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El PSOE tilda de «demasiado conservador» el informe de los expertos en transición energética y propone debatirlo en el Congreso

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Europa Press / EFE.- El PSOE quiere que las personas que integran la comisión de expertos creada por el Gobierno para plantear escenarios de transición energética comparezcan ante el Congreso y cree que su informe, entregado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, es «demasiado conservador«. Así, su portavoz en la comisión de Energía, Pilar Lucio, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia para todos los expertos, pues cree que «es urgente traer al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».

«Es la hora de ponerse a trabajar», ha afirmado la portavoz socialista. En todo caso, entiende que «es un informe muy abierto y, en principio, demasiado conservador en algunos aspectos, como el mantenimiento del actual sistema regulatorio», ya que, según ha explicado, no plantea cambios en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico. «Sin modificaciones en el modelo de mercado es muy difícil favorecer la penetración de las renovables necesarias para cumplir con los objetivos que ya ha marcado el Parlamento Europeo. Además, incide en la reducción de costes del sistema, pero no en la reducción del precio para los consumidores», ha apuntado.

Falta de ambición en renovables

Asimismo, critica que, a su juicio, el informe peque de «falta de ambición en el cumplimiento del 35% de implantación de renovables en 2030 o el mantenimiento de todo el parque nuclear más allá de los 40 años de vida útil». Por último, Lucio ha recordado que su propia formación cuenta con su propio informe, elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE). «Dicho informe está ahora mismo sometido a debate dentro del partido y con los distintos agentes implicados», indicó Lucio. «Para conocer en profundidad las propuestas, urge trasladar el debate al Congreso para que, de una vez por todas, haya un acuerdo base para abordar la transición energética y aprobar la ley», afirmó.

En todo caso, celebra la publicación de este informe que debe servir, a su juicio, para comenzar con la próxima tramitación de una ley de cambio climático. «Ahora toca diseñar la política energética, sin más demora», subraya. Lucio ha afirmado ante los distintos grupos parlamentarios que «ya no hay excusas para seguir demorando la presentación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética». La responsable socialista recuerda que el informe presentado es fruto del trabajo de un grupo de expertos que se constituyó «a instancias del Grupo Parlamentario Socialista». Este grupo de expertos independientes trabajó durante los últimos 8 meses para elaborar un informe sobre los asuntos clave para la transición energética en España y sobre los escenarios posibles.

El Ministerio de Energía considera «lógico» avanzar de forma gradual en la imposición energética que recomiendan los expertos

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera «lógico» que se avance en la imposición medioambiental que propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, aunque apuesta por que ésta se lleve a cabo de una «forma gradual«.

Fuentes del Ministerio han explicado que los expertos no plantean un único escenario válido, sino diferentes variables, y apuestan por que se adopte un suelo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para que este importe se use como financiación del traspaso de costes de la factura de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Estas medidas tendrían un problema, ya que si son adoptadas por un país en particular pueden suponer una merma en su competitividad, puesto que puede provocar que las industrias se deslocalicen y que se vayan a otros países, y no es que se deje de emitir CO2, sino que se emite en otro lugar», explicaron desde Energía.

En cuanto a las recomendaciones del documento, desde el Ministerio de Energía apuntan que España, en los diferentes escenarios que se manejan, cumple con los objetivos de emisión de CO2 con un impuesto de 15 euros por tonelada, por lo que estas medidas podrían ser demasiado ambiciosas, lo que da margen para cumplir con ellas «de una forma más gradual». Dichas fuentes apuntaron que los expertos, en su informe, hacen recomendaciones que traspasan el ámbito de la cartera de Energía, como puede ser la reforma fiscal que supondría trasladar los costes de las renovables, de los sistemas extrapeninsulares y de la deuda del sistema eléctrico a los Presupuestos del Estado, lo que haría más propicia la electrificación de la economía.

Esta reforma fiscal, según la comisión, lograría un abaratamiento del 6,8% del precio de la luz, aunque implicaría un recargo de otras energías finales, principalmente las fósiles, con un aumento del precio del gasóleo de automoción del 28,6%, de la gasolina del 1,8% y del gas natural del 5,8%. También sería necesario un aumento del tipo impositivo del IVA general para todos los productos de entre 1,1 y 1,3 puntos, en función del escenario analizado. «La subida del IVA propuesta es muy ambiciosa si se quiere adoptar a corto plazo», aseguraron, aunque indicaron que sirve como un punto de partida para ver qué medidas se pueden tomar de forma gradual.

Dicho documento recoge que la reforma fiscal y de los peajes serviría para eliminar el cargo transitorio al autoconsumo eléctrico sin que se generen distorsiones entre los consumidores. Fuentes del Ministerio han explicado que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero han subrayado que las propuestas del grupo de sabios tienen «implicaciones de todo tipo» que «hay que calibrar con cuidado», por ejemplo en la financiación autonómica y en el coste de los carburantes y el gas natural. Eso sí, todos los escenarios analizados muestran una penetración «muy elevada» de energías renovables.

Apuntaron que existe en la actualidad consenso político entre los grupos parlamentarios para avanzar en la transición energética. El informe del grupo de expertos se remitirá a la Comisión de Energía del Congreso y al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la futura Ley de Transición Energética. El Ministerio cree que lo lógico sería iniciar el debate sobre el informe presentado «cuanto antes» e incluir las conclusiones en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, que se debería presentar antes del 31 de diciembre. «La idea es convocarlo cuanto antes en el Congreso y lo ideal es contrastar los resultados de esta discusión con los expertos en el Plan Nacional de Energía y Clima», explicaron desde Energía.

Respecto a la energía nuclear, desde Energía destacaron que el informe de los expertos resalta que esta energía tiene un papel «determinante», por lo que sería razonable alargar 10 años su funcionamiento, y añade que prescindir de las centrales nucleares supondría un aumento de las emisiones de casi el 100% en el escenario de referencia y del coste variable de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales en función del escenario, es decir, del 20%. «Si las centrales cierran con 40 años podría haber riesgo para el contribuyente; habría que analizar dicho riesgo y ver quién lo tendría que asumir. Habría que ver si se equipara a otros países europeos», aseguró Energía.

Sobre el futuro de las centrales de carbón, las fuentes de Energía han recalcado que dependerá de la evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2. En los escenarios contemplados por el informe, con precios muy elevados de los derechos de emisión (de 50 y 206 euros por tonelada), la generación con carbón dejaría de ser competitiva. Sin embargo, las fuentes del Ministerio han explicado que con un precio de 7,5 euros por tonelada (similar al registrado en 2017), el coste de generación podría reducirse un 45% si se mantienen todas las centrales de carbón, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales.

Los expertos calculan que cerrar las nucleares duplicaría el CO2 de la generación eléctrica y subiría un 20% su precio

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética estima que el cierre adelantado de las centrales nucleares duplicaría las emisiones de CO2 en el sector eléctrico y elevaría el precio de la electricidad en un 20%. La comisión ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno y recomiendan aplicar, entre otras medidas, impuestos verdes a los vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuenta con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los expertos consideran que alargando la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. También señalan que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determinar la capacidad técnica de cada instalación para continuar su operación en condiciones de seguridad.

Los expertos advierten de que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; además, se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 millones al año); no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos. Además, recuerda que el valor de la tasa que nutre el fondo con el que se financia el plan no se ha modificado desde su entrada en vigor en el 2010.

Por ello, considera que resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. «Su valor actual (6,69€/MWh) resulta insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR», aseguran. Los 7 reactores en operación, que representan aproximadamente el 7% de la potencia eléctrica instalada, generaron en 2016 el 21,39% de la producción eléctrica total, resultando la primera fuente de generación en España. Esta participación fue del 11,5% a nivel mundial y del 27,7% a nivel de la Unión Europea.

En definitiva, la Comisión considera que, en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos. Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente Plan General de Residuos Radioactivos, se considera procedente la aprobación de un nuevo Plan al objeto de actualizar las actuaciones y soluciones técnicas a desarrollar en el futuro, así como las previsiones económico-financieras correspondientes.

Por último, al tratarse de un sector con un elevado nivel tecnológico y con experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 50 años, esta Comisión cree que cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con el parque nuclear debería ir acompañada de un análisis sobre el impacto que tendría para la industria nuclear, con el objeto de tratar de preservar, al menos, el empleo altamente cualificado y las capacidades básicas con las que resulte conveniente seguir contando en el futuro.

Impuestos ambientales en el transporte

Por otro lado, la recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema. Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.

Los expertos concluyen que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar notablemente el tipo impositivo aplicable al gasóleo. Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.

Respecto al ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones. En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas in situ, o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.

Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social. En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.

Respecto a la gobernanza, los expertos advierten de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima «pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro», por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas. Concluyen que la transición debe ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia. En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.

ENSA, ENUSA, Ringo Válvulas y Tecnatom buscan oportunidades para la industria nuclear española en la feria sectorial internacional de China

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EFE.– 4 empresas españolas, ENSA, ENUSA, Ringo Válvulas y Tecnatom, participaron en la Feria Internacional de Energía Nuclear de China (NIC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de introducir productos innovadores en este mercado asiático y poder acompañar a empresas chinas en sus proyectos en el exterior. Las compañías españolas fueron representadas en la feria por el Spanish Nuclear Group for Cooperation, asociación que defiende de forma conjunta sus intereses en el mercado chino.

«El sector nuclear chino tiene sus dificultades, es un mercado maduro, muy autosuficiente, pero es un mercado muy grande», explicó el director general de este consorcio, Eduardo Aymerich. El alto grado de desarrollo del sector nuclear chino, donde se están desarrollando más del 50% de los proyectos nucleares que están en construcción en el mundo y donde las empresas cuentan con mucha experiencia, lleva a que sea «cada vez más difícil exportar a China, a menos que sean productos innovadores», subrayó. Ante esta dificultad, Aymerich destacó que la estrategia consiste, por un lado, en «encontrar esos productos innovadores que pueden satisfacer al mercado chino» y, por otro, en intentar acompañar a las empresas chinas que abren mercado en el exterior.

«La oportunidad está en encontrar un nicho de mercado con un producto innovador que pueda ser de interés y cuya venta se pueda replicar en diferentes proyectos», recalcó. Un ejemplo serían los equipos de inspección de combustible nuclear, que están dotados de tecnología avanzada que incluye el uso de ultrasonido para identificar posibles deficiencias en este combustible y que «está teniendo bastantes ventas» en China.

La segunda táctica consiste en ver qué oportunidades existen de acompañar a China en sus inversiones en el extranjero. Aymerich destacaba la posible oportunidad que tendrían las empresas españolas si sale adelante un proyecto de China en Argentina, en el que España podría aportar su conocimiento y experiencia en la gestión de otros proyectos. China ha iniciado muchos proyectos en países extranjeros, pero algunos se encuentran en fase de aprobación.

Según explicó Aymerich, son países «que no son de primer nivel» y que necesitan que el país proveedor del proyecto, en este caso China, proporcione también la elevada financiación necesaria. «Cuando un proveedor aporta financiación también quiere en cierta medida imponer su cadena de suministro. Esto es difícil de aceptar para los países que tienen tradición nuclear», explicó, de ahí que algunos proyectos tarden en salir adelante. Precisamente la capacidad de ofrecer financiación de las empresas chinas las convierte en las «más activas a nivel internacional» en un sector en el que «no ha habido mucho movimiento en 2017», añadió.

Más renovables y un nuevo impuesto al CO2 para aligerar la factura eléctrica, claves del informe del comité de expertos

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EFE.- El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: una apuesta decidida por las energías renovables y un nuevo impuesto al CO2, que financiaría los actuales sobrecostes en el recibo de la luz. Ahora toca desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima.

El informe Análisis y Propuestas para la Descarbonización, es fruto de 8 meses de trabajo de 14 expertos nombrados por el Gobierno a propuesta de los grupos parlamentarios, sindicatos y patronal. Plantea escenarios para que España cumpla sus compromisos del Acuerdo de París y contra el cambio climático en 2030: una reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida procedente de renovables y un 30% de ahorro energético. Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx). El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables) y la supresión de dos impuestos, el de generación eléctrica (7%) y el de electricidad finalista (en torno a un 4,5%). Esos sobrecostes se pagarían vía presupuestos generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales. La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el impuesto al sol. En la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañarían de una subida de los impuestos del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29% y un 2%, respectivamente.

Otra recomendación clave del informe es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década. Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación eléctrica renovable: 10% hidráulica, 20% eólica (con 31.000 megavatios instalados, MW), 27% fotovoltaica (47.150 MW), 1% termosolar y 4% otras renovables. Además, España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con renovables.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de España, muy dependiente de los combustibles fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria, porque los hogares y la movilidad seguirían dependiendo del petróleo y el gas. Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la Unión Europea pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse a nivel comunitario, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Nuclear o gas como respaldo

Aunque el informe no es vinculante, sí debe inspirar el debate para el desarrollo de políticas que, por ser de gran calado y a largo plazo, requieren un amplio consenso. Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico en caso de menos recurso solar o viento. Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración. Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

El Congreso cuenta con una Comisión de Cambio Climático que lleva una década escuchando a ponentes de los ámbitos más diversos relacionados con la transición y todos coinciden en la misma petición a los partidos: pacten una regulación estable para cumplir los objetivos climáticos para que todos puedan saber a qué atenerse en sus decisiones. Además, en la transición hacia una economía descarbonizada, habrá perdedores a los que hay que anticipar soluciones económicas y sociales.

El reto de la descarbonización es «colosal», según reconocen los expertos, porque requiere poner patas arriba el modelo de producción y consumo imperante, pero si se aborda bien y a tiempo presenta grandes oportunidades para la competitividad y el empleo dado el buen posicionamiento de partida de España en las energías del futuro, con sol y viento. De las dos normas que asesorará este documento, la más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas tras pasar por la comisión interministerial que lo estudia.

Según fuentes consultadas, la ley pasará en breve por el Consejo de Ministros y, tras el informe del Consejo de Estado y un periodo de información pública, llegará al Parlamento antes del cierre estival, para su debate en otoño. Dadas las diferentes velocidades en los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, la futura ley hablará de la obligatoriedad de ir desarrollando planes nacionales integrados de energía y clima, marcará los contenidos de los mismos, e incorporará el primero en cuanto esté acabado pero sin necesidad de esperarlo para su aprobación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que no presentará el plan (2021-2030) hasta que no concluyan las negociaciones europeas para cerrar los objetivos a 2030, ya que está en liza pasar de un 27% de renovables a un 35%, si bien no podrá dilatarlo más allá de 2018, cuando la Unión Europea exige el primer borrador. El Gobierno lleva años anunciado una Ley de Cambio Climático y la oposición años reclamándola; se acerca el momento de ponerse de acuerdo.

La demanda de electricidad crece un 4,7% en marzo con la eólica como principal fuente de generación con un 32,9%

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Europa Press / EFE.- La demanda peninsular de energía eléctrica en marzo se estima en 22.111 gigavatios hora (GWh), un 4,7% superior a la registrada en marzo del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE), el gestor técnico del sistema. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica ha crecido un 5,1% con respecto a marzo del año pasado, según señaló el operador de la red.

En consecuencia, en el primer trimestre de este año, la demanda de electricidad se estima en 66.020 GWh, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica es un 2% superior a la registrada en el año anterior. En lo que va de 2018, la eólica es la principal fuente de generación, con el 26,5% del total, seguida de la nuclear (21,6%) y la hidráulica (13,5%). Los ciclos combinados y el carbón han aportado el 8,5% y el 12,2%, respectivamente, mientras que la cogeneración ha contribuido con el 11%.

En marzo, la producción eólica ascendió a 6.937 gigavatios hora (GWh), un 62,7% más que en el mismo periodo del año pasado, y representó el 32,9% de la producción total. Por su parte, la nuclear aportó el 19,2% de la generación en lo que va de mes, la hidráulica el 19%, la cogeneración el 10,7%, y los ciclos combinados y el carbón cayeron al 5,4% y el 5,9%, respectivamente. La generación procedente de fuentes de energía renovable ha representado el 56,6% de la producción y el 77,7% de la producción eléctrica de marzo procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Las emisiones de CO2 del sistema eléctrico caen un 14,31% en 2018 gracias a la lluvia y el viento

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Europa Press / EFE.- El carrusel de borrascas, que han dejado abundantes precipitaciones y fuertes vientos durante el mes de marzo, han elevado la producción de electricidad procedente de energía hidráulica un 58,9% y la eólica un 66,1%, según datos de Red Eléctrica de España. Asimismo, el viento y la lluvia de principios de año ha permitido reducir las emisiones de CO2 del sector eléctrico un 14,31% entre los meses de enero y febrero respecto al mismo periodo de 2018.

Así, en los dos primeros meses del año se han emitido 11.373.479 toneladas de CO2: 5.571.617 toneladas de CO2 en enero y 5.801.862 toneladas de CO2 en febrero, mientras que en los mismos meses de 2017 se alcanzaron 13.272.797 toneladas de CO2 (7.880.199 en enero y 5.392.598 en febrero). De estas emisiones de 2018, 3,07 millones de toneladas de CO2 en enero y 3,5 millones de toneladas de CO2 en febrero se debieron al carbón; y 926.158 toneladas de enero y 1,037 millones de febrero, fueron emitidas por el ciclo combinado, con el gasoil como principal combustible. Por su parte, las emisiones procedentes de electricidad generada con fuel + gas alcanzaron 463.905 toneladas en enero y 434.893 toneladas en febrero.

Hace un año, en febrero la electricidad ocasionó 5.392.972 toneladas de CO2, de las que 3.340.224 se debieron al carbón; 411.754 toneladas de CO2 al fuel + gas; 761.479 toneladas de CO2 al ciclo combinado. En enero, de las 7.880.199 toneladas de CO2 generadas por la electricidad, la mayor parte se debieron al carbón, con 5.117.837 toneladas de CO2, seguidas por las 1.319.176 del ciclo combinado y de las 465.272 toneladas de CO2 de fuel + gas. En el conjunto de 2017 las emisiones de CO2 del conjunto del sector eléctrico alcanzaron 74,9 millones de toneladas de CO2, tras dispararse a consecuencia de la sequía un 17,8%, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica.

En el 2017 las fuentes renovables cubrieron el 33,3% de la producción eléctrica peninsular frente al 40,8% del año anterior. Se trató del peor dato de los últimos cinco años, precisamente por la caída del 48,4% de la energía hidráulica respecto al año 2016. En 2017 la hidráulica apenas cubrió el 7% de la demanda, frente al 14,2% de 2016, y esta se sustituyó principalmente por el carbón, que aumentó a lo largo del año para cubrir un 17% de la electricidad, y de los ciclos combinados, con un 13,9%, frente al 10,2% de 2016.

En marzo de 2018, las fuentes renovables generaron el 56,6% de la electricidad, que sumado al 19,1% generada por la nuclear, suman un 75,7% de electricidad proveniente de fuentes no emisoras de CO2. Asimismo, en lo que va de año esta cifra de generación sin CO2 alcanza un 57,1%. La principal causa detrás de este aumento experimentado en lo que va de 2018 está en las sucesivas borrascas y las abundantes precipitaciones que han dejado y que han elevado la producción de electricidad con energía hidráulica un 58,9% en marzo y un 66,1% la eólica.

Con este incremento, en marzo otras fuentes de energía no emisoras de CO2 han experimentado una reducción: del 14,9% en el caso de la nuclear; del 25,9% en el caso de la solar fotovoltaica y un 57% la solar térmica. Además, fruto de este incremento en la hidráulica y la eólica, la producción eléctrica con carbón, que sí emite CO2, se redujo un 17,4% y el ciclo combinado un 10,9%.

Según fuentes de Red Eléctrica de España, el año 2017, a diferencia de lo que está ocurriendo en los últimos dos meses, fue en general un año seco y pausado en cuanto al viento. Si bien, han añadido que las lluvias se han sumado a los embalses de consumo hidroeléctrico principalmente en el mes de marzo, ya que cerraron febrero con unas reservas del 31%.

Durante el mes de febrero, la hidráulica también experimentó un importante crecimiento, aunque no tanto como en marzo, con un 20,5% más que en el mismo mes de 2017, aunque en los dos primeros meses del año generó el 13,8% del total de la electricidad. Sin embargo, el carbón generó en febrero un 5,6% más que el año anterior y el ciclo combinado un 30,5% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que la eólica se ha reducido en febrero un 5% respecto al año pasado y la nuclear generó ese mes un 3,9% menos que en el mismo mes de 2017.

Pool en mínimos desde 2014

Por otro lado, España ha registrado el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista más bajo desde marzo de 2014 y que, además, volverá a serlo también de la Unión Europea, junto al fijado en Portugal. A ello ha contribuido la aportación de las centrales hidroeléctricas y de los parques eólicos, algo que ya ha ocurrido varias veces este año. De este modo, el precio medio mayorista de la electricidad se situó en España en 4,5 euros por megavatio hora, el mismo que en Portugal, según datos de OMIE, el operador del mercado.

Habitualmente, los precios mayoristas más reducidos se registran en los países escandinavos, que obtienen un porcentaje muy elevado de la electricidad de sus centrales hidroeléctricas. Sin embargo, en esta ocasión, los precios mayoristas en Suecia, Noruega y Finlandia, de 41 euros por megavatio hora, están muy por encima de los fijados en España y Portugal. Otros países europeos como Francia (39,9 euros por MWh), Alemania (29 euros por MWh), Inglaterra (57 euros por MWh), Italia (53 euros por MWh) o Bélgica (44 euros por MWh), también dan precios bastante más altos que los de España.

La participación de las renovables, especialmente la eólica, en la generación, es una de las causas principales de este abaratamiento en el mercado mayorista de la electricidad. De hecho, en el mes de marzo, la producción de origen eólico asciende a 6.937 gigavatios hora (GWh), un 62,7% más que en el mismo periodo del 2017, y representa el 32,9% de la producción total, siendo la principal fuente en la generación, según datos de Red Eléctrica (REE), por delante de la nuclear (19,2%) y muy por encima de los ciclos combinados (5,9%) y el carbón (5,4%).

En 2018, la eólica también es la principal fuente de generación, con el 26,5% del total, seguida de la nuclear (21,6%) y la hidráulica (13,5%). Los ciclos combinados y el carbón han aportado el 8,5% y el 12,2%, respectivamente, mientras que la cogeneración ha contribuido con el 11%. El mercado mayorista de la electricidad funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final.

Nadal apunta ahora que la Ley de Transición Energética no estará lista hasta que se apruebe la normativa europea

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no se presentará hasta que se apruebe la normativa europea al respecto. «Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico«, ha apuntado, para señalar que las leyes «siempre se han hecho así en el país» y que ahora no se va a cambiar la forma de hacerlo.

Nadal explicó que la Ley de Cambio Climático pretende crear en España un marco normativo que, junto al resto de la Unión Europea, contribuya a la lucha contra el cambio climático y la transición energética en la próxima década. En respuesta al portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, Nadal expuso que esta norma está compuesta de tres paquetes, uno climático, otro energético y un tercero de movilidad sostenible y que estas tres acciones llevan diferentes ritmos de tramitación en la Unión Europea. Algunas están en «mayor o menor grado de tramitación», como es el caso “de la reducción de emisiones, que está más adelantada que la transición energética y tenemos bastante retraso en el de movilidad sostenible», aclaró.

Una ley anunciada múltiples veces

Estas palabras no satisficieron a García Mira, quien ha reprochado a Nadal que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hayan anunciado en varias ocasiones esta norma. «Y a día de hoy no tenemos la ley», ha insistido. El diputado resaltó que los ciudadanos son quienes sufren la ausencia de un texto que reduzca las emisiones.

Según denunció, cada día viven en ciudades «más contaminadas» que afectan a su salud, mientras las empresas y el sector productivo vive la situación «con incertidumbre». El diputado socialista ha imputado a Nadal «inflamar a la opinión pública con sus propuestas en relación al carbón y a las nucleares», en vez de seguir las recomendaciones del paquete de invierno de la Unión Europea para elaborar una estrategia de actuación de cara al 2030 y 2050.

El ministro respondió a estas críticas señalando que su departamento ha apostado por unas renovables que «compiten, que bajan el precio y permiten cumplir con los objetivos climáticos y al mismo tiempo ayudar a la economía española». En este sentido, ha acusado a los socialistas de que España tenga actualmente «un facturón de 10.000 millones de euros al año en energía eléctrica», que el país se podría «haber ahorrado». «Favorecieron intereses que a ustedes les interesaba favorecer», ha acusado Nadal, para señalar que el Ejecutivo de Rajoy apuesta por la energía nuclear porque emite menos.

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

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EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

La Fundación Renovables propone que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables plantea que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025, según el documento presentado Hacia una transición energética sostenible, con 200 medidas «urgentes e ineludibles» para realizar la transición energética en España. La Fundación propone un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que comience en 2018 y que culmine en 2025, así como la eliminación de todas las subvenciones a la minería y al uso del carbón.

Además, propone que no se den pagos por capacidad a las centrales de carbón que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora (Kwh) y un plan de «transición justa» para las zonas afectadas por la desaparición del carbón. José Luis García Ortega, patrono de la Fundación, ha denunciado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está empeñado en que las plantas de carbón no se cierren y ha pedido a los grupos parlamentarios que no apoyen la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso para ampliar los criterios a tener en cuenta para el cierre de centrales valorando la posibilidad de mantener una central si su cierre incrementara los precios de la electricidad.

En cuanto a las centrales nucleares, la Fundación Renovables propone un cierre programado a medida que vayan expirando las licencias actualmente en vigor, con lo que la última cerraría en 2024. También pide que los costes de desmantelamiento de las centrales y el tratamiento de los residuos los asuman las empresas. Además, reclama que el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) siga paralizado hasta que no haya un plan de cierre de todas las nucleares.

El presidente de la Fundación, Fernando Ferrando, considera que se trata de una propuesta «proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista» que parte del convencimiento de luchar contra el cambio climático y contra «las graves disfunciones del sistema energético» en España, así como para lograr una significativa reducción de las emisiones. Por ello, ve imprescindible electrificar la demanda de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo. La propuesta parte de que la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población y consumen el 75% de la energía.

El documento, que plantea un escenario hasta 2030, gira en torno a desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el 50% de esa demanda de energía en España corresponde a productos petrolíferos, frente al objetivo de la Fundación Renovables para 2030 de que el 50% se cubra con renovables, multiplicando su peso por tres. Por tanto, aboga por reducir el petróleo del 50% al 22% a 2030; reducir la dependencia del 83% al 50% y frenar las emisiones un 59%, pasando de las 255 mtn de CO2 de 2015 a 104 Mtn. Ese objetivo supondría que la electrificación de la demanda pasara de un 25% en 2015 a un 50% en 2030 y que la generación renovable llegara al 80%.

Cuota del 10% en autoconsumo

La Fundación Renovables, que propone anular las medidas retroactivas en la retribución de estas energías y la repotenciación de 15.000 MW hasta 2030, calcula que habría que instalar 85.000 megavatios (MW). La Fundación Renovables exige derogar el decreto de autoconsumo, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la incorporación de baterías y el desarrollo del autoconsumo compartido con el fin de que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de cobertura de la demanda de la electricidad. Asimismo, propone que no se limite la potencia de estas instalaciones y que se permitan las compras y ventas de energía entre particulares.

El documento recoge también propuestas para erradicar la pobreza energética. La Fundación considera ineficaz el actual bono social y propone una tarifa social. La Fundación Renovables propone rehabilitar 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética, lo que representa el 3% del parque actual. De esta forma, en 2030 estarían adaptadas todas las que lo necesitan. También se propone actuar en los edificios públicos, rehabilitando el 5% de ellos cada año. Plantea eliminar el consumo de combustibles fósiles con sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor. Por ello, propone prohibir las calderas de carbón a partir de 2021 y las calderas de gasóleo a partir de 2025.

En materia de movilidad, la Fundación Renovables propone prohibir la circulación de vehículos diesel en las ciudades en 2025, que en 2030 el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%. Asimismo, pretende minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones y abandonar progresivamente los vehículos de combustión interna. «Apostamos por la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público y la implantación del vehículo eléctrico», comenta.

Por otro lado, otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico con la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020, modificar la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones, se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la electricidad que se consuma, transformando los costes fijos en variables. En materia regulatoria, pide sacar de la tarifa las políticas industriales y territoriales.

Entre otras propuestas plantea actuar de forma prioritaria sobre la demanda sobre la vía para mejorar la gestión del sistema eléctrico y una reforma de la política fiscal como herramienta «fundamental» mediante, por ejemplo, la incorporación en el IBI de las ineficiencias energéticas de los edificios. En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que «para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para el final».

En el ámbito de la fiscalidad, propone que esta se dirija a fomentar y penalizar las prácticas que se quieran limitar. Por ejemplo plantea modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos y aumentar el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con esta medida calcula que recaudarían aproximadamente 3.500 millones de euros que se destinarán a planes urbanos, rehabilitación de viviendas, sustituir calderas por bomba de calor, mejorar la domótica o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.