Entradas

El Gobierno, Vestas y los sindicatos acuerdan las medidas para paliar los efectos del cierre de la planta de León

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los sindicatos UGT y CCOO y la compañía Vestas firmaron el Marco General de Actuación para paliar el impacto del cierre de la planta situada en Villadangos del Páramo (León). El acuerdo tiene como objetivo principal apoyar la recolocación de los trabajadores de la fábrica y el tejido industrial asociado a la misma.

El Marco General de Actuación contempla que Administración pública estatal y empresa se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para lograr inversores industriales antes del 31 de diciembre de 2019, según indicaron fuentes ministeriales. La Administración pública estatal se compromete a «promover el diseño de medidas de política industrial que contribuyan a la reindustrialización de la zona en pro de un desarrollo económico sostenible«. La empresa «promoverá una oferta de empleo dentro del Grupo Vestas en España y fuera de España» e informará a los empleados de León, que tengan interés, sobre las oportunidades de empleo y apoyará su reincorporación. Asimismo, facilitará la recolocación en empresas subcontratistas de Vestas o en otras empresas de León.

En el Marco también se contempla la disposición por parte de Vestas de un presupuesto máximo de 300.000 euros para planes de formación para el empleo. Vestas se compromete a «mantener el edificio en condiciones de operatividad hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta la transferencia del mismo a un inversor, lo que ocurra antes», y a mantener la actividad en las fábricas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), eslabones fundamentales en la cadena global de producción de la empresa, conforme a las actuales condiciones de mercado.

Además, se compromete a facilitar el proceso de venta de las instalaciones en proporción a las garantías que ofrezca el futuro inversor sobre la contratación de empleados de la bolsa de trabajo creada a tal efecto. El acuerdo incluye la creación de una Comisión de Seguimiento del desarrollo de las medidas y actuaciones recogidas en el Marco General de Actuación.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se trata de «un buen acuerdo» al que se ha llegado después «de un intenso trabajo» con los sindicatos y la empresa, al fijar un marco de actuación para dar una salida industrial a la planta de Villadangos. La titular de Industria ha subrayado que el acuerdo incluye medidas para lograr un inversor que pueda mantener la unidad productiva, así como planes de recolocación y de formación dirigidos a los trabajadores afectados por el ERE. Por último, la ministra también hizo hincapié en que el acuerdo alcanzado «está abierto para que otros agentes se sumen».

Los sindicatos plantean al Gobierno crear una mesa de trabajo con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica

Europa Press.- Mientras Greenpeace ha publicado un documental contra el carbón y las térmicas, UGT FICA y CCOO de Industria han trasladado al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la necesidad de crear una mesa de trabajo conjunta con presencia de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, junto a los propios sindicatos de industria y energía, para abordar el camino «hacia una transición energética justa que contribuya a fortalecer el tejido industrial y frene su deterioro».

Los sindicatos señalaron que esta propuesta, que ha sido bien acogida por el secretario de Estado de Energía, podría materializarse en octubre con presencia de representantes de ambos Ministerios y de los dos sindicatos mayoritarios. UGT FICA y CCOO han recordado a Domínguez la problemática que atraviesa el sector energético y las alternativas que proponen garantizar esta transición energética «justa que avance en paralelo con la reindustrialización de la economía».

Entre estas alternativas, UGT defiende un mix «equilibrado en el que tengan cabida todas las fuentes de energía» y establecer un sistema transparente de formación de precios que eviten «las bruscas oscilaciones y sea asumible tanto por las empresas de cara a garantizar su viabilidad, como por los consumidores con el objeto de erradicar la pobreza energética«. Por su parte, CCOO consideró «imprescindible» la participación del Ministerio de Industria en el grupo de trabajo, «ya que las decisiones que allí se tomen le afectarán de forma directa». Según este sindicato, la mesa debería hablar de las subastas de interrumpibilidad y de renovables que se avecinan, del mix eléctrico y energético y del mercado de emisiones.

Greenpeace contra las centrales térmicas

Por su parte, la organización Greenpeace hizo público el documental El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas, que se puede ver en Youtube y que refleja los impactos económicos, sociales y en la salud del uso del carbón, incluidas las consecuencias negativas de vivir cerca de una central térmica. «Yo soy termicana. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo un año, en la central térmica de Compostilla, donde mi padre trabajaba. Mi hermana y mi padre murieron del mismo cáncer. Se sabe el daño que produce aquello desde hace 60 años. En nombre del progreso se permite seguir construyendo un mundo en el que nos estamos envenenando», afirma en su trabajo la médico Sara Velasco.

Doctores, exmineros, activistas y asociaciones vecinales protagonizan el documental de 30 minutos que revela «la cara más amarga y menos conocida» del carbón, según Greenpeace. Se trata de un trabajo realizado por un equipo de periodistas y documentalistas que ha recorrido varios puntos de la geografía carbonera española para documentar las consecuencias de la quema y extracción de este mineral. Junto al documental, Greenpeace publica un informe en el que recopila los impactos económicos, sociales y en la salud del carbón. Asturias, León, Almería y Aragón son los escenarios elegidos para la elaboración del trabajo.

El Ministerio de Industria avanza un principio de acuerdo en Vestas que el Gobierno autonómico y los sindicatos han negado

EFE.- El Ministerio de Industria ha anunciado un principio de acuerdo para intentar mantener la actividad industrial en la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León) ante su inminente cierre por parte de la compañía danesa, un pacto que niegan tanto la Junta de Castilla y León como los sindicatos.

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, explicó que este principio de acuerdo se terminará de perfilar «en las próximas horas» o días para concretar medidas y garantías.

Sin embargo, los representantes de la Junta de Castilla y León, CCOO y UGT han negado que exista ese principio de acuerdo, ya que no está garantizado que la planta seguirá funcionando, ya sea con Vestas o con otra empresa, aunque han puntualizado que las negociaciones no se han roto y que continuarán.

El objetivo del principio de acuerdo, ha explicado, es «garantizar las capacidades industriales, la salida de la planta hacia empresas del mismo sector, hacia otra empresa, la recolocación de trabajadores y buscar que esa capacidad industrial que hay en León sea aprovechada por nuevos inversores».

Al encuentro han asistido representantes del Ministerio de Industria, Vestas, la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT.

Tras anunciar el cierre de la planta, Vestas notificó a principios de septiembre la presentación de un ERE de extinción para los 362 empleados de la planta de Villadangos del Páramo y poco después precisó que su salida se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre, aunque la materia laboral no se ha abordado en la reunión.

Sin embargo, el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, ha subrayado que «no hay ningún acuerdo» ya que este pasa «únicamente por una garantía real y cierta» de que, ya sea Vestas u otra empresa, se mantenga la actividad industrial y el trabajo en la planta.

El vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, ha descartado que exista un acuerdo, aunque seguirá negociando porque la situación afecta al tejido industrial de la comarca, que se ha visto afectada por la crisis.

De la misma manera, el secretario de Política Sindical de CCOO Industria en Castilla y León, Juan Manuel Ramos, ha achacado la negativa de acuerdo a la falta de propuestas de la empresa, a la que quieren «arrancar un compromiso mayor» con el tejido industrial de la zona.

La ministra Reyes Maroto rectifica tras calificar de “globo sonda” el impuesto al diesel anunciado por el presidente del Gobierno

Redacción / Agencias.- La ministra de Industria, Reyes Maroto, asegura que «se han sacado de contexto» las declaraciones que ha realizado sobre el impuesto al diesel y ha rectificado para mostrar su apoyo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incorporarlo a los Presupuestos de 2019.

«Las declaraciones que he hecho se han sacado de contexto. Se me ha preguntado sobre el debate abierto este verano en relación con el diésel y el impacto que estaba teniendo en los concesionarios y en los consumidores, una pregunta que nada tiene que ver con el anuncio que ha hecho el presidente que, por supuesto, apoyo plenamente», aclaró. En este sentido, Maroto ha querido subrayar que «apoyo plenamente el anuncio que ha hecho el presidente de incorporar la fiscalidad del diésel en los Presupuestos de 2019 que estamos elaborando».

La cuestión es que Maroto había afirmado que «se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado», y ha considerado que «se ha hecho un globo sonda». «Se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado», ha matizado Maroto. «Se ha hecho un globo sonda, pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y también en los consumidores. Hasta ahora las medidas que hemos tomado son buenas para el sector», ha añadido.

El Ministerio de Industria dedica seis millones de euros de ayudas para compensar los costes por emisiones de CO2 de las empresas

Europa Press. – El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, hoy martes 7 de agosto, el anuncio de la convocatoria de las ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2. Estas ayudas tienen por objeto la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Según explica el Ministerio, el presupuesto total previsto para esta convocatoria es de casi seis millones de euros, destinados a compensar los costes incurridos por las empresas durante el año 2017. Está dirigida a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de ‘fuga de carbono’, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

Entre las empresas que pueden beneficiarse de estas ayudas se encuentran, por ejemplo, las dedicadas a la producción de aluminio, la fabricación de prendas de cuero, la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la fabricación de papel y cartón, el hilado de fibras de algodón y la extracción de mineral de hierro y de minerales para abonos y productos químicos.

Así, se trata de la tercera convocatoria anual de estas ayudas desde la aprobación del mecanismo de compensación en el año 2014. El presupuesto total previsto es de 5.992.656,14 euros, que se destinarán a ayudar a compensar los costes incurridos durante el año 2017. Las solicitudes podrán presentarse del 4 al 19 de septiembre, ambos incluidos, en la sede electrónica del Ministerio: sede.minetur.gob.es.

Reyes Maroto, ministra de Industria, apuesta por las energías renovables y asegura que el Gobierno derogará los cargos al autoconsumo

Europa Press / EFE.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha recalcado la apuesta del Gobierno de España por las energías renovables y la economía verde y ha asegurado que el Estado va a derogar los cargos al autoconsumo de energía, el denominado impuesto al sol. Maroto visitó las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), gestionado conjuntamente por los Gobiernos de España y de Navarra y ubicado en Sarriguren.

Reyes Maroto ha sido recibida en las instalaciones por el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y presidente de CENER, Manu Ayerdi, y por su director general, Pablo Ayesa. También ha participado en la visita el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. Tras escuchar una presentación sobre las principales actividades y proyectos que actualmente desarrolla Cener, la ministra visitó algunas de las infraestructuras de investigación del centro, como es el caso del Laboratorio de Electrónica de Potencia, el Laboratorio de Células Fotovoltaicas o el de Biomasa.

Maroto ha destacado que la “recuperación” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo responde a que el nuevo Gobierno de España «tiene en su hoja de ruta impulsar la política industrial» del siglo XXI porque «se estaba perdiendo el posicionamiento» de este sector que «genera mucho valor, una economía más intensiva en conocimiento y un empleo de calidad». En este sentido, ha indicado, el objetivo del Ejecutivo, como establecen los objetivos europeos, es que la industria alcance el 20% del PIB en el año 2020.

La ministra ha explicado que acude a Navarra porque «es un referente en materia industrial» y el Gobierno quiere «reforzar nuestra apuesta por la industria». Asimismo, Maroto ha trasladado la apuesta del Gobierno central por el impulso de las energías renovables y la economía verde e indicó que su Ministerio va a promover la incorporación de este ámbito en la hoja de ruta de las agendas sectoriales, un punto que, a su juicio, lo diferencia claramente del anterior Gobierno central del PP. La ministra ha destacado que éste «es un sector estratégico» y asegura que «se ha perdido mucho tiempo».

«El anterior Gobierno no tenía una apuesta clara por las renovables, de hecho lo que hizo fue paralizar las energías renovables«, ha indicado Maroto, que ha señalado que en la comunidad foral «se han perdido empleos como consecuencia del cierre de empresas que estaban apostando por este sector». Asimismo, Maroto ha asegurado que el Gobierno va a derogar «el impuesto al sol«. «No podemos hacer una apuesta por las energías renovables sin permitir que se desarrolle el consumidor y el productor en esa materia», concluyó.

Los sindicatos abordan con el Ministerio de Industria la implantación del coche eléctrico y la necesidad de empresas de baterías

Europa Press.- CCOO y UGT Fica se han reunido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la intención de trasladarle la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria. El secretario general de UGT Fica, Pedro Hojas, señaló que ambicionan un posible Pacto de Estado por la Industria con matizaciones y aportaciones del nuevo Gobierno, y pusieron encima de la mesa los problemas relacionados con otros Ministerios, como el energético.

Para UGT, es fundamental tener una energía competitiva y que no represente un coste superior al 30% que existe actualmente de diferencial con los países industriales europeos y ve necesario que el Ministerio «se apoye» en los consensos del anterior Gobierno para sacar adelante la Estrategia Industrial del Programa 2020-2030. En el encuentro con Maroto, se ha abordado la implantación del coche eléctrico, la digitalización y la necesidad de que en España se establezcan empresas de baterías y de desarrollo de nuevos materiales y combustibles.

El secretario general de Comisiones Obreras, Agustín Martín, ha explicado que para pasar por ese Pacto de Estado por la Industria, es necesario un Pacto de Transición Energética, que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Además, ambos secretarios han asegurado que todos los sectores son importantes y estratégicos y han mostrado su descontento con las declaraciones sobre el diésel que, aseguran, «son alarmas innecesarias y tienen un serio impacto sobre el empleo».

El Congreso aprueba las ayudas de 66,6 millones de euros en concepto de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible

Europa Press. – El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que contempla 66,6 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible.

Así, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) gestionará una partida de 50 millones de euros, que representa un 0,6% del presupuesto de gastos del Estado para este año, al igual que en el ejercicio precedente.

Por su parte, los PGE 2018, elaborados por el antiguo Gobierno de Mariano Rajoy, también recogen diferentes partidas por importe de 16,6 millones de euros para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible, que estarán gestionadas por el Ministerio de Industria.

En concreto, el Gobierno destinará en este tema 80.000 euros a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal; 80.000 euros a comunidades autónomas; 1,1 millones de euros a entidades locales; 8,84 millones de euros a empresas privadas, y 6,5 millones de euros a familias e instituciones sin fines de lucro.

El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado los PGE 2018 tras ratificar 32 cambios introducidos en el Senado, donde el PP cuenta con una mayoría absoluta, rechazando otras 14. La votación de las enmiendas era el último trámite parlamentario antes de su definitiva entrada en vigor, previa publicación de las cuentas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El gas licuado por canalización sube un 13% en su parte variable

Europa Press.– El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 13%, según una resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 82,0297 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 72,6209 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel sube un 16,2%, desde los 58,40421 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 67,4509 céntimos.

La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

El Defensor del Pueblo propone cambios al ser eximida la regasificadora de Mugardos de presentar una evaluación de impacto ambiental

Europa Press.- El Defensor del Pueblo instó al Gobierno a que garantice la participación activa de un órgano ambiental antes de tomar la decisión de excluir a ciertos proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, como en el caso de la regasificadora de Mugardos (La Coruña).

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural como, por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que al emitirse no contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno «decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento».

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es «necesario» informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

«Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada», señala el Defensor que, no obstante prosiguió sus actuaciones. En ellas ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental. Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.