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Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

La Alianza por el Autoconsumo pide una normativa que permita un autoconsumo compartido y sin barreras en España

Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo ha pedido la eliminación de las barreras que supongan un freno al desarrollo del autoconsumo en España y ha incidido en la necesidad de cambios en la propuesta de normativa del Gobierno que propicien que su modalidad compartida y de proximidad se diseñe de forma realmente efectiva.

En sus alegaciones a la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio, la alianza, formada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, considera que la propuesta del Gobierno «es un paso adelante», aunque identifica una serie de mejoras «necesarias» para que el autoconsumo tenga «un marco normativo óptimo». Así, las alegaciones insisten en eliminar los obstáculos y barreras burocráticas que se han detectado en el borrador de Real Decreto sometido a exposición pública, subrayando que resulta «fundamental» simplificar la tramitación con la compañía distribuidora de electricidad en las instalaciones con excedentes.

En concreto, identifica dos condiciones que se consideran excesivamente restrictivas. Por un lado, limitar a un máximo de 500 metros la distancia entre las instalaciones de producción a los puntos de consumo asociados; y por otro, restringir el autoconsumo a instalaciones en la red de baja tensión, dejando fuera a los edificios conectados a la red de media tensión. Estas dos restricciones, además de «arbitrarias y de difícil comprobación práctica», impiden o restringen de hecho el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales e industriales y el autoconsumo en edificios públicos cercanos.

Asimismo, la Alianza reclama una definición de la compensación simplificada que garantice «sin lugar a dudas» que los particulares y pequeños negocios puedan compensar sus excedentes de energía en su factura eléctrica, sin que se considere una actividad económica sujeta a obligaciones fiscales. Respecto a los criterios de reparto del autoconsumo compartido, la Alianza pide que se modifique el texto para permitir una verdadera compartición de energía y no solo de instalaciones, como se propone. Además, destaca que en el Real Decreto no queda «suficientemente claro» cómo será el proceso de tramitación de las instalaciones.

Los ecologistas reclaman la renovación urgente de los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por motivos democráticos

Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno que renueve de manera «urgente» la composición del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por motivos «democráticos, legales y de garantía institucional», ya que de los 5 miembros actuales, uno cesó el pasado 2 de febrero, el presidente está en situación de interinidad desde el 28 de diciembre y otros dos lo están desde el pasado 22 de febrero.

La ONG recuerda que hace un año y medio el Congreso de los Diputados reprobó al presidente del regulador nuclear e instó al Ejecutivo a cesarlo y, además, su mandato terminó ya. Así, señala que el Gobierno no tiene «ninguna traba legal» o democrática, por lo que reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que renueve «urgentemente» el organismo por motivos democráticos, legales y de garantía institucional.

Para la responsable de la campaña nuclear del CSN, Raquel Montón, el Gobierno «no puede esperar ya más para cumplir con el mandato democrático del Congreso» y para garantizar la renovación legal del regulador y velar así por el «limpio funcionamiento de la institución». «Por la trascendencia que tiene el CSN, es urgente que los actuales miembros de este organismo no se perpetúen en sus cargos. Más si cabe en la coyuntura actual de finalización de 5 de las 7 licencias de explotación de los reactores nucleares operativos en los próximos 5 años«, concluye Montón.

El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

La factura de la luz se encarece un 6,47% en enero

Europa Press.– Un consumidor doméstico medio pagará 74,37 euros en su factura de la luz de enero, por lo que esta factura se incrementó en un 6,47% respecto a los 69,85 euros de enero de 2018, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 4,52 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que solía emplear el antiguo Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia española media con dos hijos. De los 74,37 euros abonados en los 31 días de enero del 2019, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de enero, 43,09 euros obedecen al consumo, 2,99 euros al impuesto eléctrico y 12,91 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El mercado sube un 24%

Este encarecimiento frente a hace un año en el recibo está motivado principalmente por la subida registrada en el precio medio del mercado eléctrico español, que ha cerrado enero en los 62 euros por megavatio hora (MWh), un 24% más que hace un año. Con respecto al pasado diciembre, el precio del pool se mantiene prácticamente estable, cuando cerró en los 61,8 euros en el último mes del año pasado.

Esta diferencia de precios en el mercado mayorista de la electricidad de un año para otro está motivada, principalmente, por el impacto del encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que se disparó desde mayo y que, a pesar del aumento de la producción de las renovables en meses como este enero, especialmente en las últimas semanas, no ha permitido abaratar sensiblemente el precio.

Eso sí, la factura dela luz de enero respecto al mes anterior, diciembre, fue un 0,37% más barata dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en enero de 2019 respecto a los 2,41 euros de diciembre de 2018. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses (28,29,30 o 31) a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, en términos mensuales, en enero se vuelve a recuperar la tendencia a la baja, que se vio cortada en diciembre y que se había iniciado en los meses de octubre y noviembre, poniendo así fin a la espiral alcista en que se estaba inmerso en el recibo de la luz desde mayo. En octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó diversas medidas para contener esta subida en los precios de la luz, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

La Reina Letizia y Teresa Ribera entregan las 97 Becas Iberdrola a la investigación para el curso 2018-2019

Europa Press.- La Reina Doña Letizia, acompañada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, entregó las 97 becas máster y ayudas a la investigación que Iberdrola ha concedido para el presente curso 2018-2019. En esta edición, la empresa ha destinado cerca de 3 millones de euros a su programa de becas y ayudas, destinados a jóvenes procedentes de 10 países: España, el Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Italia, Hungría, Holanda, Alemania y República Checa.

Durante el acto, el presidente de la compañía ha agradecido el respaldo de la Reina Letizia a las nuevas generaciones, «llamadas a transformar la realidad de hoy en su realidad de mañana, en un mundo más global, más justo y más solidario». Para Galán, es «fundamental» que los jóvenes con talento contribuyan a construir un mundo «más sostenible» mediante la protección del medio ambiente y la biodiversidad, tal y como promueve «de manera tan decidida» el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

«Nos sentimos orgullosos de haber contribuido tan solo en los últimos 5 años a la formación de casi 4.000 universitarios, 4.000 historias de esfuerzo y de éxito», ha asegurado. Asimismo, el presidente de Iberdrola ha anunciado la convocatoria de nuevas becas y ayudas a la investigación para el curso 2019-2020, cuyo plazo de solicitud quedará abierto a partir de ya. «Sed valientes. Arriesgaos», ha concluido.

El Gobierno estima que la luz sería «en torno a un 10%» más cara sin las medidas que ha adoptado

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería «en torno a un 10%» más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad «más barato de Europa«, a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente «está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2». Así, consideró que a veces «alarmamos innecesariamente» con el precio de la electricidad ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria «para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España«.

De esta manera, valoró la política «de contención» en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente «hay que ser conscientes de que es un problema» y se trabaja para que «sea lo más bajo posible». A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el mix energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser «necesariamente paulatina«, ya que «no es un proceso que se pueda corregir inmediatamente». Así, afirmó que las medidas de «más calado» deben ser a través de la legislación, la Ley de Cambio Climático, por lo que «van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto».

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica adoptada en octubre, Domínguez señaló que los impuestos «son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos«. Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico «es algo que está en debate y estudio en este momento».

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018, el secretario de Estado de Energía aseguró que está «prácticamente terminado». «Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso», justificó.

Con respecto a la nuclear, indicó que lo «fundamental» a la hora de tomar una decisión es la seguridad, «tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos». Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber «algún almacén temporal, que puede que sea centralizado».

El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.