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2018 apunta con 59,5 euros/MWh a ser el segundo año con el precio del mercado eléctrico más elevado desde 1998

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Europa Press.- El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en septiembre los 71,3 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 45% con respecto al mismo mes del año pasado. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio es un 10,8% superior al registrado el pasado agosto.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español se sitúa en los 60 euros por MWh, un 1,9% más caro que hace un mes, y un 11,1% superior a la cotización del mercado alemán, que era de 54 euros por MWh. Así, considerando la evolución del mercado diario y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 es de 59,5 euros por MWh, un precio un 14,1% mayor que el de 2017. AEGE destacó que, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998, tan sólo por detrás de 2008.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante obedece a impuestos. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

75,37 euros de factura mensual

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supone un aumento en el recibo de electricidad de septiembre de casi el 3,5% con respecto a agosto de los consumidores, encadenando así su sexto mes al alza. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico superó en septiembre los 75,37 euros. De este importe de la factura, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este septiembre en el recibo es de un 15,39%, más de 10 euros.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en septiembre la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorar el bono social eléctrico y crear un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

En concreto, esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. Además, la ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

El tercer recibo más caro

Por su parte, Facua destacó que la subida de septiembre convierte a esta factura eléctrica mensual en la tercera más cara de la historia. Según los datos de Facua, 83,55 euros es lo que ha pagado un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas reguladas PVPC de todo el mes de septiembre. En cuanto al precio de la energía consumida, en septiembre el kWh se ha situado en 17,58 céntimos (13,83 más impuestos), un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del 2017.

Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este mes de septiembre. La cuarta factura más elevada fue de 81,18 euros, correspondiente a la tarifa de julio de 2015, y la quinta 80,73 euros, de agosto de 2018.

Facua trasladó al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y luchar contra la pobreza energética. La bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas reclamadas. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, aunque la principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

La asociación advierte además de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las compañías eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

La patronal fotovoltaica UNEF ve «factible» instalar 6-7 GW de nueva potencia al año para alcanzar los objetivos renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ve «factible» la instalación de entre 6 y 7 gigavatios (GW) de nueva potencia al año como objetivo mínimo necesario para lograr el porcentaje de penetración de renovables del 32% establecido como marco en la nueva Directiva europea de Renovables y adecuarse al Acuerdo de París, donde se establecen medidas para la reducción de las emisiones

La patronal destaca que los 30 GW de nueva potencia actualmente en tramitación «demuestran la capacidad del sector para avanzar, alcanzar los niveles de desarrollo fotovoltaico para cumplir con los objetivos europeos mencionados y acercarse más a los niveles de producción renovable de nuestros vecinos europeos«. UNEF responde así a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que mostró su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse el 70% de los 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

No obstante, subraya que, para lograr los objetivos de instalación de nueva potencia estimados como factibles y necesarios, se requiere «de una planificación de Red Eléctrica (REE) y la fijación de una estructura sólida y coordinada de tramitación de proyectos fotovoltaicos desde la administración central y las comunidades autónomas». Así, pide al Gobierno «el apoyo” para maximizar el potencial del sector fotovoltaico, donde España ocupa el quinto lugar en Europa en potencia instalada de esta tecnología y tiene empresas líderes.

Los sindicatos plantean al Gobierno crear una mesa de trabajo con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica

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Europa Press.- Mientras Greenpeace ha publicado un documental contra el carbón y las térmicas, UGT FICA y CCOO de Industria han trasladado al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la necesidad de crear una mesa de trabajo conjunta con presencia de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, junto a los propios sindicatos de industria y energía, para abordar el camino «hacia una transición energética justa que contribuya a fortalecer el tejido industrial y frene su deterioro».

Los sindicatos señalaron que esta propuesta, que ha sido bien acogida por el secretario de Estado de Energía, podría materializarse en octubre con presencia de representantes de ambos Ministerios y de los dos sindicatos mayoritarios. UGT FICA y CCOO han recordado a Domínguez la problemática que atraviesa el sector energético y las alternativas que proponen garantizar esta transición energética «justa que avance en paralelo con la reindustrialización de la economía».

Entre estas alternativas, UGT defiende un mix «equilibrado en el que tengan cabida todas las fuentes de energía» y establecer un sistema transparente de formación de precios que eviten «las bruscas oscilaciones y sea asumible tanto por las empresas de cara a garantizar su viabilidad, como por los consumidores con el objeto de erradicar la pobreza energética«. Por su parte, CCOO consideró «imprescindible» la participación del Ministerio de Industria en el grupo de trabajo, «ya que las decisiones que allí se tomen le afectarán de forma directa». Según este sindicato, la mesa debería hablar de las subastas de interrumpibilidad y de renovables que se avecinan, del mix eléctrico y energético y del mercado de emisiones.

Greenpeace contra las centrales térmicas

Por su parte, la organización Greenpeace hizo público el documental El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas, que se puede ver en Youtube y que refleja los impactos económicos, sociales y en la salud del uso del carbón, incluidas las consecuencias negativas de vivir cerca de una central térmica. «Yo soy termicana. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo un año, en la central térmica de Compostilla, donde mi padre trabajaba. Mi hermana y mi padre murieron del mismo cáncer. Se sabe el daño que produce aquello desde hace 60 años. En nombre del progreso se permite seguir construyendo un mundo en el que nos estamos envenenando», afirma en su trabajo la médico Sara Velasco.

Doctores, exmineros, activistas y asociaciones vecinales protagonizan el documental de 30 minutos que revela «la cara más amarga y menos conocida» del carbón, según Greenpeace. Se trata de un trabajo realizado por un equipo de periodistas y documentalistas que ha recorrido varios puntos de la geografía carbonera española para documentar las consecuencias de la quema y extracción de este mineral. Junto al documental, Greenpeace publica un informe en el que recopila los impactos económicos, sociales y en la salud del carbón. Asturias, León, Almería y Aragón son los escenarios elegidos para la elaboración del trabajo.

Teresa Ribera teme que el 70% de los 9.000 megavatios renovables subastados por Nadal no pueda instalarse antes de 2020

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse ni el 70% de los 9.000 megavatios de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

«Sólo se han instalado 80 megavatios, y hay quién piensa que será difícil llegar a instalar el 70% de esa potencia subastada», afirmó Ribera ante la pregunta de la portavoz energética del PNV, Idoia Sagastizabal, de cuándo aprobará su departamento la regulación sobre los permisos de conexión y acceso a la red. La ausencia de este desarrollo reglamentario, previsto en la Ley del Sector Eléctrico, es para la ministra «uno de los cuellos de botella más importantes» para la instalación de potencia renovable, pese a que la ley que contenía la previsión «tiene ya unos cuantos años a sus espaldas».

En todo caso, la ministra agradeció que, aun en funciones, su predecesor en el cargo, el exministro de Energía Álvaro Nadal, remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de este decreto, y que gracias a ello esperan recibir el informe del superregulador «estos días». A partir de ahí, la ministra ha indicado que el Gobierno espera poder aprobar definitivamente esta regulación «antes de fin de año», pues tratará de «acortar todos los procedimientos», a través de la tramitación por la vía de urgencia de las fases administrativas pendientes.

Asimismo, la ministra ha ido más allá, subrayando que el Gobierno deberá «facilitar la inclusión en el sistema de alrededor de 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año» si quiere cumplir con los objetivos comprometidos para 2030 del Acuerdo de París, por lo que la aprobación de esta regulación es, para Ribera, «un primer paso crítico«. Precisamente, el PNV ha urgido a aprobar antes de finales de año esta regulación, para que las empresas adjudicatarias en las últimas subastas puedan contar con la autorización para construir sus plantas y que además no caduquen las concesiones de puntos de conexión de varias instalaciones renovables.

«Nos encontramos con plazos bastante ajustados y cualquier retraso en la concesión de permisos puede hacer peligrar los proyectos», ha incidido Sagastizabal, destacando que en algunos casos la construcción de instalaciones tras la última subasta «se encuentra condicionada» a este desarrollo reglamentario. «De no aprobarse antes del 28 de diciembre, la mayoría de puntos de conexión permitidos se pierden y las empresas corren el riesgo de no poder conectar sus plantas y estarían abocadas a la pérdida de avales emitidos», ha explicado la diputada, reclamando la aprobación de esta normativa.

El gas natural se dispara un 8,4% para el último trimestre del año

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Europa Press.- La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural se ha elevado para el último trimestre del año un 8,4% de media respecto al tercer trimestre, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La actualización de la tarifa para el último trimestre del ejercicio supone este incremento en la factura para los consumidores acogidos a la TUR 1, con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) y TUR 2, con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción).

Esta subida en el recibo del gas se debe, principalmente, al incremento en un 22,7% del coste de la materia prima en los mercados internacionales, así como a la depreciación en un 2,8% del euro frente al dólar con respecto al periodo de referencia anterior. Concretamente, la cotización del barril de petróleo Brent se ha incrementado un 5,8% respecto al periodo de referencia anterior, mientras que los precios de los futuros del gas natural en el mercado de referencia europeo se sitúan cercanos a los 30 euros por megavatio hora (MWh), un 50% por encima de los valores de 2017.

Un año de notables subidas

De esta manera, el precio del gas natural encadena una nueva subida, después del incremento del 3,4% que registró en la revisión para el trimestre de julio a septiembre. En el primer trimestre de 2018 la tarifa de gas natural ya registró una importante subida del 6,2%, aunque en el periodo de marzo abril a junio se abarató un 3,4%. Este encarecimiento en la tarifa del gas natural para el final de año se une a la subida en el recibo de la luz, que encadena varios meses consecutivos al alza y en septiembre se incrementó un 15% con respecto a septiembre del año pasado.

Esta revisión al alza en la tarifa del gas natural para los meses de octubre a diciembre coincidirá con la llegada del invierno. En este sentido, el Gobierno reformó el bono social eléctrico con el objetivo de que los consumidores vulnerables dispongan de una ayuda también para la calefacción articulada a través de un cheque o ayuda directa. El Ejecutivo subrayó que este bono de calefacción, al que calificó de bono social «térmico», estará «totalmente operativo» a partir del invierno.

Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. Adicionalmente, se redujo el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Se estima que esta rebaja supondrá un ahorro medio de 8 euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos. La Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno trimestralmente. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,6 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

Guillermo Fernández Vara pedirá al Gobierno «subastas especiales de renovables» para los territorios con centrales nucleares como Extremadura

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedirá al Gobierno central la puesta en marcha de «subastas especiales de renovables» en los territorios donde hay centrales nucleares, ya que a su juicio «es la mejor manera de ir buscando una transición normal y lógica».

Una petición que el presidente de la Junta realizará a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión con ella prevista para el próximo 15 de octubre, a la que planteará subastas especiales para estos territorios. Y es que, según ha señalado Fernández Vara, «no se va a cerrar la central nuclear de Almaraz mientras no haya una alternativa», y asevera que «esa alternativa la tiene que dar el Gobierno de España con las comunidades, con las diputaciones y con los ayuntamientos».

En cualquier caso, el presidente extremeño ha explicado que para ello es necesaria «una ley de cambio climático, fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares en el Parlamento», o que «haya clarísimamente una alternativa«. Fernández Vara se ha pronunciado así en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del líder del PP, José Antonio Monago, sobre las actuaciones que ha realizado la Junta de Extremadura con respecto a la central nuclear de Almaraz.

En la formulación de su pregunta, Monago ha destacado que el «primer objetivo» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética «es el cierre de las centrales nucleares», por lo que ha alertado de que «la fecha del funeral de Almaraz será en 2020», tras lo que considera que Fernández Vara será «el corresponsable, junto al señor Sánchez, del cierre» de la planta. Un cierre que «va a suponer ruina, empobrecimiento y el ocaso de Almaraz, del norte de Cáceres y de toda Extremadura, con más paro y más despoblación», ha alertado el presidente del PP extremeño, quien ha considerado que Vara «lleva desde el principio de la legislatura sin hacer nada, buscando una alternativa».

«No ha tenido ninguna reunión para buscar una alternativa, usted está mintiendo en este Parlamento», recriminó el dirigente del PP extremeño dirigiéndose al presidente de la Junta, al que ha asegurado que con los gobiernos socialistas «Almaraz se cerrará» y «pasará por lo que ha pasado con Zorita, que ha provocado paro, jóvenes que se tienen que marchar y despoblación». Monago asegura que «no hay alternativa en la zona» donde se sitúa la central nuclear, tras lo que ha instado a Vara a decirle al presidente del Gobierno «que se vaya a su casa y convoque elecciones si quiere realmente evitar el cierre de Almaraz».

Ribera asegura que la descarbonización permitirá ahorrar a la economía española más de 400.000 millones en importaciones de combustibles fósiles

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que conseguir la plena descarbonización permitirá ahorrar al conjunto de la economía española «más de 400.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, facilitando la electrificación y repercutiendo en la factura de la electricidad».

Ribera indicó que la transición energética representa una oportunidad para movilizar 100.000 millones de euros hasta 2030. Para aprovechar todo este potencial, subrayó que es necesaria «la construcción de un marco estable y atractivo para los inversores que conlleve esa movilización» de inversiones. Además, consideró que hay que «analizar y reflexionar» sobre las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de la transición energética exige, por lo que no se puede «seguir poniendo parches». La titular de Transición Ecológica consideró que la electricidad tiene «un gran futuro», pero añadió que para ello es necesario «avanzar en un marco regulatorio diferente que responda a los desafíos actuales».

Ribera recordó las medidas anunciadas para abordar el incremento en la factura de la luz de los consumidores, destacando la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que «es la medida más adecuada en el corto plazo», así como la ampliación de la protección de los consumidores vulnerables. Asimismo, destacó otras medidas que requieren «más sosiego, pero no más tiempo», como una reforma estructural del mercado mayorista eléctrico, así como asegurar un sistema fiscal «coherente» y regular «algo fundamental» como es el almacenamiento.

Por su parte, el senador del PP, Arturo Pascual, acusó a Ribera de sembrar «la incertidumbre» respecto al diésel, poniendo «en peligro real miles de puestos de trabajo» y de querer acabar con las nucleares, lo que hará «subir el precio de la luz a todos los españoles«. Además, subrayó que la intención del actual Gobierno de «echar la persiana ya» al carbón «va a influir en el bolsillo de los ciudadanos y a generar problemas en unas zonas deprimidas». «Por lo que le pido que se lo plantee», reclamó.

Cierre de las centrales térmicas

Por otro lado, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC) y PNV han rechazado limitar el cierre de las centrales térmicas, como ha propuesto Foro Asturias, durante el debate celebrado en el Congreso sobre el papel que debe jugar el carbón durante la transición energética. De hecho, únicamente el PP ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, en línea con la ley que los populares trataron de tramitar sin éxito.

En la defensa de su proposición no de ley, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, esgrimió que «renunciar al carbón equivale a sacrificar soberanía energética», y relacionó esta actividad con la caída de la actividad industrial, del 18,7% del PIB en el año 2000 al 16,4% en 2017. Una caída que en Asturias, ha apostillado, alcanza los 3,3 puntos.

Por ello, ha calificado como «despropósito» el anunciado cierre de las centrales térmicas, aceptado por la ministra para la Transición Ecológica y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «copiar de los manuales ecologistas más rancios». Respecto a su incidencia en el medio ambiente, Oblanca ha defendido que en los actuales Presupuestos ya se incorporaron partidas para investigar en el control de sus emisiones en las propias centrales. Además, ha alertado de que el fin de estas centrales podría encarecer el precio de la luz entre un 5% y un 10%.

Únicamente el diputado José Ramón García Cañal, del PP, ofreció su apoyo a Foro, recordando que la comisión demandada por el Congreso para avanzar en una «transición energética equilibrada y justa» y cumplir con los objetivos de descarbonización ya alertó de este encarecimiento en caso de renunciar a las térmicas. Según sus conclusiones, no prorrogar el uso de las centrales elevaría los precios entre un 15% y un 25%, por lo que ha cargado contra el «ecologismo rojiverde y neoecologismo anaranjado», «buenos ecologistas de moqueta», calificó, a los que no les «importa el precio que se pague» para estar a la «vanguardia del ecologismo europeo».

Frente a ello, el PSOE ha acusado de traer esta iniciativa para «enredar políticamente», justo «cuando se ha iniciado el diálogo social» para negociar el cierre de las centrales térmicas. «Llega a ser insultante. No es propio de alguien que quiere solucionar un problema», criticó Ignacio Urquizu, que ha apostado por que la transición energética sea «justa», pues «es de justicia que las cuencas mineras, que han contribuido al desarrollo del país, tengan un futuro».

«Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay», ha manifestado el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quien ha pedido «que el Estado se involucre decididamente para evitar lo que puede ser un desastre» y para que no se repita la reconversión «que ya padeció» España en los años 80. Así, recordó que en el País Vasco, Cantabria y Asturias «se enquistaron el paro y la heroína, fruto de la desesperanza y la inacción del Gobierno», y ha apostado por impulsar el norte del país como potencia en energía renovable.

«Una cosa es la industria y otra son las térmicas», ha replicado, por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que ha instado a investigar el destino final de unos fondos mineros «que se han quedado en rotondas y no en las cuencas«, recordando además la reciente sentencia de prisión al líder sindical y exdiputado socialista José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida.

Por su parte, Joan Capdevila, de ERC, recordó que la tarifa ya es cara con un mayor peso del carbón y nuclear que las renovables, y que además en las térmicas repercute un coste, el del CO2, que seguirá subiendo. Por último, Idoia Sagastizabal, responsable económica del PNV, ha recordado que el fin del carbón ya lo marca la Comisión Europea con sus plazos: cierre de las minas dependientes en 2019 y de las centrales que no reduzcan de forma importante sus emisiones en 2020.

Facua denuncia que el bono social no supone un descuento del 25% o 40% en la factura de la luz

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el descuento en la factura de la luz de un usuario medio acogido al bono social eléctrico sólo puede representar un 11%, frente al descuento del 25% o el 40% que asegura el Gobierno. La asociación reclama así al Ejecutivo que «rectifique tanto el contenido de la campaña publicitaria que ha puesto en marcha como el de la página web sobre el bono social».

Facua subraya que el Ministerio para la Transición Ecológica afirma que los descuentos afectan a la totalidad de la factura, cuando en realidad sólo se bonifican los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes. Estos límites van desde los 100 kilovatios hora (kWh) al mes (1.200 kWh/año) para una familia sin menores, pasando por los 140 kWh (1.680 kWh/año) para pensionistas o familias con un menor y 170 kWh (2.040 kWh/año) si tienen dos menores, hasta los 300 kWh (3.600 kWh/año) si son familias numerosas.

Así, la asociación considera «lamentable que el Gobierno haya recurrido a una engañifa para falsear las características de un bono social absolutamente impresentable que fue diseñado por el Ejecutivo anterior» y pide que se ponga en marcha un nuevo modelo de tarifa «totalmente regulada a la que puedan acogerse las familias en lugar de volver a introducir retoques en un modelo de bono social que ha sido un rotundo fracaso».

Según sus cálculos, para un usuario de 366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia, la factura mensual del usuario medio en septiembre asciende a 83,56 euros (sin contar el alquiler del contador), mientras que, según la información que difunde el Ministerio para la Transición Ecológica, un beneficiario del bono social pagaría un 25% menos, es decir, 62,67 euros, si es considerado consumidor vulnerable, y un 40% menos, 50,14 euros, si es vulnerable severo.

Sin embargo, Facua subraya que la factura de un usuario con bono social que se beneficie del descuento del 25% en los primeros 100 kWh mensuales ascenderá a 74,37 euros, importe que sólo es un 11% inferior a los 83,56 euros que pagaría sin el bono social.En el caso de un consumidor vulnerable severo, el descuento del 40% en los primeros 100 kWh mensuales se traduciría en una factura de 68,85 euros, un 17,6% inferior a lo que pagaría si no tuviera bono social.

El Gobierno amplía los límites

Como parche, el Gobierno ha ampliado un 15% los límites de consumo básico aplicables a cada uno de los perfiles de los consumidores beneficiarios del bono social eléctrico, límites que fueron establecidos en el decreto aprobado por el anterior Ejecutivo del PP para aplicar descuentos entre el 25% y 40% del recibo de la luz para los hogares vulnerables en función de su nivel de renta y de su situación.

El real decreto-ley también amplía en un 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento para compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Además, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento, que se liquidaba cada mes, se flexibiliza, de forma que la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Con ello, se facilita la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que la campaña publicitaria sobre el nuevo bono social eléctrico «fue concebida y contratada por el anterior Gobierno» y que su puesta en marcha se retrasó «debido a diferentes cuestiones técnicas», por lo que replantear la campaña hubiera supuesto retrasar aún más su lanzamiento. Por tanto, «la prioridad» ha sido lanzar la campaña para movilizar al mayor número de beneficiarios e invitarles a soliciar el bono social.

Los eurodiputados creen que es posible encontrar una solución para el almacén gasista de Doñana tras el cambio de Gobierno

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Europa Press.- El presidente de la delegación de eurodiputados que visitó el Parque Nacional de Doñana, el eslovaco Pál Csáky (PPE), asegura que confía en que sea posible encontrar una solución para el área protegida y sus alrededores, que según varias organizaciones se encuentran amenazados por diversos factores, a la vez que agradeció la acogida del Gobierno.

Así lo ha asegurado en una reunión con el resto de eurodiputados de la comisión de Peticiones, en la que ha hecho un repaso a su visita a España. «Nos vimos con representantes del Gobierno en Madrid, ha habido cambio político y el nuevo Gobierno fue bastante acogedor en el sentido de escuchar nuestros argumentos, soy bastante optimista«, apuntó Csáky.

El objetivo de la visita era el de conocer de primera mano la problemática del espacio natural, tras la presentación de una petición a la Eurocámara por parte de grupos como Salvemos Doñana, que alertan de las consecuencias de los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en los alrededores del parque. «Creo que podemos preparar un documento lo suficientemente serio y sólido, con recomendaciones específicas» para el Gobierno sobre diversas acciones que pueden llevarse a cabo en la zona de cara al futuro, explicó Csáky, para votarse «a principios del año que viene».

Otro de los eurodiputados de la delegación, Florent Marcellesi (Equo/Verdes) ha asegurado que la reunión con responsables del Ministerio de Transición Ecológica fue «muy fructífera», y pudo constatar que el proyecto de gas en la zona «ya no es un proyecto estratégico para el Gobierno», si bien el problema ahora es «la indemnización que pide la empresa«. «El informe de la Eurocámara será de gran ayuda para los peticionarios y las administraciones locales porque necesitan este empujón por parte del Parlamento Europeo», ha indicado Marcellesi.

El objetivo de la delegación era analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de gaseoductos en la zona. Los parlamentarios visitaron, además de Doñana, Sevilla y Madrid, donde se entrevistaron con los denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como con organizaciones ecologistas, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC y responsables de Naturgy.