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El gas licuado por canalización subirá un 8,5% a partir de hoy en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de hoy, 17 de enero, un 8,5%, según una resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará desde hoy en 75,7749 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 69,8554 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,56 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 10,7% a partir de hoy, desde los 55,3476 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 61,2671 céntimos.

La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

También se han tenido en cuenta los costes de comercialización establecidos en una resolución del pasado 11 de julio dictada por la Dirección General de Política Energética y Minas.

La bombona de butano sube hoy un 5% y acumula un alza del 14,5% desde julio

Europa Press.- El precio máximo de la bombona de butano una vez incluidos los impuestos subirá un 5% hoy martes, hasta 12,89 euros, debido al encarecimiento de las materias primas.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó ayer en el BOE la resolución en la que se establece la revisión bimestral de la bombona y en la que se fija un precio de venta antes de impuestos de 83,72 céntimos por kilogramo.

El precio del butano depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, los fletes y la variación del tipo de cambio.

Así, la materia prima se ha incrementado un 9,2% en los últimos dos meses, en línea con la tendencia al alza al del Brent, que ha subido más de un 18% en diciembre respecto a noviembre debido al anuncio del recorte de la producción de la OPEP de finales de noviembre. A esta circunstancia hay que añadir además que el euro se ha depreciado respecto al dólar un 4% en los dos últimos meses.

A pesar de este incremento, el precio medio de la bombona de butano en 2016 se ha reducido más de 2 euros respecto a 2015, lo que supone una caída del 15,8%, y se ha reducido más de 5 euros respecto al precio máximo alcanzado en 2013 y 2014, que fue de 17,5 euros, indicó el Ministerio de Energía y Agenda Digital.

Con el nuevo incremento, el butano acumula tres revisiones bimestrales al alza y cuesta un 14,5% más que el nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Ese mes, la bombona tocó suelo tras unas secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015.

Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún muy por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. No obstante, el incremento de hoy martes no será suficiente para cubrir los costes reconocidos del sector, de modo que se generará un déficit de tarifa adicional al que ya se había producido en noviembre.

Fuentes del sector indicaron que, si se trasladase toda la subida de las materias primas al consumidor final, el incremento debería ser mayor al 5% y habría de situarse en el 10,5%, hasta 13,57 euros.

Sin embargo, esta traslación no se realizará, en cumplimiento de lo establecido por la regulación, que fija una horquilla máxima de subidas o bajadas del 5% para el butano. La normativa también reconoce que los importes o las bajadas no repercutidos generarán un déficit o un superávit del sistema que ha de recuperarse en revisiones posteriores.

Las bajadas desde 2015 habían ocasionado un superávit adicional que ha ido absorbiéndose poco a poco y que ya ha desaparecido, de modo que el sistema ha entrado en situación de déficit. Las previsiones de evolución de precios de las materias primas hacen prever que esta tendencia se exacerbará durante el año.

Entre el precio de este martes, de 12,89 euros, y la subida que habría de haberse aplicado para evitar déficit, hasta los 13,57 euros, hay una diferencia de 68 céntimos. Si este desajuste se mantuviese durante el año, y la previsión es que irá en aumento, el déficit del sector sería de 50 millones de euros en 2017, ya que las ventas anuales rondan los 70 millones de bombonas.

Subidas y bajadas anteriores

La subida de este martes se produce tras la del 4,7% en la revisión de octubre y la del 4% en la de septiembre. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y en marzo. En enero, el precio máximo aumentó un 3%.

El incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el segundo que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

Protermosolar reclama que se valore a las tecnologías con almacenamiento como un criterio para la subasta renovable

EFE / Europa Press.- La patronal de la industria solar termoeléctrica, Protermosolar, reclama al Gobierno que la próxima subasta de capacidad renovable incluso con la posición de neutralidad tecnológica, tenga dos áreas diferenciadas, para tecnologías con almacenamiento y tecnologías sin almacenamiento, “para poder competir en igualdad de condiciones”. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé realizar en el primer trimestre del año la subasta de nueva capacidad renovable por 3.000 megavatios (MW).

Protermosolar ha reclamado que el precio del kilovatio hora (KWh) no sea el único criterio en la planificación de la nueva capacidad renovable a instalar en España ya que entiende que la energía termosolar aporta ventajas, como su gestionabilidad, que no se reflejan en el precio. La patronal termoeléctrica considera insuficiente que la subasta prevista de capacidad renovable sea tecnológicamente neutral para poder competir en «igualdad de condiciones» con otras tecnologías renovables con sistemas de almacenamiento como «la energía eólica con bombeo o las centrales fotovoltaicas con almacenamiento en baterías».

Para Protermosolar, el escenario energético previsible en España apunta a que toda la nueva generación que se instale hasta 2030 será renovable, con un eventual contexto sin consenso político para alargar la vida de las centrales nucleares y con fecha de caducidad para la generación con carbón, por lo que subraya que las centrales termosolares constituyen «una pieza indispensable del mix de generación del país».

Protermosolar subraya que espera que las decisiones que se adopten para cumplir los objetivos renovables en el horizonte de 2020 «no estén basadas únicamente en el criterio del mínimo coste sino en optimizar el valor de la nueva potencia para el sistema eléctrico en su conjunto y para el relanzamiento industrial del país«. Las 50 centrales termosolares instaladas en España generaron 5,1 teravatios hora (TWh) en 2016, lo que representa el 2,1% de la producción nacional total. Durante los meses de verano de 2016, la producción mensual se situó por encima del 4% y, en muchos momentos, representó más del 8% de la demanda instantánea.

El Gobierno reconoce a Gas Natural Fenosa 6,34 millones de euros por el proyecto del almacén de gas en Doñana

Europa Press.- El Gobierno ha reconocido a Gas Natural Fenosa un total de 6,34 millones de euros en concepto de retribución por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana. El importe que reconoce el Ministerio de Energía figura en la orden ministerial de peajes gasistas publicada en el BOE del 29 de diciembre.

Este año, el Gobierno ha congelado la parte regulada del recibo del gas en el ejercicio 2017, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Según consta en la orden ministerial elaborada por el departamento que dirige Álvaro Nadal, para la revisión de enero «se ha tomado la decisión de continuar en 2017 la aplicación de los peajes y cánones».

La Junta de Castilla-La Mancha desatiende su responsabilidad criticando la «mala gestión» del Gobierno ante la refacturación de la luz

EFE.- La consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, criticó la «mala gestión» del Gobierno central que ha provocado que los castellanomanchegos tengan que pagar 5,86 euros en 2017 o 0,489 euros mensuales en su factura de luz para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

Franco se ha pronunciado así sobre la orden que prepara el Ministerio de Energía para que las comercializadoras refacturen la energía eléctrica consumida en 2013 por los clientes de Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña a fin de incluir los gravámenes impuestos por estas comunidades. Con esta orden ministerial, actualmente en tramitación, el departamento que encabeza Álvaro Nadal cumple los requerimientos del Tribunal Supremo, que ha determinado que los consumidores de cada comunidad autónoma deben costear los tributos que graven la tarifa eléctrica.

«No estamos de acuerdo en cómo se ha actuado en este tema por parte del Gobierno de la nación», ha afirmado la consejera, quien ha reconocido que «a la sociedad le enfada ser paganini de esta historia por la mala gestión por parte del Gobierno central». Ha argumentado que «fue un decreto que puso en marcha Rajoy en 2012 por el que había que equiparar de alguna forma en la facturación eléctrica las medidas tributarias en diferentes comunidades autónomas». Franco explicó que lo que se produjo en 2013 fue «un arrastre del reparto de 2012 sin equipararlo a la situación de 2013» y las eléctricas recurrieron ante el Tribunal Supremo «porque no estaban de acuerdo».

«Hay que preguntar a Rajoy, al Ministerio, quizá no lo hicieran en su día porque eso gravaba y repercutía en las personas que son los paganinis de una mala gestión del Ministerio en aquel momento», ha aseverado Franco. Con ello, ha recalcado que no son la administración competente en esta materia y «lo que sí hacen las administraciones autonómicas, Castilla-La Mancha entre otras, es gravar con tributos a las empresas energéticas para que el impacto medioambiental de las actividades que desarrollan sea el menor posible».

Avaesen lamenta ante la Generalitat que el bloqueo del Plan Eólico Valenciano impedirá una inversión de 500 millones de euros

EFE.- La Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (Avaesen) ha lamentado que la falta de soluciones al Plan Eólico Valenciano supondrá para la Comunidad Valenciana perder la oportunidad de captar inversiones que podrían alcanzar los 500 millones de euros. La asociación ha explicado que la situación actual de este plan impide a las empresas valencianas acogerse a la subasta del Gobierno de España de 3.000 megavatios (MW) de energías renovables.

En este sentido, han criticado que, 15 años después de su adjudicación, apenas se ha sobrepasado la ejecución del 50% del Plan Eólico Valenciano, con lo que queda «bloqueada cualquier opción de desarrollar esta energía en la Comunidad Valenciana en la actualidad«. «Desde Avaesen se viene alertando de esta situación desde hace años, habiendo manifestado esta problemática a los diferentes equipos de gobierno, sin éxito hasta el momento», han recordado.

Para Avaesen, la subasta de 3.000 MW de energías renovables supone «una oportunidad como no ha vivido el país en los últimos años», ya que se trata de «la acción más ambiciosa emprendida para que se cumplan los objetivos de emisiones del Horizonte 2020 marcado por la Unión Europea, para cumplir con el 20% de peso de la energía renovable en el consumo final de energía en el año 2020″.

«Es la primera vez que se lanza en España una subasta de energía renovable de esta magnitud, y la actual situación del Plan Eólico va a suponer perder la oportunidad de captar inversiones que podrían alcanzar los 500 millones de euros, así como de avanzar en la autosuficiencia energética de la Comunidad», ha denunciado. De esta forma, ha añadido, otras autonomías «donde se dan más facilidades administrativas para instalar parques eólicos» generarán un «valor» y «atraerán una inversión de gran calado en los próximos años». Así lo ha expresado el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, quien asegura que «la Comunidad pierde la oportunidad de aprovechar este incentivo a las renovables que sí van a desarrollar otras regiones de España».

La industria de componentes eólicos expresa su preocupación al Ministerio de Economía ante la subasta de renovables de Álvaro Nadal

Redacción.- Las principales compañías del sector de los componentes eólicos, una industria con 180 plantas productivas a lo largo del territorio nacional, han enviado una carta a la Secretaría General de Industria, competencia adscrita desde noviembre al Ministerio de Economía, para expresar su preocupación y solicitar su mediación ante el nuevo Ministerio de Energía, que planea realizar durante este primer trimestre de 2017 una subasta de 3.000 megavatios (MW) de energías renovables sin cupos, bajo el principio de la neutralidad tecnológica.

El objeto de la misiva, a la que ha tenido acceso Energía Diario y firmada por los principales exponentes de la industria de componentes eólicos, es solicitar una reunión con la Secretaría general de Industria en la que poder expresar la “profunda” preocupación que les generan las características de la subasta que ha avanzado Energía. En este sentido, consideran que no se están atendiendo los intereses de una industria tan importante como la que representa a nivel nacional la relacionada con la tecnología eólica, volviendo a dar actividad dentro del país a un sector obligado a volcarse en los mercados exteriores desde la moratoria decretada en 2012, que paralizó la concesión de incentivos a la instalación de nuevas instalaciones renovables.

Si bien fuentes de la administración consultadas evidenciaron su malestar de que la preocupación de la industria de componentes eólicos se haya canalizado a través del departamento dirigido por Luis de Guindos y no del Ministerio de Energía, las principales asociaciones del sector renovable han lamentado que el nuevo equipo de Energía esté volviendo a incurrir en los mismos “errores” de sus predecesores al no dialogar con el sector. Una denuncia cuyo origen se remonta a los inicios de la dupla formada por José Manuel Soria y Alberto Nadal; también se lamenta que desde el Gobierno no se adopte una postura integral, que contemple la eólica como industria y no sólo valorando los costes que se añaden al sistema eléctrico.

Energía se encuentra actualmente elaborando la orden ministerial que establezca los detalles de la subasta de renovables. Hasta el momento, lo único que concretó el departamento dirigido por Álvaro Nadal es que la subasta consistirá en un “mecanismo competitivo y tecnológicamente neutral”, es decir sin cupos preestablecidos por fuentes. Asimismo, se garantiza que “se incorporan aquellos proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor”. En consecuencia, el temor de la industria renovable española es que se adjudiquen los proyectos que presenten las ofertas más agresivas de reducción del incentivo subastado, lo que podría provenir, por ejemplo, de proyectos que utilicen los paneles solares de fabricación china. 

Energía prepara otra refacturación de la luz por orden del Supremo en las comunidades autónomas con tributos territoriales al sector

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará una orden ministerial en la que recogerá una refacturación a los consumidores de electricidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. La refacturación se refiere a los tributos autonómicos aplicados durante el 2013.

La medida tiene como objetivo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio.  Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada recientemente, en la que se revisa el margen de comercialización del PVPC de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04%.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Energía se ve ahora obligada a tener preparada la orden ministerial antes del 20 de enero para evitar una multa del Supremo.

Según fuentes oficiales, el Gobierno amortiguará el impacto de esta medida en los ciudadanos, porque las cantidades no se empezarán a cobrar hasta 6 meses después de que se apruebe la orden ministerial y su pago se repartirá a lo largo de un año. Las comercializadoras deberán informar previamente a los consumidores y el recargo se incluirá en la factura en un concepto separado que especificará que se trata de un suplemento territorial por los tributos autonómicos del año 2013.

Según sus cálculos, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013. Por su parte, los usuarios de la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, o 0,065 euros al mes, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña, o 10 céntimos al mes, o los 0,05 euros anuales de La Rioja, o 0,004 euros más al mes.

Según consta en el borrador de orden ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual.

«El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los suplementos objetivos entre el 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de 2013», afirma Energía en el borrador de orden ministerial. Conforme a la norma que prepara el departamento dirigido por Álvaro Nadal, los valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización.

Así se cumplirá con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y en el real decreto ley 20/2012, en los que se indica que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».

Esta redacción estuvo vigente durante 2013. En diciembre de ese año se aprobó la actual Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, en cuyo artículo 16 se mantiene esta filosofía de que los consumidores de cada territorio costeen los tributos de su zona. El Supremo considera que el Gobierno no puede ampararse en la falta de desarrollo de la norma para dejar de aplicar la medida.

Para dar cumplimiento a la medida, el Ministerio de Hacienda pidió a las comunidades autónomas afectadas la información relativa a los distintos tributos existentes en 2013 en los que se gravasen actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. «Dichos requerimientos fueron atendidos de forma desigual por las distintas comunidades autónomas», advierte Energía, que informa además de que el Supremo le envió una providencia por la que apercibe con la imposición de multas coercitivas si antes del 20 de enero no remite la propuesta de orden ministerial para cumplir la sentencia.

Las empresas fotovoltaicas y el Gobierno balear critican que se dupliquen los cargos al autoconsumo en el archipiélago

EFE.- Mientras el consejero balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, aseveró que el Gobierno autonómico no comparte la decisión del Gobierno de incrementar el llamado impuesto al sol en Baleares, por suponer un obstáculo a las renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) criticó la decisión del Gobierno central de duplicar los cargos para los autoconsumidores de Baleares, que ahora pagan de media 40 euros por megavatio hora de energía verde producido y consumido, cuando hasta 2016 eran 19 euros.

El recargo, que según la entidad afectará a entre 300 y 400 instalaciones de autoconsumo del archipiélago, ha sido calificado por esta asociación como «un error injustificable» que genera «incertidumbre entre los inversores» al suponer una nueva modificación normativa del autoconsumo. La orden del Ministerio de Energía, que establece los peajes de energía eléctrica para 2017, indica que los precios de los cargos variables para energía autoconsumida en Canarias, Ceuta y Melilla tendrán valor cero, pero en los sistemas eléctricos Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera oscilan en distintas cuantías en función del consumo. Quedan exentos los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con una potencia inferior o igual a 10 kW.

El delegado de UNEF en Baleares, Rafael Puigcercós, reprochó al Gobierno que «castigue» a Baleares cuando se trata de un territorio que, «debido a su situación geográfica y composición del parque de generación eléctrica, tiene un mix energético con un coste de producción muy superior al sistema peninsular«. Cree que esta subida «desanimará a aquellos que tenían previstas inversiones para producir parte de su electricidad con ayuda del sol», lo que impedirá el desarrollo de las renovables, que en Baleares «son una anécdota que apenas alcanza el 3% del total”.

Puigcercós señaló que la singularidad del territorio balear, «escaso y muy protegido», dificulta la implementación de infraestructuras energéticas fotovoltaicas y eólicas, «por lo que el autoconsumo representa el camino más seguro para el desarrollo de tecnologías de producción de electricidad renovable”. El delegado de UNEF insistió en que el cambio normativo que duplica los recargos al autoconsumo va en contra de la estrategia del Gobierno balear, encaminada a eliminar trabas burocráticas, fomentar el autoconsumo y el uso de energías limpias”.

Baleares contra el Gobierno central

Por su parte, el consejero balear Pons considera la decisión del Gobierno como una «penalización» para los autoconsumidores que considera «un error». Por ello ha solicitado una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para abordar esta cuestión si bien ha dicho que el ejecutivo autonómico no descarta plantear un recurso ya que la postura del Ejecutivo central es la opuesta a la mantenida por el Gobierno balear, que «está haciendo esfuerzos importantes para favorecer la implantación de energías renovables».

«Si mientras nosotros hacemos estos esfuerzos, el Gobierno de España los penaliza, estamos entrando en una dinámica que no tendrá resultados reales para los ciudadanos, lo que es un error», ha afirmado Pons, que ha criticado además «cómo ha planteado» el Gobierno esa subida, aprobada a finales de diciembre. «Necesitamos el apoyo del Gobierno de España, no la fuerza contraria», ha reiterado. Ha insistido en que la decisión del Gobierno «ha penalizado a quienes producen energías renovables cuando en todo caso hay que apuntalarlos porque suponen una mejora ambiental que genera puestos de trabajo y genera una dinámica económica positiva».

Antes de la posibilidad de plantear un recurso contra dicha subida del precio de la energía fotovoltaica, Pons ha insistido en que la voluntad del Gobierno balear es reunirse con el ministro Nadal «para contrastar posturas de gobierno a gobierno». Sin embargo el Gobierno balear tampoco desestima la posibilidad de recurrir a los tribunales: «No descartamos ninguna opción porque es importante dar un paso adelante e incrementar la producción de renovables. Estamos a la cola de España», ha recalcado Pons.

Energía estima un coste máximo de 176 millones anuales para el sistema eléctrico por los 3.000 MW nuevos de renovables

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estima unos sobrecostes máximos para el sistema, derivados de la retribución a la inversión por parte de las nuevas instalaciones de la nueva subasta de renovables por 3.000 megavatios (MW) que celebrará en el primer trimestre de 2017, de 176 millones de euros anuales a partir de 2019, una vez que las instalaciones hubieran entrado en funcionamiento.

Energía obligará a que los proyectos que se adjudiquen estén ejecutados antes del 31 de diciembre de 2019, por lo que se contemplan diversos hitos intermedios y un sistema de garantías y controles. Así, las nuevas subastas consistirán en un mecanismo competitivo y tecnológicamente neutral en el que las distintas tecnologías podrán competir en igualdad, es decir sin cupos preestablecidos por fuentes (eólica, solar, etcétera). De esta forma, se garantiza que “se incorporan aquellos proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor”, en línea con las directrices de la Comisión Europea.

Según consta en la memoria de orden por la que se regulará la subasta, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal realiza la estimación de esta cifra bajo la hipótesis de que se realice una asignación de 1.400 MW eólicos, igual cantidad de fotovoltaicos y 200 MW del resto de tecnologías. Suponiendo que la rebaja obtenida en la subasta es del 0%, es decir, es inexistente, Energía estima que de esa cifra de 176 millones de euros, 75 millones de euros corresponderían a la eólica, 71 millones de euros a la fotovoltaica y 30 millones de euros al resto de tecnologías.

Actualmente, el sistema eléctrico español suma 51.112 MW en renovables: 20.345 MW en hidráulica, 23.020 MW en eólica, 4.699 MW en fotovoltaica, 2.300 en térmica y 748 MW más en otras renovables, según los últimos datos de Red Eléctrica. Esto supone más de la mitad de la potencia total instalada en el sistema eléctrico que alcanza los 105.308 MW. Así, en electricidad las renovables cubren ya alrededor del 40% de la generación aunque eso se traduce en un porcentaje mucho menor si se mira el conjunto del consumo de energía.

Esta subasta permitirá elevar en un 6% la potencia de renovables actualmente instalada en España. La retribución actual a las instalaciones de producción de energía renovable, cogeneración y residuos asciende a unos 7.000 millones de euros anuales. Ésta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas instalaciones renovables. Entonces se licitaron 700 MW, de los que 500 MW correspondieron a eólica y otros 200 MW, a biomasa. Esta subasta se cerró, para sorpresa del sector, con un descuento del 100%, es decir, que las plantas que se adjudicaron capacidad cobrarían solo la retribución del mercado sin ayudas adicionales.

El Gobierno remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta normativa para regular los procedimientos del mecanismo de subastas competitivas que incorpore nueva energía renovable. Según indicó Energía, España tiene el «firme compromiso» de alcanzar el 20% de energía renovable en 2020. El Gobierno señala que se encuentra por encima de la senda prevista para lograr el objetivo y que avanza a mejor velocidad que la mayoría de países del entorno, al alcanzar en 2014 un 17,3%, incluyendo los biocarburantes, por encima del 12% previsto y del 5,5% de Holanda, del 7% de Reino Unido, del 13,8% de Alemania o del 14,3% de Francia.

Tras la remisión a la CNMC de la propuesta, consistente en un real decreto y una orden ministerial, el regulador abrirá un trámite de audiencia a los interesados para su valoración. Posteriormente, se concretará el procedimiento mediante una resolución del secretario de Estado en la que se establezcan los detalles de la subasta y la fecha concreta de la convocatoria.