El Ministerio de Energía tiene abierta hasta el día 15 una consulta pública (conforme a lo que establece el procedimiento de elaboración regulatoria español) dirigida a una eventual y futura regulación del procedimiento de cierre de las centrales eléctricas. La consulta pregunta a los que quieran personarse si ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Dado que la legislación española ya prevé los mecanismos para el cierre de centrales, la principal cuestión global que se deriva de la pretensión de establecer una regulación expresa para fijar límites a la salida de instalaciones en un mercado de generación liberalizado como el español es conocer la motivación del Ministerio para forzar a que exista esta regulación y someter a pública demagogia las propias directrices de la Unión Europea, fijadas en el cuarto paquete legislativo, sobre la participación de operadores en las actividades liberalizadas. El hecho de que se haya planteado el cierre de algunas plantas y retirar potencia del sistema seguramente ha sido determinante para que el Ejecutivo acuda a la regulación.

El Ministerio de Energía de la Administración Rajoy sigue con una política basada en la búsqueda de espacios de discrecionalidad. Discrecionalidad que se instrumenta de muchas formas: desde convocando subastas de nueva potencia renovable ad libitum y con letra pequeña para ir distribuyendo potencia (equilibrando agravios), pasando por arañar las finalidades de los excedentes de liquidación según convenga electoralmente, realizar intervenciones tarifarías para determinados ámbitos geográficos, hasta buscar dotarse de fórmulas para sortear las legítimas peticiones de cierre y/o hibernación de centrales que se suceden por sus titulares a la vista de su inviabilidad económica.

Esta discrecionalidad también le permite no definir los escenarios de la denominada y todavía vaporosa transición energética en el caso español, término que es un significante vacío de comunicación política, en donde confluyen el impulso a la Ley de Cambio Climático con la creación del Comité de Expertos para su definición.  Escenarios que, con una importante sobrecapacidad en la generación (otro de los mantras de esta Administración, agudizado con el pase de Nadal a ministro), deberían determinar en cada momento el mix de generación, las fórmulas de mercado mayorista resultantes, el procedimiento de despacho y los mecanismos de retribución de cada tecnología según su papel.

Por eso, el Ministerio busca apelar a fórmulas inespecíficas e inconcretas que le permitan actuar de forma discrecional en cada momento sin la necesidad de definir una política energética, sin organizar y hacer coherente una política de fiscalidad verde energética más allá del actual esperpento regulatorio, sin explicitar una política medioambiental más allá de la retórica (y que concierna a todos los sectores)  y, lógicamente, sin basarse en el modelo de gobernanza empresarial según se trate de las actividades liberalizadas o reguladas en cada caso.

Por eso Energía apela en esta consulta, emocionalmente, al cambio climático (sin abordar el proceso de descarbonización y el futuro de las térmicas), a la seguridad de suministro (con un nivel de sobrecapacidad como el existente) o al precio; ahí sí que está la madre del cordero de todas las justificaciones del Ministerio, la utilización de los precios de la energía como argumento electoral a toda costa. Eso sí, sin liberalización completa y sin detraer de la tarifa las cuestiones no relacionadas con el suministro, con una política de sobrecapacidad inducida que mantenga a todas las tecnologías subyugadas y enfrentadas por no perder su hueco.

En consecuencia, de una cuestión global como es la motivación del Ejecutivo para intentar promulgar esta norma se derivan otras muchas más: ¿Qué papel tiene la normativa comunitaria y, en consecuencia, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea en los límites, barreras o prohibiciones de salida del mercado, en su intervención ya sea vía instrumentación legal o de facto? ¿Se coordinará la iniciativa regulatoria con el calendario de elaboración normativa para la futura Ley y los trabajos de la Comisión de Expertos? ¿Cuáles son los aspectos colaterales (mercado, pool, tecnologías, escenarios) de dicho proceso? ¿Se respetarán el carácter liberalizado con todas sus consecuencias de la actividad de generación?

¿Qué mejor que una consulta aparentemente beatífica  sobre una regulación para exonerar de responsabilidad la ausencia de una política energética y legitimar una posible intervención a los mercados? Ya estamos otra vez con la melé.