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Más de la mitad de usuarios del bono social de electricidad podrían quedarse sin descuento

EFE. – La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha advertido que más de la mitad de los usuarios que disfrutan de un descuento en su factura eléctrica como beneficiarios del Bono Social podrían perder esta bonificación si antes del próximo 10 de abril no han comunicado de nuevo sus datos a la administración.

Desde la organización de consumidores han explicado durante la presentación de su balance anual que una modificación legal obliga a estas personas a volver a presentar sus datos en el sistema, pero denuncian que la administración no ha informado correctamente a los beneficiarios. «No hay una campaña de información ni de sensibilización», ha criticado la presidenta de la UCA, Fernanda Blanco, quien ha lamentado que la responsabilidad haya recaído sobre las empresas del sector.

En este sentido, según la presidenta, son las sociedades eléctricas las encargadas de hacerse frente a los pagos de estos descuentos. «En la mayor parte de los casos son gente a la que hay que ayudar a rellenar la solicitud porque no saben leer ni escribir o porque son extranjeros que no dominan el idioma», ha asegurado Blanco.

Desde la UCA, han explicado que si estas personas no pueden acceder finalmente al Bono Social y tienen problemas para hacer frente a sus facturas será la propia administración la que deba pagarlo a través de las ayudas de urgencia que figuran en la Ley de Pobreza Energética.

 

15.000 castellanomanechegos piden el bono social de Iberdrola

Más de 15.000 castellanomanchegos han presentado la solicitud del bono social de Iberdrola, de los cuales la compañía ha respondido ya a 8.975 y ha considerado positivas a 7.595, lo que supone un 85%.

Así, el delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Venancio Rubio, ha animado a los castellanomanchegos en situación de vulnerabilidad a solicitar el bono social y ha ofrecido los datos de las peticiones recibidas.

El nuevo bono social de Iberdrola cuenta con un período transitorio de seis meses y el período de solicitud terminará el próximo 10 de abril aunque el consumidor vulnerable no pierde el derecho a solicitar el nuevo bono social si aún no lo ha hecho antes del 10 abril.

Los clientes beneficiarios del bono social se clasifican en tres categorías: consumidor vulnerable al que se aplicaría un descuento del 25 por ciento; vulnerable severo, que tiene una reducción del 40 por ciento, y cliente en riesgo de exclusión social, con un descuento de hasta el cien por cien.

Gas Natural insiste en la necesidad de reglamentar la ley de pobreza energética mientras el Ministerio ofrece colaborar con Cataluña

EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento.

Villaseca indicó que la ley de pobreza energética «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. Apuntó, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas «propuestas de protocolo» de actuación, pero que «no es ningún documento que tenga validez legal», y ha subrayado que el propio Parlamento le recordó al Gobierno que estaba pendiente de reglamentar la ley.

«En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe», ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión. Villaseca remarcó que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se comunicaron 88 casos.

«No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad, no nos ha comunicado nada en estos más de tres años», afirmó el directivo, que tampoco comprende «cómo es posible» que después de dos meses de corte de luz «nadie informara de esta situación». «El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este», precisó Villaseca respecto a la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela.

Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia «no se trata tanto de hablar de responsabilidades», sino de «hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder». «La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser», ha reconocido Villaseca, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando «es la administración la que ha de poner las reglas del juego».

El Ministerio ofrece su cooperación

Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ofreció su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. Así lo expresó Nadal, que indicó que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía». A este respecto, recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas.

En el caso de Reus, lamentó que «no se pudo actuar de la manera que todo el mundo había deseado», ya que existe tanto un fondo municipal para hacer frente a estas situaciones como una normativa autonómica que no se aplicó. En esta línea, destacó que la mujer fallecida como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su vivienda, al no contar con electricidad, se había beneficiado de ese mismo fondo para pagar el agua.

Cataluña sancionará a Gas Natural

El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat catalana, Jordi Baiget, advirtió que «sancionarán a Gas Natural Fenosa por el caso de la anciana de Reus que murió, si no le informaron previamente antes de cortar la luz, porque la ley es muy clara». Baiget indicó que la Generalitat está pendiente de recibir la respuesta de la compañía a su requerimiento de información. Asimismo informó de que el Gobierno se reunirá con Gas Natural para «resolver lo que nos falta para cumplir con la ley catalana que es firmar convenios con las compañías para condonar la deuda que generan las familias en situación vulnerable».

El responsable de Empresa y Conocimiento de la Generalitat insistió que «la ley es muy clara y funciona sin el reglamento» que reclama ahora Gas Natural Fenosa. Baiget respondió así al consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca. Asimismo, el consejero confirmó que recibió la llamada del ministro Álvaro Nadal para interesarse sobre el tema y los dos coincidieron que las administraciones deben trabajar conjuntamente para evitar otros casos como el de Reus. Desde que está en vigor la ley, la Generalitat asegura que se actuó en 39.000 ocasiones para evitar cortes en los suministros.

En el pacto contra la pobreza energética, Baiget aseguró que uno de los puntos que faltan es el de definir quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas. Así, lamentó que «nos hemos reunido 25 veces con las empresas eléctricas para poder llegar a un acuerdo: lo hemos conseguido con las empresas de agua, pero no con las empresas de electricidad». El consejero señaló que «no tiene sentido que las compañías eléctricas con un beneficio conjunto, hasta el tercer trimestre de este año, de 4.500 millones de euros, no acepten el bono social ni firmen convenios de pobreza energética».

Durante su discurso, Baiget reivindicó un pacto empresa-sociedad que integre las «políticas de responsabilidad social empresarial como un valor de cada empresa» y en este sentido, dijo que «cortar la electricidad a las personas vulnerables no es responsabilidad social empresarial». Baiget considera poco «productiva» la petición de Unidos Podemos de que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. “Tienen la libertad de pedirlo pero los políticos y la Generalitat tienen que trabajar para resolver problemas de pobreza energética”, dijo.

Facua pide al Gobierno proteger por ley de la pobreza energética a las familias vulnerables

Europa Press/Servimedia.- La asociación Facua-Consumidores en Acción pidió este lunes al Gobierno que apruebe una norma estatal para proteger a las familias más vulnerables de los daños que les provoca la denominada ‘pobreza energética’. Le insiste en «que no demore más su actuación» e impida que las familias afectadas sigan sufriendo cortes de luz por impago.

Además, la asociación reclama al Gobierno que asuma estas competencias y proteja a los afectados por pobreza energética tras el fallo del Constitucional que imposibilita a las comunidades autónomas legislar sobre la cuestión.

Facua considera que el bono social es el único instrumento dispuesto por el Gobierno para proteger a los usuarios más vulnerables y que este no es suficiente para responder a la situación de pobreza energética. Además, según una encuesta de 2014, el 48% de los consumidores desconocían la existencia del citado bono.

La asociación recuerda que, de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el número de usuarios que se han acogido al ‘bono social’ de electricidad se ha reducido un 18% entre 2009, año en el que se implantó, y 2015, pasando de tres millones a 2,45 millones de beneficiarios.

Facua afirma que Endesa e Iberdrola realizaron 506.481 cortes de suministro (un 5,9% más que en 2014) el pasado año, según la información que ambas compañías remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).