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El litro de gasoil está por debajo de un euro en casi 450 gasolineras en España

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EFE.- La caída de la cotización internacional del crudo ha abaratado los carburantes de automoción, de manera que el gasóleo A vuelve a venderse en cientos de estaciones de servicio españolas por debajo de un euro el litro. En concreto, según datos del Geoportal del Ministerio de Industria, actualmente hay 446 gasolineras en la Península y Baleares que venden el diésel a menos de un euro -Canarias, Ceuta y Melilla tienen una fiscalidad diferente-.

Estas gasolineras, repartidas por toda la geografía, son en su mayoría independientes, aunque también hay algunas pertenecientes a grupos integrados como Galp o Cepsa. De acuerdo a los datos recopilados por Industria, el diésel más barato se encuentra en una gasolinera de Valderrobres (Teruel), a 0,918 euros el litro, seguida de estaciones de servicio en Osuna (Sevilla) y Teruel, hasta llegar a los 1,299 euros el litro de Santo Tomé (Jaén).

Las diferencias de precios obedecen a diversos factores, como la ubicación o los servicios que ofrece la gasolinera, entre los que destaca el fiscal, ya que algunas comunidades autónomas no tienen tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos -País Vasco, Navarra, Aragón, Cantabria y La Rioja- y otras dos -Asturias y Madrid- tienen un tipo más bajo que las demás.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión Europea, el gasóleo cuesta una media de 1,106 euros el litro en las estaciones de servicio españolas, un 16 % menos que un año antes. Esto supone que el llenado de un depósito medio de 50 litros cuesta ahora 55,3 euros, es decir, 10,9 euros menos que hace un año -cuando suponía 66,2 euros-. Mientras tanto, la gasolina de 95 octanos cuesta una media de 1,271 euros el litro, casi un 10 % menos que hace un año.

Este abaratamiento de los carburantes, que coincide con las vacaciones veraniegas, está relacionado con la caída del precio del crudo, que está volviendo ahora a los niveles mínimos anotados a principios de año.

El barril de crudo de Brent, de referencia en Europa, se vende por debajo de los 50 dólares, la mitad que hace un año. Los carburantes se han abaratado desde entonces, aunque en menor medida, algo que las petroleras atribuyen al hecho de que la materia prima hay que refinarla y transportarla -se vende en mercados diferentes a los del crudo- y a que los costes fijos suponen más del 60 % del precio final, principalmente por la carga fiscal.

Dos nuevos fondos denuncian a España ante el Ciadi por los cambios retributivos en las energías renovables

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EFE- Los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings han presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según consta en la página web del organismo. Con estas dos ultimas denuncias, España tiene ya 19 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 19 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum y la alemana E.ON, la última hasta ahora.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por la retribución establecida por España para  promover la inversión en producción de energía mediante tecnologías renovables (principalmente fotovoltaica), con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.Al no contar con límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.Los fondos de inversión que interponen la denuncia han sido asesorados por el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Perreira.

La alemana E.ON demanda a España ante el Ciadi por las energías renovables

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EFE.- El grupo energético alemán E.ON presentó una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según la web del organismo. España tiene ya 18 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 18 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Desde 2013, presentaron demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation y la portuguesa Cavalum, la última hasta E.ON.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment. Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia tecnológica. Pero el acelerado desarrollo, impulsado sin límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos. E.ON era propietaria hasta el mes de marzo de la eléctrica Viesgo (E.ON España), que opera principalmente en Cantabria, pero la vendió a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) y Wren House Infrastructure (WHI).

Enagás hará los estudios que determinarán la decisión definitiva sobre Castor

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EFE / Europa Press.- Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento si se certifican riesgos. Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU, Lourdes Ciurò, el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Según el Gobierno, el Decreto ley 13/2014 de 3 de octubre establece una «solución equilibrada» en la que se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que realizará el mantenimiento y operatividad de las instalaciones. Esta empresa también se encargará de elaborar los estudios necesarios «de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte» la decisión definitiva que determine el futuro del almacén, «debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen«.

La hibernación del almacén permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno encargará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo Castor, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto «mantiene su interés estratégico» para España puesto que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español.

Los informes no son definitivos

Por otra parte, añade en su respuesta, los informes actualmente disponibles del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España «no permiten aún» emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de 2013, sino que al contrario «recomiendan» la realización de una serie de estudios adicionales. Sobre la compensación por las inversiones efectuadas a Escal UGS, el importe que se reconoce asciende a 1.350 millones de euros, cantidad que no implica «en modo alguno» la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas deban afrontar, en su caso, por su gestión del proyecto y que será «convenientemente exigida» una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios, según añade.

La organización Greenpeace calificó esta postura de «nuevo despropósito» del ministro ya que las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, «con toda seguridad», la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó su cierre. Según el responsable de campaña de Greenpeace España, Julio Barea, «es evidente que Soria está preocupado» por el proyecto Castor, ya que quedan «tres meses para las elecciones» y es un caso de «otro estrepitoso fracaso» de su política energética.

«A su incapacidad para solventar el déficit de tarifa eléctrica se suma ahora un nuevo y millonario déficit, esta vez en la factura del gas que terminaremos pagando los consumidores durante los próximos 30 años», indicó. Greenpeace ya denunció «el despilfarro» de dinero público que supone el almacén subterráneo, con un coste final con el pago de intereses que cifran en 4.400 millones de euros. Además, consideran que todo es consecuencia del «empeño» del Gobierno de España por «seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas», en lugar de cambiar el modelo por otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.

El ministro Soria ve necesario introducir un mayor nivel de competencia en el mercado de los carburantes

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Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que es necesario profundizar en medidas para buscar una mayor competencia en el mercado mayorista de los carburantes, en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Analizamos atentamente las nuevas sugerencias que hace el regulador para introducir modificaciones a nivel mayorista y no vamos a tener ningún inconveniente, todo lo contrario, en hacerlo, siempre y cuando veamos que efectivamente mejoran la competencia», afirmó Soria.

El ministro Soria consideró que bien es cierto que «ya no hay tiempo parlamentario» para adoptar más medidas, aunque subrayó que, «mirando al futuro, hay que insistir en introducir el máximo nivel de competencia«. Soria destacó que a lo largo de la legislatura se adoptó un importante paquete de medidas, como la Ley de Hidrocarburos, para introducir competencia a nivel minorista en el mercado de los carburantes, que han dado como resultado que el 90% de la creación de las nuevas estaciones de servicios en los últimos 18 meses sean independientes, en un mercado en el cual los cuatro grandes operadores controlan, directa o indirectamente, el 90% de las gasolineras.

«El efecto de ello, es que muchas ciudades tienen estaciones de servicio independientes que observan diferencias en precios por litro de 4 y 5 céntimos», dijo. Asimismo, defendió el papel de la CNMC como vigilante del mercado y su papel como sancionador cuando se registran acciones que restringen la competencia, como en el caso de las recientes multas a las grandes petroleras, ya que «beneficia al interés general, a los consumidores, y las empresas deben tomar buena nota». «Las reglas de los mercados se deben cumplir y me parece que ésa es la función del regulador. El regulador no está para establecer frenos o restricciones, tiene que vigilar que las condiciones del mercado y de la competencia se cumplan», añadió.

Por otro lado, el ministro se mostró partidario de «separar» el apoyo que el Gobierno presta al sector del motor mediante el Plan PIVE de la multa histórica de 171 millones aplicada por la CNMC a 21 empresas de automoción. «Seguiremos apoyando el futuro del sector por ser un elemento con efecto tractor» sobre el conjunto de la economía, afirmó el ministro, después de considerar que los planes PIVE «han sido efectivos porque han aumentado la fabricación, ventas y exportaciones y todo lo que tiene que ver con el negocio publicitario». Asimismo, dijo que le parece «bien» la posición de la CMNC y consideró que cualquier «denuncia o expediente» es una muestra de que el regulador «vela por la competencia».

El Gobierno no se plantea acabar con la interrumpibilidad porque podría ser «necesaria» en el futuro

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Europa Press.- El Gobierno no se plantea acabar con el mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico, a pesar de que lleva varios años sin activarse, porque podría ser «necesario» en el futuro, y además defiende que el procedimiento de asignación mediante subastas puesto en marcha a finales del año pasado ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento. Con la interrumpibilidad se retribuye a las empresas grandes consumidoras de electricidad por poder desconectarse y modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

Así lo señala el Gobierno en varias respuestas a los diputados Paloma Rodríguez (PSOE) y Álvaro Sanz (Izquierda Plural), que alegaban que la potencia instalada en España es superior a la punta de demanda histórica y que, sin embargo, se mantiene un sistema de interrumpibilidad que ha costado unos 3.000 millones de euros desde 2008. En su texto, el Ejecutivo explica que la interrumpibilidad «flexibiliza» la operación del sistema eléctrico, permitiendo una «respuesta rápida» ante situaciones de «emergencia» tanto por motivos técnicos como económicos. «Si bien el sistema no se ha utilizado en los últimos años, eso no implica que no pueda ser necesaria la utilización futura del mismo», añade.

Además, recuerda que el sistema de subastas para asignar los bloques de interrumpibilidad ha disminuido el coste de este servicio, lo que garantiza un mecanismo «más competitivo y eficiente» con el que mantener la interrumpibilidad «al menor coste posible». Finalmente, ante las críticas del impacto que el alto coste de la electricidad tiene sobre la competitividad de las empresas electrointensivas, que pagan tres veces más por la energía en España que en Francia, el Gobierno recuerda que el coste de la electricidad viene determinado por el mix energético y que en el caso galo hay un fuerte componente de generación nuclear que abarata el precio.

No obstante, también recuerda que las empresas instaladas en España que son grandes consumidoras reducen sus gastos precisamente gracias a lo que cobran de la interrumpibilidad y además, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, pueden deducirse un 85% del Impuesto sobre la Electricidad. Con el incremento de las conexiones internacionales, añade, también habrá una «mayor estabilidad de precios y menores necesidades de potencia instalada», lo que hace previsible una «bajada de precios que, sin duda, beneficiará al sector industrial», zanja el Ejecutivo.

El Ayuntamiento de Puertollano rechaza el cierre de Elcogas y pide el cese del ministro Soria

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EFE / Europa Press.- El pleno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) aprobó, con el voto en contra de los representantes del PP, una declaración en la que pide el cese del ministro de Industria, José Manuel Soria, y rechaza el cierre de la central termoeléctrica de Elcogas.

En la declaración, apoyada por PSOE, IU y Ciudadanos, la corporación municipal mostró su apoyo a los trabajadores afectados al tiempo que lamenta la decisión del Gobierno de autorizar el cierre de la planta de Elcogas y acusa al ministro Soria de «deslealtad» y «falta de sensibilidad». Además, criticaron la «ausencia de diálogo» por parte del Ministerio, los aplazamientos de las reuniones institucionales que se deberían haber producido, la falta de respuesta a los escritos enviados desde el Ayuntamiento, y que haya «dado la espalda» a la ciudad sin valorar «las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones» y por su falta de capacidad en la búsqueda de soluciones que eviten el cierre de Elcogas».

El Ayuntamiento exige que se incluya a Elcogas en el régimen retributivo especial previsto por la ley del sector eléctrico y que se realicen «las modificaciones que sean necesarias para garantizar la continuidad de la central». La corporación decidió también solicitar al consejo de administración de Elcogas que «retrasen cualquier decisión irreversible que tenga repercusiones negativas para los trabajadores«. Por tanto, se pide que reconsidere el cierre de la central térmica y mostró su «indignación» por esta decisión. Del mismo modo, también se instó a la Junta de Castilla-La Mancha, a la Diputación, a las instituciones europeas y a todos los agentes sociales implicados a «aunar esfuerzos en positivo para la viabilidad de esta empresa».

La alcaldesa, Mayte Fernández, reconoció que hubiese preferido un acuerdo unánime en este asunto y lamentó que el PP no aceptara la declaración institucional y así rechazar de forma frontal la decisión del Ministro de Industria, que «en ningún momento ha escuchado a ninguna de las partes», algo que «dice mucho de su falta de ganas al diálogo». Fernández indicó también que el único mensaje positivo que los trabajadores quieren escuchar es que Elcogas no se cierre. «Es una decisión muy grave, que afecta a mucha gente», manifestó, y se preguntó por qué el Ministerio de Industria no dispone para Elcogas lo mismo que para una central de Asturias, que tiene un régimen retributivo especial.

«La dimisión no soluciona nada»

El portavoz del Grupo Popular, Juan José Jiménez Prieto, justificó su voto en contra porque «aun compartiendo el fondo de la declaración no pueden compartir las formas, porque el problema de Elcogas no se soluciona pidiendo el cese del ministro sino con un plan de viabilidad para que Elcogas salga adelante«. Asimismo, el comité de empresa de Elcogas analizó la posibilidad de adelantar las movilizaciones que ya estaban previstas para el próximo septiembre, entre ellas, una gran manifestación en Puertollano. En todo caso, se esperará al próximo lunes para ver qué decisión toma en su reunión el consejo de administración de Elcogas, tras el permiso de cierre concedido por Industria y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

En este sentido, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, confía en que los accionistas de Elcogas tengan «más sensibilidad que el Ministerio de Industria y no se precipiten en zanjar un proyecto de investigación de 20 años, pionero en España y que es exportado a todo el mundo». Alcaide consideró que «la voluntad política de encajar los costes de esta tecnología, igual que se hizo con otras centrales no contaminantes en nuestro país, podría garantizar la viabilidad de Elcogas«. A juicio de Alcaide, Elcogas es «víctima» de los cambios regulatorios del Gobierno que «hacen compitamos con empresas contaminantes cuando los costes de la industria limpia de Elcogas son mucho mayores».

El presidente del comité de empresa también llamó la atención sobre el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reducir los niveles de contaminación con tecnologías de generación de electricidad integral en gasificación del carbón en ciclo combinado y captura de CO2. Un sistema, apunta, que «hemos exportado desde Puertollano y Castilla-La Mancha, mientras en España no hay voluntad política de mantenerlas». Alcaide concluye que el cierre de la planta «implicaría acabar con la tradición minera de Puertollano y el cierre del centro minero de carbón a cielo abierto de Encasur».

CCOO: se «desangra» la comarca

CCOO manifestó su «absoluto rechazo» al cierre de Elcogas y pide al departamento dirigido por Soria que se abandonen unas políticas energéticas que, a su juicio, «desangran la comarca», y que no se tome ninguna medida «que no tenga marcha atrás» hasta que no se reactive «el diálogo social» que se rompió en noviembre. En este sentido, el sindicato advirtió de que había encuentros previstos para hablar de Elcogas con Soria en julio que tuvieron que posponerse hasta septiembre por problemas de agenda. «Aunque por activa y por pasiva se reclamó a Soria que fuese consecuente y paralizase el expediente hasta que se celebrasen estas reuniones, Industria decidió hacer oídos sordos y dar vía libre a un cierre«, aseguró CCOO.

CCOO de Industria recordó que el 30 de diciembre de 2014 el antiguo gobierno de Castilla-La Mancha comunicó a los trabajadores de la planta que la presidencia de Elcogas y la secretaría de Estado de Energía habían alcanzado un acuerdo que daba seguridad y estabilidad al complejo industrial hasta 2018. El acuerdo se amparaba en el que tiempo atrás habían firmado CCOO de Industria, FITAG-UGT, Carbunión y el propio Ministerio, el llamado «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018».

El Ministerio de Industria autoriza el cierre de Elcogas en Puertollano

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EFE.- El Ministerio de Industria ha autorizado el cierre de la central termoeléctrica de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) que había solicitado la empresa, según explica la compañía, que confirmó la recepción de un escrito de la Dirección General de Política Energética y Minas en el que explica que el cierre «cuenta con los informes favorables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Operador del Sistema y del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real».

Elcogas convocará «de forma extraordinaria e inmediata» a su consejo de administración para «analizar el estado de la compañía y las posibles actuaciones a programar en la nueva situación administrativa de la central». La empresa recuerda que Elcogas «acumula unas pérdidas de unos 190 millones de euros, y las previsiones para este ejercicio ascienden a 25 millones más». No obstante, ha insistido en que durante este año la planta de Puertollano «se ha mantenido en operación, renovando mensualmente a las empresas auxiliares externas y los suministros de materias primas necesarias».

La empresa también subrayó que, durante el periodo de tramitación del expediente de cierre, Elcogas y el Ministerio de Industria han analizado «posibles medidas que permitieran asegurar la viabilidad económica de la central a largo plazo, sobre la base de la singularidad tecnológica y medioambiental de la instalación». Pero la empresa reconoce que esas conversaciones «no han llegado a conclusiones positivas» y sigue adelante con su decisión del 1 de julio de 2014 cuando Elcogas presentó oficialmente la documentación para proceder al cierre y la liquidación de su Central Termoeléctrica de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado debido a la «inviabilidad económica» de la compañía «en el actual marco regulatorio y en el actual mercado eléctrico».

Tras meses de protestas de los trabajadores, el Ministerio ofreció a la empresa paralizar el cierre y esperar a la aprobación de cambios regulatorios. Según argumentó la empresa, ese cambio normativo podría garantizar la viabilidad de la planta de Puertollano, en la que trabajan unas 300 personas, 133 de plantilla. En enero, en una reunión extraordinaria de su consejo de administración, Elcogas acordó suspender temporalmente el cierre al confirmar «informaciones que apuntan a la posibilidad de cambios regulatorios acerca de la retribución al uso de carbón nacional en plantas de generación eléctrica». Sin embargo, la historia no ha terminado bien.

Castilla-La Mancha ve como una «puñalada trapera» por parte de Soria autorizar el cierre de Elcogas

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EFE.- El portavoz del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page, Nacho Hernando, tachó de «puñalada trapera» la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el cierre de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real), un acto «de deslealtad institucional y cobardía política» por parte del ministro, José Manuel Soria.

Tras conocer la decisión del Ministerio de Industria, Hernando consideró que «responde a una venganza política» por parte de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, quien ha esperado, a su juicio, al resultado de las elecciones autonómicas para tomar una decisión sobre el cierre de la planta. Además Hernando exigió al ministro de Industria que acabe con «los jueguecitos políticos» y garantice una solución para las más de 250 familias que se verán afectadas por el cierre de Elcogas.

Del mismo modo, Hernando se ha puesto a disposición de los sindicatos y ha pedido a los accionistas de la empresa que «no se precipiten» a la hora de tomar una decisión definitiva y esperen al cambio del escenario político que, según dijo, se producirá en los próximos meses y traerá un cambio en la política energética de España. La solución para Elcogas, indicó el portavoz manchego, pasa por aprobar «un régimen tributario especial para facilitar la puesta en marcha de este tipo de proyectos».

Hernando denunció que Cospedal «engañó a la ciudadanía durante la campaña electoral y dio falsas esperanzas» respecto a Elcogas y criticó que Industria haya tomado esta decisión «de forma unilateral y en agosto, sin contar con la empresa, los sindicatos ni el Gobierno regional». A este respecto, recordó que el ministro Soria aplazó a septiembre la reunión «importantísima» sobre este asunto que tenía prevista en julio con García-Page, y opinó que «no es la forma de hacer política de forma abierta y transparente». «Soria debe asegurar la viabilidad de la central a largo plazo, tiene una solución y no quiere tomar esta decisión», criticó Hernando.

«Vamos a seguir trabajando», se comprometió el portavoz de la Junta, quien insistió en denunciar «la huelga de brazos caídos para abandonar a su suerte a los trabajadores» por parte del PP. Por ello, dice que en la reunión prevista con Soria en septiembre esperan «intentar convencerle» de la solución y ha advertido: «Si la aplaza en septiembre estaremos ante una negligencia política muy grave».

Industria fija las reglas para las subastas de interrumpibilidad de la primera semana de septiembre

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha fijado las reglas para las nuevas subastas para la asignación del servicio de interrumpibilidad que ofrecerán los grandes consumidores de electricidad en 2016, que ha convocado para los días comprendidos entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

En estas pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por entre 7 y 13 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 630 y 1.170 MW, y por entre 286 y 394 bloques de 5 MW, que suman entre 1.430 y 1.970 MW, según consta en la resolución ministerial publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 200.000 euros, frente a los 340.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW.

Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente.

Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir entre las industrias el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del año pasado, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad.

Industria realizó a los pocos días una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad.

Con la reforma energética, el coste para el sistema eléctrico asociado a la interrumpibilidad ha quedado recortado de unos 750 millones de euros a cerca de 550 millones en la actualidad.