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El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social de la electricidad

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social eléctrico, que cuenta ya con informe del Consejo de Estado y la Comisión Europea y está pendiente únicamente del de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que estará dentro de «muy poquito«, según confirmó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que recordó que el bono social salió adelante mediante un decreto ley hace meses, tras un desarrollo normativo posterior al diálogo con otras fuerzas políticas.

La iniciativa, cuya aprobación es competencia del Gobierno, precisa desarrollos normativos que, como explicó Nadal, en el ámbito energético son «muy largos», toda vez que requieren diferentes informes. En este caso, el bono social eléctrico dispone ya del informe del Consejo de Estado, de la Comisión Europea y está únicamente pendiente del que debe otorgar la CNMC, que estará «en muy poquito». Y cuando esté, según expuso el ministro, se iniciará la pertinente tramitación para su «inmediata» aprobación por el Consejo de Ministros. Así, aunque todo depende de la CNMC, Álvaro Nadal cree que el bono social eléctrico recibirá luz verde «en muy pocas semanas».

La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

El Gobierno admite el desistimiento de Montero Energy de 2 proyectos de fracking en el norte de España

EFE.- El Ministerio de Energía ha autorizado a la empresa Montero Energy a desistir de los permisos que solicitó para 2 proyectos de investigación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica o fracking a desarrollar en territorio de Vizcaya, Burgos, Cantabria, Soria y La Rioja.

La Dirección General de Política Energética y Minas ha autorizado a la empresa a desistir de los permisos que obtuvo para los proyectos Galileo y Edison, según dos resoluciones que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que explica que en julio Montero Energy comunicó su voluntad de renuncia. La empresa pidió en 2011 permiso para investigar hidrocarburos dentro un proyecto denominado Galileo, que se desarrollaría en territorio de Vizcaya, Burgos y Cantabria. Posteriormente, en 2012 solicitó permiso para otro proyecto similar, denominado Edison y que se llevaría a cabo en Soria y La Rioja.

Colectivos ecologistas, ayuntamientos y otras instituciones de esas zonas mostraron su oposición a ambos proyectos. En julio, Montero Energy ya renunció a desarrollar 3 proyectos de búsqueda de hidrocarburos (Arquímedes, Aristóteles y Pitágoras) que afectaban a 42 municipios del norte de la provincia de Castellón. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, el grupo aragonés Samca, propietario del 60% del accionariado de Montero Energy, renunció a los planes exploratorios para la búsqueda de hidrocarburos después de que en noviembre de 2015 cambiara la documentación inicial y renunciara a la técnica del fracking.

Nadal asevera que la reforma eléctrica se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y se revisará la rentabilidad razonable

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades reguladas del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa.

«La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años. Ha habido cierto revuelo cuando se ha recordado por un banco de inversión, pero es lo que está en la ley. La reforma se hizo y se aplicará, tal como estaba prevista, sin ningún cambio en sus planteamientos», afirmó Nadal en referencia al informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, lo que provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

El ministro defendió en su intervención la necesidad de acertar en las decisiones que se tomen en política energética en momentos de cambios como los actuales, ya que «es crucial y los errores en política energética duran décadas». Por ello, Nadal subrayó que «el objetivo primordial» del Gobierno en materia energética es asegurar un precio competitivo de la energía con el que poder respaldar a la competitividad y al crecimiento económico para conseguir mayor nivel de empleo, «siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha comprometido, dentro de un marco de reducción de emisiones de CO2 y de incremento de las renovables».

Así, Nadal valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó la necesidad de definir cuál es el mix energético «más adecuado» para afrontar ese futuro de descarbonización. A este respecto, se mostró partidario de definir qué hacer con el carbón y la nuclear, tecnología que defendió ya que tiene «ventajas indudables», como que no emite CO2 y produce continuamente, aunque «tiene el problema de los residuos». De hecho considera que no se podrá prescindir de la nuclear mientras siga habiendo un nivel muy bajo de interconexión, una materia en la que, a su juicio, se está avanzando muy lentamente.

Respecto al carbón, destacó que emite más CO2 que el gas, aunque es más barato, por lo que se mostró a favor de mantener «una diversificación adecuada» de las dos fuentes de energía en el mix en esa transición energética. «Prescindir del carbón por tema medioambiental tiene su coste», advirtió. Además, el ministro señaló también la necesidad de ver cómo se retribuye la térmica, una tecnología que será imprescindible con la introducción de energías más volátiles como las renovables. «Debemos tener mayor capacidad de actuar con el parque de bomberos, que es la térmica, que estará parada o poco utilizada, pero imprescindible por esa falta de interconexión y por el hecho de que la renovable es volátil», añadió al respecto.

Nadal ha señalado que la transición energética obligará a ordenar una reducción de la capacidad existente en ciertas energías y a variar la retribución para dotar de más flexibilidad a la gestión, pues habrá fuentes, como la energía térmica, que a futuro se utilizarán poco pero con mucha intensidad cuando se necesite. En opinión del ministro, la retribución de lo que queda del sistema para dar flexibilidad, por la reducción de capacidad de generación que tiene que ir desapareciendo al ser sustituida por las nuevas fuentes de energía, es lo que va a condicionar la política energética no sólo de España, sino de la Unión Europea, de aquí a 2030.

Sobre el paquete de invierno de la Unión Europea, que marcará el camino hacia la descarbonización de las economías, Nadal lamentó que no se haya tenido en cuenta al configurar esta hoja de ruta dos aspectos fundamentales para España como son la alta tasa de desempleo y el «altísimo grado de aislamiento que tiene la Península Ibérica«. Nadal afirmó que mientras otros países están en mejores condiciones de poner más énfasis en objetivos medioambientales y de reducción de emisiones, la prioridad española es cumplir esos objetivos pero sin perder competitividad.

Recordó que, cuando el PP llegó al Gobierno en 2012, se encontró con un sistema eléctrico «desequilibrado» y con una deuda en crecimiento, que de no haberse adoptado medidas, hubiera crecido en 10.000 millones de euros por año, lo que hubiera supuesto «la quiebra del sistema». El ministro reivindica que la reforma produjo un declive de los precios del sector eléctrico y lo mismo pasó con el gas y con el suministro a la industria, cumpliéndose el objetivo de causar un cambio en los precios.

Asimismo, Nadal afirmó que «es muy difícil» compaginar la reducción de emisiones y el desarrollo de las renovables con la eficiencia y la competitividad, puesto que se pueden generar costes a las empresas que frenen la creación de empleo. «Cada euro que una empresa paga en energía es un euro que no va a salarios» añadió en este sentido. Por otra parte, Nadal señaló que Europa supone solamente el 10% de las emisiones de gases contaminantes y que son otras regiones y países quienes tienen que hacer más contra el cambio climático. Nadal también afirmó que mientras Europa se centra en objetivos medioambientales, otros países de América y Asia se centran en reducir precios y aumentar su eficiencia y competitividad.

«Realmente estamos aislados, tenemos un problema de interconexión, que es el principal problema de España en su relación con la Unión Europea», afirmó, añadiendo que le hubiera gustado que existiera en el paquete una gobernanza de cumplimiento para el tema de las interconexiones «tan estricta como existe para otros aspectos, ya que lo básico es que exista un mercado interior«. Por ello ha señalado que, aunque el problema del déficit del sistema en España está solucionado, quedan asuntos pendientes, como las interconexiones, sin las cuales ha advertido que un mercado interior de la energía en la Unión Europea es hablar para España de una «ficción».

Bruselas concede más flexibilidad contable para poder invertir en eficiencia energética en los edificios públicos para satisfacción del Gobierno español

Europa Press / EFE.- El Gobierno de España ha mostrado su satisfacción por la nueva metodología publicada por Eurostat para contabilizar las inversiones en eficiencia energética, aclarando así cómo computar los contratos de eficiencia energética en las cuentas públicas de cada país. Así ha sido después de que la Comisión Europea haya decidido introducir una mayor flexibilidad contable para poder invertir en eficiencia energética en los edificios públicos, una de las peticiones que más había reclamado en Europa el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En concreto, Eurostat ha publicado cómo consignar los contratos de rendimiento energético (CRE) en las cuentas públicas. Así aclara las normas contables que se aplican al tratamiento de los contratos de rendimiento energético y aumenta considerablemente las posibilidades de que los organismos públicos utilicen este tipo de contratos, ya que expone y aclara las circunstancias en las que estos contratos pueden consignarse en las finanzas públicas. De esta forma, la nueva metodología está también en consonancia con el tercer pilar del Plan Juncker, cuya finalidad es eliminar los obstáculos reglamentarios a la inversión. Además, según la Comisión Europea, allana el camino para el desarrollo de un mercado más fuerte de proveedores de estos contratos, con la presencia de numerosas pymes.

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, afirmó que gracias a estas orientaciones revisadas será «más fácil» para las escuelas, hospitales y otros edificios públicos, que representan más del 10% del parque inmobiliario de la Unión Europea, invertir para mejorar su eficiencia energética. «Las medidas de eficiencia energética también son un medio importante para combatir la pobreza energética, que esta Comisión se ha propuesto erradicar», señaló Cañete, añadiendo que «eficiencia energética ante todo, de las palabras a la acción».

Mientras, la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Movilidad Laboral y responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, consideró que estas orientaciones muestran de qué modo las administraciones públicas pueden invertir «respetando plenamente los principios de contabilidad pública, ahora también en el sector de la energía«. Según los datos recogidos por el centro europeo de asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC), durante los últimos cinco años se firmaron 345 nuevos proyectos de asociación público-privada relativos a la eficiencia energética en 16 Estados miembros de la Unión Europea, por un valor total de más de 65.000 millones de euros.

Impacto en las finanzas públicas

Esta guía de orientación actualizada “ayudará a los Institutos Nacionales de Estadística (INE) de los Estados miembros a comprender mejor el impacto que tienen las inversiones en eficiencia energética para las finanzas públicas”. Se ofrecen orientaciones a los responsables de estadísticas sobre la interpretación de determinadas disposiciones del SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) en lo relativo a los contratos de rendimiento energético, especialmente aquellos que exigen un gasto inicial de capital para mejorar la eficiencia energética de una instalación. También habrá una guía práctica elaborada conjuntamente por Eurostat y el centro europeo de asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC) del BEI (Banco Europeo de Inversiones), que se publicará a finales de año, agregó Eurostat.

Así, los contratos de rendimiento energético en los que la eficiencia energética se obtiene con medidas de gestión de la energía, sin ninguna inversión en equipos suplementarios o renovación, se consideran simples contratos de servicios o de mantenimiento. Estas orientaciones revisadas se aplican en casos en los que puede considerarse que el contratista es el propietario económico de los activos.

El Gobierno de España, junto al de Francia, Italia y Portugal, habían ratificado el pasado abril ante Bruselas su compromiso para mejorar sustancialmente la eficiencia energética en consonancia con la Unión Europea. En este sentido, reclamaban la necesidad de revisar la legislación europea con el fin de eliminar los obstáculos que frenaban las inversiones en eficiencia energética en los edificios públicos. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones no pueden desarrollar estas inversiones porque generarían un déficit prohibido por la legislación a pesar de que se amorticen a muy corto plazo y así lo exija la normativa comunitaria.

España aplaude el nuevo método

Por su parte, el Ministerio de Energía señala que a partir de ahora las administraciones públicas podrán dar mayor impulso a las inversiones en eficiencia, porque ya no computarán para el déficit en las cuentas del Estado. Actualmente, existía a su juicio una barrera para acometer estas inversiones desde el sector público porque obligaban a computar como déficit todo el coste de la inversión inicial, tanto del sector público como privado. A partir de ahora, se elimina el impacto como déficit de la inversión inicial bajo ciertas condiciones, lo que, según Energía, «supondrá un impulso importante en el cumplimiento de los objetivos de energía y clima de la Unión Europea».

En la legislatura pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya lo planteó en un Consejo Europeo de Energía y Clima (octubre 2014). Este asunto también se ha tratado en la negociación del llamado Paquete de Invierno y en reiteradas reuniones en el Parlamento y en la Comisión Europea. La eficiencia energética permite reducir el coste energético y la dependencia de las importaciones, al tiempo que crea empleos locales. Los contratos de rendimiento energético (CPE) pueden ayudar al sector de la construcción a incrementar las inversiones necesarias en el contexto del creciente interés de los inversores privados y de la experiencia de su rápido desarrollo.

La patronal Carbunión pide un papel destacado para el carbón autóctono en la transición energética

EFE.- La patronal del carbón, Carbunión, ha reclamado que el carbón que se produce en España tengan un papel destacado en la transición a un nuevo modelo energético bajo en emisiones. En este sentido, destaca que es el único combustible autóctono, contribuye a moderar los precios del mercado eléctrico y da garantía y seguridad al suministro.

Carbunión ha vuelto a pedir al Ministerio de Energía y a las compañías eléctricas la puesta en marcha de mecanismos que permitan la participación y el consumo del carbón autóctono en el mix de generación eléctrica. La patronal del carbón ha explicado que los incumplimientos por la Administración de los compromisos que figuraban en el Acuerdo Marco del Carbón 2013-2018 y el Plan de Cierre de explotaciones, junto a la negativa de las eléctricas a comprar carbón nacional, están provocando procedimientos concursales y de liquidación de empresas productoras de carbón.

Según Carbunión, la falta de un suministro sostenido de carbón autóctono a las centrales térmicas, al no firmarse contratos con las empresas eléctricas en los últimos tres meses, está provocando la parada de la producción en la mayoría de las explotaciones españolas de carbón. La patronal recuerda que, aunque la participación del carbón en la generación eléctrica ha aumentado un 43% este año por la baja producción de las tecnologías renovables, más de un 85% del que se utiliza para generación eléctrica es de importación, frente a un 15% nacional.

El precio de la bombona de butano cae un 5%, su primer descenso desde julio de 2016

Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano experimenta una caída de casi el 5%, registrando así su primer abaratamiento desde julio del año pasado, según una resolución de la Dirección General de Política Energética publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,15 euros, frente a los 14,88 euros del bimestre anterior.

El precio máximo de la bombona había llegado a acumular una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

En los últimos meses se había registrado un incremento en el precio de bombona debido a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, el butano llegó a acumular seis revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno.

Esta caída a partir de este martes en el precio se produce tras las subidas del 5% en julio, mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre de 2016 y del 4% en septiembre del ejercicio pasado. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%.

Este descenso en el precio, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el primero que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

La versión Goldman Sachs (II)

En un país en el que la electricidad ha caído en las fauces de la política politizada, puede sorprender a primera vista la consideración de Goldman Sachs de que la actividad eléctrica debe ser valorada de forma económico-financiera por los accionistas que son, en realidad, los propietarios de las empresas. Ante una posición tan pueril es preciso subrayar que estamos en un mundo globalizado dónde los flujos de capital se mueven de forma muy rápida y no se someten a los intereses partidistas o electorales de un país en concreto.

Eso exige una política definida en materia económica, energética, medioambiental y fiscal; habilidades de negociación, disponer de una regulación predecible, de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Se comprende que quienes ejercen responsabilidades de Gobierno conocen e incorporan esas reglas del juego, lo asumen dentro de su comportamiento como una coordenada a tener en cuenta y, si la traspasan, se entiende que es de forma deliberada.

Es un informerevelador” del modelo de política que el Ejecutivo plantea para el sector eléctrico y de la visión inversora de sus responsables, orientada a la reducción de precios sin revisar la composición de la tarifa, sin limpiarla de componentes (cuña gubernamental) que aumentan sus costes y que deberían ser tratados de otra forma. En consecuencia, sigue existiendo un modelo en que se habilitan mecanismos discrecionales y de dudoso encaje en la tarifa que presionan al alza los precios y que se combinan con la pretensión electoralista de una tarifa forzada a la baja fruto de una politización de la electricidad que no cesa.

¿Cómo se resuelve este sudoku en esta revisión regulatoria prevista? Rebajando los componentes regulados vía exprimir sus resquicios legales, lo que seguramente nos atrapará en un nuevo proceso de judicialización, e incorporando nueva potencia renovable para aumentar la oferta de generación y bajar el componente de los precios de mercado de generación, tratando de cumplir al límite los compromisos con Europa del 20-20-20 antes que con un proceso planificado de descarbonización o de transición energética.

Una vez descontado el efecto del anuncio y de su instrumentación legal sobre las compañías y los accionistas de las empresas, queda el propio Ministerio de Energía. Seguramente perciban el origen y las causas de esta tormenta con un cierto grado de indiferencia, más allá de las lecturas resultantes sobre la Administración energética española y de que se trate de una fórmula adicional para instigar a las compañías hacia la desinversión y la internacionalización empresarial. O a lo mejor no es así, siquiera. Lo que si nos confirma es que, menos en el sector energético, las empresas e inversores internacionales son una coartada necesaria para la argumentación y comunicación política.

Energía seguirá manteniendo la rentabilidad ligada al bono para retribuir a las renovables y recuerda que nada cambiará hasta 2019

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía no tiene intención de cambiar la fórmula para calcular la rentabilidad razonable que reciben los dueños de instalaciones renovables, según indicaron fuentes de este departamento tras conocerse un informe de Goldman Sachs sobre las caídas en la rentabilidad obtenida de las compañías en España ante la revisión que se hará para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará a aplicarse en 2020.

Energía explicó que en la reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se volvió a exponer ante representantes del banco de inversión la postura del Gobierno y se insistió en que la intención del Ejecutivo es no cambiar la fórmula que se utiliza para calcular la rentabilidad que perciben los propietarios de esas instalaciones y aunque es previsible que se revise a la baja, «aún es pronto para saber qué puede pasar». La fórmula, que se fijo en el año 2013 y que toca revisar a mediados de 2019 para su aplicación en el siguiente periodo regulatorio desde 2020, es la suma del rendimiento del bono español a 10 años y un diferencial de 300 puntos básicos.

En la actualidad la rentabilidad razonable, fijada en 2013 con esa fórmula para un periodo de 6 años, es del 7,4%, porcentaje que se vería rebajado por la evolución del bono español, aunque fuentes del Ministerio han dicho que habrá que esperar a mediados de 2019, cuando se haga la revisión. Han asegurado que el compromiso del Gobierno es no mover la fórmula que se aplica para la retribución de las renovables y han recordado que en junio pasado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya manifestó en el Congreso que es partidario de que la retribución siga ligada al bono del Estado para poder rebajar entre un 5% y un 10% el coste de la factura de la luz.

El descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a rebajar esa rentabilidad para las plantas renovables para el periodo 2020-2025. Por ello, fuentes de Energía indicaron que quedan dos años para revisar la retribución de las renovables, y hay factores de muy distinta índole que pueden afectar al rendimiento del bono del Estado a 10 años, como por ejemplo el Brexit o la evolución de la prima de riesgo. Eso sí, Nadal subrayó en el Congreso que la «prioridad número uno» del Gobierno es que las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

El informe de Goldman Sachs

El informe de Goldman Sachs indica que, tras las conversaciones que mantuvieron con representantes del Gobierno, son más «cautelosos» a la hora de invertir en compañías de energía en España y Portugal, recomendando no comprar ningún valor, al apreciar factores que pueden reducir significativamente sus ganancias en el periodo 2020-2025 y que no están siendo descontados por el mercado. Según expone, las rentabilidades de la distribución eléctrica pueden caer en el mercado ibérico cerca de un 40% en el periodo 2020-2025, que la próxima revisión regulatoria podría reducir en un tercio los ingresos de las renovables y que su incorporación tras las subastas ejercerá una presión a la baja sobre los precios a partir de finales de 2019 y 2020.

Por eso, reduce en promedio la previsión de beneficio de esas compañías en un 8% para el periodo 2020-2025, por lo que no recomienda comprar valores de eléctricas en el mercado ibérico, y dice que aprecia un riesgo a la baja de alrededor de un 15% en las acciones de la portuguesa EDP y Endesa sobre los niveles actuales. Fuentes del sector eléctrico manifestaron su descontento y lamentaron que los mensajes lanzados por el Gobierno en encuentros del tipo de Goldman Sachs pueden «desincentivar la inversión» en el sector eléctrico español y llamaron a la responsabilidad del Gobierno para promover la llegada de inversores a un sector estratégico en lugar de «espantarlos» así como adoptando medidas que mejoren la competitividad.

Por su parte, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables que han tenido lugar en España bajarán los precios del sistema, pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias. Entre las subastas han adjudicado 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s estima que estas subastas de renovables han reducido los costes de la electricidad y han transferido el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

Aragón cree que la regulación energética debe incluir a la Térmica de Andorra

EFE.- El Gobierno de Aragón ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sus aportaciones a los procesos de consulta pública previos a la elaboración de sendas regulaciones del sector energético, donde, entre otras cosas, insta que permanezca operativa la Central Térmica de Andorra, en Teruel.

A través de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, el ejecutivo autonómico ha trasladado al ministerio su opinión de que el mantenimiento de la actividad de la Central Térmica de Andorra es «no sólo oportuno, sino absolutamente necesario».

En el documento se asegura que el cierre de la central supondría «la pérdida de una garantía de suministro para el sistema, más aún cuando en el horizonte parece atisbarse un principio de recuperación económica y por tanto de actividad industrial y mayores consumos energéticos».

Pero también el cierre de una unidad de producción que tiene el carbón a escasos kilómetros, «sin depender por tanto de suministros de importación sujetos a posibles desabastecimientos».

E inciden en la «gran repercusión» que para la economía de toda la provincia tiene la actividad minero-eléctrica, que genera en torno a 3.500 empleos directos e indirectos en un territorio con una de las menores densidades de población en Europa.

La Unión Europea obliga a ejecutar una serie de inversiones en la Térmica de Andorra para disminuir las emisiones contaminantes y, en caso contrario, fija la fecha de junio de 2020 para que mantenga su actividad.

En la consulta del ministerio se pregunta por los procedimientos que deberían seguirse en el supuesto de que el titular, en este caso Enel a través de Endesa, solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema.

El Gobierno de Aragón recuerda a este respecto que si Red Eléctrica Española (REE) considera que la continuidad de una central es necesaria para el sistema, el Ministerio puede denegar la solicitud de cierre.

Si no se consideran de esta forma, existen otras posibilidades, como la retribución de pagos por capacidad, de tal forma que la central continúe estando disponible a disposición de las necesidades del sistema. Y también se puede llega a un acuerdo con la propietaria de la central para asumir los costes derivados de la «hibernación» de la misma, de tal forma que no tuviera repercusión negativa en su cuenta de resultados.

Aunque el ejecutivo reconoce que estas fórmulas «difícilmente» permitirían mantener el empleo actual en central o en las minas.