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Nadal pide «acostumbrarse» a precios más altos de la energía en algunos momentos y prevé 2017 a niveles de 2015

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos e hizo un llamamiento a tener una demanda más gestionable para poder cumplir los objetivos ambientales. Además, asegura que España cumple la normativa europea actual de peajes y pide mantener su control político.

El ministro ha destacado como retos aumentar la flexibilidad de generación del sistema energético y gestionar el sistema teniendo en cuenta que todavía faltan interconexiones entre países en Europa: «Veo a los Gobiernos más pegados a la realidad, respecto a los planteamientos teóricos de la Comisión Europea», indicó Nadal, defendiendo menos ideología y más tecnología, frente a una confrontación actual entre el deseo de adonde se quiere llegar, especialmente en materia medioambiental, y la realidad. «Se está regulando un mercado europeo que todavía no existe. Hay lugares todavía muy poco interconectados y los diferentes países no fijamos precios de la misma manera» ni en gas ni en electricidad, ha argumentado.

En cualquier caso, ha dado por sentado que España «va a cumplir sin ningún problema» el objetivo de contar en 2020 con un 20% de renovables. Nadal indicó que ir por detrás de la tecnología hace perder oportunidades de ganar competitividad, pero ir muy por delante también puede generar sobrecostes. Eso sí, el ministro admitió dificultades en el cumplimiento de los objetivos en materia de eficiencia energética. En este punto, lamentó que las inversiones en eficiencia energética hechas por el sector público computen como gasto en lugar de como inversión, algo que considera «demencial», por lo que criticó una normativa «prácticamente inasumible» tanto para el sector público como el privado.

Por otra parte, el ministro argumentó que “hoy por hoy” no se puede prescindir de ninguna energía, ni siquiera del carbón, «a menos que se dé un salto tecnológico», y subrayó la dificultad de hacer compatible el suministro energético, una política razonable de precios y el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales. «Estoy a favor de las renovables sí, pero si son baratas», aseguró el ministro para dejar claro que, actualmente, no es posible que el sistema funcione al 100% solo con este tipo de energías, y por ello ha defendido el papel que juegan las nucleares o las térmicas.

Respecto a la previsión de precios de la electricidad en España este año, hizo hincapié en que los precios mayoristas han vuelto a la normalidad en febrero, después de la «casi tormenta perfecta» que se produjo en enero, y ahora los precios de la energía atraviesan una «situación diferente» ya que las circunstancias meteorológicas han cambiado por completo. En esta línea, destacó el «vendaval enorme» en España que ha hecho que los precios de la electricidad estén 20 euros por debajo de Francia y Alemania.

Asimismo, ha destacado que las medidas impulsadas por el Gobierno en el sector del gas, con la introducción del creador de mercado, han contribuido a que el precio del megavatio hora en gas descendiera de 40 a 30 euros. Por ello, aunque no se ha atrevido a aventurar cómo evolucionarán los precios en los próximos meses, dado que dependerá de la meteorología, sí que ha apuntado que parece que los precios de la energía no podrán estar al nivel de 2016, sino que serán «muy similares a los de 2015», lo que ve como «razonable» ya que el petróleo es más caro que en 2016.

Sobre la negociación con Bruselas respecto a la interpretación de la directiva sobre la fijación de los peajes eléctricos, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, Nadal ha asegurado que España cumple la normativa actual, algo que Bruselas discute, pero que con los cambios que se están preparando y que dan más peso al regulador nacional en la fijación de precios, al pretender que pueda establecer la metodología y los precios, el Gobierno quiere mantener «una dirección política en la política tarifaria«. En este sentido, resaltó que «en todos los países europeos hay cierta dirección política», y en este punto recordó que en Francia el ministro de Energía puede vetar la propuesta de precios del regulador.

La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no ceder poder al regulador para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno en noviembre, cuando comunicó que cambiará la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero reivindica un mecanismo de doble lectura en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador.

Eso sí, el Ejecutivo español no especificaba qué ocurrirá en caso de discrepancia y pedía un periodo de adaptación para abordar la reforma que debe dar más peso a la CNMC en la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. Por su parte, el director general adjunto de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Christopher Jones, ha defendido la propuesta de diseño del mercado energético europeo y se ha mostrado convencido de que situará a Europa como líder global en lucha contra el cambio climático con un sistema energético competitivo y eficiente.

Pide a Cataluña evitar ideología

Por otro lado, Nadal instó al Gobierno catalán a no hacer de la política energética y del uso de las diferentes fuentes de energía un «debate ideológico» y a actuar en este ámbito con «sentido común». Así se refirió al documento aprobado en el que se dibuja el modelo energético de futuro que aspira a construir y el ministro subrayó que «tiene que haber mucho sentido común, poner todas las piezas juntas y no usarlo como un debate ideológico» porque lo importante, a su juicio, es «acertar» porque eso daría una ventaja estratégica al país.

El modelo energético de futuro que el Ejecutivo autonómico aspira a construir para Cataluña está basado en las energías renovables y marca como objetivo para el 2050 que el 100% de la energía que se consuma en hogares y empresas proceda de fuentes renovables, además de otorgar un papel importante al autoconsumo. «No creo que podamos prescindir ideológicamente de nada», ha dicho Nadal en referencia a la renuncia a la energía de origen nuclear. El ministro ha señalado que «hay que vivir de realidades y la realidad es que la nuclear es la que nos permite avanzar sin emitir CO2».

El pool sube un 11,7%

Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 55,46 euros el megavatio hora, un 11,7% más que los 49,66 euros el MWh previos, según datos de OMIE, el operador del mercado. Este precio está muy lejos de los picos alcanzados a finales de enero, en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. El 25 de enero, la electricidad alcanzó los 91,88 euros el MWh en el mercado mayorista, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.

El aval a la reapertura de Garoña, punta de lanza para operar las nucleares hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló la reapertura de la central de Garoña (Burgos) si cumple con ciertas condiciones, dando vía libre al Gobierno para que pueda autorizar a la planta a operar hasta los 60 años, hecho sin precedentes hasta ahora en España.

Garoña es una planta nuclear sin clausurar, actualmente en situación de parada segura, y es la más antigua de España. Opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la central de Fukushima, accidentada tras el tsunami que devastó la costa de Japón, y está operada por la empresa Nuclenor (participada por las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola). El accidente ocurrido en Fukushima en 2011 motivó una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en las plantas europeas que concluyó con exigentes requerimientos para Garoña por parte del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España, el CSN.

Ante la fiscalidad introducida por el Gobierno, Nuclenor decidió parar la central en diciembre de 2012, para a continuación solicitar poder operarla hasta el año 2031, de manera que le compensase la inversión requerida en seguridad, que cifran en varios cientos de millones de euros varios expertos consultados. A raíz de esa petición para conectar Garoña a la red hasta 2031, el Ministerio de Industria encargó al CSN que dictaminara si la central estaba en condiciones de abrir, y en caso afirmativo qué inversiones en medidas adicionales de seguridad tendría que ejecutar para hacerlo. 167 informes técnicos mediante, el dictamen del CSN avaló la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor lleve a cabo las inversiones que se le exigen.

No obstante, la resolución favorable del CSN es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, no supone la autorización, que es un trámite que corresponderá al Ministerio de Energía. De producirse esa autorización la decisión final sobre la reapertura de Garoña estará en manos de Endesa e Iberdrola, pero el Ejecutivo habría sentado precedente, ya que sería la primera vez que se diera el visto bueno para que un reactor nuclear siga conectado a la red hasta los 60 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado sus dudas respecto a la continuidad de las operaciones de Garoña mientras que los responsables de Endesa serían favorables a reabrirla.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969, siendo la primera que funcionó en España, y 2006. Una autorización para Garoña implicaría, también por primera vez, desligar las revisiones integrales de seguridad que ejecuta el CSN cada 10 años de las autorizaciones, lo cual supone que la autorización no está condicionada a ella, como ocurría hasta ahora.

El dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha abierto un debate político a varios frentes. Por un lado entre comunidades autónomas, ya que mientras el Gobierno de Castilla y León está a favor de reabrir, el del País Vasco ha reclamado al Gobierno que no dé la autorización. Una mayoría parlamentaria, entre la que se encuentran PSOE, Podemos y Ciudadanos pidió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no autorizara la reanudación de operaciones de Garoña hasta que no hubiera un debate de fondo sobre el alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen a esos partidos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña. Atentos a la resolución definitiva sobre Garoña  aguardan atentamente otras cinco centrales nucleares que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de los 40 años. La siguiente en hacerlo sería la de Almaraz, en Cáceres.

Nadal rechaza «por demagogia” la propuesta de Ciudadanos para eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad porque habría que subir otro

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado la eliminación del Impuesto Especial sobre Electricidad, petición realizada por Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados con lo que calcula que se conseguiría un ahorro del 6% para las familias, porque «existe en todos los países» y habría que subir otro impuesto ante el elevado déficit de España.

Nadal afeó a Rodríguez que Ciudadanos «presume de no hacer demagogia» y sin embargo propone eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad cuando «no se puede decir que se baje un impuesto y no subir otros». En este sentido, recordó que este impuesto existe «en todos los países de Europa» y aclaró a Rodríguez que, en el caso de España, este gravamen recogido en la factura de la luz no procede de la época del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sino «de mucho más atrás». Asimismo, ante la petición de Ciudadanos de eliminar el impuesto al sol para potenciar el autoconsumo, Nadal subrayó que «mi obligación es beneficiar a todos y no a unos cuantos».

Asimismo, Nadal señaló que la parte regulada del recibo de la luz, competencia del Gobierno, supone entre un 60% y un 65% de la factura y se ha mantenido «constante» en los últimos años, además de haberse congelado de nuevo este año y haber bajado un 2,8% en 2016 porque había «superávit». Esto ha permitido una bajada del precio de la factura de electricidad desde el año 2013, presumió Nadal, quien, frente a un 2016 en el que la parte del mercado del recibo fue «excepcional mente bueno» por las favorables condiciones meteorológicas y los bajos precios del petróleo, el ejercicio actual es «totalmente diferente».

«España ha marcado precios que no son buenos pero algo mejores que Suiza, Bélgica o Italia», apuntó el ministro, que ha añadido que Francia marca a España «mínimos y máximos prácticamente todos los días», porque aunque todavía no hay un nivel suficiente de interconexiones, cada vez está más interconectado. En todo caso, Nadal afirmó que el Gobierno quiere que la parte de mercado de la factura sea «más eficiente», para lo que se han implementado medidas en el ámbito del gas, lo que está permitiendo que haya un «mejor funcionamiento de un mercado que compartimos con el resto de países».

Asimismo, a otra pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre el precio de la luz, Nadal ha respondido que «no se sostiene que el precio sigue subiendo», ya que en la última semana ha disminuido de los 91 euros por megavatio hora (MWh) a unos 69 euros. El titular de Energía espetó a Heredia que desde el PSOE no pueden dar «lecciones» de precios de electricidad porque durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la factura se encareció un 70% y dejaron un «pufo descomunal» de 30.000 millones de euros, en referencia al déficit de tarifa del sistema.

Si no se hubiese acometido la reforma energética, Nadal calcula que el recibo se habría encarecido un 42%, si bien ha reconocido que este año el precio «va a subir» por las condiciones meteorológicas, frente al descenso que se venía registrando desde 2013. En cualquier caso, ha defendido que «se están mejorando muchas cosas», y se está evitando que suba la electricidad «como antes». A este respecto, ha recordado que se convalidó el decreto sobre el bono social, aprobado en 2009, y que con la nueva norma habrá un desarrollo reglamentario con las comunidades autónomas y se atenderá de forma integral a las familias vulnerables.

Por otra parte, Nadal aseguró que la política social de una comunidad autónoma no puede generar costes y gastos al conjunto de consumidores eléctricos de España. «No es una postura del Gobierno, es una postura del Constitucional», señaló Nadalen respuesta a la pregunta de la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a recurrir la Ley de Vivienda de Murcia, que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro. Según explicó, la comisión bilateral Gobierno-Región de Murcia está negociando para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Nadal, que subrayó que esa norma no estaba recurrida por el Gobierno, afirmó que en el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, convalidado por el Congreso, «por primera vez» se enlaza esa competencia exclusiva de las comunidades autónomas con esa competencia general de energía. Así, Nadal acusó a Unidos Podemos de «no querer aportar» en la redacción del decreto, como si hicieron otros partidos políticos como PSOE y Ciudadanos. «Lo que mandaron fue un papel de hayques. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Para protestar, los primeros, pero para trabajar, no tienen ninguna capacidad», apostilló Nadal.

Por ello, en referencia a la protección de los hogares vulnerables, destacó que este decreto permitirá «atender de manera integral los problemas de corte de energía a las familias en situación de mayor vulnerabilidad». Mientras, la diputada de Unidos Podemos pidió al Gobierno que, en lugar de recurrir leyes «que garantizan derechos», se pongan a hacer una ley adecuada que permita que «no haya cortes de luz a la gente que no puede pagarla». «En definitiva, que se pongan al servicio de la gente y no de los especuladores», añadió Irene Montero, que considera que se está vulnerando «sistemáticamente» un derecho fundamental alegando que hay un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Heredia denunció que hay cinco millones de españoles que «no pueden encender la calefacción», a lo que se suma que más de un millón destina hasta el 20% de sus ingresos para poder pagar la energía. «¿Cómo puede mirar a los ojos de los jubilados cuando ha anunciado que la luz va a subir este año más de 100 euros?», le preguntó a Nadal. Por ello, el diputado socialista pidió al Gobierno que realice una auditoría de costes, una reforma «en profundidad» del sector para no «condenar» al «frío y la oscuridad» a los que no pueden hacer frente al recibo. «Apriete el cinturón a las eléctricas, haga algo y hágalo ya», enfatizó.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha anunciado que la formación naranja va a presentar una iniciativa para suprimir el Impuesto Especial sobre Electricidad para conseguir un ahorro directo del 6% a las familias, y ha defendido que si se aplicasen medidas de mejora a la competencia se podrían ahorrar unos 400 euros por familia al año. En este sentido, ha pedido un Pacto de Estado por la Energía y que los ciudadanos no paguen «errores políticos», y ha apostillado que sí «hay dinero» para poder bajar el recibo, aludiendo a los 2.800 millones de la amnistía fiscal, los 5.000 millones del rescate de las radiales y los 41.000 millones de las cajas de ahorro.

Red Eléctrica nombra al anterior director de la Guardia Civil como consejero independiente y la oposición critica “las puertas giratorias”

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EFE / Servimedia.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que pedirá «explicaciones parlamentarias» al Gobierno por el nombramiento del que fuera hasta noviembre director general de la Guardia Civil, el político popular Arsenio Fernández de Mesa, como nuevo consejero independiente de Red Eléctrica de España, mientras que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, justificó que el nombramiento responde a una «decisión empresarial».

El nombramiento, que fue propuesto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se produce hasta que se reúna la Junta General de Accionistas de la compañía, a fin de cubrir la vacante existente tras la dimisión de Agustín Conde cuando fue nombrado secretario de Estado de Defensa. Red Eléctrica aseguró que Fernández de Mesa ha sido considerado «idóneo» para el cargo, dada su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral, condiciones que también reunía Agustín Conde y que «son fundamentales» para la compañía. La salida de Conde fue aceptada el 29 de noviembre, según señaló a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Arsenio Fernández de Mesa es un político del PP. Diplomado en altos estudios militares y en informática de gestión de empresas, es funcionario del Estado en excedencia especial e inspector del departamento marítimo del «International Marine Coatings» en excedencia forzosa. Durante su trayectoria profesional ha sido diputado a Cortes en siete legislaturas (1989-2012), y fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa, miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. Experto en temas de defensa y próximo políticamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es coordinador territorial del PP y está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval.

Albert Rivera habla de «dedazo»

Por su parte, Rivera, criticó que esto es un ejemplo de los «tics de vieja política» que mantienen el PP y el PSOE, y señaló que estos partidos parecen que «no aprenden» de que lo que piden los españoles en las urnas no es solo un cambio de fondo sino también de formas. A Rivera le parece un «dedazo en toda regla» la designación de Fernández de Mesa en una empresa participada por el Estado.

En este sentido, reflexionó que cuando se acaba la política «no pasa nada; Igual hay que buscarse un trabajo sin que el Gobierno te coloque en algún sitio«. El presidente de Ciudadanos expresó que «no sólo hay que acabar con las puertas giratorias», ya que hay una ley que lo impide, sino que quizás «habrá que endurecer el régimen de incompatibilidades de los que han sido cargos públicos para que cosas como estas no pasen».

Energía utilizará el fondo de contingencia para evitar el déficit de tarifa en 2017 ante el reconocimiento de 142 millones de euros a los purines

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé que el ejercicio 2017 se cierre con un nuevo superávit de tarifa en el sistema eléctrico pese a su intención de reconocer mediante una orden ministerial un coste adicional por cerca de 142 millones para retribuir la actividad de las plantas de tratamiento de purines con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del departamento ministerial.

La orden de peajes de electricidad para 2017 recoge, dentro de los costes del sistema, un fondo de contingencia por valor de 150 millones de euros que podrá usarse para responder a gastos no contemplados en las previsiones iniciales. Las fuentes explican que este fondo de contingencia, en función de las circunstancias, podría utilizarse para responder al coste adicional de la retribución de los purines y garantizar que no se produzca déficit de tarifa durante el año. El uso del fondo dependerá en todo caso de cómo evolucionen los ingresos y los gastos del sistema a lo largo del año.

Energía precisa además que el importe de 142 millones de euros recogido en su borrador de orden ministerial sobre la revisión de la retribución de los purines es solo una estimación y que el importe final dependerá de aspectos como el número de horas de funcionamiento de las plantas. La orden ministerial sobre las plantas de tratamiento de purines, cuyo borrador ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), revisa al alza la retribución a este tipo de instalaciones con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

380 millones acumulados hasta 2019

Según datos de la CNMC, las plantas para el tratamiento de purines de porcino tienen una potencia instalada de 384 megavatios (MW) y producen casi 3.000 gigavatios hora (GWh) al año. El borrador de orden ministerial indica en su memoria económica que, de funcionar las plantas de purines al ritmo de 2013 y de mantenerse la previsión de precios del gas, estas instalaciones ocasionarán al sistema eléctrico un coste de 142 millones en el 2017, a los que se suman otros 136 millones en 2018 y 102 millones en 2019. En total, los sobrecostes del periodo comprendido entre 2017 y 2019 serán de 380 millones.

La orden ministerial de peajes de electricidad para 2017, en la que se congela la parte del recibo que los consumidores deben dedicar a cubrir los costes regulados del sistema, pronosticaba un leve superávit de 9 millones de euros para 2017. Al elaborar la orden ministerial, Energía no incluyó ninguna partida relacionada con los costes de los purines porque se hallaba a la espera de ejecutar la sentencia del Supremo que daba la razón a la empresa Energyworks San Millán y obligaba no solo a revisar la retribución, sino a indemnizar por los importes pagados de menos en el pasado.

El año pasado, el Supremo anuló dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y obligó al Gobierno a aprobar una regulación sustitutiva. Este nuevo coste suma incertidumbre a la parte regulada del sistema eléctrico, sobre la que también podría recaer el importe de la indemnización por 500 millones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo por haber financiado el bono social en los últimos años. El Gobierno recurrió la sentencia del Supremo en la que se da la razón a las eléctricas al Constitucional.

El Congreso convalida el decreto para que las comercializadoras financien el bono social y para restringir los cortes de luz

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Redacción / Agencias.- El pleno del Congreso de los Diputados convalidó, con 248 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 77 en contra (Unidos Podemos, ERC y Bildu) y 15 abstenciones (Compromís, PNV y PDeCat), el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, como la prohibición de los cortes de suministro a los consumidores de especial vulnerabilidad.

A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Además, el PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto para que cuente con el mayor «consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político». «Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto», aseveró.

Asimismo, Nadal consideró que este decreto permite también realizar «una reforma» del bono social vigente desde 2009, para lo que hay «un consenso» de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista «el máximo consenso político posible». Nadal destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el «escollo fundamental». «Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro», añadió al respecto. No obstante, el Gobierno ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que anuló la financiación del bono social.

Otra de las grandes novedades que incluirá el reglamento es que los perceptores del bono social se distribuirán en tres categorías en función de su vulnerabilidad y que la renta será un factor determinante para percibirlo. En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán los colectivos que perciben el bono actualmente. En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta. Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, resaltó la prohibición de cortar el suministro a los consumidores vulnerables y la vinculación de la ayuda a los ingresos. Así destacó la importancia del decreto para conseguir «atacar la pobreza desde todos los ángulos» y lo valoró como un «importante paso a una política integral de lucha contra la desigualdad». Lucio destacó que, a pesar de que el PSOE hubiera preferido extender la financiación del bono social a todas las actividades del sector, el diálogo para el consenso en esta materia «ha abierto la puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda que las decisiones políticas mejoren su vida».

Mientras, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, aseguró que este decreto ley es «fruto del acuerdo» y demuestra que hay temas importantes en los que los partidos si son «capaces de sentarse a hablar, más allá de las ideologías políticas». Asimismo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, consideró que la medida que manifiesta la decisión de «la amplia mayoría» de la Cámara en defensa de los consumidores vulnerables y valoró la invitación del ministro a todos los partidos políticos a participar en el proceso reglamentario. Ana Oramas (Coalición Canaria), Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Carlos Salvador (UPN) coincidieron en los aspectos positivos de la norma.

Unidos Podemos vota en contra

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, justificó la falta de respaldo por la formación al real decreto al hecho de que «no es una verdadera ley de mitigación de la pobreza energética». «Con este real decreto no se va a resolver la financiación del bono social ni la pobreza energética. Parte solo de vincularlo a la electricidad, y no a otros productos energéticos», criticó Vendrell, quien acusó a los gobiernos del PP y PSOE de haber llevado a cabo una política energética en España cuyo objetivo real es «mantener la tasa de beneficio de las grandes eléctricas». Según indicó, Podemos no apoyará un decreto-ley que «sirva para anestesiar» las demandas de la sociedad.

En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevilla, defendió su voto en contra del decreto al considerar la iniciativa como “un parche” y que la política energética del Gobierno sigue «beneficiando a las empresas del oligopolio eléctrico, mientras no protege al consumidor vulnerable de la luz«. Mientras, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que adelantó la decisión de su formación de abstenerse, apuntó «el fracaso» del modelo energético del Gobierno. El diputado de Compromís Joan Baldoví explicó que aprecia «algún aspecto positivo» en el decreto pero lo considera «insuficiente«. El diputado de Bildu, Oskar Matute, criticó que se trata de una «tirita» que deja «el bisturí» en manos de las eléctricas.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de 7 millones de personas. Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Así se restablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras eléctricas.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en vulnerabilidad severa.

Además, Nadal destacó que el suministro de estos hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las comercializadoras. A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá que comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si es un consumidor “extremadamente vulnerable”, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.

Por otro lado, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables del bono social en caso de impago. Nadal indicó que ese será el periodo del que dispondrán las comunidades autónomas para determinar si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa. Además, se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer el reglamento de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.

Extremadura pide neutralidad al Gobierno en la subasta de energías renovables para que la fotovoltaica no se vea perjudicada

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EFE.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reclamó neutralidad del Gobierno en las subastas de energías renovables, previstas para este primer trimestre del año, para que los proyectos extremeños, especialmente en fotovoltaica, puedan competir en igualdad de condiciones. Vara realizó estas consideraciones tras reunirse con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en quien ha visto cierta flexibilidad para hablar y discutir algunas de las aportaciones de Extremadura al decreto de autoconsumo de energía.

De hecho, ha reafirmado el compromiso de la Junta con el sector de las energías renovables, fundamental para Extremadura en cuanto a creación de empleo. «Como tenemos buenos proyectos, proyectos competitivos, lo único que hemos pedido es que se pueda tener una idea o principio de neutralidad, es decir, que sean los proyectos buenos y el precio al que compitan lo que defina su viabilidad«, ha detallado Fernández Vara, quien ha confiado en que se puedan acoger a esta subasta el mayor número de iniciativas.

Fernández Vara indicó que ha visto «flexibilidad» en Nadal respecto a lo que ahora contiene la norma que regula al autoconsumo. También dialogaron respecto a la posibilidad de que haya nuevos proyectos energéticos participados por el ICO, con la colaboración del plan Juncker. Para Vara, ese tipo de actuaciones podría ayudar a tirar del sector de la construcción que «no acaba de arrancar», vinculado a reformas y rehabilitación relacionadas con proyectos de eficiencia energética. «Es una muy buena oportunidad de cara al futuro», ha considerado.

Otro de los asuntos que ha sido tratado ha sido el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz y las discrepancias surgidas con Portugal, que ahora se tendrán que solventar en la Unión Europea tras la queja de las autoridades lusas. Sobre la relación con Portugal al respecto ha apuntado que todo se puede hablar porque no es bueno que se enturbie la excelente relación que España, y en particular Extremadura, tiene con el país vecino. Vara ha explicado que es preciso hablar del futuro sin miedo y sentarse y planificar para que el futuro no sorprenda.

Así, considera que es preciso abordar retos como el energético, el demográfico y el cambio climático. «Hemos planteado la necesidad de que se aborde el futuro energético en nuestro país con una cierta proyección y visión de futuro», aseveró Fernández Vara, quien ha abogado por no simplificar y por analizar lo que va a ser el consumo energético en España en los próximos años, las fuentes con las que se quiere resolver y los precios.

Ha manifestado que se tendrá que abordar el hecho de que la región sea una comunidad en la que se produce mucha energía de todo tipo y, sin embargo, impositivamente no quede nada en ella. «Esto hay que discutirlo. Allí donde se produce energía tiene que dejar algo en Extremadura, porque si no estamos jugando con cartas marcadas«, ha advertido.

La factura de la luz se encarece un 28,56% en enero

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagará 81,61 euros en su factura de la luz de enero, por lo que esta factura se incrementó en un 28,56% respecto a los 63,48 euros de enero 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 18,13 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia de un matrimonio con dos hijos. De los 81,61 euros abonados en los 31 días de enero del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de enero, 48,79 euros obedecen al consumo, 3,28 euros al impuesto eléctrico y 14,16 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Asimismo, la subida de la factura de la luz de enero respecto al mes anterior, diciembre, fue del 9,13%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,63 euros en enero de 2017 respecto a los 2,41 euros de diciembre de 2016. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses (28,29,30 o 31) a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Desde el Gobierno, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rechazó hacer cambios en el mercado eléctrico así como realizar una nueva revisión de los costes tras la reforma del sector eléctrico llevada a cabo en la anterior legislatura. Nadal explicó también las causas que han llevado a vivir los picos de este mes: subidas del gas, el petróleo y el carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia, con nucleares paradas y fuerte consumo, o las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España.

El Gobierno deniega la prórroga del yacimiento de petróleo más antiguo de España mientras Sargentes de la Lora pide rectificar

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Redacción / Agencias.- El Ayuntamiento de Sargentes de la Lora (Burgos) celebró un pleno extraordinario para adoptar todas las medidas a su alcance para que el final de la concesión actual de explotación no sea un cierre definitivo de los pozos de petróleo de Ayoluengo, los más antiguos de España, después de que el Gobierno denegara la prórroga de la explotacióndel yacimiento de hidrocarburos denominado Lora, en Ayoluengo de la Lora (Burgos).

El Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que se deniega la prórroga de esta concesión, al haber transcurrido 50 años, el plazo máximo establecido en la legislación, la Ley 21/1974. En consecuencia, la concesionaria deberá desmantelar las instalaciones, manteniéndolas en condiciones seguras hasta que el desmantelamiento sea definitivo. Eso sí, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá convocar un concurso para adjudicar una nueva concesión en el área si alguna sociedad muestra interés, incluida CPS, que explotaba hasta ahora el yacimiento.

Si ninguna otra empresa retoma la explotación, se cerraría el último yacimiento en tierra de la España peninsular, puesto que sólo quedarían activas plataformas petrolíferas costeras. Se trata del yacimiento de petróleo más antiguo de España. Inicialmente se abrieron 52 pozos, de los que salían más de 5.000 barriles al día. En la actualidad sólo quedan 10 pozos activos, con una extracción de entre 100 y 150 barriles al día.

Sargentes de la Lora protesta

El alcalde de Sargentes de la Lora, Carlos Gallo, ha sostenido que el cierre de los pozos sería un «mazazo» para la zona porque allí trabajan una veintena de personas y perder veinte familias en un municipio con 115 habitantes «es un golpe muy duro». Por ello, el pleno de Sargentes de la Lora acordó pedir ayuda a otras administraciones para evitar que el cierre sea definitivo. Gallo indicó que ya han contactado con la Diputación de Burgos y con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. También quieren acudir al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Energía, que ha denegado la prórroga de la concesión.

El alcalde argumenta que en 2007 se hizo un estudio que concluyó que en el yacimiento de La Lora hay todavía 104 millones de barriles de petróleo sin extraer, por lo que solo se habría extraído el 30%. De hecho, indicó que la empresa presentó en 2015 una solicitud de prórroga en la que se comprometía a invertir 90 millones de euros para mejorar la técnica de extracción y llegar a sacar entre 1.000 y 1.500 barriles diarios, diez veces más de lo que se está extrayendo en la actualidad.

Castilla y León pide al ministro de Energía «que diga la verdad» pues considera “suicida” no producir carbón autóctono

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Europa Press / EFE.- El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha replicado al Gobierno que sería «suicida» dejar de producir carbón en España y ha afeado las declaraciones «erróneas y apresuradas» del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al achacar, entre otros, al carbón el alza histórica de la luz. Por ello, Herrera ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía «que digan la verdad» sobre la producción del carbón nacional.

Entre las causas que el ministro aludió en el Congreso de los Diputados se encuentra el incremento del precio del gas, del petróleo y del carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia, con nucleares paradas y fuerte consumo, y las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España. Por ello, Herrera tachó la comparecencia de Nadal como «errónea y apresurada» y considera que asegurar la producción del carbón autóctono es «clave» para evitar picos de subida del precio de la electricidad en momentos de «tormenta perfecta», como el que se ocasionó en España.

En su opinión, la situación que se ha vivido, con poca producción hidroeléctrica y eólica, el parón de nucleares en Francia y la subida del carbón internacional, no se hubiera evitado totalmente, pero se habría paliado con la quema de carbón propio en las centrales térmicas. Herrera ha insistido en que una situación similar se puede reproducir en el futuro.

Ante esta coyuntura, ha emplazado a Nadal a que se pronuncie sobre el futuro del carbón y, en caso de que considere que hay que acabar con la producción nacional, a que impulse un plan de reactivación para las zonas de influencia. En este sentido, ha apuntado que si esa es la decisión del Gobierno habrá que afrontar acciones de reindustrialización y de alternativa económica, porque «no se puede dejar a los trabajadores, empresas y cuencas mineras al albur de las circunstancias, sin prever nada».

«El carbón no puede ser la gran alternativa pero es necesario definir y dar seguridad a las empresas y las cuencas mineras para que no se cierre la minería del carbón en España», aseveró Herrera. En este sentido, ha señalado que las centrales térmicas que estos días están quemando el carbón nacional que tienen almacenado podrían dejar de producir en una o dos semanas por falta de carbón porque las empresas no lo están produciendo.

Por eso, ha recordado al ministro de Energía que el Gobierno firmó en 2013 un acuerdo marco para el sector del carbón, en el que se aludía a la seguridad en el suministro, evitar la excesiva dependencia energética exterior y garantizar el abastecimiento para reservar el 7,5% del mix energético para el carbón nacional. Por este motivo, Herrera plantea un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos con el objetivo de crear valor añadido y empleo. Asimismo, recordó que otro de los objetivos de la Junta, dentro de su política industrial, es la promoción de la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia energética, así como reforzar el binomio empresa-medio ambiente.

La Junta, a través de Somacyl, ha participado en el polígono de Villalonquéjar (Burgos) en el proyecto de la central de trigeneración con biomasa, que aporta el 100% de las necesidades de energía térmica de la empresa L’ Oreal. Se trata de una iniciativa pionera en la Comunidad y en España y un ejemplo, según resaltó Juan Vicente Herrera, de cómo las consideraciones ambientales se convierten en factores de competitividad.