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El gas licuado por canalización sube un 5,6% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió desde el 21 de febrero un 5,6%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. El precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará a partir de ahora en 80,0633 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 75,7749 céntimos de enero.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,56 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 7%, desde los 61,2671 céntimos por kilogramo de enero hasta 65,5555 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización euro/dólar.

Energía ve necesario aprender a gestionar la volatilidad derivada del mayor peso de las renovables en el mix

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, advirtió de la necesidad de aprender a gestionar el aumento de la volatilidad en los mercados eléctricos derivada de la mayor introducción de las energías renovables. Navia indicó quelas renovables tienen «ventajas evidentes» tanto para el crecimiento económico como para la generación de empleo, aunque destacó que también supone «añadir una volatilidad adicional».

De esta manera, Navia afirmó que en los próximos años va a existir ese aumento de la volatilidad a corto plazo en el sistema eléctrico como consecuencia de los efectos sobre la oferta del aumento de peso de las fuentes de energía renovable, por lo que el paquete de invierno, la hoja de ruta de la Unión Europea hacia la descarbonización de la economía, tiene que «ver cómo se gestiona esta situación», ya que la volatilidad tiene un coste económico».

En este sentido, Navia señaló la importancia de desarrollar las interconexiones para «suavizar esta situación y gestionar la volatilidad», así como de hacer unos mercados «más flexibles, más transparentes y más gestionables». Respecto a la seguridad de suministro, el secretario de Estado de Energía destacó la necesidad de apostar por una mayor integración de los gestores y valoró el «cambio fundamental» en materia de gobernanza que supone el paquete de invierno de la Unión Europea. «Es un paso lógico, si cada vez se va más a mercados integrados hay que tener una regulación integrada», sentenció.

Por su parte, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, valoró la importancia del paquete de invierno, ya que marcará «el rumbo de la política energética de Europa en los próximos años«. Prado consideró que el conjunto de propuestas de la Comisión demuestra el compromiso de la Unión Europea de «liderar» la transición hacia un modelo más sostenible, después de que la COP21 «marcara un antes y un después». Asimismo, destacó que esta apuesta por las renovables generará crecimiento económico y empleo duradero, por lo que es necesario «estar atentos y aprovechar la situación».

Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

Nadal insiste en que tener objetivos de renovables más ambiciosos provocará picos de precios en la factura de la luz

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha insistido en que introducir objetivos de uso de energías renovables cada vez más ambiciosos supondrá que se produzcan con más frecuencia picos en los precios de la electricidad como los ocurridos durante la ola de frío de enero.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Nadal que haya «tirado la toalla» y se haya «resignado» a que los precios de la energía vayan a subir este año 100 euros. «Me suena a misterio de rosario, a conformismo, a eso de prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que deba sufrir«, ha añadido.

El ministro había afirmado que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos, palabras que recordó Baldoví. «Tiene mucha experiencia en política y sabe que las preguntas no pueden hacerse en base a titulares sesgados, sino a lo que el ministro dijo con precisión. Y yo, desde luego, no dije lo que usted acaba de decir», ha espetado Nadal. A renglón seguido, ha explicado que sus palabras se referían a una «cuestión meramente técnica» como es el que «a medida que se introducen más objetivos medioambientales de renovables, el sistema tiene más energía rígida e interrumpible y, por tanto, es más difícil su gestión».

«Así que con cierta frecuencia habrá esas puntas de invierno, como los 10 días de altos precios que tuvimos en enero, y tendremos que tener más sistemas para la gestión de la demanda, que hoy en día están muy poco desarrollados en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno», ha añadido el ministro, asegurando que «cualquiera que sepa de energía corroborará» esta consideración.

A renglón seguido, Nadal ha subrayado que el Gobierno ya ha hecho lo que está en su mano para contener el precio de la electricidad, congelando la parte fija del recibo, y señaló que fomentar el autoconsumo abarata la factura para quienes instalan este tipo de sistemas pero «la aumentan para los demás». «Creo que eso no es justo», zanjó.

Sin embargo, las explicaciones de Nadal no convencieron al diputado de Compromís, que se ha preguntado «para qué queremos un ministro de Energía» si ya ha renunciado a tomar medidas para intentar bajar el coste de la energía. «¿Por qué no intenta parecerse a los países que tienen la electricidad más barata? Sería más inteligente. No nos pida que recemos el rosario, que nos resignemos. Líbrenos de incomodidades y tribulaciones. Bájenos el recibo de la luz», exigió el parlamentario valenciano.

Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

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Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

Energía espera una reducción del 80% de los incentivos a las renovables en la próxima subasta

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Servimedia / Europa Press.-El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital espera que el resultado de la subasta de renovables que pretende llevar a cabo durante el primer semestre de 2017 suponga una reducción de un 80% de los incentivos en relación con las llevadas a cabo en años anteriores. Así lo explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que indicó que las ayudas que se adjudicarán en la subasta serán “5 veces inferiores a las realizadas en el pasado”.

Aunque Navia ve «posible» que se tengan que remunerar algunas de las inversiones que se adjudiquen en la subasta, que será de hasta 3.000 megavatios, subrayó que habrá una reducción «muy sustancial» de los costes. En cuanto a la subasta, destacó también que «somos totalmente agnósticos con respecto a la tecnología», por lo que indicó que «vamos a dirimir qué tecnología resulta más eficiente para el sistema» en una subasta tecnológicamente neutra. Navia señaló que la subvención a las renovables está «bajando mucho y bajará más» y que se debe buscar ser eficientes, consiguiendo el objetivo de un sistema energético «sostenible al menor coste posible».

Por otro lado, destacó que con 3.000 megavatios «somos muy ambiciosos de partida», ya que, según recordó, supone un incremento del 10% de la potencia renovable instalada hasta ahora, «un paso muy importante» para alcanzar el objetivo del 20% de renovables en 2020. Por último, señaló que la actual situación de costes de las energías renovables podría permitir replantear los objetivos fijados hasta ahora, ya que «son competitivas en costes con las tradicionales«. Asimismo, apuntó que el desarrollo de las interconexiones europeas permitirá también incrementar la aportación de este tipo de fuentes de generación eléctrica.

Navia señaló que España, que actualmente cuenta con un peso renovable del 15,6%, está «en condiciones más que razonables» de cumplir ese objetivo para 2020, ya que cuenta con un «porcentaje superior al de otro países». Asimismo, destacó que hay «un proceso de disrupción» en el sector energético. «Es positivo que lleguemos a una situación en la que sea el mercado el que vaya primando a las tecnologías, que vaya definiendo donde deben realizarse los esfuerzos y es la forma lógica de dirimir esta competición. Dejar jugar al mercado», sentenció.

Las asociaciones renovables piden cambios

Por su parte, las principales asociaciones empresariales del sector de las renovables, que son APPA, la fotovoltaica UNEF, la eólica AEE y la termosolar Protermosolar, así como la Fundación Renovables, coinciden en reclamar a Energía mejoras en el sistema de subastas de renovables. Las asociaciones coinciden en la necesidad de un sistema de subastas adecuado que impulse la transición energética.

El director general de APPA, José María González Moya, aludió a la importancia de «establecer un calendario de subastas con proyectos reales, evitando los errores de la última convocatoria, y de un sistema no marginalista en el que estén todas las tecnologías y no enfrentarlas entre sí». El director general de UNEF, José Donoso, también defendió la necesidad de una senda de transición energética hasta 2050 con integración de renovables. «Para las subastas, recuperar la seguridad jurídica es fundamental», añadió.

El director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez, indicó por su parte que «la subasta no es un fin, sino una herramienta que puede y debe servir como primer paso para la transición energética». La puja debe servir para «fomentar la inversión, el desarrollo industrial y potenciar los recursos renovables«, añadió. Para el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, «el Gobierno quiere ahora salvar el parche de los objetivos 2020, pero no plantea un modelo de transición energética», por lo que «es totalmente irresponsable».

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, señaló que «el modelo energético debe estar basado en renovables y las subastas son un buen procedimiento para su incorporación y para fijar el precio de forma eficiente y competitiva«. En todo caso, destacó la importancia de contemplar otros elementos además del precio ofertado, como favorecer el cumplimiento de la planificación, su papel en la gestión del sistema, la diversificación de agentes, la cercanía al consumidor y apoyar el cierre de instalaciones no sostenibles.

El CSN propone modificar las órdenes ministeriales que autorizan la explotación de las centrales nucleares

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió cinco cartas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que le propone una nueva redacción de las autorizaciones vigentes de todas las centrales nucleares españolas. En las cartas, aprobadas por unanimidad por el pleno del consejo el pasado día 1 de febrero, solicitan a Nadal que apruebe cambios en el texto de las autorizaciones de explotación de Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo.

Un cambio en el articulado de las licencias permitiría que las futuras renovaciones de las plantas puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Las modificaciones servirían para incluir nuevos requisitos de seguridad para que las plantas gestionen el envejecimiento de las instalaciones por funcionar a largo plazo y se mantienen otras de las exigencias habituales para renovar una licencia. El organismo regulador considera conveniente que las siguientes revisiones periódicas de seguridad de las centrales españolas se hagan siguiendo una sistemática análoga propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

Nadal tendrá en cuenta a las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las empresas en la decisión final sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en el Senado, en referencia a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas implicadas, las organizaciones ecologistas y las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, antes de tomar la decisión definitiva. Así lo explicó Nadal al responder una pregunta sobre qué pasará con Garoña del senador de Podemos, Ignacio Bernal, durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptó con condiciones la solicitud de autorización de reapertura de la central burgalesa hasta 2031, una promesa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011. Ahora la decisión definitiva recaerá en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial. El ministro aseveró que “la seguridad es lo prioritario cuando hablamos de energía nuclear». En todo caso, afirmó que el Gobierno basará su decisión en «el interés general» y «teniendo en cuenta lo que tengan que decir las partes implicadas». Además, añadió que «quiere que el precio de la luz baje ante todo y sobre todo».

«Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y les sube el precio de la electricidad a los ciudadanos y lo que este Gobierno quiere es que ese precio baje. Ustedes están en otra cosa, hacer apuestas ideológicas que en el pasado a este país le han costado 10.000 millones de euros de sobrecoste al año en el recibo de la luz», ha puntualizado Nadal. En este sentido, ha apostado por un sistema suficientemente diversificado que cumpla con los compromisos medioambientales y «salga lo más barato posible» para el ciudadano.

Lo cierto es que tanto el actual ministro, Álvaro Nadal, como su predecesor en el cargo, José Manuel Soria, han asegurado en reiteradas ocasiones que la decisión del Ministerio seguirá lo establecido por los técnicos del organismo regulador CSN. Por su parte, Bernal pidió al ministro «cerrar todas las centrales nucleares y Garoña la primera» y expresó su temor de que pueda suponer una indemnización «en diferido» a Iberdrola y Endesa por lo que le exigió «no repetir la operación Castor».Además, acusó al Ejecutivo de «haber montado este teatro con Garoña para abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares del país».

Bernal asegura que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015. Por ello, cree que ahora se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el “riesgo” que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos». Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.

“Oposición radical” del gobierno vasco

Por su parte, el Gobierno autonómico del País Vasco confía en que el Ejecutivo de Rajoy «tome nota» de la «oposición radical, rotunda y claramente contraria» de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero cerca del límite con el País Vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, indicó que estudiará las «opciones» a su alcance para defender que la central permanezca cerrada. Resaltó que al rechazo social a la central expresado en diversas movilizaciones en Euskadi se suma la postura contraria de la instituciones de Álava, del Parlamento Vasco y del propio Gobierno autonómico. «Nadie en Euskadi comprendería la reapertura de Garoña», aseveró Erkoreka.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y lleva parada desde finales de 2012. Su propietaria, Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, ha solicitado poder operarla hasta 2031, cuando cumpla 60 años, aunque para ello el CSN le ha exigido una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica desveló que las mejoras de seguridad exigidas a Nuclenor en 2015 no se han llevado a cabo y alertó de que el dictamen favorable del CSN «supone un cambio de criterio» y «de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».