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Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

Iberdrola gana 2.091 millones de euros hasta septiembre, un 13,5% menos, por la ausencia de extraordinarios respecto al año pasado

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Europa Press.– Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.091 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 13,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la ausencia de extraordinarios, indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el pasado ejercicio la energética registró 759 millones de euros de partidas extraordinarias positivas correspondientes a la fusión de Siemens Gamesa, plusvalías de Neoenergia o la revisión del precio de contratos de aprovisionamiento de gas en España. Así, el beneficio neto ordinario del grupo, excluyendo estos extraordinarios, fue de 2.051,3 millones de euros durante los 9 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 38% con respecto al mismo periodo del 2017.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola a cierre de septiembre se situó en los 6.720 millones de euros, con un incremento del 22,5% debido, principalmente, a la buena marcha del negocio internacional, que contrasta con la peor evolución en España. Iberdrola reiteró que los resultados obtenidos hasta septiembre le permiten confirmar las previsiones para final de año de un Ebitda superior a los 9.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.000 millones de euros para 2018.

Por su parte, el negocio de Generación y Clientes en España, cuya posición neta es compradora de energía al tener más mercado que generación propia, redujo sus resultados en un entorno de mayores precios en el mercado mayorista, y de subida de las materias primas y de los derechos de emisión de CO2. Mientras, las inversiones ascendieron a 3.645 millones de euros, de las que cerca de un 80% se destinaron a Redes y Renovables.

Las medidas para combatir la subida de la luz tendrán un impacto en el sistema eléctrico de 910 millones

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Europa Press.- Las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno para combatir la subida del precio de la electricidad tendrán un impacto total de 910 millones de euros sobre el sistema eléctrico. Entre estas medidas figuran la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el PP,así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde o la supresión del conocido como impuesto al sol.

Según consta en la memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto-ley, este impacto de las medidas será de 300 millones de euros en este ejercicio y de 610 millones de euros en 2019. De esta cifra, el mayor importe corresponderá a la suspensión del impuesto a la producción del 7% durante 6 meses, que ascenderá a un total de 534 millones de euros, de los cuales 265 millones corresponden a este año y 269 millones al próximo ejercicio. Por su parte, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos tendrá una afección sobre los costes del sistema eléctrico de unos 125 millones de euros, con un total de 25 millones en 2018 y de 100 millones en 2019.

Además, medidas como la reducción de la potencia contratada por los consumidores encaminadas a rebajar la factura de la luz se estima que tendrán un impacto de unos 144,6 millones de euros (unos 4,6 millones de euros en 2018 y 140 millones de euros en 2019). También impactarán en los ingresos del sistema eléctrico el cambio a discriminación horaria, con unos 98 millones de euros (6 millones de euros este año y 92 millones de euros en 2019) y el autoconsumo, con una estimación de unos 9,75 millones de euros, todos en el próximo ejercicio.

Para contrarrestar este impacto, el Gobierno cuenta con la compensación por mayores ingresos de las subastas de emisiones de CO2, adicionales a los 450 millones de euros que se destinan ya al sistema eléctrico. En concreto, estima que estos ingresos ascenderán a 850 millones de euros en 2018 y a 538 millones de euros en 2019, lo que permitirá hacer frente a ese impacto de 300 millones de euros este año y de 610 millones de euros el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Gobierno considera que la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica tendrá un impacto económico en la factura de electricidad por el coste de energía de unos 200 millones de euros, añadiendo además la menor factura por IVA del consumidor. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos a la generación eléctrica, que supone minorar el efecto multiplicador del precio del mercado de producción en las horas que los ciclos combinados marquen el precio marginal en el mercado o sirvan de referencia a tecnologías que lo sustituyan, tendrá un impacto durante 2019 de unos 53 millones de euros.

Así, según una estimación con datos de 2017 de la introducción de estas medidas, siendo de aplicación la suspensión del impuesto del 7% durante 3 meses del año y la eliminación el impuesto especial de hidrocarburos durante todo el año, la reducción de la factura de un consumidor medio por peaje de acceso habría sido del 2,16% para un consumidor doméstico (2.0 A) y del 2,97% para una pyme (3.0). Para un consumidor industrial (6.1) esta reducción en la factura llegaría hasta el 3,73%, mientras que para un gran consumidor industrial (6.4) alcanzaría el 5%.

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

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Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

2018 apunta con 59,5 euros/MWh a ser el segundo año con el precio del mercado eléctrico más elevado desde 1998

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Europa Press.- El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en septiembre los 71,3 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 45% con respecto al mismo mes del año pasado. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio es un 10,8% superior al registrado el pasado agosto.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español se sitúa en los 60 euros por MWh, un 1,9% más caro que hace un mes, y un 11,1% superior a la cotización del mercado alemán, que era de 54 euros por MWh. Así, considerando la evolución del mercado diario y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 es de 59,5 euros por MWh, un precio un 14,1% mayor que el de 2017. AEGE destacó que, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998, tan sólo por detrás de 2008.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante obedece a impuestos. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

75,37 euros de factura mensual

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supone un aumento en el recibo de electricidad de septiembre de casi el 3,5% con respecto a agosto de los consumidores, encadenando así su sexto mes al alza. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico superó en septiembre los 75,37 euros. De este importe de la factura, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este septiembre en el recibo es de un 15,39%, más de 10 euros.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en septiembre la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorar el bono social eléctrico y crear un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

En concreto, esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. Además, la ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

El tercer recibo más caro

Por su parte, Facua destacó que la subida de septiembre convierte a esta factura eléctrica mensual en la tercera más cara de la historia. Según los datos de Facua, 83,55 euros es lo que ha pagado un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas reguladas PVPC de todo el mes de septiembre. En cuanto al precio de la energía consumida, en septiembre el kWh se ha situado en 17,58 céntimos (13,83 más impuestos), un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del 2017.

Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este mes de septiembre. La cuarta factura más elevada fue de 81,18 euros, correspondiente a la tarifa de julio de 2015, y la quinta 80,73 euros, de agosto de 2018.

Facua trasladó al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y luchar contra la pobreza energética. La bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas reclamadas. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, aunque la principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

La asociación advierte además de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las compañías eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

Las renovables aportaron 9.304 millones al PIB en 2017 y generaron puestos de trabajo gracias a las últimas subastas del Gobierno

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Europa Press. – El sector renovable contribuyó con 9.304 millones de euros al PIB español en 2017, representando el 0,8% de la economía nacional, y volvió a generar empleo, con la creación de 4.101 puestos de trabajo, impulsado por la reactivación que produjeron las últimas subastas de potencia ‘verde’ del Gobierno.

Específicamente, las renovables aportaron 1.089 millones de euros en fiscalidad neta y establecieron un nuevo récord de exportaciones, alcanzando los 4.564 millones de euros, que arrojó una balanza comercial positiva de 3.117 millones de euros, según datos del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

En otro sentido, ese aumento en el empleo, que estuvo principalmente afianzado en el crecimiento en las tecnologías eólica y solar por las subastas de renovables de 2016 y 2017, lleva la cifra del sector a los 78.667 puestos de trabajo, la más alta desde 2013. A este respecto, el director general de la asociación, José María González Moya, ha considerado que este incremento se mantendrá «el próximo año».

En relación a esto, González Moya ha apuntado que la transición energética podría representar para el sector energético unas inversiones de unos 100.000 millones de euros, de los que unos 30.000 o 40.000 millones de euros serían para las renovables, y una generación de empleo cercana a los 130.000 nuevos puestos de trabajo.

 

Descendieron los ahorros en el mercado eléctrico

Si se habla de los ahorros producidos en el mercado eléctrico por las renovables, en 2017 cayeron a prácticamente la mitad con respecto al ejercicio anterior, hasta los 2.584 millones de euros, debido a la menor producción renovable, principalmente hidráulica, así como al comportamiento de las nucleares francesas.

Así, el año pasado el precio medio del mercado eléctrico se situó en 52,24 euros por megavatio hora, mientras que de no haber tenido la aportación renovable en el mercado habría sido 10,23 euros por MWh más caro.

Un dato destacable es que las energías renovables evitaron en 2017 las emisiones de 56,85 millones de toneladas de CO2, valoradas en 332 millones de euros.

En otro sentido, APPA ha advertido que en 2017 España ha sufrido un cambio en la tendencia que se venía registrando en los últimos años y se «ha alejado» de los objetivos del 20% de renovables para 2020. Esto fue debido a  la baja producción hidráulica, consecuencia de la sequía que sufrió el país el pasado ejercicio, lo que lastró la generación renovable, que cayó un 16,4%, y que, al no haberse incorporado apenas nueva potencia ‘verde’ para sustituir esa disminución situó el porcentaje de renovables sobre energía final bruto en el 16,7%, «prácticamente en tasas del año 2012», ha asegurado González Moya.

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, ha insistido en la necesidad para el sector de contar con un marco regulatorio «estable» para acometer las inversiones y  una ha pedido una fiscalidad que recoja el principio de «quien contamina paga».

Respecto a la revisión que se aplicará a la rentabilidad razonable para el sector para el periodo regulatorio que se iniciará en 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone que sea recortada a entre el 7,04% y el 7,18%, frente al 7,5% actual, Villarig se mostró «preocupado».

Sin embargo, el presidente ha mostrado su «esperanza» en que el actual Ejecutivo cumpla el compromiso de mantenerla que hizo previo a ser titular del Gobierno y cuando estaba en la oposición.

 

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

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Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

La comercializadora Gana Energía prevé que el precio mayorista de la electricidad termine 2018 con un incremento del 39%

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EFE / Europa Press.- La comercializadora de electricidad Gana Energía estima que 2018 se cerrará con un incremento del precio de la electricidad del 39% con respecto al año anterior, según indicó. Gana Energía ha precisado que la tendencia es que el precio de la luz, que viene incrementándose desde abril y que este mes de septiembre ha marcado máximos anuales, continúe subiendo hasta finales de 2018 e, incluso, parte de 2019, pudiendo alcanzar en el mercado mayorista los 81,45 euros el megavatio hora (MWh).

Según esta comercializadora, España es el país europeo con el precio de la electricidad más elevado antes de impuestos y el quinto, ya con impuestos incluidos. A juicio del socio director de Gana Energía, el actual sistema de subasta de electricidad, por el que se fija el precio de la electricidad en el mercado mayorista, no favorece al consumidor y considera que hay que hacer un cambio. En su opinión, un cambio regulatorio, el impulso a las renovables, la reducción de la dependencia energética de otros países y una mayor competencia ayudarían a reducir el precio en el mercado energético.

75,93 euros por megavatio hora

Por otro lado, el precio diario mayorista de la luz tocó un nuevo máximo anual, con una media de 75,93 euros por megavatio hora (MWh), según datos del operador del mercado ibérico (OMIE). Este repunte de precios ahonda así en la tendencia alcista del mercado eléctrico, el conocido como pool, superando de nuevo los 75 euros por MWh que ya había pulverizado el 12 de septiembre (75,39 euros por MWh).

La baja aportación de las energías renovables, especialmente de la eólica, al mix diario, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo, están contribuyendo a que se mantenga esta tendencia alcista en el precio mayorista de la luz, según indicaron fuentes del sector. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Este verano, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación por el «alto» precio de la energía, a pesar de tratarse de una «situación coyuntural», y aseguró estar preocupada por si había «algo más» detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un «análisis del comportamiento» para «garantizar que el mercado funciona correctamente», una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su «colaboración».