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La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

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Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

Técnicos del CSN (ASTECSN) denuncian que se infravalora su trabajo para ocultar fallos en la gestión de las centrales nucleares

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Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado la «política de silencio» que practica el regulador, “infravalorando su trabajo” con el objetivo de ocultar que en las centrales nucleares se cometen fallos de gestión.

«El regulador no hace visible hacia el exterior sus logros como administración pública puesto que reconocer su labor eficaz de supervisor significaría aceptar que existen fallos de los entes regulados; en la política actual del organismo, eso es inadmisible», denuncian. La misiva también critica que se haya trasladado al público una imagen de «un organismo funcionarial que realiza un trabajo protocolario y meramente administrativo» y no la de un cuerpo técnico «cuya labor ha evitado la ocurrencia de accidentes y detecta problemas de forma continuada».

Ante esta situación, el sindicato pide al pleno del CSN una reflexión general sobre su gestión y les invitan a «salir de su burbuja de desinformación» en la que, a su juicio, se encuentran por no tener contacto directo con los trabajadores. En este sentido, aseguran que hay «muchas voces críticas» desde el gremio de técnicos que no están siendo escuchadas y, en algunos casos, fueron «silenciadas con amenazas», mientras toda la labor se hace «desde los mandos del CSN» con el objetivo de «transmitir al exterior una imagen de normalidad institucional y de adecuado comportamiento de las instalaciones nucleares».

La Plataforma contra el ATC ve «paradójico» que la SNE pida agilizar esta instalación cuando se están construyendo almacenes individuales

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Europa Press.- La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) ha considerado una «contradicción» que el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, solicite «agilizar la construcción del ATC, reconociendo que se está implantando el modelo alternativo: los ATI, almacenes temporales individuales, en las centrales nucleares”. “Construir los ATI más el ATC supone un importante sobrecoste», consideró la plataforma.

Así reaccionó esta plataforma después de que Gago haya considerado necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del ATC porque está generando un «sobrecoste». La plataforma ha lamentado que Gago no haya realizado «una autocrítica a la opinión general de rechazo de este tipo de energía», sin mención «a la necesidad de que la industria nuclear asuma las responsabilidades inherentes a una actividad de tan alto nivel de riesgo».

Para la plataforma, «es escandaloso que las empresas que están ganado ingentes cantidades de dinero gracias a la energía nuclear presionen al gobierno para que agilice la construcción del ATC». «No hay que olvidar que el almacén nuclear, en caso de que se llegue a construir, se pagaría con fondos públicos», han aseverado. Por su parte, la Plataforma contra el silo se encuentra ultimando los preparativos para la 8ª marcha a Villar de Cañas que se celebrará el 7 de mayo, con similar recorrido al de las siete ediciones anteriores.

El Gobierno veta la ley de Podemos para el cierre progresivo de las centrales nucleares por su efecto presupuestario

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Europa Press.- El portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú, Josep Vendrell, ha tildado de «arbitrario» y «tramposo» el veto planteado por el Gobierno a la tramitación parlamentaria en el Congreso de la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos sobre el cierre progresivo de las centrales nucleares. El Ejecutivo esgrime que su aplicación mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.

Con este escrito son ya 28 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas esta legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto. La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú pretende cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

En el escrito enviado al Congreso, el Gobierno alega que «la contribución tributaria total de la industria nuclear en España1 ascendió a los 1.141 millones de euros en 2013» y que el cierre de las centrales mermaría la recaudación fiscal sin que ello fuera compensado por la energía alternativa. Así, señala que la recaudación fiscal sufriría «una disminución muy notable» en relación con los impuestos específicos de la actividad nuclear (Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado e Impuesto sobre residuos radiactivos), cifrando entre 210 y 280 millones de euros que se dejarían de recaudar.

En su opinión, una fuente de energía alternativa de sustitución no compensaría el hueco dejado por la nuclear dado que, en rigor, la nueva generación eléctrica sólo estaría sometida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que también soporta la generación nuclear en idénticas condiciones. Pero, además, el Gobierno argumenta que el cierre de las nucleares obligaría a aumentar los créditos ya que «podría generar la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares de instalaciones que tengan solicitada, en este momento, una renovación de su autorización y que puedan haber incurrido en gastos e inversiones».

Tampoco le vale al Gobierno la prevención de Podemos, que había incluido una disposición antibloqueo para demorar la entrada en vigor de las medidas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos, pues advierte en esa cláusulas «serias dudas» en cuanto al principio de seguridad jurídica «toda vez que no podría saberse con certeza cuales son las disposiciones que adquirirían vigencia inmediata y cuáles la verían demorada». Pero, en todo caso, recalca que el derecho de veto del Gobierno por motivos presupuestarios «debe, cuando menos, entenderse referida a un escenario presupuestario plurianual, con vigencia para tres ejercicios, al que debe sujetarse la acción de gobierno, y éste a su vez en el objetivo de estabilidad presupuestaria con idéntica vigencia».

Un veto «arbitrario» y «tramposo»

Vendrell ha denunciado que lo que pretende el Gobierno del PP es «preservar la energía nuclear y que el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, no pueda decidir sobre la política energética». Por eso, su grupo intentará buscar el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para levantar el veto.Desde su punto de vista, se trata de un veto «arbitrario» porque, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo, la proposición de ley «no afecta al presupuesto en vigor ni a los siguientes ejercicios presupuestarios». El Gobierno alega en su escrito de veto que no le basta con que demoren un año la aplicación de las medidas que implican coste porque la contención del déficit abarca un trienio.

Además, añade que el veto «no se ajusta a Derecho» porque tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como los servicios jurídicos del Congreso han dejado claro que la capacidad de del Gobierno de impedir tramitaciones sólo rige sobre proposiciones de ley «que afecten al ejercicio presupuestario en vigor» y no a «presupuestos futuros».Sin embargo, Vendrell asegura que se trata de un veto «tramposo» porque los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por las Cortes afectan a 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020 que es cuanto, según la proposición de ley se cerrarían las centrales de Almaraz y de Vandellós. Por tanto, agrega, la proposición de ley no afecta los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En su opinión, al intentar frenar la tramitación de la iniciativa de Podemos, el Gobierno pone de manifiesto que son las empresas las que deciden la política energética de este país y no la ciudadanía a través de sus representantes en las Cortes.»La energía nuclear es cara y peligrosa. El Gobierno no tienen en cuenta los enormes costos de la gestión de los residuos, de los riesgos en la seguridad y que ya existe una alternativa renovable para sustituir a las nucleares», denuncia Vendrell.

El consejo de administración de Nuclenor se reúne el miércoles para decidir el futuro de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, se reunirá el próximo miércoles 26 de abril para analizar el futuro de la planta, según indicaron fuentes empresariales.

Esta reunión de la sociedad llega en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas, Nuclenor y Endesa, la convocatoria de este consejo, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar a finales de mes.

La reunión de este miércoles coincidirá con la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y con la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de Iberdrola. Hay que recordar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó el marco de la pasada junta de accionistas de la compañía para asegurar que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, Endesa remitió a tomar las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta nuclear de Garoña. Fuentes de la compañía indicaron que todavía se debía conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, sobre la continuidad de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Mientras, el Ministerio de Energía continúa el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de Garoña. El Ministerio remitió a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN para que presenten alegaciones y comentarios. El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN. No obstante, de ser favorable, la última palabra corresponderá a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.

El CSN clasifica con nivel 0 la parada no programada de la unidad 1 de la central de Almaraz

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) la parada no programada en la unidad 1 de la central  nuclear de Almaraz, un suceso que «no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente». La parada automática del reactor se produjo debido a la apertura del interruptor de alimentación eléctrica de una de las barras normales de los circuitos eléctricos de la central.

Este hecho desencadenó la parada de una de las bombas principales de agua del sistema de refrigeración del reactor, que se alimenta de dicha barra. En estas condiciones, el reactor se ha parado «de acuerdo a lo previsto por diseño», los sistemas de seguridad han funcionado «correctamente y la planta se encuentra parada, en condición estable y segura». El titular investiga cuál ha sido la causa de la apertura del interruptor que ha dejado sin suministro eléctrico a ciertos equipos necesarios en la operación normal. El CSN informó a través de su página web de la notificación de este suceso.

La operación a largo plazo de las centrales nucleares es posible con igual o mayor nivel de seguridad, según expertos

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Europa Press.– La operación a largo plazo de las centrales nucleares, más allá de la vida de diseño inicial, es posible «con igual o mayor» nivel de seguridad y fiabilidad, según unos 60 expertos del sector nuclear reunidos en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Así, en la jornada técnica anual Renovación de licencia para operación a largo plazo, técnicos de centrales nucleares, empresas eléctricas, diseñadores de centrales, empresas del sector o suministradores de equipos, han analizado la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas. Desde la SNE se ha destacado que el sector en su conjunto proporciona 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos a tiempo completo y de alta cualificación técnica.

Se trata de una tendencia «consolidada» a nivel internacional que supone operar las plantas más allá de la vida inicialmente contemplada de diseño, una vez verificada por el titular y validada por el organismo regulador competente la capacidad para funcionar de forma segura durante el nuevo periodo solicitado. En la actualidad, de las 449 centrales en operación en el mundo, 105 ya cuentan con una licencia para operar más allá de los 40 años. En Estados Unidos, 81 de las 99 centrales nucleares cuentan con autorización para operar hasta los 60 años y varias de ellas han iniciado el proceso para solicitar una renovación por 20 años adicionales bajo un programa denominado Life beyond 60.

La operación a largo plazo

En España, según recuerda la SNE, la legislación permite operar las centrales más allá del diseño inicial de 40 años bajo las bases de la Revisión Periódica de la Seguridad de la central, la evaluación y supervisión continúa de la instalación y la revisión del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento de la central. Durante la jornada se expuso una visión general del proceso de renovación de licencia para la operación a largo plazo, así como consolidar un buen abanico de actuaciones a abordar relacionadas con dicho proceso.

Igualmente se destacó también que mediante la permanente actualización tecnológica de las plantas y a un constante esfuerzo inversor en I+D+i durante la operación de las mismas, las centrales españolas invierten en torno a 40 millones de euros por reactor y año. Finalmente, la SNE reclama un pacto de Estado que de estabilidad a un elemento estratégico para el desarrollo económico y social. Así, aboga por abordar un debate abierto, fundamentado y riguroso a partir del cual se defina el modelo de suministro eléctrico y cómo se va a hacer frente a la necesidad de energía sostenible, segura, fiable y respetuosa con el medio ambiente.

El Parlamento del País Vasco presentará un recurso si el Gobierno ordena la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El Parlamento vasco ha aprobado una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición» para impedir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y, en caso de que el Gobierno ordene la reapertura, faculta a la Mesa de la Cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, votaron a favor de la iniciativa que ha presentado EH Bildu que hace referencia al informe elaborado por la dirección técnica delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN) que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. El pasado 2 de febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que exige el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara vasca señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, con esta iniciativa, el Parlamento vasco asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura» y acuerda interponer el recurso para «anular» la resolución del CSN. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería «grave e inaceptable» y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Durante el debate, EH Bildu acusó al PP de «cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse», y ha advertido de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un «problema» por «facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales» y por «tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear». También acusó al PP de «empeñarse en decir que no hay novedades». «¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura?. No me ha quedado claro. Se van a abstener y eso no sé qué significa», criticó.

Representando a los intereses vascos

Por su parte, el parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, ha reconocido que «no es habitual» que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo, como sería la prórroga de la explotación de Garoña, pero ha indicado que el Parlamento tiene «plena legitimación» para personarse «como depositario del mandato representativo de los vascos y en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca». «Votamos a favor de la presentación de este recurso», insistió, para defender que, «aunque se ve cada vez más cerca el cierre de Garoña, no podemos sentarnos con los brazos cruzados», sino que «tenemos que estar vigilantes».

Desde Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central «no ha hecho nada en estos años» para cerrar Garoña, y ha agradecido la «diligencia y profesionalidad» de los servicios jurídicos de la Cámara a la hora de «concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe».

La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, ha defendido que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la Cámara de personarse «en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo». Rojo ha defendido que el Consejo de Ministros «puede poner punto y final a la reapertura de Garoña» ya que es «el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central». «Iberdrola dirá lo que quiera, pero no exime la responsabilidad del Gobierno de Rajoy para tomar la decisión final. Álava y Euskadi no quieren la central, independientemente de lo que diga Iberdrola», ha advertido Rojo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, asegura que «estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento», y recuerda que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve «ninguna novedad en el trámite político o jurídico». Tras recordar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegurando que la central «no es viable», ha señalado que la única «novedad» está en que Nuclenor «reconoce que la continuidad es inviable económicamente».

Además, ha afirmado que el Gobierno central «no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo, al que tiene derecho las sociedades mercantiles Iberdrola y/o Nuclenor» porque se enfrentaría a sanciones que beneficiarían a las propietarias de la central. Asimismo, anunció su abstención a la propuesta y ha contestado a las críticas del PSOE sobre las distintas posiciones que han mantenido los populares ante los debates sobre Garoña, recordando que fue el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que «impulsó la prórroga» de la central burgalesa.