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La Diputación Provincial de Badajoz y el Ministerio para la Transición Ecológica se reúnen para facilitar ayudas a la eficiencia energética

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EFE. – Responsables de la Diputación Provincial de Badajoz y del Ministerio para la Transición Ecológica se han reunido para hacer un seguimiento de las ayudas que se tramitan para los proyectos susceptibles de ser financiados por entidades locales menores y que favorezcan una economía con menos emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Según informaciones de la administración provincial, responsables de eficiencia energética del Área de Desarrollo Sostenible han mantenido esta semana encuentros con técnicos del Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Así, las solicitudes de ayudas que se tramitan corresponden al Objetivo Específico de Eficiencia Energética en la Edificación y en las Infraestructuras y Servicios Públicos, que en su primera convocatoria cuenta con una dotación de 25 millones de euros para Extremadura, ampliables a 35 en una segunda convocatoria.

En la reunión también se ha presentado el proyecto «Smart Energía», con el que se pretende mejorar las instalaciones de alumbrado público en entidades locales para el consiguiente ahorro de energía, la simplificación del mantenimiento y la posibilidad de gestión y control. También posibilitará mejorar la calidad del cielo nocturno, una disminución de la luz intrusa y conseguir mejores niveles de iluminación de los actuales.

Este proyecto supone una inversión en los municipios de la provincia de Badajoz de 13 millones de euros. Está financiado con fondos propios de la institución provincial y también es susceptible de ser financiado por concesión directa de estas ayudas.

Además, en el encuentro han dado a conocer las últimas novedades de cara a las posibles ayudas que pueda ofrecer el IDAE, que puedan ser de aplicación a futuros programas en la Diputación pacense.

 

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

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Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

Transición Ecológica busca «acelerar» las alternativas a la minería mientras Castilla y León pide al Gobierno que defienda al carbón

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Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha rogado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defienda el carbón tanto en España como ante la Unión Europea. Por su parte, Ribera mantiene que el compromiso del Gobierno es «buscar como acelerar» las actividades alternativas a la minería en las comarcas que vivían de este sector, una labor que ha criticado que se encontró «descuidada» cuando asumió el Ministerio.

La ministra socialista reitera la necesidad de buscar alternativas para las personas y las comarcas que viven de la minería. Asimismo ha explicado que, cuando llegó al Ministerio hace poco más de 100 días, se encontró una situación un «tanto complicada», que ha asegurado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero trabajó para fijar el horizonte en 2018 para anticipar y construir alternativas, pero ha reprochado que después, con el Gobierno del PP, ha habido un «descuido importante«. En todo caso, ha insistido en que el Gobierno trabaja con sindicatos y alcaldes de las zonas mineras para «buscar como acelerar» la generación de oportunidades a la minería del carbón.

«La prioridad del Gobierno, con un compromiso muy grande del presidente, pero también con un entendimiento absoluto por parte del Ministerio que dirijo y del Ministerio de Trabajo, es buscar y construir esas alternativas en las comarcas, que como digo históricamente han vivido muy conectadas a la actividad minera«, ha reflexionado la titular de Transición Ecológica. Pero ha matizado que considera «responsabilidad» de las instituciones anticipar el proceso para que esas alternativas se materialicen, de modo que ha reiterado el «compromiso absoluto» del Gobierno y que así trabaja para buscar esas alternativas «de modo inminente».

El Gobierno y el carbón

Mientras tanto, desde Castilla y León, Del Olmo se ha mostrado en total desacuerdo con la intención de la ministra de finalizar «ya» con el carbón y ha avanzado que el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordó que se remita al Ministerio el documento con el posicionamiento «claro» de la comunidad de que se continúe con la actividad del carbón por ser una «reserva estratégica». Así, la consejera ha explicado que en casos como el actual con un incremento del recibo de la luz, el repunte actual deriva, como ha señalado, de la falta de generación eólica. «El carbón baja la factura», subrayó.

Tras esta explicación ha reseñado que no hay duda de que Castilla y León es una comunidad «verde», ya que produce el 25% del total de la energía eólica y el 20% a través de renovables. «No creo que la culpa del cambio climático lo tengan cuatro minas de carbón o las térmicas en zonas mineras», ha aseverado. «Por razones sociales y de competitividad le ruego a la ministra que defienda el carbón aquí y en la Unión Europea», concluyó.

Los grandes consumidores empresariales de AEGE recuerdan que con la subida del precio de la electricidad se perderá competitividad industrial

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha indicado que el encarecimiento de la electricidad «se traduce directamente en una pérdida de competitividad industrial» después de conocerse que el precio haya registrado en septiembre sus máximos anuales. La AEGE, que representa a gran parte de la industria electrointensiva, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales, alerta de que el encarecimiento en los precios eléctricos «amenazaría» su futuro si esta situación se prolongara.

La patronal considera «urgente replantear» el esquema de costes del suministro del consumidor electrointensivo español, para lo que dice que «es necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones» del suministro eléctrico en España a las de sus principales competidores europeos. La AEGE asegura que sus industrias asociadas tuvieron el año pasado un sobrecoste estimado de 450 millones de euros respecto a Alemania y asegura que este año «la situación ha empeorado de manera preocupante», con un precio del mercado unos 8 euros/MWh más caro que el año anterior.

La situación, según esta fuente, «se complica más» en relación con los países de fuera de la Unión Europea, y lo justifica porque éstos países no están afectados por el incremento de los precios de los derechos de emisión, «que implica una pérdida de nuestra competitividad«. La electricidad supone hasta el 50% de los costes de producción de estas industrias.

AEGE opina que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «debería reconocer» el estatus de consumidor electrointensivo, para igualarlo con las condiciones del suministro eléctrico de sus competidores franceses y alemanes. También solicita la aplicación de las medidas compensatorias, que asegura que están contempladas en los Presupuestos del Estado de 2018, por costes adicionales incurridos por las industrias electrointensivas.

«Raquíticas» las medidas del Gobierno

Por otro lado, Facua considera «raquíticas» las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a las tarifas eléctricas, al estimar que no van a representar una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha lamentado que «una vez más, da la sensación de que en España mandan más las eléctricas que el Ejecutivo». «La ministra Ribera ha anunciado medidas que no solucionan la carestía del recibo ni ponen fin a la especulación de las eléctricas. Una pena que este Gobierno tampoco quiera molestar al oligopolio de las puertas giratorias», ha añadido el portavoz.

Facua presentó en una reunión al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, una serie de medidas para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de Facua, algo que ya ha rechazado la ministra. Según Facua, bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Sin embargo, Ribera anunció en el Congreso que eliminará el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que extenderá el bono social a la calefacción.

La principal medida propuesta por la asociación es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de Facua señala que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Moratoria para el bono social

Otra medida anunciada por Ribera es una «moratoria» para aquellos consumidores vulnerables con derecho al bono social eléctrico que no hayan podido inscribirse antes de la fecha límite del 8 de octubre. En este sentido, Ribera subrayó que el nuevo sistema de bono social «no puede ir en contra de los beneficiarios», por lo que se quiere evitar que se produzca esa criba con respecto al número anterior de beneficiarios.

«No hemos entrado en épocas de gran frío o demanda eléctrica, pero queremos apurar al máximo para que antes del 8 de octubre llegue al mayor número de ciudadanos potenciales del bono social, sin excluir ni limitar. Al contrario, que pueden seguir apuntándose. Pero es importante que puedan hacerlo cuanto antes para que no haya discontinuidad en la prestación de ese bono», apuntó. El plazo para la inscripción al nuevo bono social eléctrico, prestación que permite obtener un descuento del 25% al 40% en la factura eléctrica mensual para determinados consumidores vulnerables expiraba este 8 de octubre, después de que ya hubiera sido ampliado anteriormente.

Alrededor de 700.000 consumidores han solicitado el nuevo bono social frente a los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo bono social. A este respecto, Ribera consideró que el criterio de la renta fue uno de los aspectos en que se avanzó con la aprobación del nuevo sistema de bono social, aunque subrayó que se debe «avanzar más» en esa línea. Así, la ministra subrayó que la falta de potenciales beneficiarios que no se han inscrito en el nuevo sistema tiene que «ver con la dificultad burocrática o de entendimiento» para hacerlo, para lo que pidió la ayuda de «quienes ya trabajan sobre el terreno con esos colectivos».

Facua exige al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo de las tarifas del butano tras subir otro 5%

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Europa Press / EFE.- Facua reclama al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas para que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores, después de que el butano volviera a subir un 5%, hasta los 14,61 euros. Según denuncia la asociación, el nivel en el que se encuentra actualmente el precio de una bombona de butano estándar de 12,5 kg es 2,88 euros más que hace justo 2 años, cuando el precio llegó a los 11,73 euros.

Facua recuerda que el máximo histórico de la bombona fueron los 17,50 euros que tuvieron que abonar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (un total de 672 días), siendo el tope legal fijado. El precio más alto durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011, a 81 días del fin de su segunda legislatura, y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

Una nueva subida del 5%

El precio medio de la bombona de butano subió un 4,96%, hasta los 14,61 euros, frente a los 13,92 euros anteriores. De esta manera, la bombona registra su segunda subida consecutiva, tras el repunte del 4,9% que sufrió también en julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente. Este aumento en el precio se debe, principalmente, al incremento de la cotización de las materias primas internacionales y los fletes durante el periodo de cálculo. De este modo, el nuevo precio del butano pasará a ser de 95,1261 céntimos de euro por kilogramo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 69 céntimos. Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%.

Igualmente, en septiembre el precio había descendido casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros. No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular 6 revisiones bimestrales al alza.

El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando se revisará nuevamente. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos. Esta bombona la consumen unos 8 millones de hogares en España.

El precio de la bombona de butano sube de nuevo un 4,96% y cuesta 14,61 euros

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EFE.- El precio de la bombona de butano de 12,5 kilogramos, que consumen unos 8 millones de hogares en España, ha vuelto a subir, con lo que encadena un nuevo ascenso después del de julio y costará 14,61 euros, un 4,96% más, es decir 69 céntimos más.

El incremento se debe al ascenso en las cotizaciones internacionales de la materia prima (8,5%) y de los fletes (17%), así como a la depreciación del euro respecto a los valores de referencia del anterior bimestre, según apuntó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El precio de la bombona de butano se revisa bimestralmente y en esta nueva revisión en septiembre vuelve a incrementarse, como ya ocurrió en julio, en que aumentó un 4,9% y pasó a costar 13,92 euros.

La bombona de butano había bajado de precio en las revisiones de marzo y mayo, disminuciones que se produjeron tras las subidas consecutivas que hubo en noviembre de 2017 y en enero de 2018, año que comenzó con una subida del 1,6% (23 céntimos más).

En la revisión de marzo bajó un 4,9%, hasta los 13,96 euros, y pasó a costar 72 céntimos menos, y en la de mayo un 4,94%, hasta los 13,27 euros, con lo que recortó su precio en 69 céntimos.

De cualquier forma, la bombona de butano está 2,89 euros más barata que cuando alcanzó su precio máximo de 17,5 euros en 2013 y 2014.

Respecto a septiembre de 2017, la bombona es 46 céntimos más cara, un 3,25% más.

El nuevo precio estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica lo revise de nuevo en función de las cotizaciones internacionales de la materia prima, el tipo de cambio o los costes de comercialización.

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

Ribera defiende la subida al diésel como fiscalidad verde y que la transición será más rápida en el sector eléctrico

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que, dentro de la transición energética, donde hay posibilidad de hacer las cosas más rápidamente es en el sector eléctrico, que va a permitir activar de forma más rápida los cambios que se necesitan para luchar contra el cambio climático. Asimismo, la ministra defendió la subida de impuestos al diésel como una medida de fiscalidad verde dentro del periodo de transición hacia una movilidad eficiente y sostenible que marca Europa.

Ribera recordó que ha sido el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a que dicho gravamen no afecte a los conductores profesionales. Sánchez confirmó a principios de mes que la subida de impuestos al diésel irá incluida en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que de ella quedarán exentos los conductores profesionales. «La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y todos los organismos internacionales alertan de la importancia de trabajar en esta dirección para la reducción de emisiones. No se van a ver afectados los propietarios de los coches de la actualidad», apuntó Ribera.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, le pidió a Ribera «responsabilidad» ante una medida que afecta a 40.000 empleos directos en el sector de la automoción. En España se fabrican 3 millones de vehículos al año entre sus 17 factorías y 1,4 millones de unidades son vehículos diésel. «El PP sí cree en un transporte de cero emisiones, que exige un periodo de transición para que se adapte la industria y los consumidores». subrayó. Asimismo, Mariscal instó a la ministra a que ponga en marcha los 50 millones de incentivo a la compra de vehículos alternativos y para la instalación de puntos de recarga, recogidos en los últimos Presupuestos aprobados.

Por su parte, Ribera aseguró que el Gobierno trabajará “en los dos campos”: en cómo ofrecer una movilidad sostenible en España y en cómo acompañar a la industria automovilística en este proceso de modernización para que siga teniendo el peso en el empleo y en el PIB (11% del total) del que goza en la actualidad. En este sentido, la ministra explicó que «la realidad es compleja» y hay que tener en cuenta diversas referencias, entre ellas la valoración que hacen los ciudadanos de la calidad del aire, algo que ya ha hecho que en París, Londres, Suecia o Noruega se hayan aprobado normativas para prohibir los diésel a partir de 2025, 2030 o 2040.

El Ministerio de Industria aprobó recientemente un régimen transitorio a la aplicación del nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2020, de forma que usarán unos valores correlados para reducir el impacto sobre el sector. Así, junto al compromiso de «acompañar» a la industria en un plazo de dos años con el cómputo transitorio que permite Bruselas, el Gobierno «en ese plazo de adaptación» facilitará «mejorar la movilidad, revisar la fiscalidad, impulsar la electrificación y la revisión de los objetivos de reducción de emisiones«.

Transición más rápida en electricidad

Respecto a la electrificación de la economía, Ribera cree que la incorporación de nuevos usos de la electricidad será más rápida que otros de los cambios que hay que hacer para rebajar emisiones a la atmósfera.En este sentido, ha destacado la trascendencia que tendría para la seguridad del planeta y de los que lo habitan disponer pronto de un contexto de cero emisiones, particularmente en la electricidad, donde asegura que hay capacidad para hacerlo, y ha añadido que todos los que analizan estas cuestiones coinciden en señalar unas «fantásticas prospectivas para el sector eléctrico».

Eso sí, Ribera ha resaltado que el sector energético enfrenta ahora nuevos desafíos, entre ellos el de un escenario eléctrico con una mayor complejidad de actores.Pese a ello, subrayó que es importante contar con actores estructurados como Aelec, con una gran experiencia y que entienden lo que han sido los grandes desafíos del pasado y están en condiciones de hacer una lectura de los del futuro.La ministra destacó la capacidad de entendimiento y señales de compromiso que han mostrado los asociados a Aelec, las principales compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo), con el nuevo Gobierno y confía en que esas primeras señales se conviertan en realidades.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

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EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.