de Toshiba en Estados Unidos, se declara en quiebra mientras Greenpeace habla de declive del sector atómico

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EFE.- La declaración en quiebra de la filial nuclear de la japonesa Toshiba Corporation en Estados Unidos supone «un momento clave en la espiral de declive» del sector de la energía atómica a escala global, según aseguró la organización ecologista Greenpeace, que valoró así la noticia de que Westinghouse Electric se haya declarado en bancarrota para acogerse a la protección de la normativa estadounidense, con el objetivo de minimizar el impacto de sus graves problemas financieros.

Westinghouse Electric presentó una «solicitud voluntaria de amparo» del Capítulo 11 de la Ley estadounidense de Quiebras, según indicó el conglomerado nipón con sede en Tokio, que posee el 87% de sus participaciones. En la práctica, esta medida permitirá a Westinghouse iniciar el procedimiento para reorganizar su deuda, lo que a su vez limitará la parte de este saldo negativo que la matriz nipona se verá obligada a incluir en sus cuentas. La medida también afecta a otras compañías afiliadas de Westinghouse en Reino Unido y en Estados Unidos, según Toshiba, que señaló que estas «continuarán con sus actividades ordinarias».

Westinghouse, que es junto a Toshiba el mayor constructor mundial de reactores nucleares, ha obtenido unos 800 millones de dólares en créditos y ayudas financieras para contribuir a esta reorganización, según explicó. Las cuantiosas pérdidas que acarrea Westinghouse debido a la devaluación de su negocio nuclear en Estados Unidos han obligado a Toshiba a iniciar un proceso de reestructuración que podría incluir la escisión y venta de su unidad de memorias flash, una de sus unidades más rentables. El origen de esas pérdidas es el incremento de los costes de construcción de nuevas centrales atómicas en Estados Unidos, por lo que Toshiba mantiene un litigio con la anterior propietaria de Westinghouse Electric, British Nuclear Fuels.

Debido a estos problemas financieros, Toshiba retrasó también hasta el 11 de abril la presentación de sus resultados del período de octubre a diciembre de 2016. Su rama nuclear registrará pérdidas de 712.000 millones de yenes (5.820 millones de euros/ 6.204 millones de dólares) mientras que, en el pasado ejercicio fiscal, Toshiba prevé registrar unas pérdidas netas que podrían alcanzar el 1,01 billón de yenes (8.428 millones de euros/9.009 millones de dólares), indicó asimismo la compañía nipona. Además, la declaración en quiebra de Westinghouse deja en el aire la construcción de nuevas centrales nucleares que estaba en marcha en Estados Unidos y en Reino unido.

Greenpeace augura declive del sector

«La industria nuclear está claramente en caída libre frente al ascenso de las renovables», afirmó la experta en energía de Greenpeace Japón, Ai Kashiwagi, quien añadió que el sector atómico «se ha beneficiado durante demasiado tiempo» del apoyo económico y logístico de los gobiernos. En 2015, la capacidad de generación energética de las renovables se incrementó en 147 gigavatios en todo el mundo, frente a los sólo 11 gigavatios del sector atómico, según datos de esta ONG ecologista y antinuclear.

La Justicia de Japón permite reactivar la planta nuclear de Takahama que fue detenida tras Fukushima por motivos de seguridad

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EFE.- Un tribunal nipón decidió permitir el funcionamiento de una central nuclear de Japón al revocar la sentencia de otra instancia inferior, que supuso la primera decisión jurídica contra la reactivación de una planta post-Fukushima. En un fallo publicado, el Tribunal Superior de Osaka ha dado la razón a la operadora de la planta de Takahama, Kansai Electric Power, y anuló así la decisión judicial previa que ordenó detener los reactores 3 y 4 de la central por motivos de seguridad.

Se trata de un nuevo capítulo en la larga batalla jurídica iniciada por un grupo de residentes en zonas cercanas a la planta, que en 2014 demandaron a la eléctrica al considerar que ésta desestimaba el peligro real de un terremoto que pueda provocar un accidente grave en esta central. Los reactores 3 y 4 de la central ubicada en la prefectura de Fukui fueron reactivados después de superar los nuevos estándares en materia de seguridad impuestos por la Autoridad de Regulación Nuclear tras el accidente de Fukushima en 2011.

En 2016, un tribunal local ordenó detener el funcionamiento de ambas unidades a raíz de la demanda ciudadana, en la primera decisión jurídica que frenaba la reactivación de una central tras el apagón nuclear posterior a la catástrofe atómica ocasionada por el terremoto y el tsunami que devastaron el noreste de Japón. Ahora la justicia nipona ha dado luz verde a la planta tras tener en cuenta los argumentos de la operadora, que señaló el alto coste que supone mantener la central inoperativa o que «no existían fundamentos científicos» en contra de su funcionamiento, según el texto de la sentencia.

Kansai Electric podría proceder a poner en marcha los reactores 3 y 4 de la planta tras consultarlo con las autoridades locales, aunque no se espera que esto suceda a corto plazo debido a que la empresa retiró el combustible nuclear a raíz de la larga batalla judicial. Actualmente sólo hay activos 3 de los 42 reactores de Japón en condiciones operativas, debido a que la oposición local está obstaculizando la vuelta a la energía nuclear que promueve el Ejecutivo de Shinzo Abe. Muchos de estos casos han derivado en contenciosos jurídicos que continúan en marcha y que retrasarán la reactivación de las centrales hasta que se agoten los procedimientos.

Las Cortes valencianas piden desmantelar la central nuclear de Cofrentes en 2021 y el PP augura que subiría la luz

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EFE.- El portavoz de Industria del PP en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana, Vicente Casanova, ha señalado que el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), provocaría a corto plazo incrementos de coste de la tarifa e impactos ambientales «inasumibles» después de que las Cortes valencianas aprobaran, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno central «el cierre y desmantelamiento» de Cofrentes cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear «por ser innecesario», ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021. Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSOE, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunidad Valenciana «no dispone de un parque de renovables suficiente» para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región. El diputado de Compromís, Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que «por fin» la mayoría de la Cámara diga «sí al cierre definitivo de Cofrentes» por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Compromís ve Fukushima en Cofrentes

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares «son peligrosas, y más las viejas», y ha considerado que «no es tan complicado» ni «tan imposible» que en Cofrentes se pudiera producir «la gran catástrofe» sucedida en Fukushima en 2011, que «nadie pensó que pudiera pasar y pasó». Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20% de la energía total consumida sea renovable.

La parlamentaria de Ciudadanos, Rosa García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana de hacer en este caso lo mismo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido «eliminar de un plumazo» sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos. «Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo», según García, quien pidió que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 «traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona», al tiempo que abogó por un Pacto de Estado en esta materia.

El socialista, David Cerdán, ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se prolongue vida útil en 2021, con el fin de «acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país», y ha asegurado que la iniciativa planteada es «de responsabilidad y sentido común». «Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa», ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó acusó al PP de convertir en «chantaje» cualquier decisión.

PP contrario a cerrar Cofrentes

El diputado del PP, Vicente Casanova, asegura que el cierre de Cofrentes tendría «graves consecuencias», como ha ocurrido en Alemania, con el incremento de la tarifa eléctrica un 25%, al tener que recurrir en gran medida al gas natural (ciclos combinados), y de las emisiones de dióxido de carbono un 50%, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 aerogeneradores o 26.000 hectáreas de paneles solares. Para Casanova eso «no es razonable», sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se construyó ningún aerogenerador y se instalaron muy pocos paneles solares, y ha señalado que «no hay necesidad de retirar» estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

Además, la utilización de ciclos combinados llevaría, según ha dicho, a «fuertes» incrementos de las emisiones de CO2 y, por tanto, al «incumplimiento de los compromisos ambientales, que obligan a nuestro país a reducciones del 20% en 2020 y del 30% en 2030». Casanova ha incidido en que las energías renovables todavía no están en disposición de suplir la aportación de Cofrentes y el resto de nucleares al sistema eléctrico nacional y ha señalado como responsable a la «paralización» del Plan Eólico por parte de la Generalitat, que ha provocado que en los dos últimos años no se haya instalado «ni un solo megavatio renovable«, por lo que planteó mediante una enmienda reactivar este programa.

Para el portavoz popular «esta propuesta sería ambientalmente un desastre» y ha añadido que, aunque hay que seguir incrementado el parque de renovables, el cierre de Cofrentes u otras centrales nucleares en 2021 crearía un «colapso del sistema eléctrico». Según el portavoz popular, «la posición del PP es ir incrementando la aportación de las renovables, tanto como se pueda, e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y garantizar el funcionamiento fiable del sistema eléctrico, clave para el desarrollo del país». Casanova concluyó que le tranquiliza que sea el Gobierno central el que, «a la luz de los oportunos informes», debe tomar la decisión final de prorrogar la autorización.

También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables. Según Casanova, se trata de una propuesta «realista y viable».

«Hay que apostar por las renovables de modo que con el tiempo se pueda plantear seriamente la sustitución de las nucleares, y la Comunidad Valenciana debe velar para ir incrementando la aportación de las renovables e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y que se garantice la fiabilidad del sistema eléctrico sin incrementos inasumibles de la tarifa«, manifestó.

Iberdrola asegura que Garoña «no es viable económicamente» y pide a Endesa desistir de la reapertura de la central

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la central nuclear de Santa María de Garoña «no es viable económicamente» y ha pedido a Endesa, su socio en la sociedad Nuclenor, propietaria de la planta, que desista de su explotación.

En la junta general de accionistas de la compañía, Galán quiso ser «muy claro» sobre Garoña y la estrategia en materia nuclear de la energética y subrayó que las empresas «no hacemos política energética, lo que hacemos es distribuir energía con las normas de los países, de una manera segura y eficiente». No obstante, señaló que Nuclenor ya ha afirmado que Garoña es una instalación que «no es viable económicamente, con pérdidas sustanciosas» y que lleva desde hace cuatro años fuera de funcionamiento.

A este respecto, recordó que Iberdrola no es el único propietario de la central nuclear, ya que participa al 50% en Nuclenor con Endesa, socio al que ha pedido «el desistimiento de la explotación» de la planta y con el que, aseguró, espera «llegar a un acuerdo, ya que no es viable económicamente«. Respecto al resto de activos nucleares del grupo, Galán consideró que se encuentran en una situación idéntica a Garoña, ya que «se encuentran en pérdidas», por lo que se puede considerar que tampoco son viables.

El presidente de Iberdrola aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones. Por ello, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro, ya que en estas condiciones es un negocio no viable. Además de Garoña, Iberdrola tiene participación en las centrales nucleares de Cofrentes (100%), Almaraz (53%), Trillo (49%), Vandellós II (28%) y Asco II (15%). El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN favorable a prolongar la vida útil de la planta. No obstante, la última palabra corresponde a Nuclenor.

Nuclenor reivindica que la central nuclear de Garoña es «más segura» que la media, con 3 revisiones en 10 años

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Garoña, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y ha recordado que ha pasado 3 revisiones exhaustivas en 10 años. Cortés repasó las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta, la continuidad de la operación, o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular, «ha sido y es la seguridad de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente». «Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», ha manifestado. Cortés ha elogiado a los 242 trabajadores de Nuclenor porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».

Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña, subrayó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo». La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que las otras instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño. La tercera de estas evaluaciones se ha realizado desde 2014 a 2017 y según Cortés ha sido «rigurosa y exhaustiva» pues ha incluido entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos. En definitiva, el director de Garoña recordó que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

Del mismo modo, Cortés ha insistido a los diputados que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la instalación». Finalmente, ha dicho que las actividades en la planta se centran en la gestión de los residuos, la construcción del almacén temporal individualizado y las actividades preparatorias del desmantelamiento, mientras se trabaja en el mantenimiento de la reversibilidad así como en el refuerzo de la formación.