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El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

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Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

Energía ya ha remitido el informe del IGME sobre Doñana a Gas Natural mientras Izquierda Unida exige que se publique

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Europa Press.- La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere (IU) exige al Gobierno una copia del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido». En este sentido, la Dirección General de Política Energéticas y Minas, perteneciente al Ministerio de Energía, ya ha remitido a Gas Natural el informe.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

Fuentes del Ministerio han explicado que la resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de marzo de 2016, en línea con los requerimientos del IGME sobre Marismas Occidental, señala que «con anterioridad a la solicitud del acta de puesta en servicio el promotor, en este caso Gas Natural, deberá realizar una serie de estudios complementarios, necesarios según el IGME para la operación de la instalación, pero no para la fase de construcción».

Gas Natural ya presentó los citados estudios, que fueron remitidos al IGME. A su vez, el IGME emitió un informe al respecto el pasado diciembre donde se realizan «una serie de observaciones de carácter técnico». Tras esto, Energía ya ha remitido este informe a Gas Natural y «le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME» o, en su caso, «formulen las observaciones oportunas». En estos momentos, según las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía se encuentra «a la espera de la contestación del promotor«. Por otro lado, las fuentes ministeriales recordaron que, según lo previsto en la autorización, este no podrá funcionar en tanto el IGME «no dé su plena conformidad «.

IU pide paralizar los proyectos

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice «de inmediato» los proyectos que afectan al Parque Natural de Doñana y avisa de que «podemos estar ante un nuevo caso Castor«. Esta ha sido también la línea seguida por Sempere en el Congreso de los Diputados, que además de una copia del informe del IGME ha solicitado al Gobierno una valoración del documento así como la «posible paralización cautelar del proyecto gasístico».

Sempere detalló que, según el informe filtrado, en la zona del proyecto conocida como Marismas-3, Gas Natural atribuye «peligrosidades por inundaciones de carácter baja o media», mientras que los técnicos del IGME consideran la zona «al límite de lo establecido por inundaciones peligrosas para las personas«. Igualmente, el informe señala que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

En lo que se refiere a Bruselas, Albiol, en una nueva pregunta sobre Doñana a la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa el informe del IGME y también el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en julio del año pasado «alertó del riesgo sísmico en la zona que acarreaba el proyecto gasístico». «Además del daño medioambiental irreparable, nos tememos que estamos ante un nuevo caso Castor, ante un nuevo favor del Gobierno a las empresas que financian al PP y que luego se lo devuelven vía sobres», denunció.

La CNMC asegura que la orden ministerial de derechos de cobro del sistema gasista encarece el recibo en 8,2 millones

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la propuesta de orden del Ministerio de Energía que establece los tipos de interés de los derechos de cobro del sistema gasista incrementa los costes que se repercuten a los consumidores en la factura del gas en más de 8,2 millones de euros.

Esta propuesta de orden ministerial fija una metodología que difiere de la que en su día elaboró la CNMC que, según la Comisión que preside José María Marín Quemada, es «más robusta y refleja más adecuadamente las condiciones de mercado». Con esta propuesta de orden se determina el tipo de interés definitivo que se aplica a los derechos de cobro del déficit acumulado del sistema gasista al finalizar 2014, los desajustes anuales y el desvío en la retribución del gas destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.

Concretamente, la metodología aprobada por la CNMC supondría una reducción de 8,2 millones de euros en los costes del sistema gasista respecto a la propuesta de orden, millones que se repercuten a los consumidores a través de la factura del gas en el horizonte temporal que abarcan dichos derechos de cobro. En este sentido la CNMC recuerda que uno de los principios rectores de la Ley 18/2014 es que «en las metodologías retributivas reguladas en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema».

La CNMC considera que se deberían mantener de forma definitiva los tipos de interés propuestos por la Comisión y que hasta ahora han sido reconocidos como tipos de interés provisionales en las anteriores órdenes ministeriales de peajes y retribuciones.  Además, respecto a la amortización anticipada de los distintos derechos de cobro, la orden del Ministerio establece que se aplicará en primer lugar al desajuste del ejercicio más antiguo. La CNMC considera que la opción más beneficiosa desde el punto de vista económico sería amortizar el derecho de cobro que suponga un mayor ahorro en costes para el sistema gasista, en lugar de al más antiguo.

Respecto a la cesión de los derechos de cobro del déficit 2014, el organismo revela que la mayoría de titulares de este derecho le indicaron que han cedido esos derechos. Por último, teniendo en cuenta que la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se ha aprobado en noviembre, se calcula el tipo de interés y las anualidades que resultan para el desajuste 2016 de acuerdo con la metodología de la CNMC.

Nadal resalta la «alineación total» del Gobierno y los sindicatos de la minería para evitar el cierre de las térmicas

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Europa Press.- Mientras UGT anuncia encuentros con el resto de partidos para evitar el cierre de las centrales de carbón, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que existe una «alineación total» entre los sindicatos de la minería y el Gobierno en evitar el cierre de las centrales térmicas en España, «sobre todo si no es por una causa justificada». En este sentido, Nadal valoró muy positivamente la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el conjunto de la industria.

A este respecto, el ministro de Energía defendió la tesis del Gobierno de que “si una central no pierde dinero, es rentable y necesaria para el sistema, se debe mantener y seguir funcionando», algo compartido por los sindicatos. Así, subrayó que pidió a los sindicatos que «trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad”, así como a «todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial». A este respecto, advirtió que todas las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que «son pérdida de puestos de trabajo industriales».

En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el medio utilizado para indemnizar a Escal por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico. Nadal reconoció que es «complicado» ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula «el acto formal de un artículo en concreto».

Los sindicatos apoyan al ministro

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su apoyo a la postura del ministro de Energía sobre el cierre de las térmicas y ha anunciado que pondrá en marcha una ronda de reuniones con partidos políticos a nivel nacional y con las autonomías afectadas «para que apuesten por el mantenimiento» del carbón en el mix eléctrico. En este sentido, el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, concretó que van a pedir reuniones a los 3 presidentes de las autonomías afectadas por el cierre de las térmicas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para que, desde sus puestos, «presionen a los grupos políticos» contrarios a su mantenimiento.

Factura un 30% más cara

Hojas ha trasladado públicamente a Nadal «que no se sienta solo» y que «en ningún caso tiene que ceder a las presiones que está recibiendo». Hojas ha afirmado que, «sin las centrales nucleares y de carbón conectadas, la factura de la luz habría sido un 30% más cara«, por lo que ha pedido que las propuestas trasladadas desde el grupo de expertos de UGT se transformen en «un gran Pacto de Estado» en el que todos los actores diseñen «una política energética que garantice unas tarifas que no sean un factor de pérdida de competitividad».

También ha llamado a las empresas eléctricas «a que digan la verdad» sobre las emisiones. «Lo que tienen que hacer es invertir en las centrales de carbón», ha reiterado, añadiendo que » si las empresas térmicas hubieran invertido sus cuantiosos beneficios en tecnología de vanguardia, las emisiones serían mucho menores». Finalmente, Hojas ha llamado a elaborar políticas energéticas a largo plazo, «fuera de populismos y política fácil que busque votos» y advirtió de los «grandes riesgos» de deslocalización de grandes empresas si no hay una energía competitiva a precios europeos.

Tanquem Cofrents exige el cierre de la central nuclear de Cofrentes y ve «sospechosa» la última parada de la planta

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Europa Press.- La central nuclear de Cofrentes (Valencia) realizó una parada programada para realizar actividades de mantenimiento en el sistema hidráulico de accionamiento de barras de control, según indicó la instalación, propiedad de Iberdrola. No obstante, fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital explicaron que esta parada de mantenimiento no entra dentro de las programadas para el conjunto del año y señalaron que se comunicó «con tres días de antelación».

Por su parte, la plataforma Tanquem Cofrents ha exigido el cierre de la central nuclear para «salvaguardar la seguridad de las personas y el medio ambiente» ya que ve «sospechosa» e «incomprensible» esta parada, que asegura que fue «no programada», puesto que la instalación llevaba «menos de un mes» en funcionamiento, tras mantenerse sin actividad durante 75 días consecutivos antes de diciembre por una «parada programada que se encadenó con la avería de una válvula«.

Ya sustituyó los elevadores hidráulicos

La plataforma sostiene que la «única explicación posible» es que «haya pesado más la urgencia de poner en marcha la central que la seguridad de las personas y el medio ambiente» y critica que Iberdrola, propietaria de la central, priorice «su beneficio económico a corto plazo». Tanquem Cofrents asegura que «no es la primera vez» que la central nuclear valenciana tiene problemas con los elevadores hidráulicos y sostiene que la de Cofrentes es la única del mundo que ha tenido que sustituir todos estos dispositivos, algo que hizo en 2007.

La plataforma exige una «explicación pública y completa» de las circunstancias de la última avería y considera que la «reiteración» en las incidencias es la causa de una «falta de cultura de seguridad mínimamente adecuada por parte de los gestores de una instalación tan peligrosa como Cofrentes». Del mismo modo, denuncian que esta acumulación de averías demuestra que las instalaciones están «envejecidas y deterioradas», por lo que es una «irresponsabilidad» mantener la central en marcha después de 2021, cuando expira su permiso de funcionamiento, aunque exigen su «cierre definitivo ya«.

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

El Gobierno impulsa la incorporación de una nueva conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está trabajando para incorporar con carácter urgente a la planificación energética un nuevo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca, que se unirá al ya planificado, cuya fecha de puesta en funcionamiento está prevista para 2020. El Ministerio indicó que la seguridad y calidad del suministro eléctrico se encuentran garantizadas en las islas y subrayó que con esta decisión de acelerar la tramitación de un nuevo enlace se verán reforzadas en el medio plazo.

Además, el Ministerio destacó que de esta manera se reforzará la conexión de Menorca con el resto del sistema eléctrico. Energía señaló que ha comunicado esta decisión al Gobierno de Baleares y que comenzará los trámites necesarios para la inclusión del segundo cable en la planificación «a la mayor brevedad». Además, el Ministerio ha solicitado al Gobierno autonómico balear su colaboración en la realización de los procedimientos administrativos que son de su competencia y que resultan necesarios para el enlace ya planificado. En este sentido, se ha acordado también la constitución de un grupo de coordinación para realizar un seguimiento detallado de toda la tramitación.

El sindicato UGT-Fica defiende las centrales térmicas de carbón y se concentra contra su cierre ante el Ministerio de Energía

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Europa Press.- El sindicato UGT-Fica celebró una concentración de trabajadores de las centrales térmicas de Anllares, Velilla, Compostilla (Castilla y León) y Lada (Asturias) ante la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en defensa de las centrales térmicas de carbón y contra su cierre, según indicó el secretario general del sindicato UGT-Fica, Pedro Hojas.

A finales del pasado mes de noviembre, los sindicatos ya rechazaron el cierre de las centrales térmicas de carbón y denunciaron la «estrategia perfectamente diseñada» por los responsables de las principales compañías eléctricas para intentar provocar una situación tal que aboque a su clausura. Asimismo, exigieron el cumplimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018 y solicitaron una reunión urgente de la comisión de seguimiento.

El CES considera que el bono social de electricidad debería ser financiado por los Presupuestos y no por las comercializadoras

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Europa Press.- El Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social de electricidad debería ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas. El CES señala que la electricidad es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».

El Gobierno aprobó en octubre el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o sobre los Presupuestos.

Asimismo, el CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda replantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin. Además, aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables ya que los límites de consumo anual que establece la nueva regulación, de a partir de 1.200 kWh, «son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto».

Por otra parte, el organismo defiende promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red. Así, ve necesaria una revisión completa de la normativa del sector en esta materia y, en concreto, del tratamiento de los costes regulados. Para ello, pide una modificación de la regulación y avanzar «hacia un marco jurídico estable» para conseguir promover y alcanzar los objetivos fijados por la Directiva comunitaria, «asegurando una aplicación neutra para el conjunto de los consumidores”.

En su informe, el CES subraya que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción bajo en carbono. El CES, que también considera necesario trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, también respalda la cogeneración y ve necesario el desarrollo de las interconexiones internacionales.

Además, afirma que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo. Por otra parte, pide la adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. A este respecto, el CES propone un plan estratégico sobre transición justa, planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.