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La Comisión Europea adquiere dos laboratorios de control de emisiones de vehículos que funcionarán en 2020

Europa Press. – La Comisión Europea ha comunicado la adquisición de dos Laboratorios de Emisiones de Vehículos (VELA), que serán gestionados por el Centro Común de Investigación (JRC) y estarán operativos en 2020.

Así, Bruselas refuerza, de esta manera, sus recursos de cara a la entrada en vigor en septiembre de 2020 de la nueva normativa de homologación de vehículos y supervisión de mercado. Los dos nuevos laboratorios se suman a los otros cuatro que tiene el Ejecutivo comunitario para llevar a cabo pruebas en coches de forma independiente a los estados miembros.

Según la organización europea, los dos nuevos laboratorios estarán preparados en febrero de 2019 y empezarán a funcionar en 2020 para realizar pruebas a vehículos tanto en laboratorio (WLTP) como en situaciones de conducción real en carretera (RDE).

Para seguir las normas que reglan la homologación europea de vehículos, la Comisión Europea podrá llevar a cabo controles con el objetivo de ordenar la retirada en el bloque comunitario de aquellos vehículos que incumplen la legislación sobre emisiones. Actualmente, esta competencia recae sobre los países, por lo que las cifras sobre retiradas de vehículos «difieren sustancialmente» de unos a otros, según ha denunciado el Ejecutivo comunitario.

En este sentido, el comisario de Medio Ambiente y Pesca, Karmenu Vella, ha manifestado que los precios de coches diésel de segunda mano están cayendo «y eso hace feliz a mucha gente», pero ha advertido de que «muchos otros están sufriendo por la pobre calidad del aire».

Según Vella, «no podemos permitir que los problemas locales de calidad del aire cambien del oeste al este dentro de la Unión Europea gracias a las exportaciones de coches diésel contaminantes».

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

La Junta de Andalucía y Equo «no entienden» la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica

Europa Press / EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, asegura que la retribución a Gas Natural Fenosa de 6,34 millones de euros por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana «no la entiende nadie», toda vez que exige al Gobierno central que «escuche el clamor social que existe en Andalucía y haga una evaluación conjunta de las consecuencias que puede tener este proyecto para Doñana y para su entorno».

Fiscal asegura que la retribución que el Gobierno concede a Gas Natural por el proyecto de Doñana «más allá de que esté recogido en la norma; no lo entiende nadie», y en cualquier caso, añade, «el impacto hubiese sido mucho menor si, tal y como le pide la sociedad andaluza en su conjunto, partidos políticos, ONG y ayuntamientos, hubiese evaluado este proyecto conjuntamente y no parcelado en cuatro subproyectos». Por tanto, Fiscal señala que la Junta, por su parte, «ha emitido autorizaciones ambientales negativas, blindando el Espacio Natural de Doñana».

Precisamente, Fiscal señala que de esta tema tratará el 19 de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, al que trasladará la realidad de Doñana, «haciendo hincapié en este proyecto para que, dado que la Unión Europea es una administración con los ojos puestos en el Espacio Natural, exija al Gobierno central que haga una evaluación conjunta de forma que conozcamos las sinergias así como los efectos que el proyecto puede tener para una joya natural como ésta», toda vez que asegura que la Junta «va a impedir por todos los medios este o cualquier otro proyecto que pueda poner en riesgo el espacio».

Por tanto, Fiscal reitera su petición al Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de un proyecto sobre el que considera que el Gobierno del PP “ha dado un acelerón que solamente la Junta ha conseguido frenar». Por último, y cuestionado sobre si las autoridades europeas tendrían capacidad de frenar este proyecto, Fiscal cree que por «lo menos tendrían capacidad de influir en el Gobierno, que es de quien depende sustantivamente el proyecto del gas, para que se analizaran las consecuencias del conjunto del proyecto y Doñana no se viera en ningún caso perjudicada».

«Retribución del Gobierno de Zapatero”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, negó que los 6,34 millones de euros reconocidos a Gas Natural «sean una subvención» y ha explicado que se trata «del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior«. Sanz ha recordado que el almacén «fue planificado por el Gobierno en 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia», con lo que considera «muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones».

Además, Sanz apunta que «cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, pero también de la Junta», por lo que «sorprende que la actuación de la Junta sea criticar esta actuación». Por tanto, el delegado del Gobierno pide «un poco de coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia» porque, añade, «sería deseable que en esta materia se sea responsable con lo que se hace, y cuando se deja el Gobierno, al menos se reconozca que la responsabilidad no la tiene el actual».

Equo pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Equo exige explicaciones al Gobierno tras conocer la retribución a Gas Natural Fenosa y ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que cuestiona al Ejecutivo sobre esta partida y sobre su justificación para reconocerla. En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la «enorme oposición» que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. «Ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente», sentencia.

Bruselas estudia crear un fondo de garantías para promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea

EFE.- La Comisión Europea estudiará la creación de un fondo de garantías para contribuir a promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea, es decir, energía a partir de las olas y las mareas. El Foro sobre Energía Oceánica presentó una hoja de ruta para garantizar el 10% del consumo energético de Europa a partir de la energía undimotriz y mareomotriz, algo que requeriría un fondo de inversión de 250 millones de euros y un fondo de garantías de 70 millones.

El comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimo y Pesca, Karmenu Vella, ha constatado que «la hoja de ruta estima que la energía oceánica podría cubrir hasta el 10% de la demanda energética de la Unión Europea de aquí al 2050», algo que permitiría recortar las emisiones en 276 millones de toneladas de CO2 al año. «La Comisión estudiará ahora el establecimiento de un fondo de garantías y contribuirá a través del mejor uso de los recursos e instrumentos existentes» como el programa de ayudas a la investigación Horizonte 2020, así como el marco financiero plurianual, según avanzaron fuentes del Ejecutivo comunitario.