Europa Press.- La seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha generado posiciones enfrentadas en las alegaciones realizadas en el proceso de reapertura de la planta, cuyo plazo ya finalizó y en el que la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) apoyan la reapertura, frente a la negativa del País Vasco y las organizaciones ecologistas.
La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asegurado que en las alegaciones presentadas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la Junta se ha pedido la continuidad de Garoña hasta 2031 porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «ha garantizado» la seguridad y hasta esa fecha se amortizarían las inversiones exigidas por este organismo, mientras que, de producirse el cierre, «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles».
De este modo, la consejera detalló que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque toda su área de influencia. Del Olmo aseguró que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y recordó que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.
Asimismo, la Junta aprovechó sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética «más barata» junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un «lastre grande a la economía nacional». «Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas», concluyó Del Olmo, quien insistió en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.
En esta línea, aunque con condiciones, AMAC se ha pronunciado también a favor de la «continuidad de la explotación» de la planta en las alegaciones presentadas, «mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos en el informe aprobado por el CSN«. Sin embargo, los municipios han pedido que se revise primero la «efectividad» del Plan de Emergencia Nuclear (PEN) y una «solución segura para almacenar los residuos» ya que el actual Almacén Temporal Individualizado (ATI) «no prevé el almacenamiento de todos los elementos de combustible incluidos en el reactor».
Analizar todos los efectos socioeconómicos
Además, AMAC señaló que «antes de la puesta en marcha» de la central nuclear, «debe disponerse de los planes de información a la población, del programa de formación de actuantes y del programa de simulacros». No obstante, sobre la «merma de la actividad económica», la AMAC destacó que el impacto que produce la existencia de una central nuclear en un determinado área tiende a «provocar un monocultivo industrial» que causa «grandes efectos negativos al finalizar la explotación». Por ello, también han pedido en sus alegaciones que «no se renueve la licencia sin que se conozcan primero los efectos socioeconómicos positivos y negativos» en el entorno.
Del otro lado, Greenpeace, que ha presentado sus alegaciones, ha esgrimido las «deficiencias derivadas del informe del CSN en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad», así como la «falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia». Además, la organización ecologista ha alegado que existen «incumplimientos» de la Evaluación de Impacto Ambiental y que los «costes medioambientales e intrageneracionales» de reabrir la central nuclear son «muy elevados».
Asimismo, Greenpeace incluyó en su escrito las «alteraciones» del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y la «contradicción» en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para «no cargar combustible ni producir electricidad». Por todo ello, Greenpace ha pedido al Ministerio que «finalice con el espectáculo» sobre Garoña, al tiempo que ha señalado que «parece que solo el Gobierno quiere mantener la planta en funcionamiento», después de que la operadora de la central, Nuclenor, no haya llegado a un acuerdo sobre el futuro de la planta.
Por su parte, EH Bildu resaltó que el Parlamento del País Vasco también ha presentado sus alegaciones y recordó que el pleno de la Cámara vasca aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que puedan derivarse en este sentido. Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña«.
La Rioja, otra de las 11 entidades personadas en el proceso, ya adelantó que no presentaría alegaciones pero que instaría al Gobierno al desmantelamiento de la central. Mientras tanto, el titular de Garoña, Nuclenor, tampoco presentó alegaciones por falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa. Por su parte, Ecologistas en Acción, al igual que Greenpace, también afirmó que «la apertura de Garoña es una temeridad».
El CSN emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y, según la legislación vigente, es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de 6 meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas y un periodo de alegaciones.
