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Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

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Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

Ribera defiende la importancia del sector del automóvil mientras Pedro Sánchez recalca que otros países prohibirán los coches contaminantes antes

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en el Congreso que otros países como Alemania pretenden acabar con los vehículos contaminantes hasta 10 años antes que el objetivo que se marca su Ejecutivo. Asimismo, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha defendido la importancia del sector del automóvil y pide trabajar en su evolución para que se adapte a las necesidades del contexto, en el que varios países avanzan para reducir el peso de los vehículos contaminantes.

Así se pronunciaron sobre las líneas generales de la Ley del Cambio Climático, que estudia la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan CO2 más allá de 2040, como los diésel, gasolina e híbridos. Ribera garantiza que al Gobierno le importa mucho el peso de la industria del automóvil, que representa el 11% del PIB, y ha defendido que es fundamental que pueda seguir representando ese peso y que el desafío es «hacer evolucionar ese modelo hacia donde tiene que evolucionar», algo que cree que se debe abordar desde el sector y las administraciones.

Ha asegurado que el 85% de los automóviles fabricados en España están destinados a la exportación, y que el 65% de éstos se dirigen a países que se han marcado objetivos similares y en plazos más cortos en algunos casos, por lo que debe llevarse a cabo un proceso de cambio que lleve a producir «aquello que más se demanda» en este contexto. Ribera ha asegurado que ha constatado que «existe un compromiso sincero por parte de todos para facilitar ese proceso de cambio y un marco normativo» que contribuya a mantener el buen posicionamiento de la industria automovilística española.

«Si hablamos de transición, todos tenemos que saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar, no decir: Yo me quiero quedar más o menos donde estoy», ha señalado la ministra, que ha subrayado que actualmente no tienen respuestas a todas las preguntas, pero que es importante ir planteando todos los interrogantes sobre los que hay que ir trabajando para avanzar.

Ribera ha destacado que “los inputs que lleguen van a ser fundamentales para poder ultimar este borrador» de la Ley de Cambio Climático. «Creemos que presentamos objetivos ambiciosos, que son los objetivos que debemos marcarnos si nos tomamos en serio las obligaciones internacionales que España asumió» al ratificar los acuerdos de París contra el cambio climático, ha destacado la ministra, que ha resaltado que estos objetivos requieren cambios importantes en la estructura económica y energética.

Ribera intervino en un encuentro de la red de ciudades contra el cambio climático C40, en el que sostuvo que combatir el cambio climático es un proyecto común y compartido que debe perseguirse de forma transversal en cada acción: «Tenemos la capacidad y la obligación de hacerlo. Tenemos que saber en qué lado de la historia queremos estar«. La ministra asegura que las ciudades son «factores fundamentales» en este ámbito.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

Podemos denuncia la exclusión de trabajadores de subcontratas de la minería en el Plan de Transición Energética

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Europa Press.- Podemos ha denunciado la exclusión que sufren los trabajadores de las subcontratas de la minería en León y en Asturias en el Plan de Transición Energética firmado por el Gobierno y los sindicatos, tras reunirse con éstos la diputada de la formación por León, Ana Marcello, y el diputado por Asturias, Segundo González.

Marcello recalca que no ha sido una transición «justa», como «presumía» la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, porque «no ha contado con todos los agentes afectados». Por ello, la diputada anunció que registrará una solicitud escrita para celebrar una reunión con Ribera, así como con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el fin de abordar la situación y buscar soluciones. «No puede ser que queden exentos dichos trabajadores cuando en el acuerdo de Podemos con el Gobierno, en los Presupuestos, plantea que se deberían equiparar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las subcontratas y de las empresas matrices», reprochó Marcello.

Asimismo, la diputada ha defendido que «los miembros de las subcontratas de la minería tanto de León como de Asturias tienen que estar incluidos en este plan social porque, si no, se habrá dejado a mucha gente por el camino«. Además, Marcello ha asegurado que son «insuficientes» los 250 millones previstos para el Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, porque no se plantea una «reactivación integral» para las zonas afectadas. Por ello, estima que es necesario «un estudio serio de dicha reactivación con el factor de la industrialización pero con visión de riesgos medioambientales».

Por su parte, el diputado por Asturias, Segundo González, señaló que la transición «justa» sería aquella que no dejara «a nadie atrás«. En la reunión propuesta con ambas ministras, les trasladará la necesidad de incluir en el plan social a todos los trabajadores y de que los fondos destinados a la reactivación se incrementen ya que «hace falta una inversión adicional» y que se dé uso a aquello que no se invirtió en el plan anterior, 135 millones de euros.

Teresa Ribera asegura que el borrador de la ley de cambio climático recoge el sentir «unánime» de la conciencia social

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Europa Press.- El Gobierno asegura que el Plan Nacional de Energía y Clima combatirá la pobreza energética en España mientras que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el documento base para elaborar la Ley de Cambio Climático, cuyas líneas generales trascendieron, recoge el «sentir unánime» de la sociedad española de que hay que poner en marcha un marco regulatorio «estable y predecible, que guíe la transición hacia un desarrollo libre de emisiones”.

Ribera ha recordado que España es un país «altamente vulnerable» al cambio climático y su ciudadanía «está totalmente concienciada de la magnitud del problema». Así, este marco regulatorio deberá convertir este proceso en una oportunidad para un crecimiento «más justo y solidario». La propuesta, según ha explicado, plantea reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero actuales de España en tan solo una década. «Lo consideramos un hito a nivel internacional y una muestra de nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático», ha añadido.

Por ello, ha defendido que el Gobierno defiende una ley que da «señales claras y predecibles» a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España. «La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable, y presenta grandes oportunidades económicas que España debe aprovechar», vaticina.

Se combatirá la pobreza energética

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de que finalice el año combatirá la pobreza energética, especialmente agravada por la subida del precio de la electricidad que, aunque en octubre quebró la tendencia alcista de los últimos 6 meses, aun presentó una cifra un 14% superior a la registrada en octubre del 2017.

Por otro lado, Domínguez Abascal ha señalado la descarbonización y la electrificación de la economía como unos objetivos que pueden parecer «ambiciosos» pero también suponen una «gran» oportunidad para los ingenieros, las empresas y la economía española. Además, añadió que se hace «urgente» revertir la situación que España ha vivido bajo las «políticas conservadoras» del Gobierno anterior. «En España tenemos un 17% más de emisiones que en 1990. Esta situación debe revertirse y el Gobierno trabajará en esa dirección«, aseguró.

2030: objetivo renovable del 32%

De igual forma, Domínguez Abascal ha matizado que la economía española seguirá las directrices de la Unión de alcanzar el 32% en generación energética mediante fuentes renovables para el año 2030 y de alcanzar la descarbonización de la economía entre el 90% y el 100% para 2050. Con el fin de lograr tal objetivo, Domínguez Abascal destacó que se debe desarrollar una labor «conjunta» entre la industria y el Estado.

Domínguez Abascal también ha apuntado a la necesidad de cambiar la forma de movilidad dentro de las grandes urbes: «Un 25% de las emisiones actuales provienen del transporte y estas crecen más rápido que cualquier otro tipo de emisiones». A este respecto, el secretario de Estado reiteró que es «oportuno» aprovechar las mejoras que se están realizando en los vehículos eléctricos, los cuales «se están volviendo competitivos, algo muy importante«.

El Gobierno autoriza a Red Eléctrica de España la construcción de nuevas instalaciones eléctricas en Castilla y León y Euskadi

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha otorgado a Red Eléctrica de España (REE) autorización para la construcción de dos proyectos en Castilla y León y Euskadi que han sido declarados de utilidad pública y que están incluidos en la Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.

El primero de los proyectos comprende el parque de 400 kV de la subestación a 400/220 kV, denominada Herreros, y la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Herreros de la línea Entronque Segovia-Entronque Galapagar, en Otero de Herreros, en la provincia de Segovia.Estas instalaciones forman parte del eje de suministro a Madrid, el eje SUMA, que une la zona de Tordesillas con el centro de Madrid en 400 kV. Su objetivo es garantizar el suministro de la demanda de Madrid, incrementar la capacidad de instalación y evacuación de generación eólica de Castilla y León y facilitar la alimentación de los trenes de alta velocidad.

El segundo proyecto declarado de utilidad pública y que realizará Red Eléctrica es la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada Güeñes-Itxaso, en el País Vasco.El Ministerio para la Transición Ecológica indicó que esta actuación tiene un carácter estratégico ya que sus principales objetivos son la consecución del Eje Norte de 400 kV entre Galicia y el País Vasco, y también permite reforzar la posibilidad de intercambio de energía con Navarra a través del eje Cantábrico-Mediterráneo de 400kV, facilitando la complementariedad de recursos entre zonas.

Por otro lado, a medio-largo plazo, para aumentar los flujos de exportación y asociado a una futura interconexión por el oeste de la frontera, es necesario el refuerzo de la red de 400 kV del País Vasco.Este eje es fundamental para poder tener un adecuado aprovechamiento del nuevo enlace de interconexión por la Bahía de Vizcaya ya que, sin estas líneas de refuerzo de alimentación y evacuación del enlace, la capacidad de intercambio con Francia podría verse limitada por restricciones internas en el País Vasco ante situaciones de contingencia.

El gabinete de Transición Ecológica señaló que la finalidad de esta actuación es mejorar y reforzar la seguridad de la red mallada de transporte y permitir la incorporación de la energía producida por las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, logrando con ello un incremento de los niveles de garantía de seguridad, fiabilidad y calidad del sistema eléctrico tanto a nivel regional como autonómico y nacional.

La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

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Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

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Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.

Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.