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Industria trabaja para revertir los cierres de Alcoa ya que sus plantas españolas «siguen siendo viables» para el Gobierno

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Europa Press.- El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha afirmado que el Ministerio de Industria trabaja para revertir la decisión de la multinacional canadiense Alcoa de aplicar un ERE en sus plantas en Galicia y Asturias, al considerar que «siguen siendo viables«, y que mantendrá todas las opciones abiertas ante la intención de cierre de la entidad.

Blanco explicó que en la actualidad existe una propuesta de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la compañía en las plantas que tiene en A Coruña y Avilés, lo que motivaría el cierre de las mismas y afectaría a alrededor de 700 trabajadores. Así, recordó que la negociación laboral se ha ampliado hasta este martes y que desde el Gobierno están haciendo lo posible para evitar esta situación. «Creemos que las plantas siguen siendo viables», afirma Blanco, que añade que las medidas de apoyo a la industria electrointensiva aprobadas recientemente por el Ejecutivo afectarán de forma positiva, tanto a Alcoa como a otras industrias, ya que aportan un marco regulatorio estable.

Asimismo, indicó que desde Industria trabajan para tener cualquier posibilidad abierta ante la decisión de cierre de la compañía, al igual que se hizo en el caso de la planta de Villadangos del Páramo (León) de Vestas, un ejemplo que calificó como «un éxito», puesto que se pasó de un cierre en agosto a firmar un acuerdo con un nuevo inversor en diciembre. «Podemos hablar de que ha sido un éxito, ya que pasar de un cierre anunciado desde agosto a firmar un acuerdo en diciembre con un nuevo inversor que garantiza todos los empleos de la planta y también de la industria auxiliar es una noticia muy positiva», manifestó.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) propone al exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como consejero de Indra

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Europa Press.- El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como miembro del consejo de Indra en representación del holding público, sustituyendo a Adolfo Menéndez Menéndez. Este nombramiento supondrá la incorporación a la empresa de tecnología y consultoría del que fuera ministro de Industria entre abril de 2008 y diciembre de 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Siguiendo los pasos habituales en estos procesos, el consejo de Indra tendrá que aprobar el nombramiento de Miguel Sebastián tras recibir el visto bueno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras lo cual tendrá que ser ratificado en junta de accionistas. El exministro es actualmente profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Durante su carrera política, además de ser titular de la cartera de Industria durante más de 3 años, fue candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en 2007 y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, entre 2004 y 2006.

Maroto augura menos costes energéticos con el nuevo estatuto de industria electrointensiva pero el PP advierte de déficit de tarifa

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Europa Press.- El PP alegó que permitió con su abstención en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley ómnibus del Ministerio de Industria porque no quería poner en riesgo el empleo pero ya ha adelantado que exigirá modificar toda la parte relativa a la energía. Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, avanzó que el nuevo estatuto para la industria electrointensiva contemplará la posibilidad de que estas empresas se beneficien de exenciones y compensaciones, pero también «obligaciones».

Así, durante la defensa del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en la industria y el comercio en España, Maroto señaló que estas «obligaciones» permitirán mejorar la eficiencia energética de estas plantas. Pese a que en este decreto se incluye la creación de este estatuto, fijando un plazo de 6 meses al Gobierno para desarrollar reglamentariamente su contenido, la ministra ha expresado su compromiso y confianza para poder presentarlo «en plazos mucho más cortos».

La ministra ha defendido que el estatuto otorgará una mayor «estabilidad y certidumbre» a la industria electrointensiva de cara a planificar las inversiones productivas y mejorará su competitividad, permitiendo un abaratamiento de su factura energética, que puede alcanzar hasta el 50% de los costes productivos. Maroto ha reclamado a los grupos que contribuyan para incrementar hasta el 20% del PIB en 2020 el peso de la industria, tal y como figuran en los objetivos europeos.

En este sentido, ha avanzado que buscará el consenso parlamentario para la nueva Ley de Industria para actualizar una ley en vigor que, a su juicio, «no responde a las necesidades actuales» de la industria española y con la que espera fortalecer este sector. Maroto ha puesto en valor varias de las medidas contenidas en el decreto ley, como el establecimiento de las redes de distribución cerradas, que también dependerán de un desarrollo reglamentario y permitirá reducir el coste energético.

PP: déficit del sistema eléctrico

«Modificaremos todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico y aquellos aspectos que incidan gravemente en el déficit tarifario», ha avanzado el portavoz adjunto de los populares en la Cámara Baja, Guillermo Mariscal. En este sentido, Mariscal ha anunciado que el PP presentará para ello una enmienda a la totalidad a esta norma, con el fin de que las medidas de carácter energético no encarezcan la tarifa eléctrica. Y es que, pese a su convalidación, el decreto ley podrá ser modificado al tramitarse como proyecto de ley, en una decisión respaldada con los apoyos de ERC, PDeCAT y PNV y la abstención de PP, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El Gobierno aprueba el pago de 84 millones en ayudas a la industria para la compensación de costes de CO2

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Europa Press.- El Ministerio de Industria ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a las empresas industriales por las ayudas para la compensación de costes de CO2 correspondientes a 2016 y 2017. Estas ayudas se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del 2016.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

Ayudas a Galicia, Asturias, Cataluña

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%, según el gabinete dirigido por Reyes Maroto.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%. A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades.

Unidos Podemos cree insuficiente el plan de Maroto para la industria electrointensiva pues no garantiza la permanencia de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos cree insuficiente el plan del Gobierno para proteger a la industria electrointensiva ante incrementos en el precio de la electricidad pues no garantiza la permanencia de Alcoa y otras plantas amenazadas ante un posible cierre. «Con este decreto no se arregla el problema de Alcoa. Plantear un estatuto para las industrias electrointensivas en un plazo de 6 meses es cerrar Alcoa y otras industrias que vendrán tras ella», ha afirmado la portavoz de Industria del grupo confederal, Yolanda Díaz.

“No habrá nada que salvar”

En este sentido, la diputada de En Marea instó al propio Ministerio de Industria a actuar «ya desde la SEPI». Díaz reaccionaba así al decreto ley aprobado por el Gobierno para disminuir los costes energéticos para la industria electrointensiva, que contempla también el impulso de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y la prórroga de la vida útil de instalaciones de cogeneración. «Nos toman el pelo. Si en un mes no hay medidas, no va a quedar nada que salvar», ha replicado, por su parte, el diputado de Podemos Segundo González, que ha cuestionado, como su compañera, que el anunciado Estatuto pudiera evitar el desmantelamiento de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Por ello, González ha pedido directamente a la titular de Industria, Reyes Maroto, que «rectifique» y «aplique el artículo 128.2 de la Constitución ya», tal y como viene exigiendo Unidos Podemos, con el fin de garantizar los puestos de trabajo y la actividad en las plantas. Este artículo reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y reconoce a los poderes públicos la posibilidad de intervenir en empresas «cuando así lo exigiere el interés general».

El Gobierno estudia condicionar al mantenimiento del empleo las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste energético

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Europa Press.- El Gobierno estudia condicionar las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste de la energía al mantenimiento del empleo, según ha afirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha señalado la ministra.

Maroto anunció el pasado noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros Ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España». El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año.

Costes indirectos de emitir CO2

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó en noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

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Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

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Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.

Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.

Ribera plantea «repensar» las subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra sus plantas en España tras recibir 1.000 millones en ayudas

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Europa Press.- Alcoa recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura eléctrica en la última década a través de las subastas de interrumpibilidad, que paga a las empresas de gran consumo energético por su disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de «repensar» este sistema tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña.

Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues «sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta», unos 90 millones de euros, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. «A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar», ha manifestado la ministra, que aseguró que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.

«Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria», ha indicado. Por ello, la ministra ha instado a «entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás» de la decisión de cierre de esta empresa. «Entiendo que es una decisión empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez», apostilló.

La ministra ha resaltado que «lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio» pues «nadie lo sabía hasta el día anterior». Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero «no se pusieron al teléfono». Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a «entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir» y que, si es así, el Gobierno pueda «encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas».

Maroto exige mantener las plantas

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno exigirá a Alcoa mantener las 2 plantas productivas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) que la empresa ha decidido cerrar con el consecuente despido de 700 trabajadores alegando, como uno de los principales motivos, el alto precio de la electricidad que Ribera tildó como una “excusa y cortina de humo”. Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Alcoa y los sindicatos para escuchar a la empresa, esclarecer las razones que le han llevado a tomar la decisión y así poder hallar cuáles son los escenarios en los que es posible trabajar, con el objetivo de mantener las plantas productivas.

«La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», ha explicado la ministra. Tras hablar con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así como con los alcaldes de los municipios afectados por las plantas cerradas, Reyes Maroto comprometió una reunión «al más alto nivel» entre administraciones para coordinar actuaciones.