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Industria eleva un 1,4% la retribución a Red Eléctrica por el transporte de electricidad en 2016, hasta los 1.677 millones

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo propuso una retribución para Red Eléctrica de España (REE) de 1.677,5 millones de euros para el ejercicio 2016 por su función como principal transportista de electricidad, lo que supone un incremento del 1,4% con respecto al año anterior.

Según consta en la propuesta de orden ministerial de retribución para las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, el Gobierno propone un esquema retributivo para estas instalaciones de 1.705,56 millones de euros. Esta cifra es ligeramente superior a los 1.690,55 millones de euros previstos para 2015. El grueso, 1.677,5 millones de euros, corresponden a REE, propietario de la mayor parte de estas instalaciones de transporte de electricidad, que tuvo reconocidos unos ingresos de transporte en 2015 de 1.653,8 millones de euros. Asimismo, la propuesta recoge una retribución de 27,17 millones de euros a Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), de 662.105 euros a Vall De Sóler Energía y 209.356 euros a Estebanell y Pahisa Energía.

5.114,72 millones para la distribución.

Asimismo, Industria propuso también su orden para establecer la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para este año, que prevé que ascienda a 5.114,72 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 3% con respecto a la previsión para el ejercicio 2015, que supera los 4.900 millones de euros. De esta cifra total, la mayor parte corresponderá a las tres principales compañías eléctricas. Endesa recibirá 2.013 millones de euros, Iberdrola ingresará 1.647 millones de euros y Gas Natural Fenosa percibirá 733 millones de euros, según El Economista. Por su parte, EDP España percibirá 182 millones de euros y Viesgo unos 150 millones de euros.

El Gobierno dice que los permisos de Repsol para buscar hidrocarburos en Canarias han caducado

EFE.- Los permisos que el Gobierno concedió a Repsol para realizar prospecciones en busca de hidrocarburos en el Atlántico, a unos 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, han caducado, según indicó el delegado del Gobierno en las islas, Enrique Hernández Bento. Lo sorprendente es que Repsol había recibido autorización hasta 2017 para realizar dos sondeos, y un posible tercero, en una zona situada entre las aguas de Marruecos y las de España, a pesar de la oposición expresada por diversas fuerzas políticas canarias y organizaciones ecologistas.

Los estudios iniciales de la compañía indicaban, según desveló en su momento el Ministerio de Industria, que en esa zona del océano Atlántico podrían existir reservas de hidrocarburos capaces de abastecer hasta el 10% del consumo anual de petróleo de España. Repsol comenzó a perforar en la zona el 18 de noviembre de 2014, pero abandonó los trabajos transcurridos 51 días, después de haber llegado a 2.900 metros de profundidad sin haber encontrado indicios de la existencia de hidrocarburos con la calidad y cantidad necesarias para hacer rentable su extracción.

El delegado del Gobierno en Canarias, que entonces era subsecretario del Ministerio de Industria, asegura que esos permisos caducaron la semana pasada y que ahora los servicios jurídicos del Estado estudiarán si Repsol cumplió las obligaciones que adquirió y si resulta sancionable que solo realizara uno de los dos sondeos que se comprometió a hacer. Según Hernández Bento, el permiso de investigación concedido a Repsol venció el 21 de marzo y «el operador ya no tiene derecho a realizar ningún otro trabajo, incluso si quisiera hacerlo». «Conforme a la legislación, ahora dispone de un periodo de 60 días para justificar que ha cumplido el compromiso que asumió, una especie de contrato cuando se le concedió el permiso de investigación», apuntó.

Hernández Bento ha recordado que Repsol presentó un proyecto con una planificación, un plan de inversión y un programa de trabajos, entre otros asuntos, y debe ahora debe justificar tanto el dinero gastado como el programa desarrollado. En su opinión, Repsol no tendrá problemas para justificar el plan de inversiones, porque contemplaba un mínimo de 40 millones de euros, que ha cumplido «ampliamente porque solo el alquiler del barco perforador era de 1 millón de euros al día y fueron casi 120 días los que trabajó»,entre preparativos y perforación.

«Donde si podrá tener algún problema el operador será en la justificación del programa de trabajo, ya que había planificado llevar a cabo dos sondeos y al final solo realizó uno», subrayó. Hernández Bento indicó que esta decisión podría conllevar posibles sanciones, pero tendrán que valorarlo los servicios jurídicos porque la Ley de Hidrocarburos «no es clara a la hora de determinar si se ha producido una infracción o no, pues hay muchos factores que pueden influir». La Abogacía del Estado, con toda la documentación que presente Repsol, determinará finalmente si se dan las «circunstancias» para iniciar un expediente sancionador.

Sobre las advertencias lanzadas en los últimos meses por dirigentes de Coalición Canaria respecto a la posibilidad de que las prospecciones se retomaran mientras el permiso siguiera vivo, Hernández Bento ha apuntado que en Canarias «se ha hecho política de la nada» con este asunto. El delegado del Gobierno cree que «Repsol no tenía ningún interés» en hacer otro sondeo, porque, si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho mientras estaba su barco en las islas, pero «renunció a él, levantando, además, la base logística». «Aquí el tema del petróleo se ha acabado, pero se ve que a alguno le pone el hablar del petróleo. Hay quien ha querido estirar el chicle», ha concluido Hernández Bento.

“Tranquilidad» en el Gobierno canario

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), sucesor de Paulino Rivero, consideró como una «gran noticia» que hayan caducado los permisos de Repsol porque «da la tranquilidad» de que no se realizarán más prospecciones y de que, si se quieren plantear de nuevo, habrá que tramitar otro expediente. «Se acabó, ya caducó», manifestó el presidente autonómico canario, institución que se opuso intensamente a las prospecciones durante la pasada legislatura porque consideraba que podían poner en peligro la riqueza natural de esas aguas y la potente industria turística del archipiélago.

“No más amenazas para Canarias”

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, celebró que «las aguas de Canarias son un auténtico santuario natural y un paraíso, que ya no están amenazadas por ningún interés extraño«. El presidente de la corporación insular indica que, «a pesar del Gobierno del Estado y del ministro del petróleo, (José Manuel Soria) hubo una población que entendió que eso era una clara amenaza». Morales también ensalzó las movilizaciones llevadas a cabo durante los últimos años por parte de ecologistas y ciudadanos.

Los instaladores eléctricos piden a Industria aumentar el plazo de adaptación de instalaciones de autoconsumo

Europa Press.- La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie) ha promovido una petición al Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitando, entre otras cosas, que se aumente el plazo de adaptación de las instalaciones de autoconsumo, como mínimo, 6 meses más. En concreto, el comité de trabajo de autoconsumo de Fenie ha comunicado la necesidad de ampliar este plazo, que expira el próximo 11 de abril.

La asociación señala que esta propuesta para ampliar el plazo está motivada tanto por las «importantes» modificaciones en las instalaciones existentes, que implican en no pocas ocasiones la realización de obra civil, como por el hecho de que las propias empresas distribuidoras «han dilatado mucho sus respuestas a las solicitudes que se les han presentado, ante las dudas que ellas mismas tenían en la aplicación de esta regulación«. Asimismo, se propone que se convoque un grupo de trabajo con los representantes autonómicos en materia de energía de las Comunidades Autónomas para armonizar los criterios para la aplicación regulatoria del autoconsumo y otros que puedan surgir de la actividad propia de las Comunidades en materia eléctrica.

El gas natural baja un 3% y acumula un descenso del 14,6% desde enero de 2015

Redacción / Agencias.– La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural experimentará una bajada del 3% a partir del viernes 1 de abril, con lo que acumulará un descenso del 14,6% desde diciembre de 2014, según comunicó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este nuevo abaratamiento de la TUR media en su revisión para el segundo trimestre del año responde, principalmente, a la bajada del precio del gas en los mercados internacionales en los últimos meses.

De manera específica, la tarifa más apropiada para los hogares con agua caliente por gas, la tarifa TUR 1, para un consumo inferior a 5.000 kilovatios hora (kWh) al año, se reducirá de media un 2,4% y la tarifa TUR 2, para un consumo entre 5.000 y 50.000 kWh al año, en hogares también tienen calefacción de gas natural, se abaratará de media un 3,2%. Esta bajada se suma a las que se vienen registrando a lo largo de los últimos meses y que suponen para los consumidores domésticos un descenso medio de su factura del 6,2% en lo que va de 2016 y del 14,6% desde enero de 2015.

De los 7,5 millones de consumidores de gas natural, 5,6 millones son suministrados a precio libre y 1,9 millones al precio regulado de la TUR. Para el cálculo de la TUR se consideran los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantienen congelados por segundo año consecutivo. En cuanto al precio del gas, éste se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas realizada el pasado 16 de julio.

Alcanzia Energía seguirá operando como comercializadora tras archivar Industria el procedimiento de inhabilitación

Europa Press.- Alcanzia Energía seguirá operando como comercializadora eléctrica tras la decisión del Ministerio de Industria de cerrar y archivar el procedimiento de su posible inhabilitación, según el BOE. La compañía valora el archivo «como una muestra más de la amplia solvencia económica de la empresa, que le ha permitido afrontar este procedimiento con las máximas garantías de éxito», pero también como un gran paso para la mejora de la competencia en el sector eléctrico. Alcanzia Energía cuenta con más de 10.000 clientes repartidos en todo el territorio nacional.

Compromís pide que Soria informe al Senado sobre la situación de Castor tras completar su hibernación

Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Dolors Pérez, exigen que el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, informe a la Cámara Alta sobre la situación en la que se encuentra la plataforma Castor, después de que la empresa Enagás concluyera el proceso de hibernación. En este sentido, los senadores reclaman que el actual ministro, o su posible sustituto, comparezca ante el pleno del Senado o ante la Comisión de Industria para relatar el punto en el que se encuentra este proyecto.

«El ministro ha de explicar los pormenores del procedimiento por el cual se ha sellado el almacén subterráneo de Castor y también las previsiones de futuro de este proyecto, ya que la decisión no puede limitarse a mantener aparcado el problema sine die«, piden los responsables de Compromís, que recuerdan que las Cortes Valencianas acordaron por unanimidad exigir el desmantelamiento de Castor, una posibilidad que el Gobierno se reservó pero que no ha sido adoptada.

En este sentido, el portavoz de Industria de Compromís en las Cortes Valencianas, Víctor García, recuerda que «todos los partidos con capacidad para condicionar un futuro Gobierno se han posicionado en Valencia a favor de desmantelar la planta», por lo que «ahora tienen que cumplir su palabra”. “Sabemos que la decisión de desmantelar Castor es difícil, pero los políticos deben priorizar los compromisos con la ciudadanía a los compromisos con las grandes empresas», concluyó García.

BP aboga por encarecer la energía contaminante y redefinir todo el sistema así como por imponer las gasolineras con empleados

EFE.- El presidente de BP España, Luis Aires Dupré, reivindicó que las gasolineras sean atendidas por empleados para dar un servicio «seguro y de calidad». Por ello defendió la necesidad de revisar algunas medidas que adoptó el Gobierno para intentar fomentar la competencia entre gasolineras, pero que «han tenido algunos efectos no deseados». Asimismo, abogó por encarecer las energías contaminantes para hacer más competitivas a las renovables: hay que redefinir «todo el sistema en positivo», asevera.

«Asumiendo un crecimiento muy acelerado de las renovables en los próximos 20 años, pensamos que pueden llegar al 15% a nivel mundial«, frente al actual 3% (descontando la hidráulica), añade el máximo directivo de BP, cargo que asumió en noviembre de 2014. Asegura que es más costoso generar energía verde que contaminante (petróleo y gas). Por tanto, para desarrollar la primera se necesita que «sea más caro» producir la segunda.

Para ello, el presidente de BP España defiende establecer nuevos mecanismos: desde la creación de nuevos impuestos, a la imposición de un precio a la tonelada de dióxido de carbono (CO2) o a un mercado de compra de derechos de emisión, «de modo que quien más contamine pues pague más«. Se precisa «un rediseño total del sistema fiscal, de tal manera que se grave a las energías en función de la contaminación». Todo ello al mismo tiempo que «el equilibrio presupuestario no se vea variado», destaca el presidente de BP.

Según Aires, lo relevante no es que se hable de impuestos y pueda producirse una reacción negativa en la opinión pública: lo que importa es «el futuro de nuestro planeta, si queremos que sea sostenible vamos a tener que invertir en renovables«. Uno de los últimos estudios de la OCDE indica en el mismo sentido que un mejor dispositivo de fijación de precios del dióxido de carbono alentaría las innovaciones tecnológicas y reduciría esas emisiones causantes del calentamiento del planeta, principales precursoras del cambio climático.

Además, los bajos precios del barril de petróleo pueden entorpecer el despegue de las energías verdes, aunque éstas alcanzaron en 2015 una cifra récord de inversión global: más de 300.000 millones de euros. Hoy día, explica el presidente de BP España y Portugal, prácticamente el 60% del precio de la gasolina son gravámenes, pero no son impuestos relacionados con las emisiones sino que «lo que buscan es una recaudación fiscal».

Según los estudios de la petrolera, en el plazo de 20 años aún habría una dependencia de los combustibles fósiles del 85%, por lo tanto habría que complementar la cuota de renovables del 15% estimado con medidas adicionales como el fomento del gas natural frente al carbón, añade. La sustitución del carbón por el gas natural (que emite la mitad de dióxido de carbono) descendería en un 10% el nivel de emisiones globales, pero tendría «efectos devastadores» sobre la minería.

Dentro del sector de las renovables, BP ha puesto el foco fundamentalmente en la eólica y en los biocombustibles. En Estados Unidos figura entre las 10 primeras compañías por parque de generación eólica, mientras que en biocombustibles está invirtiendo grandes sumas en Brasil. «Históricamente invertimos mucho en solar y, de hecho, fuimos de las primeras compañías en desarrollar paneles solares, pero la verdad es que con el tiempo no fuimos capaces de desarrollar una tecnología que fuese suficientemente competitiva y acabamos cerrando ese negocio de solar. No siempre se acierta en la tecnología», concluyó Aires.

Pide que haya gasolineras atendidas

Por otro lado, el ejecutivo criticó que algunas medidas, que adoptó el actual Gobierno para intentar fomentar la competencia entre gasolineras, «han tenido algunos efectos no deseados». Entre estas consecuencias no buscadas, Aires apuntó a «la proliferación de muchas estaciones de servicios sin trabajadores. “Estamos viendo ya a gobiernos regionales que están regulando este tema para que haya una persona que atienda, de modo que se pueda dar un servicio adecuado y vigilar por la seguridad de esas estaciones» apuntó.

En segundo lugar, ha deseado que el próximo Gobierno que se constituya vuelva a situar la duración de los contratos de suministro de carburantes y abanderamientos en 5 años, en lugar de los 3 actuales. A nivel europeo son 5 años y «es lo que teníamos en España, pero ahora se ha reducido a 3 años y, de hecho, el gestor de la estación de servicio tiene todos los años derecho a cambiar de bandera».

Se trata de una medida que puede tener «una buena intención desde el punto de vista de querer fomentar la competencia, pero al final también tiene un aspecto negativo, porque para contratos de un año la inversión que hay que hacer en seguridad, en la imagen, en la calidad… no te salen los números por un año». «Por lo tanto, remarcó, al final disminuye la competencia en vez de aumentarla».

De hecho, «las asociaciones de gasolineras están pidiendo que se revise otra vez la duración de estos contratos y se vaya a un marco más estable que permita hacer las inversiones necesarias en el sector». Según Aires Dupré, uno de los primeros sectores que mira cada nuevo Gobierno es el energético, «cualquiera que sea su signo». BP España cuenta con más de 640 estaciones de servicio y ocupa el tercer puesto en el mercado petrolífero español, con una cuota de volumen en torno al 10%.

Enagás concluye la hibernación del almacén Castor con un doble sellado adicional de los pozos

Redacción / Agencias.- Enagás finalizó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento subterráneo de gas natural de Castor con un doble sellado de los pozos, lo que supone un refuerzo adicional a otras dos válvulas ya existentes en cada uno de los pozos, según anunció la compañía que, con esta medida, cumple la labor encomendada por el Gobierno a través del decreto ley 13/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista.

Enagás indica que, con los trabajos realizados, la compañía ha puesto la instalación en condiciones seguras, sin gas en plataforma, gasoducto e instalaciones de tierra. Además, lo ha hecho «sin alterar la estructura del almacenamiento y realizando las tareas necesarias para el adecuado mantenimiento y preservación de los equipos», indica. De forma adicional, Enagás está a la espera de las conclusiones de un estudio solicitado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) que permitirá “disponer de una base al Gobierno sobre la que poder tomar una decisión acerca del futuro de la instalación”. Según estimaciones, este estudio previsiblemente estará finalizado en el segundo semestre de 2016.

Desde que se inició el proceso, ya se acometieron y finalizaron distintas fases relacionadas con el almacenamiento. La primera, conocida como Fase 0, consistió en el análisis de la situación a partir del requerimiento del Gobierno, en la que se incluyeron un estudio preliminar del activo y un exhaustivo análisis de riesgos contemplando diferentes alternativas. La segunda fase consistió en la inertización, mediante una disminución controlada y programada de la presión del gas remanente en superficie, en la plataforma, en el gasoducto y en las instalaciones de tierra. La última consiste en la preservación de los equipos con el objetivo de garantizar su mantenimiento en condiciones de seguridad y operatividad.

La etapa ahora finalizada fue la del sellado de los 12 pozos y de las válvulas situadas tanto en superficie como a 150 metros de profundidad. En todos los pozos se instalaron dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos válvulas existentes en cada uno de ellos, de modo que el sellado de los pozos es cuádruple. Estos trabajos, según afirma Enagás, fueron realizados con el fin de cumplir con las indicaciones del real decreto ley de no inyectar ni extraer gas para no alterar la estructura del almacenamiento. En la actualidad, están en funcionamiento los servicios auxiliares necesarios para mantener la instalación en situación de seguridad y los sistemas que permiten realizar el mantenimiento básico de las instalaciones.

Enagás explica que, desde el inicio del proceso, lo prioritario para la empresa ha sido, en todo momento, «la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente». Por este motivo, realiza una vigilancia continuada de la instalación y de su perímetro. El proceso ha sido auditado y supervisado por la firma Lloyd’s, firma encargada de realizar también el análisis de riesgos previo. Con la hibernación realizada, se remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la documentación final con el certificado del auditor. El real decreto ley confirió a Enagás la labor de hibernar, mantener y elaborar los informes técnicos y, en su caso, los trabajos necesarios para el desmantelamiento de Castor, si así lo decidiera el Gobierno.

En 2013 el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona y encargó a Enagás su hibernación hasta que se contara con información suficiente para garantizar su seguridad. La promotora del almacenamiento, Escal UGS, renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros para que el almacén pasara a ser gestionado por Enagás. La indemnización a Escal UGS se vinculó al sistema gasista con cargo a la factura mensual que pagan los consumidores por los próximos 30 años.

Industria fija en 218 millones de euros las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2016

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016. En el texto se explica que en la presente orden se establece el objetivo de ahorro energético en el 2016, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados y las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.

La aportación obligatoria al fondo se establece, conforme a la metodología diseñada por Industria, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida. Para realizar la asignación, Industria ofrece un desglose de la energía vendida por cada empresa, así como su porcentaje sobre las ventas totales. A partir de ese criterio, se reparte entre las distintas empresas las aportaciones al fondo de eficiencia.

Así, para el 2016 se establece un objetivo de ahorro agregado de 3.046,51 gigavatios por hora (GWh). La equivalencia financiera se establece en 67.916,58 euros por GWh ahorrado. Además, en la orden se reconocen los derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a aquellos sujetos obligados cuya obligación de aportación en 2016, una vez tenidos en cuenta los ajustes correspondientes al 2015. Contra esta orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en dos meses, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones).

Finalmente, las empresas que tienen que aportar una cantidad mayor al millón de euros, en su mayor parte vinculadas al sector de los hidrocarburos son: la constructora y operadora de parques renovables Acciona (1,05 millones), el operador energético Axpo Iberia (1,54 millones), Carburants Axoil (1,22 millones), Disa (5,8 millones), la eléctrica portuguesa EDP (7,44 millones), la suministradora Energya VM (1,1 millones), Esergui (2,27 millones), la suministradora de grandes consumidores Fortia (2,38 millones), el grupo francés GDF Suez (1,22 millones), Meroil (1,8 millones), Petromiralles (1,94 millones), Saras (3,7 millones), la eléctrica Viesgo (3,65 millones), antigua E.ON.

Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones han venido recurriendo ante el Tribunal Supremo por separado o a través de asociaciones empresariales las cantidades que tuvieron que aportar. El fondo se lanzó en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro energético conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020. Para lograr el objetivo, cada Estado debe diseñar un sistema de obligaciones de eficiencia energética, en el que las empresas distribuidoras y comercializadoras asumen el compromiso de ahorrar lo equivalente a un 1,5% de sus ventas anuales de energía.

La patronal fotovoltaica UNEF pide prorrogar hasta finales de año el plazo para registrar las instalaciones de autoconsumo

Redacción / Agencias.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) solicitó al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una prórroga del plazo de inscripción de las instalaciones de autoconsumo de energía ya en funcionamiento, que finaliza este 10 de abril, hasta el 31 de diciembre de este año.

En una carta remitida a la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, la patronal fotovoltaica subraya la necesidad de ampliar la fecha hasta final de año dado que se considera «preocupante, significativo y sintomático» que, a menos de un mes para alcanzar el vencimiento límite que establece la normativa, sólo se hayan inscrito 7 proyectos de autoconsumo fotovoltaico con una potencia acumulada de 103,5 kilovatios (kW).

En la misiva, la patronal fotovoltaica afirma que desde el sector se entiende que ello obedece «únicamente a cuestiones técnicas que están dificultando el cumplimiento de la normativa». Entre ellas destaca la falta de homogeneización en los esquemas de conexión que deben utilizar las instalaciones eléctricas, ya que cada distribuidora de zona tiene sus propios requerimientos. La normativa de autoconsumo, que establece una serie de cargos para los usuarios conectados a la red, fijó la necesidad de inscribir en un registro todas las instalaciones, incluidas las que ya estaban en funcionamiento antes de su aprobación.

Por otro lado, UNEF destaca que las dudas que tienen las compañías distribuidoras a la hora de aplicar el real decreto están retrasando el registro de instalaciones ya existentes, «al no dar respuestas ni en forma ni en plazos a los instaladores, de forma que estos no pueden finalizar los proyectos con arreglo a la normativa«. Además, señala que, pese a la «total disconformidad» del sector respecto al texto normativo, su intención siempre es la de acatar lo establecido por ley y muestra su disposición a trabajar para la elaboración de esquemas y procedimientos comunes a todas las empresas que redunden en una «normativa clara».