Entradas

Nadal resalta el “papel fundamental” del carbón en el sistema energético mientras los sindicatos celebran la nueva actitud del Ministerio

Europa Press.- El secretario sectorial de Minería de UGT, Víctor Fernández, y el responsable de Industrias Extractivas de CCOO, José Luis Villares, aseguraron que su reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha sido «positiva» y que han cambiado «muchísimo» las cosas. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, manifestó que el carbón «sigue teniendo un papel fundamental en el sistema energético» y que es «el complemento necesario e imprescindible para el incremento de la energía renovable».

Nadal ha insistido en que el Gobierno estatal es «favorable» a que «haya un futuro para el carbón», pues este sector «tiene un papel» en el ámbito energético actual. En este sentido, el ministro de Energía ha defendido que es «necesario» que siga existiendo una «demanda» de carbón como «complemento» dentro de una realidad en la que «cada vez se usa más la energía renovable».

Respecto a la quema de otros carbones importados, Nadal indicó que esto es fruto de «las reglas de la Unión Europea», un organismo que «impide discriminar entre carbón nacional y extranjero«. Más allá de los 10 euros de ayuda por tonelada para el producto nacional, el ministro insistió en que Europa «se ha puesto tremendamente estricta» para que se cumpla la normativa supranacional. «Forma parte de las reglas del juego, que benefician para unas cosas y perjudican para otras», concluyó.

Navia dialoga con los sindicatos

Navia fue el encargado de reunirse con los representantes del carbón de los sindicatos UGT, CCOO y USO para abordar la situación de la minería del carbón. Durante la reunión, ambas partes han acordado mantener un diálogo abierto hacia futuro para poder analizar la situación del sector, según anunció el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Volvió a destacarse a lo largo del encuentro el «papel fundamental» que debe jugar el carbón en el sistema energético español y la necesidad de debatir propuestas para el futuro, en particular, su papel en el mix energético.

En este sentido, se ha abordado la función del carbón como respaldo de las energías renovables y se ha dejado constancia de su contribución para atenuar las oscilaciones de precios ante subidas en las cotizaciones de las materias primas, como la ocurrida en enero pasado con el gas natural. Energía recuerda además que el actual marco de actuación 2013-2018 para la minería del carbón nacional contempla mecanismos de apoyo de la actividad minera, así como la protección social para los trabajadores afectados por el cierre de explotaciones mineras no competitivas.

“Han cambiado muchísimo las cosas”

Así lo han percibido tras su encuentro con Navia los líderes sindicales, que han manifestado su optimismo «tras casi dos años de tensa espera» desde la última reunión. En concreto, Villares ha trasladado que van a mantener contactos unilaterales y «permanentes» con el Gobierno tras «reconocer» Navia que el carbón es un bien «necesario» e «insustituible» y que regula los precios de la energía. «Tuvo que venir una ola de frío para entender que tiene que haber dieta de carbón nacional», precisó el titular de CCOO de Industria, quien también ha subrayado que el Gobierno podría trasladar a las eléctricas la necesidad de realizar una compra «regularizada» de las mineras.

En este sentido, Villares también ha enfatizado que las compañías eléctricas están demandando carbón que las mineras no son ahora capaces de producir porque durante la mayor parte de 2016 no han consumido carbón, a lo que ha añadido que no se puede «abrir» el grifo como en el caso del gas, sino que este sector requiere planificación. «El secretario lo ha entendido y ha dicho que va a trabajar en esta línea», ha comentado.

Otra de las conclusiones a las que se ha llegado en este acercamiento ha sido la de incluir el carbón en la participación dentro del mix energético, así como de concretar una nueva reunión en un plazo de un mes en el que participen ocho miembros, cuatro por cada sindicato. Iniciativa que pasa por buscar una fecha para la comisión de seguimiento. En materia de subvenciones, Villares ha expresado su intención de que las empresas no tengan que devolver las ayudas. «No hay ninguna empresa que haya recibido ayudas y que cuando sea competitiva haya tenido que devolverlas», ha detallado.

En la misma línea se ha posicionado Fernández, quien ha sostenido que hay que seguir trabajando para que el sector del carbón permita a las empresas «recuperar» a los trabajadores y dentro de esto hacer una defensa «global», así como explorar las posibilidades después del año 2019. «Navia se han dado cuenta de que es necesario volver a abrir diálogo para buscar un futuro de un sector que no es el que más perjudica y que además es necesario por muchas variables», ha argumentado Fernández.

El responsable sectorial de UGT también ha incidido en que van a trabajar porque el crecimiento de las comarcas mineras sea «una realidad» y en que nadie se «escude» ya que el carbón va a continuar siendo «necesario» por temas de seguridad en el abastecimiento. «Me han descolocado de tal manera, que si esto es verdad, merece la pena seguir defendiendo a los trabajadores», concluyó el sindicalista, aludiendo al cambio de actitud después de la falta de interlocución con el antecesor de Navia, Alberto Nadal.

Esta reunión se produce después de que los sindicatos se dirigieran recientemente por carta a Navia para pedirle una respuesta a los problemas de la minería del carbón y de las familias de las cuencas mineras. En la carta, los sindicatos estimaban que los problemas son cada vez «más acuciantes» y lamentaban que no han recibido «ningún tipo de contestación positiva» por parte del Gobierno.

En este sentido, acusaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy de mantener una «actitud pasiva ante el incremento de precios de la energía sufrida por consumidores y empresas», únicamente mantenida, sostienen, «gracias a la actuación del carbón nacional como verdadera energía de respaldo, frente a los intereses de las empresas gasistas, combinado con la ausencia de energías renovables». Todo ello demuestra, a juicio de los sindicatos, «la vulnerabilidad del sistema por la falta de un plan energético nacional donde todas las energías tengan su cabida, cada una en su justa medida».

Energía asegura que subastará 3.000 MW renovables, pese a reservar 1.000 MW a mecanismos de ampliación de un “anexo confidencial”

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asegura que en la próxima subasta de renovables se licitarán los 3.000 megavatios (MW) de renovables inicialmente anunciados, a pesar de que el borrador de resolución para fijar los detalles de la convocatoria solo garantiza expresamente la licitación de 2.000 MW y condiciona los 1.000 MW restantes a que concurran «determinados supuestos».

Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron que Energía licitará en total 3.000 MW, de los que 2.000 serán «conforme a la subasta de precio marginalista» y los 1.000 restantes, «con una regla de ampliación que no se hace pública para evitar ventajas» entre los distintos participantes. El punto cuarto del borrador de la resolución asegura que «se otorgarán derechos económicos para un máximo de 2.000 MW de potencia instalada, sin perjuicio de lo establecido en el anexo confidencial que regula un procedimiento por el cual en determinados supuestos se podrá incrementar la potencia asignada prevista en esta subasta».

Pese a esta redacción, Energía asegura que subastará finalmente los 3.000 MW. Esta cifra aparecerá recogida a modo de un máximo previsto en un decreto previo a la resolución con la convocatoria de la subasta. El borrador de resolución también recoge un descuento máximo en la presentación de las ofertas en función de diferentes tecnologías. Este «valor máximo del porcentaje de reducción del estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia ofertado» será un elemento que evite la presentación de ofertas temerarias, según creen fuentes del sector. Estos porcentajes se sitúan en el 66,01% en el caso de la eólica, en el 59,84% en el de la fotovoltaica y en el 98,94% en el resto de tecnologías.

Esta resolución se suma a la remitida recientemente con los detalles del proceso. La subasta utilizará un sistema marginalista en el que los interesados pujarán a la baja del incentivo hasta completar los megavatios en juego. Las ofertas se irán ordenando de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo será la que marque el precio para el conjunto. La referencia final de la subasta será «el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia para nuevas instalaciones».

Entre las novedades, figura la posibilidad de presentar ofertas negativas y el fuerte incremento de los avales, que se triplican. De este modo, los inversores interesados podrán hacer ofertas negativas para entrar a toda costa en el cupo. De cualquier forma, en caso de que las ofertas sean negativas, se tomará el valor cero. Las fuentes del sector indican que, de este modo, se incentivará aun más la competencia y se reducirá la probabilidad de que se produzcan empates. En cuanto a los avales necesarios para participar, pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros.

Las subastas serán tecnológicamente neutrales, de modo que podrán competir todas las fuentes de generación renovable. Otra de las novedades de esta subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW. También se incluye la novedad de que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento.

Las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas, pero ahora se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los diferentes proyectos generarán al sistema eléctrico. Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento. Las ofertas se ordenarán, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente y resultarán adjudicatarias de la subasta las ofertas que tengan un menor cociente hasta alcanzar por defecto el límite de potencia que se establezca.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

Energía evitará ofertas temerarias en la subasta de renovables limitando los descuentos sobre el incentivo y triplicando los avales requeridos

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital incorporará nuevos elementos en la próxima subasta de renovables con el objeto de impedir la aparición de ofertas temerarias, entre los que figuran la fijación de un descuento máximo y la presentación de unos avales 3 veces superiores a los contemplados hasta ahora.

El incremento de los avales aparece recogido en un borrador de resolución, mientras que la fijación del descuento máximo aparecerá previsiblemente en otra resolución cuyo contenido se conocerá más adelante. Energía ha de determinar además la fecha de la subasta y la cantidad de megavatios en liza. La subasta utiliza un sistema marginalista en el que los interesados pujan a la baja del incentivo ofrecido hasta completar la bolsa de megavatios en juego. Las ofertas se van ordenando de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo es la que marca el precio para el conjunto.

En la resolución se incorpora como novedad que los interesados podrán hacer ofertas negativas para entrar a toda costa en el cupo. Este valor negativo de las ofertas será una señal de que el inversor no solo no generará un sobrecoste al sistema, sino incluso un ahorro. En todo caso, el borrador establece que, en caso de que las ofertas sean negativas, se tomará el valor cero. Las fuentes indican que, de esta forma, se incentivará aun más la competencia y se reducirá la probabilidad de que se produzcan empates.

Frente a esta medida, que a priori eleva la agresividad de las ofertas, Energía aprobará previsiblemente una resolución posterior que fijará el descuento máximo y que será clave para evitar las ofertas temerarias. En cuanto a los avales necesarios para participar, el borrador de resolución establece que pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros.

Energía, que ha abierto un periodo de alegaciones hasta el próximo 21 de marzo previo a su publicación en el BOE, ha diseñado como ya había anunciado unas subastas tecnológicamente neutrales, en las que podrán competir todas las fuentes de generación renovable. Esta circunstancia difiere de lo ocurrido en la primera subasta, en la que se pusieron en juego 700 megavatios (MW), de los que 500 MW eran eólicos y los 200 restantes, de biomasa.

Otra de las novedades de la subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW. También se incluye la novedad de que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas, pero ahora se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los diferentes proyectos generarán al sistema eléctrico.

Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento. Las ofertas se ordenarán, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente y resultarán adjudicatarias de la subasta las ofertas que tengan un menor cociente hasta alcanzar por defecto el límite de potencia que se establece en esta resolución, con la última oferta marcando el incentivo referente.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

La termosolar reclama tener un cupo en la próxima subasta de renovables

Europa Press.- El presidente de Protermosolar y de Estela, Luis Crespo, ha reclamado que el Gobierno asigne un cupo para las tecnologías renovables gestionables en la próxima subasta renovable. «La planificación de nueva capacidad renovable en España debe incluir, incuestionablemente, potencia gestionable, como la termosolar, que proporcione respaldo a las tecnologías fluyentes, como la eólica o la fotovoltaica», afirmó Crespo.

El presidente destacó que el precio del kilovatio hora (KWh) «no puede ser el único criterio que marque la planificación energética», ya que las centrales termosolares son hoy en día competitivas, «frente a la doble inversión que supondría centrales fluyentes respaldadas con nuevos ciclos combinados cuando concluya la vida operativa de los actuales». Crespo, que estimó que los costes de generación del kWh de las centrales termosolares con 6 horas de almacenamiento son bastante más baratos que los de las centrales fotovoltaicas, indicó que, incluso con la posición adoptada por el Gobierno de neutralidad tecnológica, las subastas deberían diferenciar entre renovables con y sin almacenamiento.

Para el presidente de Protermosolar, un sistema libre de emisiones «no puede conseguirse exclusivamente con renovables fluyentes», por lo que espera que las decisiones que se adopten para cumplir los objetivos de 2020 no estén basadas únicamente en el criterio del mínimo coste, sino en optimizar el valor de la nueva potencia para el sistema eléctrico en su conjunto y para el relanzamiento industrial nacional.

En este sentido, subrayó que los posibles apoyos a la termosolar se comienzan a pagar 3-4 años después de la aprobación de las centrales, mientras que los impactos macroeconómicos positivos empiezan de inmediato. «La contribución al PIB y al empleo serán otras razones adicionales que muevan a los responsables energéticos de los países soleados a apoyar su implantación», concluyó Crespo.

El PSOE lleva al Congreso una ley para extender el bono social de la electricidad al consumidor de gas natural

Europa Press.- El PSOE registró una iniciativa legislativa para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. De esta forma, los socialistas confían en esquivar el veto que el Gobierno podría plantear a la iniciativa, bajo el pretexto de un aumento presupuestario.

«Proponemos que la financiación sea en los mismos términos del bono social de la electricidad», anunció la portavoz de Energía del PSOE en la Cámara Baja, Pilar Lucio, que recordó que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos dedican partidas a costear suministro energético. «El coste para el Gobierno es cero», ha zanjado. Durante la presentación de esta iniciativa, Pilar Lucio ha destacado que la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre noviembre y marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados esenciales, para personas consideradas como consumidores vulnerables severos.

Propuesta socialista de consumidor vulnerable

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque Lucio indicó que su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberán asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la CNMC. Lucio aclaró que no han dialogado previamente ni con el Gobierno ni con otros grupos para presentar la iniciativa aunque le «consta que seguramente la mayor parte de la oposición estará a favor de esta iniciativa». «Y el Gobierno no debería estar en contra. Estamos convirtiendo en ley unas recomendaciones de una directiva europea», aseveró. Asimismo, Lucio reclamó al Ejecutivo que ponga en marcha medidas de eficiencia energética y de rehabilitación de edificios.

El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

Energía cree que el coste de los 3.000 MW nuevos de renovables puede ser de apenas 40 millones al año

Europa Press.- El Ministerio de Energía cree que los proyectos que ganen la próxima subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable estarán «muy cerca de mercado», de modo que su coste regulado puede oscilar entre 30 y 40 millones de euros anuales para el sistema eléctrico, según fuentes del departamento ministerial.

Las fuentes se muestran convencidas de que la introducción de nueva potencia renovable ahora sí podrá realizarse a un precio competitivo y contraponen el escenario actual con lo sucedido con el real decreto 661/2007. Por ejemplo, en aquel momento el precio del megavatio hora (MWh) fotovoltaico alcanzó los 490 euros, frente a entre 55 y 66 en la actualidad, aseguran. Energía calcula que, si se instalase ahora toda la potencia renovable incorporada desde 2007, el coste en incentivos regulados «habría sido 5.000 millones de euros inferior a los 7.000 millones actuales». La subasta se celebrará previsiblemente en este primer semestre.

Coste máximo de 176 millones

Según la memoria de orden ministerial en la que se regula la subasta, el coste máximo anual para el sistema derivado de la retribución a la inversión a los 3.000 MW renovables será de 176 millones de euros anuales a partir de 2019. Este escenario es el más costoso de los contemplados por Energía. Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 MW. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.

Sobre el autoconsumo de electricidad, el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar novedades como parte de su acuerdo de investidura con Ciudadanos siempre y cuando esta actividad se realice de forma «eficiente». A partir de esta premisa, se atenderán los casos particulares de autoconsumo en los que una instalación no solo no genere sobrecostes, sino que contribuya a abaratar los de distribución. En esos casos, se podrán adoptar medidas para incentivar la instalación de sistemas de autoconsumo. El Gobierno, aseguran las fuentes, considera que hay margen para realizar mejoras técnicas en la normativa sobre autoconsumo y ha solicitado a los distintos grupos políticos que remitan sus propuestas sobre la materia.

Energía insiste en que la subasta de renovables será «tecnológicamente neutra» y ganará la que ofrezca el precio más bajo

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, insiste en que la subasta de renovables de 3.000 megavatios (MW) que el Gobierno celebrará a lo largo de este primer semestre será «tecnológicamente neutra», sin favorecer a una tecnología sobre otra.

«La subasta está diseñada para otorgarse a la tecnología en la que el euro por megavatio hora (MWh) sea más barato. No sé si será la eólica, la fotovoltaica… dependerá de la eficacia de cada tecnología», señaló Navia, quien subrayó que «lo lógico» es que en el resultado se dé un mix de tecnologías. Respecto a los objetivos de implantación de renovables a futuro, Navia indicó que el único compromiso vinculante es el objetivo de un 20% de renovables en el horizonte de 2020. «A día de hoy estamos por encima y esta subasta nos ayuda mucho a ponernos todavía más cerca de conseguirlo», aseveró.

El secretario de Estado de Energía, más allá de cifrar un objetivo de instalación de energía renovable, consideró que lo necesario es llegar a ese horizonte del 20% «de la forma más eficiente, con el menor coste y de la forma más rápida». «Nunca nos hemos comprometido a sacar 8.000 MW de potencia renovable en ninguna planificación vinculante, ya que no tendría sentido porque la tecnología está avanzando constantemente. No se puede comprometer la política energética a 10 años», aseguró.

Sobre el reglamento para desarrollar el bono social, Navia indicó que una vez realizado el trabajo de recabar las opiniones de los distintos grupos políticos, «que ha sido lento», en «muy breve» se enviará una primera propuesta para discutir con todas las partes implicadas (agentes del sector, partidos políticos, comunidades autónomas, corporaciones locales) y empezar su trámite. Navia ha participado en la apertura del Business Beyond Energy, una iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas y a los clusters, a operar internacionalmente con el objetivo de promover el crecimiento económico dentro y fuera de Europa.