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El sector eléctrico pide no penalizar a la energía nuclear y la hidroeléctrica ante el acuerdo del Gobierno con Podemos

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Europa Press.- El sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como la nuclear y la hidroeléctrica, ante las medidas incluidas por el Gobierno y Unidos Podemos en su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, que pretenden realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica y nuclear, y que denominan como windfall profits.

Fuentes del sector comparten la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, «que funcionan con normalidad a través de contratos bilaterales y subastas de capacidad». Consideran que esta reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser «general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica, que generará cada vez menos pero garantizará el suministro». Sin embargo, subrayan que no caben propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen para la energía nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables.

Concretamente, destacan que estas medidas son contrarias a la normativa de la Unión Europea, «por lo que se generaría una nueva judicialización del sector cuando lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica» y, además, señalan que van en contra de la acción climática, «desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la energía sostenible».

En lo que respecta a las centrales nucleares, defienden que no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos «que no son viables», como se constata «con el cierre de Garoña por parte de los operadores». En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, añaden igualmente que no están amortizadas, ya que estas plantas requieren de «cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento».

Señalan que en los balances de las empresas eléctricas se observa una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que supone una vida útil restante de más de 30 años. Asimismo, recuerdan que los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, «tan elevados que no tienen parangón en nuestro entorno».

Estas mismas fuentes consideran que el potencial de la hidroeléctrica en España, conforme al plan de energías renovables 2011-2020 del Gobierno, es de más de 34.000 gigavatios hora (GWh adicionales), lo que implica que es posible duplicar la producción anual existente, por lo que, subrayan, que el «simple anuncio de estas medidas retrae el capital y el interés del inversor en todo el sector eléctrico».

Finalmente, recuerdan que estas centrales han registrado pérdidas contables, derivado de la excesiva carga fiscal que sufren, «la cual es contraria a la lucha contra el cambio climático», y que en los últimos 10 años se ha incrementado el parque hidroeléctrico más de un 7%, por lo que «no se trata de una tecnología que haya que penalizar, sino promover«.

Gobierno y Podemos versus eléctricas

Por su parte, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado revisar lo que denominan como la sobrerretribución que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado «sobradamente» sus costes de inversión. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos para 2019 que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, enmarcado en las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita para abaratar el precio de la luz.

De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Asimismo, proponen una revisión de los pagos por capacidad, de manera que «se limiten a medidas condicionales, transitorias, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad», excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

Dentro de estas reformas estructurales, también acordaron modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (KWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

Por otra parte, han pactado la creación, de manera inmediata, de un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar este año, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el presente año. En lo que se refiere al real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética, han acordado iniciar de «forma inmediata» la negociación de las enmiendas a introducir en la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley.

Los Gobiernos de los países europeos abogan por reducir un 35% las emisiones contaminantes de los coches en 2030

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Europa Press.- Mientras las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España han crecido un 1,8% hasta septiembre, según datos de la consultora MSI, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea pactaron, tras casi 14 horas de negociación, establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 35% en 2030, con una meta intermedia del 15% para 2025, en comparación con los niveles registrados en 2021.

Con respecto a las furgonetas, el acuerdo final mantiene el recorte del 15% en 2025, pero rebaja al 30% la ambición de cara al final de la próxima década. También han acordado realizar una revisión de estos porcentajes en 2023. «Hemos conseguido llegar a un acuerdo en el último momento», ha anunciado la ministra austriaca de Medio Ambiente, Elisabeth Köstinger, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, después de que los ministros constatasen en la sala de reuniones que la última propuesta contaba con los apoyos suficientes.

Los gobiernos comunitarios han conseguido así definir sus líneas rojas de cara a las negociaciones que abordarán con el Parlamento Europeo, la otra institución europea con poderes legislativos y que aboga con elevar la ambición al 40%. Se ha impuesto de esta forma una tesis intermedia a la postura que defendían, por un lado, Alemania y los países del Este, partidarios de limitar el recorte al 30%, y, por otro, el grupo de países que como Francia, Italia o los nórdicos, reclamaban una mayor ambición y apostaban por una meta de al menos el 40%.

Algunos países hablan de decepción

De hecho, algunos de estos países expresaron sus reservas con el acuerdo final. Irlanda, por ejemplo, ha hablado de «decepción» por el consenso alcanzado, que encuentra «peor» que el planteamiento con el que comenzó el encuentro. Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca han apoyado la posición irlandesa. Países Bajos también ha intervenido para aclarar que no está satisfecho con el resultado final. El texto, sin embargo, ha contado con el apoyo de países como Alemania, Hungría, Bulgaria, Rumanía o Eslovaquia, que se habían opuesto en principio a apoyar un objetivo superior al 30%, que es el que propuso la Comisión Europea.

En conjunto, el texto finalmente aprobado ha sido respaldado por 20 países, mientras que 4 han votado en contra y otros 4 se han abstenido, según ha detallado Köstinger. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, también ha tomado la palabra después de que se confirmarse el acuerdo para celebrar el mismo y que se puedan iniciar las negociaciones con la Eurocámara.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que el acuerdo logrado entre los Veintiocho es «una oportunidad para la innovación y la competitividad de la industria del automóvil en España». «Este acuerdo es una oportunidad para que la industria del automóvil lidere la transición hacia una movilidad libre de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global», auguró.

En concreto, la responsable de Medio Ambiente del Gobierno ha señalado que este pacto permitirá al sector español del automóvil «poner en marcha una hoja de ruta coherente con los objetivos comunitarios» y que «visibilice cómo se anticipa y se prepara para innovar y realizar la necesaria transición hacia una movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente y la salud». El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que España ha apoyado «un acuerdo progresista y ambicioso del 35% hacia arriba», pero «pensando más en que la decisión final se quede entre un 35%-40%».

Crecen las emisiones un 1,8%

Por otro lado, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España se situaron en 117 gramos por kilómetro recorrido en lo que va de año, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con la media del mismo periodo del ejercicio precedente, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Faconauto achaca esta subida de las emisiones a la caída en las matriculaciones de coches diésel y subraya que se continúa con la tendencia negativa que experimentó esta estadística durante 2017, cuando se incrementó por primera vez en 10 años.

«La caída en las matriculaciones de los coches diésel de última generación, que emiten menos CO2 que los de gasolina y que suponen ya solo un 36,9% del mercado, es la clave que explica este incremento», destaca la federación. Las ventas de coches diésel cayeron un 16,5% hasta septiembre, mientras que de gasolina se incrementaron un 36,7%, suponiendo el 55,5% de todas las adquisiciones. Según Faconauto, los motores diésel emiten hasta un 20% menos de CO2 que los de gasolina, por lo que el descenso en sus matriculaciones, junto al repunte de los de gasolina, explica el «mal dato» de emisiones medias de CO2 en lo que va de año.

La patronal de los concesionarios explica que en España se experimentaron «importantes» caídas desde el año 2004, cuando se situaban en 155 gramos por kilómetro cuadrado, aunque durante 2017 se incrementó por primera vez en 10 años. «Esta tendencia parece continuar en lo que va de 2018, incrementándose las emisiones medias o manteniendo la cifra de 116 gramos que se alcanzó el pasado ejercicio», añade.

Para Faconauto, los vehículos impulsados por energías alternativas protagonizarán la movilidad del futuro, pero todavía no terminan de ser una alternativa real para los ciudadanos, a pesar de que están experimentando un «fuerte» repunte. Entre enero y septiembre, los eléctricos representan el 0,3% de las matriculaciones, un 5,7% los híbridos y un 1,1% los híbridos a gas. La llegada «real» al mercado de este tipo de vehículos será también, según Faconauto, clave para lograr reducciones significativas de CO2 más allá de los niveles de 2020, pero pasa por la disponibilidad de la infraestructura de recarga. No obstante, para la organización, el liderazgo de las administraciones para intensificar las inversiones en infraestructuras «no está siendo suficiente».

«El incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches vendidos en España es un claro indicador de que el debate sobre el diésel es poco realista, lo que resulta contraproducente para el objetivo común, en el que el sector está completamente involucrado, que es alcanzar una movilidad sostenible. Para ello, además de mantener una neutralidad tecnológica, se debe ir a la raíz del problema, un parque automovilístico muy antiguo y contaminante y fomentar la solución que pasa por facilitar el achatarramiento de esos coches más viejos», señaló el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

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Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios«, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son «más paliativas que estructurales» de cara al invierno y que «lo fundamental» pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social «reforzado» y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de «respuesta solidaria» con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de «una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses».

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». «Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta», añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión «práctica» de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, «en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción».

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que «ser eficaz con quien más lo necesita», por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. «Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro», concluyó Ribera.

Ribera afirma que España y la Unión Europea reducirán un 45% sus emisiones de CO2 en 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que España y la Unión Europea están en el camino para poder reducir «ya» un 45% las emisiones de gases efecto invernadero en 2030, 5 puntos más de lo comprometido, tal y como recomienda el informe del Panel de Cambio Climático de la ONU, pero asegura que ese no puede ser el techo, sino que la obligación es «reducir al máximo» las emisiones, pero sin poner en riesgo la equidad y el desarrollo sostenible.

Aunque el objetivo para 2030 de la Unión Europea es reducir en un 40% las emisiones, Ribera cree que Europa «en realidad ya va a cumplir» aquello a lo que se ha comprometido para lograr una reducción del 45% de las emisiones y celebra que la Comisión Europea ya esté planteando que esto «se materialice». Eso sí, insistió en que actualizar ese dato «no puede suponer un techo para la acción» y que no puede ser «la excusa» para no hacer más, sino un acicate para que la Unión Europea se plantee a partir de 2020 «subir su ambición» climática.

Tras la presentación de las conclusiones del informe del IPCC, ha destacado que la coexistencia con un aumento de la temperatura global del planeta «ya nos está afectando» en la realidad cotidiana por lo que Europa tiene que «tomarse en serio ese papel de liderazgo que preconiza». «Europa ha hecho cosas muy importantes, en materia de clima, tanto en las políticas domésticas como en la construcción de alianzas con otros países y la gran pregunta es si está a la altura de las circunstancias con su propio esfuerzo», ha manifestado.

La ministra ha precisado que España debe dotarse de un marco estratégico normativo dado por la futura ley de cambio climático, el paquete de energía y clima, una reforma del sistema eléctrico basado en el funcionamiento del mercado, una «corrección» del sistema fiscal, la potenciación de la capacidad de almacenamiento de energía porque la seguridad energética de la generación renovable no tenga que corresponderse «siempre» con la potencia térmica detrás y una variable social que se expresa para el Gobierno, según defiende, con la estrategia de pobreza energética que «falla».

En ese sentido, ha asegurado que espera poder presentar «en las próximas semanas» la estrategia de transición justa que evite daños a los colectivos que serán afectados por los «grandes cambios que se avecinan» y que se sabían desde 2010, en particular en el ámbito del carbón. «No podemos entender que no haya habido una voluntad de anticipación y de generación de oportunidades de futuro con los colectivos que se van a ver afectados», comenta.

A su juicio, los cambios que vienen para poder hacer frente «al reto» que incluyen el cambio de modelo energético, de la movilidad, la fiscalidad, los servicios ambientales y la forma de redistribuir la riqueza, de modo que observa que se trata de una «agenda completa» que debe promover «la equidad de la sociedad». Respecto a la regulación del autoconsumo y del nuevo bono social, son, en su opinión, las «primeras orientaciones de un cambio con implicaciones en otros usos finales. Si bien, admite que esto es «insuficiente» porque el cambio climático presenta «muchas incógnitas».

Así, ha incidido en que la «principal obligación» es reducir «al máximo» las emisiones de gases de efecto invernadero allí donde existe el conocimiento para hacerlo «sin poner en riesgo» el desarrollo sostenible, la equidad y la erradicación de la pobreza. A su juicio, en términos generales, «no se trata de parar un país sino al contrario, activar un modelo de desarrollo que resulte más equilibrado, más justo y orientado a abordar el desafío de la seguridad energética» o del futuro para las próximas generaciones sin olvidar el reforzamiento en materia de clima. «Todavía hay algunas incógnitas por despejar», admitió.

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico y lanza medidas para abaratar la factura de la luz

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno «mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». El decreto-ley hace extensiva la medida de prohibir el corte de luz también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. Ribera también dejó claro que, dentro de esta Estrategia contra la Pobreza Energética, se podrían revisar los criterios actuales para que la renta «sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados» algo que, por ejemplo, no sucede con el actual modelo para las familias numerosas, que tienen derecho al bono social eléctrico por el simple hecho de serlo.

En lo que respecta a los límites de consumo de energía con derecho a descuento, la nueva normativa los amplía un 15% con el objetivo de acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas. Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores acogidos al bono social antiguo.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre y que se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico en diciembre y su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría), señala el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves. Este real decreto-ley también contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.

Así, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo, frente a los actuales escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios (kW). Teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW, de 4,6 a 4,1 kW, podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, donde vivan 4 personas, estima el Ministerio.

Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria. En este caso, son 2 las posibles: tarifas con precios de la electricidad dividido en 2 tramos, punta y valle; o en 3 tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, tan sólo 660.000 consumidores de los 11,1 millones de usuarios con PVPC se acogen a tarifas con discriminación horaria mientras que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el sistema puerta a puerta, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras eléctricas podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda o la adopción de medidas de eficiencia energética. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

El Gobierno deroga el impuesto al sol y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

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Europa Press.- El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar «el retraso de España en esta materia», ya que no es lógico que «un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania«. «Hay un largo recorrido», apuntó.

Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado impuesto al sol. Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores «el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero».

Además, considera que es una actividad «generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno». Ya el año pasado y el pasado mayo, todos los grupos políticos, con excepción del PP apoyaron en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.

De esta manera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, da carpetazo al decreto sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad. Sin embargo la normativa nació envuelta en polémica, debido al llamado impuesto al sol, que llegó a ser avalado por el Tribunal Supremo.

En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía. Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se modificaron algunos artículos del Decreto 900/2015 y en particular se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones de autoconsumo operativas sin registrar.

UNEF aplaude las medidas tomadas

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» el fin del llamado impuesto al sol, que grava la energía autoconsumida que no pasa por la red. En este sentido, la UNEF también ha aplaudido la aprobación del Real Decreto Ley para eliminar barreras económicas y administrativas, que, a su juicio, fueron establecidas de manera «artificial e injustificada», lo que supone «un giro en la política energética sobre autoconsumo en el país».

Desde el sector celebran que sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio del modelo energético e invitan a todos los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo al autoconsumo a apoyar el texto para que, «de una vez por todas, se consiga desbloquear la regulación del autoconsumo y su potencial crecimiento».

Aplaude el impulso al autoconsumo

Por otro lado, la Fundación Renovables ha aplaudido la nueva normativa sobre autoconsumo ya que supone «un gran avance» para impulsar la transición energética en España. En este sentido, la Fundación considera que la eliminación de los llamados cargos, asociados a los costes del sistema y popularmente conocido como impuesto al sol, «impulsarán definitivamente el autoconsumo«. Así, subraya que el autoconsumo constituye «una medida fundamental» para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la transición energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda, tal y como propone la Fundación.

Además, señala que la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo equipara a España al resto de los países europeos y permite abandonar así «su trayectoria de políticas energéticas insostenibles». En cuanto al bono social, la Fundación Renovables, aunque valora las medidas aprobadas como «positivas», insiste en que solución para los consumidores vulnerables «es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto».

La modernización del sistema energético

Por su parte, Norvento considera que la derogación del peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico, conocido como impuesto al sol, es «un paso clave en el avance hacia un sistema energético mucho más moderno y competitivo, y a la vez un acelerador del papel de las renovables en la modernización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático«. La empresa de renovables señala que el derecho a autoconsumir, tanto a nivel individual como de forma compartida, y la expansión de la generación distribuida con tecnologías renovables «cambiará la manera en que se entiende el uso de la energía y su papel en la industria y en la sociedad».

Norvento subraya que, además de una modernización del sistema, la generación distribuida tiene un gran potencial como dinamizadora de la economía propiciando la aparición de nuevos sectores auxiliares, nuevos modelos de negocio y generando empleo. El director Comercial de Norvento y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Manuel Pinilla, considera que la decisión supone «eliminar una importante barrera» no sólo para el negocio en fotovoltaica del grupo, sino para el resto de tecnologías renovables con las que trabaja, «especialmente la eólica y biogás, que también está jugando un papel cada vez más importante para el autoconsumo industrial«.

El PP, los consumidores de OCU y el sindicato UGT critican el bono social “provisional” e “insuficiente” que propone Ribera

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Europa Press.- Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de bono social energético «van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas», ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan, el PP critica que, ante «una de las facturas eléctricas más grandes de la historia», la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proponga una ampliación del bono social eléctrico como una solución «provisional«.

«Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una factura eléctrica tan elevada, la solución que plantea el Gobierno es una solución provisional», ha apuntado el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, que ha criticado que Ribera no negociara con la oposición esta medida, a diferencia de su predecesor, Álvaro Nadal, que en su bono social estableció la figura de consumidor «extremadamente vulnerable«.

Por otro lado, el diputado popular cuestionó otras de las medidas aprobadas, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% a las compañías eléctricas o la eliminación del gestor de carga para facilitar la movilidad sostenible, pues el PP ya había presentado iniciativas en este sentido recientemente. «No hace falta que siga inventando cuando las soluciones ya están encima de la mesa», ha aseverado Mariscal, antes de ironizar que el Gobierno, «al no tener programa, se está fijando en los pasos que el PP había establecido previamente».

Por ello, ha recomendado a la titular de Transición Ecológica que «no hace falta que tenga trabajando a los servicios jurídicos del Ministerio» y que «se aproveche» de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, Mariscal ha instado al Gobierno a poner en marcha medidas para ejecutar los 50 millones de euros con los que cuenta en los Presupuestos de 2018, «de los que aún no ha movido ni un euro», para favorecer el uso de la movilidad sostenible, más los 16 millones que hay en las cuentas del Ministerio de Economía para esta cuestión.

Medidas “insuficientes” para la OCU

Por su parte, OCU cree que «el efecto de las medidas para mejorar la situación de las familias en precario es muy limitado». Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, «ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan». Por otra parte, OCU considera de «forma positiva» la mayor facilidad de acceso al bono social dada a las familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3 pero ve «muy escaso» el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer.

Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve «un fracaso» que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social. OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación vulnerable desconocen su existencia.

En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve «injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado«. Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del impuesto al sol, «que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos», así como la prohibición de la comercialización puerta a puerta de los servicios de gas y electricidad.

«Insuficientes» para la pobreza energética

Por otro lado, UGT ha denunciado que el paquete de medidas aprobado es «insuficiente» al considerar que siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza y que «no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda». En concreto, el sindicato critica que el bono social solo se amplíe a familias monoparentales y que la prohibición de cortes de luz solo incluya a las familias con menores de 16 años o dependientes de grado 2 y 3, dejando fuera a las de grado 1.

Además, ha manifestado su disconformidad con la iniciativa de crear un nuevo bono social, el térmico, que se aplicará automáticamente al tener el bono social eléctrico, por «crear una mayor confusión». UGT prefería que se ampliase en vez de crear una nueva figura. Por todo ello, el sindicato considera fundamental una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, donde se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir situaciones de pobreza energética.

ATA pide reducir el IVA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que apoyan las medidas adoptadas para abaratar el recibo eléctrico aunque ha afirmado que «no es suficiente» y ha pedido reducir el IVA de la luz. En este sentido, Amor ha señalado que valoran todo aquello que signifique aliviar los costes energéticos que están sufriendo familias, autónomos y empresas».

No obstante, indicó que «la luz es un bien de primera necesidad y tiene que tener un IVA acorde a un bien de primera necesidad». «En estos momentos las empresas y los autónomos están sufriendo unos incrementos en el coste energético que van directamente a las cuentas de resultados», añade. A juicio del presidente de ATA, «no puede ser que España sea uno de los países donde los costes de producción se vean duramente castigados por los costes energéticos», por lo que «es evidente que hay que trabajar por reducir esos costes para ser competitivo».

Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses y aprueba una exención del céntimo verde

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Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Actuar sobre las cargas fiscales

Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».

En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».

Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».

En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».

Greenpeace exige medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire en las ciudades españolas actuando contra los combustibles fósiles

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Europa Press.– Greenpeace demanda medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire de las ciudades españolas tras conocer el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España 2017, presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y que muestra un incremento de las zonas que incumplen los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) y micropartículas PM10.

Concretamente, el informe revela que la afección de NO2 se concentra en los entornos urbanos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada, principalmente por el alto uso del automóvil en estas áreas metropolitanas. La organización recuerda que, desde la entrada en vigor de la Directiva Europea sobre Calidad del Aire en 2010, España ha incumplido los valores límite de NO2 «año tras año». «La contaminación atmosférica causa 30.000 muertes anuales prematuras en España y 400.000 en toda la Unión Europea. Los datos publicados por el Ministerio deben reflejarse en la puesta en marcha de medidas inmediatas contra los principales emisores de contaminación, especialmente los automóviles propulsados por combustibles fósiles», afirma Adrián Fernández, coordinador de la campaña de Movilidad de Greenpeace España.

Acabar con subvenciones al diésel

Grenpeace presentó recientemente un informe en el que fijan 2028 como la fecha límite para vender nuevos vehículos de combustión interna (diésel, gasolina e híbridos) para poder cumplir así con el límite de 1,5º de incremento de temperatura fijado en el Acuerdo del Clima de París. Por ello, exige al Gobierno de España que acabe con las subvenciones fiscales al diésel, equiparando sus tributos a los de la gasolina, y pide a los ayuntamientos la puesta en marcha de Planes de Calidad del Aire con el objetivo de contener la contaminación que causa el tráfico, según reconoce el propio Ministerio.