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La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

Enagás, Endesa, Siemens Gamesa, Naturgy, Iberdrola y Red Eléctrica figuran en el índice de sostenibilidad de empresas DJSI World 2018

Europa Press.- Un total de 15 empresas españolas figuran en la edición 2018 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World, por sus siglas en inglés), publicado por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, lo que supone una más que en la edición anterior, cuando ingresaron un total de 14.

En concreto, 30 compañías españolas fueron invitadas a participar en esta edición, respondiendo a un cuestionario de forma voluntaria y gratuita. No obstante, todas las empresas son evaluadas, contesten o no el formulario. «El 50% de las empresas que podían ser elegidas han sido escogidas», ha indicado la directora de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España, Jerusalem Hernández.

En esta edición, aparecen en el índice mundial Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Enagás, Endesa, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre y Red Eléctrica. De estas, tres compañías no estaban en el índice mundial de 2017 y sí en esta última edición (BBVA, Bankinter y Mapfre).

Asimismo, tres empresas españolas son líderes en sus respectivos sectores. De este modo, Naturgy Energy Group lidera el sector Gas; Inditex, el sector Distribución; y Enagas, el sector Oil and Gas Almacenamiento y Transporte. «Son tres empresas españolas que son líderes en sus sectores. Esto es relevante porque dice que las empresas españolas en ciertos ámbitos destacan por su gestión sostenible. Tiene mucho valor», ha destacado Hernández.

En esta nueva edición, 3.505 compañías entre las más grandes del mundo por capitalización eran elegibles para los distintos índices, de las que se selecciona a cerca del 10% como miembros de DJSI 2018 World, en el que figuran las 317 más sostenibles, de acuerdo con criterios económicos, medioambientales y sociales. En el caso del índice europeo, están 149 empresas.

Respecto a la presencia de empresas españolas en el índice europeo, este año se incluyen 13 compañías, la misma cifra que en el año 2017. Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Enagas, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola, Inditex, Red Eléctrica y Telefónica son las 13 elegidas.

«Las compañías españolas, como todas las compañías del mundo, están dándole importancia a estar presentes en estos selectivos de sostenibilidad porque empieza a ser un atributo que contribuye a generar valor en las empresas y eleva su atractivo para los inversores. Las empresas españolas también quieren estar en estos selectivos», ha manifestado Hernández.

Además, la directora de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España considera que las compañías españolas «son reconocidas por su sostenibilidad en exámenes tan exigentes y tan complejos como este«. «La cantidad de atributos que se preguntan aquí es impresionante», ha asegurado, para después añadir que consta de 100 temas con cerca de 600 preguntas a las que hay que responder.

«Para las compañías no es fácil responder a todo y, sin embargo, las empresas españolas están sabiendo hacerlo bien», ha señalado Jerusalem Hernández, quien considera «importante» que la mayoría de las compañías de España se mantienen.

En cuanto a la cuestión geográfica, Jerusalem Hernández ha destacado que existen mercados que tienen una mayor presencia de líderes en la edición 2018 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones como es el caso de Estados Unidos, Japón y Francia.

La familia de índices que forman el Dow Jones Sustainability Index se viene elaborando desde 1999 con información solicitada previamente a las empresas de mayor capitalización bursátil, y constituye un índice de referencia para los sectores empresariales y financieros.

El DJSI, revisado anualmente por el Comité de Standard & Poors del índice Dow Jones y RobecoSAM, monitoriza el desempeño financiero de las compañías orientadas a la sostenibilidad y responsabilidad social. Se basa en un análisis de los factores económicos, ambientales y sociales. Las compañías que entran a formar parte del DJSI son reconocidas públicamente como líderes en las áreas social, medioambiental y de gran actividad económica.

«Este tipo de índices o selectivos son muy importantes porque siguen poniendo sobre la mesa que el valor de las compañías no está solo en su gestión financiera y deja de manifiesto que a los inversores les preocupa la forma en la que las empresas gestionan también otros asuntos, que de convertirse en un riesgo quebrantaría considerablemente el valor de las compañías», ha apuntado la experta.

Finalmente, Jerusalem Hernández ha puesto de relieve «el efecto reputacional» que tiene estar presente en índices como este porque significa estar «entre los mejores y todos los grupos de interés lo entienden así». Desde su punto de vista, esto genera confianza, pero también un riesgo y es que «se elevan las expectativas».

Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.

 

Naturgy se adjudica un parque eólico de 180 MW en Australia en el que invertirá 166 millones de euros

EFE.- Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, se ha adjudicado un parque eólico de 180 megavatios de potencia en Australia en el que invertirá un total de 166 millones de euros. Según comunicó a la CNMV, Naturgy asevera que este proyecto le permitirá multiplicar por 3 su presencia en Australia, hasta los 270 megavatios de potencia instalada.

Se trata de la primera inversión inorgánica de la multinacional catalana tras la presentación de su plan estratégico hasta el año 2022. En concreto, el Gobierno del Estado de Victoria ha anunciado la adjudicación a Global Power Generation (GPG), sociedad participada por Naturgy y Kuwait Investment Authority (KIA), de un total de 180 megavatios de potencia de generación en este proyecto eólico. La construcción del parque, denominado Berrybank, comportará esos 166 millones de euros mencionados y se espera que la instalación empiece a operar en el segundo semestre de 2020.

Naturgy calcula que el parque aportará un beneficio bruto de explotación o Ebitda de unos 22 millones de euros al año en pleno funcionamiento. «Este es un paso importante en el refuerzo de nuestra presencia internacional. Australia es un país muy atractivo para invertir en proyectos de energías renovables al combinar atractivas rentabilidades para los inversores con requerimientos sociales y medioambientales», ha asegurado el presidente de la multinacional, Francisco Reynés.

«El proyecto eólico de Berrybank es una oportunidad atractiva para que GPG continúe su estrategia de crecimiento internacional y su inversión renovable en Australia, un mercado fundamental para GPG», ha comentado Karl Lim, vicepresidente de GPG. Para justificar la inversión, Naturgy subraya que este proyecto excede los objetivos de rentabilidad mínimos previstos en su plan estratégico y reduce el perfil de riesgo del grupo energético.

Energía plantea redefinir el papel a jugar por el mercado eléctrico pues fue diseñado en condiciones diferentes a las actuales

EFE.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha aseverado que hay que redefinir el papel que han de jugar el operador del sistema y el mercado eléctrico, ya que éste fue diseñado para unas condiciones diferentes a las que se dan ahora y a las que se van a dar en próximos años.

Domínguez Abascal, que ha clausurado el III Foro Energético del diario El Economista, ha manifestado que hay que habituarse a un nuevo modelo energético en el que los ciudadanos toman decisiones, lo que obligará a redefinir tanto el papel del operador del sistema como el del mercado eléctrico.

Ha recordado que antes de que finalice el año habrá una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y un Plan Nacional de Energía y Clima, además de una estrategia de Transición de Justa, a la que el Gobierno da gran importancia, aunque no esté obligado a presentarla.

Antes, en una mesa redonda sobre El rol de las renovables para la transición energética, representantes de este sector han debatido sobre las subastas de renovables.

El presidente de Gesternova, José María González Vélez, ha criticado que este sistema «ha sido nefasto«, mientras que el consejero delegado de X-Elio, Jorge Barredo, considera que son el método correcto, aunque estas pujas deben hacer viable la financiación de los proyectos.

Por eso, ha señalado que no es partidario de «subastas a descuento» como las últimas que se han hecho, sino de subastas con precio a kilovatio hora, que extraigan competitividad del mercado y den certeza al inversor para financiar los proyectos.

Respecto a la próxima subasta de renovables en Canarias, el director de Desarrollo de Generación de Naturgy, Carlos González Samano, ha manifestado que su compañía participará en ella, al igual que lo hizo en el anterior cupo canario.

Ha añadido que este año pondrán en marcha 45 megavatios (MW) en Canarias, donde poner renovables tiene incluso más sentido que en otros lugares, y quieren seguir incrementando su presencia en el sector renovable en las islas.

Jorge Barredo, por su parte, ha indicado que instalar renovables en Canarias tiene el hándicap de la dificultad que hay de puntos de conexión y la dispersión en tres administraciones, al tiempo que ha señalado que su compañía tiene mucha experiencia en las islas, aunque es verdad que tiene poca energía conectada.

Egipto asegura que defenderá sus derechos tras el laudo que la condena y falla a favor de Naturgy y ENI

EFE.- El Ministerio de Petróleo egipcio advirtió de que está tomando «todas las medidas necesarias para preservar los derechos» de Egipto después de que este país haya sido condenado a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas por la paralización de la planta de licuefacción de Damietta.

En este sentido, el Ministerio no especificó qué medidas está tomando pero señaló que estas responden a «los intereses generales» de Egipto, que suspendió el suministro de gas natural a las instalaciones de Unión Fenosa Gas en la localidad de Damietta en 2011 tras el estallido de la revuelta popular en contra del entonces presidente Hosni Mubarak. El Ministerio destacó que «la falta de suministro de gas se produjo por los acontecimientos y las crisis que acompañaron a la revolución del 25 de enero de 2011″, que afectó a la mayoría de los sectores económicos, algunos de los cuales se vieron paralizados por semanas durante y después de las protestas que sacudieron Egipto en el marco de la Primavera Árabe.

El Ministerio agrega que «la disminución de las cantidades suministradas y el parón del suministro se debió a causas totalmente fuera de la voluntad de la empresa Egas», la compañía estatal que gestiona el gas natural de Egipto. Se trata de la respuesta al laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que consideró que no se concedió al inversor el trato justo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que exige a la República Árabe de Egipto pagar 2.013 millones de dólares a Unión Fenosa Gas, participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural, y la Italiana ENI.

El Ciadi condena a Egipto a pagar 1.700 millones de euros a Naturgy y ENI por la paralización de Damietta

EFE.- La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial, ha condenado a la República Árabe de Egipto a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas, compañía participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y la Italiana ENI, por la paralización dada la falta de suministro de la planta de licuefacción de Damietta. El Ciadi resuelve así la demanda presentada en 2014.

El laudo estima que no se concedió al inversor el trato justo y equitativo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que condena a Egipto a pagar 2.013 millones de dólares después de impuestos y antes de intereses. Naturgy confía en que este laudo arbitral permita alcanzar un acuerdo global y poner en valor su inversión en Egipto a través de un acuerdo comercial y el restablecimiento del suministro de gas a la planta. Además, considera que este laudo demuestra la efectividad en los procedimientos de resolución de conflictos internacionales como instrumento eficaz para asegurar la protección de inversiones internacionales.

El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) concede la licencia a Naturgy para construir una planta de energía fotovoltaica

EFE.- El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) ha aprobado la concesión de la licencia de obra a Unión Fenosa (Naturgy) para la construcción de dos fases de la planta fotovoltaica que se instalará en la localidad. Los proyectos, denominados Picón 1 y Picón 2, afectan a una superficie total de unas 270 hectáreas aproximadamente, según señaló el Consistorio.

Esta licencia se concede después de haber recibido en el Ayuntamiento todos los informes favorables por parte de las diferentes administraciones y la documentación requerida a la empresa Naturgy, que será la encargada de construir dicha planta. Desde el Ayuntamiento de Porzuna han recordado que la planta fotovoltaica «es fruto única y exclusivamente de un acuerdo de arrendamiento entre la empresa que acometerá la obra y los propietarios de las tierras donde se instalará dicha planta». En este sentido, el Consistorio se ha limitado a hacer los mismos trámites y gestiones que realiza cuando recibe la solicitud para la realización de cualquier otro proyecto de carácter privado en terrenos privados.

Previamente a la aprobación y celebración de la Junta Local de Gobierno, representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Porzuna han participado en una Comisión Informativa en la que se han aportado todos los informes y datos sobre este proyecto. Como ya ocurriera en un pleno anterior en el que se abordó este asunto por petición expresa de las personas contrarias al proyecto, los concejales de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal han comprobado todos los permisos y autorizaciones pertinentes. Por ello, han dado el visto bueno al proyecto porque, según han explicado, «como Ayuntamiento no podemos negarnos a dar luz verde a un proyecto que cumple toda la normativa y todos los requisitos exigidos».

El municipio de Porzuna ingresará en torno a 2,5 millones de euros por canon e impuestos de construcción de las plantas Picón 1 y Picón 2, «un dinero que beneficiará a todos los porzuniegos puesto que permitirá poner en marcha nuevas iniciativas, mejorar las infraestructuras e incluso bajar impuestos». Esta cifra podría incrementarse si más adelante se aprueba la licencia para la planta Picón 3, pendiente de aportar la documentación necesaria y que afectaría a unas 130 hectáreas más. Además, habría que sumar también los ingresos anuales por el IBI que debería pagar la instalación.

Naturgy empieza la construcción del parque eólico del Monte Tourado-Eixe en Vimianzo (La Coruña) con 39 millones de euros invertidos

EFE.- La empresa Naturgy, nueva denominación de Gas Natural Fenosa, invertirá 39 millones de euros en el proyecto renovable del Monte Tourado-Eixe, en Vimianzo (A Coruña), que se suma a la construcción del Parque Eólico de Peña Forcada-Catasol II en Laxe, y que producirá el consumo eléctrico de cerca de 57.000 hogares y unos 200 empleos.

El parque contará con 11 aerogeneradores que sumarán una potencia total de 39,6 megavatios, aunque a lo largo de 2019 pretende aumentar la inversión en Galicia hasta un total de 200 millones de euros, para sumar 233 megavatios. Hasta ahora, se han iniciado los trabajos de señalización, replanteo de la zona de obra, montaje de instalaciones auxiliares, acondicionamiento de los caminos de acceso e implantación de unas medidas preventivas para la vigilancia arqueológica y ambiental.

“Este proyecto renovable, que se suma al de Peña Forcada-Catasol II en Laxe, tendrá un impacto muy positivo en la Costa da Morte y en la sociedad gallega, ya que su construcción permite la generación de empleo, la reducción de emisión de gases contaminantes y el ahorro de producción eléctrica”, declara la responsable de los proyectos eólicos en Galicia de Naturgy, María Landeira. Durante el seguimiento arqueológico y ambiental que se llevará a cabo, se garantizará el cumplimiento de las medidas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental, con las superficies afectadas revegetadas y sometidas a un seguimiento medioambiental periódico.

El Gobierno colombiano asegura que la prioridad ante la situación crítica de Electricaribe pasa por mejorar la calidad del suministro

EFE– El ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, afirmó que la solución a la crisis que vive Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa y en proceso de liquidación, está en la atención a los usuarios, según indicaron fuentes oficiales. «Si no somos serios en estimar exactamente cuáles son las obligaciones que tiene la empresa no vamos a encontrar una solución que sea sostenible y consistente con la meta última, que es la satisfacción de los usuarios», manifestó el ministro.

Carrasquilla señaló que de la mano con el servicio está la inversión que necesita la compañía, que se estima en 7 billones de pesos (2.341 millones de dólares). El ministro agregó que para que llegue esa inyección de capital se debe trabajar en la solución de «los faltantes de caja«, especialmente en materia de subsidios, porque ninguna compañía va a invertir esa cantidad con «endeudamientos fuertes en materia financiera y una demanda en tribunales internacionales». «El mensaje es muy claro: la prioridad absoluta y total es el usuario», concluyó Carrasquilla.

Electricaribe, que tiene 2,5 millones de usuarios de la costa atlántica colombiana, fue intervenida en 2016 por el Gobierno de Santos ante los problemas financieros de la empresa causados por fraudes en el consumo de electricidad e impagos que afectaron a la prestación del servicio. Después de la intervención, la Superintendencia de Servicios Púbicos de Colombia dispuso en 2017 la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio. Ante esto, Gas Natural interpuso un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares.