Europa Press.- La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona ha manifestado su «absoluto desacuerdo» con el visto bueno del regulador a la petición del Gobierno de reducir el plazo en el que las centrales nucleares deben solicitar la renovación de licencia, de tres años a uno antes de que expire la que tengan en vigor, ya que considera que esto «merma la credibilidad» del CSN y no supone «ninguna mejora» en la seguridad nuclear.

La consejera presentó un voto particular en el que explica las razones que la llevaron a votar en contra de este punto del orden del día, a diferencia de los otros cuatro consejeros del pleno. Así, advierte de que la decisión avalada por la mayoría supone retrasar la solicitud de renovación a una «fecha indeterminada» que depende de la elaboración y aprobación del Plan Integral de Energía y Clima y, en cualquier caso, como tope, a la de la presentación de la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de cada reactor.

A su juicio, la decisión no supone «ninguna causa de seguridad nuclear ni de protección radiológica» que justifique la aceptación de tal retraso por parte del pleno del regulador y, considera que, al contrario, la decisión «agrava la incertidumbre reguladora» que, según ha destacado, ya está «afectada» por la eliminación de la práctica del CSN de informar las renovaciones para un máximo de 10 años.

Narbona ha aclarado que la documentación para la renovación «sigue siendo exigible» en el plazo de 3 años porque es «el tiempo» que los técnicos necesitan para estudiarla y señalar a la central las modificaciones exigibles. De hecho, ha indicado que si esta documentación no llegase «sí habría problema» porque en un año no les daría tiempo a tener todo dispuesto, de modo que la dinámica responderá a las exigencias que hay en vigor ya que, con la nueva guía de seguridad, las revisiones periódicas de seguridad son «más exigentes«.

Sin embargo, es «la primera vez» que estos recibirán esa documentación sin una solicitud que lo acompañe, por lo que evaluarán una renovación que puede que no se pida, ni tampoco sabrán por cuánto tiempo. «Son muchas horas de trabajo de los técnicos que pueden quedar en nada». La consejera entiende que las empresas quieran conocer el marco general de política energética antes de saber si pedir la renovación o no, pero señala que eso no es competencia del regulador y lamenta que este informe favorable a la petición del Gobierno, llegue a punto de que venciera el plazo de dos centrales para presentar la renovación. «Esto es forzar los cortos tiempos del CSN», criticó.

Además, la consejera destaca que esta será «la primera vez en la historia» que los técnicos tendrán que evaluar la documentación que se requiere a las centrales nucleares, y cuyo plazo de presentación se mantiene, a instalaciones que no han pedido formalmente la renovación de su permiso de explotación y «sin conocer» si lo va a hacer y en ese caso, por cuanto tiempo. A ese respecto, cuestiona asignar los recursos humanos para evaluar la documentación sin la formal solicitud, que incluso puede no llegar a producirse, y echa en falta un informe jurídico que cubra la necesidad de asignación de estos recursos humanos y que se pronuncie sobre las implicaciones de este cambio normativo.

Por ello, aunque es obligatorio contestar a la solicitud de informe pedido por el Gobierno, recuerda que esto «no implica en absoluto que la respuesta sea positiva» y que supusiera un aval al Ejecutivo. En su lugar, considera que el regulador podría haber dicho que el cambio introducía «incertidumbres no positivas». «El Gobierno tiene que consultarlo, pero como no es un tema de seguridad en sentido estricto, no es vinculante y podía justificar el cambio en una decisión de política energética sin el aval favorable del CSN. Teníamos que contestar, pero no necesariamente diciendo que nos parece estupendo», ha lamentado.

En este contexto, opina que el CSN debería, como «organismo regulador, independiente y neutral», a contribuir a que cualquier decisión de política energética no suponga una merma en los procesos que garantizan la seguridad nuclear y la protección radiológica. Igualmente, se refiere al hecho de que la decisión se haya adoptado a punto de que el reactor nuclear de Almaraz y el de Vandellós II tuvieran que solicitar la renovación de su licencia, opinando que no es una «buena práctica» hacerlo «con un plazo tan corto, de un informe favorable, que incide de forma tan inmediata sobre la relación entre el CSN y los titulares”.

«No parece que todo ello contribuya a la credibilidad del organismo regulador ante la opinión pública, que ha tenido abundante información sobre las presiones ejercidas por las empresas para que el Gobierno, efectivamente, retrase 2 años la fecha de presentación de las solicitudes de renovación», manifiesta. Todo ello se suma, en su opinión, a una «importante serie de decisiones de la mayoría del pleno desde 2013», dirigidas a avalar «determinadas» decisiones del Gobierno, y denuncia que esto puede afectar a la percepción de la independencia y neutralidad exigibles al CSN.

Por último, Narbona se pronuncia también sobre la modificación de la normativa para eliminar de la Guía de Seguridad 1-10 la duración por un máximo de 10 años de los periodos de renovación, un asunto sobre el que la consejera también ha expuesto su rechazo y recuerda que a pesar de haberse aprobado en el pleno, ya se aplicó en febrero, sin haber pasado todos los trámites, en el informe favorable a la renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña (Burgos).