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La propuesta de acabar con el cambio de hora reaviva el debate sobre el huso horario y el ahorro energético

EFE.– El anuncio de que se podrían eliminar los cambios de hora ha suscitado el apoyo general de Gobierno, consumidores, sindicatos o empresarios, aunque aún no esté claro si seguiría el horario de verano o el de invierno, y ha reavivado el debate del huso horario de España. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se constituirá una comisión de expertos encargada de evaluar la conveniencia de cambiar el huso horario ya que precisa de un «gran consenso».

Desde que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciara que millones de ciudadanos europeos manifestaron, en una encuesta, no querer cambiar los relojes, el debate en España se ha trasladado, en parte, al huso horario que ocupa: por su geografía debería tener la misma hora que Londres o Lisboa, pero desde la II Guerra Mundial tiene la de París o la de Berlín.

En la Unión Europea hay tres zonas horarias en las que los países han escogido diferentes husos y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no descarta que España pueda tener “otro huso horario” más acorde con su posición geográfica: «Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes«, manifestó. Borrell incidió en que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo donde «todos los países tendrán que explicar su punto de vista y cómo se adaptan los horarios a las horas de luz y consumos de energía«.

Unos 4,6 millones de europeos de los 28 países de la Unión hicieron sus aportaciones a través de un cuestionario en línea. Ahora los parlamentarios de cada país tendrán que explicar cómo afecta a los ciudadanos de cada país; esa es la gran virtud que tiene la asamblea parlamentaria, que a veces dicen que tiene poca utilidad, esta es la prueba de que tendrá que decidir sobre un problema que afecta a la vida de la gente, la economía y el consumo energético», defendió Borrell.

Tal y como apunta Sandalio Gómez, profesor del IESE, ahora sería un buen momento para reflexionar sobre el huso horario español y sería muy oportuno modificarlo. También para Pedro Aznar, de Esade, para quien «seguramente sería positivo», especialmente si «va acompañado de horarios de trabajo más racionales». Desde Facua-Consumidores se pide al Gobierno que adapte el huso de Londres y, en este sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló que todos estos temas están en la agenda del Ejecutivo.

Terminar con el cambio de hora, además del huso horario, también pone encima de la mesa el debate sobre la conciliación, ya que expertos sostienen que un cambio de huso horario ayudaría a racionalizar horarios, y sobre los beneficios que para la salud podría tener no mover los relojes y el supuesto ahorro energético. Precisamente, la Comisión Europea decidió plantear esta propuesta dado que los beneficios del cambio horario son «marginales y no hay ningún estudio que diga lo contrario».

Pero, ¿y ahora qué va a pasar? La Comisión Europea presentará «en su debido momento» una propuesta legislativa para poner fin al cambio horario, según el portavoz comunitario Alexander Winterstein, quien precisó que el establecimiento del horario en cada Estado miembro «será siempre una competencia nacional«. El portavoz puntualizó las palabras de Juncker, quien había dejado entrever que se mantendría el horario de verano. Desde el Gobierno español, Celaá afirmó que el Ejecutivo está de acuerdo con la línea europea, aunque no entró en detalles sobre si apoya el de verano o el de invierno.

Las organizaciones ecologistas prefirieron no hacer una valoración sobre esta medida porque aún no es definitiva, si bien coincidieron en que si se elimina el cambio de horario es necesario hacer una evaluación sobre la demanda energética y las emisiones. Además, y en cuanto al supuesto ahorro energético, lo que se deberían hacer son cambios de calado que ahorren un 20-30%, pero el cambio horario no tiene un gran significado ni para la economía ni para la energía porque no hay estudios que lo avalen.

Arias Cañete aplaude los nombramientos como ministros de Calviño, Borrell y Ribera mientras Extremadura cree que apostarán por las renovables

EFE.- Mientras el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, cree que la postura del nuevo Gobierno español más favorable a las energías renovables que el anterior Ejecutivo supone «una oportunidad para Extremadura», el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, aplaudió el nombramiento de tres de los nuevos ministros españoles a los que conoce en profundidad y que gestionarán la lucha contra el cambio climático, la economía y la política exterior de España.

«Tengo una muy buena relación con Teresa Ribera. Espero del nuevo Gobierno español que apoye las ambiciosas políticas de la Comisión Europea en materia de cambio climático y energía», declaró el eurocomisario, que el próximo lunes coincidirá con la titular española en el consejo de ministros de Energía de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo. Además, el comisario agregó que planea «visitar Madrid próximamente para discutir con el nuevo Gobierno su plan nacional de cambio climático y energía».

“Oportunidad” para renovables en Extremadura

Por su parte, el consejero extremeño indicó, tras reunirse en Bruselas con el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, que éste le ha transmitido la postura del nuevo Gobierno español «más favorable» a elevar los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables, con lo que se ha mostrado «satisfecho«. En este sentido, el director general de Energía le ha trasladado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya habría comunicado a la Comisión Europea su disposición a apoyar de manera decidida el objetivo de energías renovables en la Unión Europea para 2030, según apuntó la Junta de Extremadura.

Un objetivo que en estos momentos bascula entre el 27% que propone el Consejo Europeo y la cuota mínima del 35% aprobada por el Parlamento Europeo, por encima de lo que piden los Estados miembros. Según Navarro, Ristori les ha transmitido que «se necesita el apoyo de los Estados más fuertes para lograr objetivos más ambiciosos en renovables», pero «hasta ahora en el Gobierno español no había encontrado ese apoyo«.

De modo que el cambio que se ha producido recientemente, «con un Gobierno mucho más comprometido con las renovables, ha sido recibido con bastante satisfacción en la Comisión Europea«. En opinión del consejero, este giro en la postura del Gobierno español, a favor de las energías renovables, «puede venir muy bien» a la comunidad ya que «obliga a los gobiernos nacionales a contribuir al cumplimiento de esos objetivos y ahí Extremadura está muy bien posicionada».

De la misma manera, el consejero se mostró satisfecho por la posibilidad de contar con un mecanismo financiero adicional para desarrollar en la región un «ambicioso» proyecto, consistente en la construcción de una planta termosolar hibridada con fotovoltaica, incluso con otra tecnología, que supondría además «un importante avance tecnológico«. El proyecto surgido en el paternariado solar que lidera Extremadura en el seno de la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía de la Comisión Europea, podría contar con ayudas de los fondos CEF (Connecting Europe Facility). «Pensamos que es una gran oportunidad ya que el proyecto es de tal magnitud que imprescindiblemente, además de la implicación de empresas privadas, necesitaría un apoyo financiero institucional», resaltó Navarro.

La Audiencia Nacional absuelve al expresidente Benjumea y la excúpula de Abengoa por cobrar indemnizaciones millonarias siguiendo las exigencias legales

Europa Press.- La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de cerca de 11,5 millones y 4,5 millones respectivamente, ya que estas se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal exponen en una sentencia que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran elaborados para favorecer «improcedentemente» al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número dos puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.

El Ministerio Público solicitó 5 años de cárcel para Benjumea, 4 años y 3 meses para el que fuera consejero delegado y 4 años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal. El fiscal José Perals expuso en la vista oral que no tenían derecho a las indemnizaciones que cobraron a su salida de la entidad debido a la mala situación económica de la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.

Esos contratos, según el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en la redacción de los mismos. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran «torticeramente» al informar favorablemente. La Sala va más allá descartando «cualquier modo de confabulación» para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 «se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones».

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero «obedeció a razones objetivas y externas a él», en referencia a la condición «indispensable» impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que «fueron lentejas» y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente el 23 de septiembre de 2015.

Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exministro socialista Josep Borrell, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que Abengoa era una empresa en fuerte expansión, pese a que se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.

En el caso de Sánchez Ortega, que aseguró que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge que su salida se debió a razones «internas y subjetivas» y, por tanto, no cobró los 3 millones de euros acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y supuestamente sin percibir remuneración. Los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo no se reexpresaron ni reformularon los estados contables de la empresa, hecho utilizado por los acusados para defender su gestión al frente de Abengoa.

Benjumea alega que su indemnización para dejar la presidencia de Abengoa fue aprobada «con observancia estricta»

EFE / Servimedia.- Mientras el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, asegura que Abengoa «tiene un plan de futuro» y «lo pondrá en marcha», el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, acusado de presunta administración desleal junto a otros cuatro exdirectivos de la compañía, defiende la legalidad de los 11,4 millones de euros que recibió tras su cese al ser una indemnización acordada por los órganos competentes «con observancia estricta».

Así lo hace constar Benjumea en su escrito de defensa, en el que expone que la comisión de retribuciones se apoyó «en todo momento» en un análisis de mercado para avalar tanto su indemnización como la del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, fijada en 4,5 millones, tras lo cual fueron aprobadas y comunicadas a la CNMV. El documento matiza que la cantidad fue estipulada en función del contrato mercantil suscrito entre las partes en febrero de 2015 y que modificó las condiciones vigentes desde la entrada de Benjumea en el grupo en 1984, lo que permitió reducir los baremos.

Acerca de la renuncia del expresidente como consejero, asegura que «no comportó reconocimiento de percepción alguna». Sobre su posterior contratación como asesor, aprobada el mismo día del cese, alega que «constituye praxis común en todas las grandes compañías» a fin de no generar vacíos que perjudiquen a la firma. En este sentido, afirma que el contrato «siempre se dirigió a conseguir el beneficio de Abengoa», razón por la que Benjumea «no ha percibido un solo euro» derivado de estos servicios.

La defensa ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de una decena de personas, entre ellas el vicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique, y el directivo de HSBC, Pablo López, al considerar que estas entidades habrían forzado la salida de Benjumea para proceder a la inyección de capital. También pide que testifiquen el exministro de Obras Públicas y consejero de Abengoa en la época, Josep Borrell; el expresidente ejecutivo de la compañía, José Domínguez Abascal, y el exdirector financiero de la empresa, Jesús García.

Según fuentes jurídicas, la causa, en la que también figuran el expresidente Antonio Fornieles, la expresidenta de la comisión de retribuciones, Mercedes Gracia, y la exconsejera Alicia Velarde, permanece a la espera de que la Audiencia Nacional fije el calendario de sesiones. Todo ello después de que la juez Carmen Lamela decretase la apertura de juicio en un auto en el que también requería a los acusados para que presentasen de forma solidaria una fianza por responsabilidad civil de 3,4 millones, cuantía que, según las mismas fuentes, fue satisfecha por todos a excepción de Benjumea.

Aunque el frente judicial para la antigua cúpula de la multinacional sigue abierto en la misma Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno instruye otra querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, interpuesta por los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez por supuesto delito societario y falsedad en la inversión. Concretamente, denuncian que los administradores, a pesar de tener un presunto «pleno conocimiento» de la situación de Abengoa, ordenaron la confección de unos estados contables que «arrojaban unas óptimas cifras contrarias a la realidad». Del mismo modo, apuntan que «falsearon la información económica que Abengoa debía publicar», con lo que atrajeron inversores y financiación.

Fuentes de la Plataforma avanzaron su intención de ampliar las pesquisas a todos los miembros del Consejo entre 2014 y 2016, a la firma auditora Deloitte, así como a Abengoa como persona jurídica, una vez avance la instrucción. La Plataforma también estudia incluir en su querella la presunta comisión de delitos de estafa y falseamiento de información relevante, aunque, por ahora, continúa pendiente de recibir la documentación requerida por el juez a entidades y organismos varios a fin de esclarecer la situación de la multinacional.

«Abengoa tiene plan de futuro»

Por su parte, el consejero andaluz, José Sánchez Maldonado, indicó que «no he dejado de hablar con los responsables de la empresa y «no va a haber muchos más despidos ni pérdidas de empleo de las que ya se han producido». Según Sánchez Maldonado, el plan de futuro de Abengoa se centrará en cuatro líneas de actuación, aunque no detalló el contenido de las mismas. Sánchez Maldonado calificó a Abengoa de empresa «emblemática» y manifestó su confianza en que «volverá a resurgir, puesto que estoy convencido de la capacidad de sus actuales dirigentes de llevar a buen puerto de nuevo la empresa y su crecimiento».

Borrell defiende el trabajo en Abengoa y se muestra tranquilo para declarar

EFE.- El exministro Josep Borrell ha defendido hoy las cuentas y el trabajo realizado como consejero en Abengoa para evitar la quiebra de la compañía y se ha mostrado «absolutamente tranquilo» ante la decisión de la Audiencia Nacional de pedir su declaración.

«Estoy absolutamente tranquilo y dispuesto a colaborar con la Justicia para esclarecer cualquier clase de problema», ha declarado Borrell en una entrevista en Onda Cero, en la que también ha señalado que esa declaración puede ser «la ocasión de acabar de una vez con el ruido, las intoxicaciones interesadas e infundios que circulan acerca de las cuentas de Abengoa».

Ayer, la Audiencia Nacional ordenó al juez Ismael Moreno que admita a trámite la querella presentada contra Abengoa, Deloitte y 19 consejeros y exconsejeros del grupo andaluz, entre ellos el exministro Josep Borrell, por la presunta alteración de las cuentas de la empresa, y que les llame a declarar.

Borrell ha recordado que esta demanda se desestimó inicialmente por falta de elementos que la avalasen, pero que irá a declarar «con la mejor intención de colaborar» y el «mayor respeto» a la Justicia.

El exministro también ha defendido que las cuentas de Abengoa de 2015 «deben de haber sido las más auditadas del mundo» sin que se detectaran irregularidades contables.

«Yo no digo que la empresa no tuviera problemas pero una cosa es tener problemas y otra es irregularidades contables», ha subrayado Borrell que ha dicho que el debate sobre la gestión de Abengoa debe enmarcarse en muchas circunstancias como la bajada del precio del crudo, la crisis de Brasil o los cambios regulatorias.

La Audiencia Nacional ordena tomar declaración a Borrell y a otros consejeros de Abengoa

EFE.- La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Ismael Moreno que admita a trámite la querella presentada contra Abengoa, Deloitte y 19 consejeros y exconsejeros del grupo andaluz, entre ellos el exministro Josep Borrell, por la presunta alteración de las cuentas de la empresa, y que les llame a declarar.

En un auto fechado hoy, la sección cuarta de la Sala de lo Penal estima el recurso interpuesto por los representantes legales de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 2 de rechazar la querella.

El pasado 19 de abril, el juzgado acordó no admitir a trámite la querella, decisión contra la que la Plataforma formuló un recurso de reforma que también fue desestimado el 4 de mayo.

La querella estaba dirigida contra las personas jurídicas Abengoa y Deloitte y contra 19 personas físicas, todas ellas miembros o exmiembros del consejo de administración del grupo andaluz.

Los querellantes denunciaban presuntos delitos societarios, entre ellos administración desleal, falseamiento de documentación contable y de información económicofinanciera.

El auto recurrido señalaba que la querella no exponía en qué consistió la alteración de las cuentas ni especificaba qué anotaciones contables se habían alterado ni aportaba ninguna documentación.

Sin embargo, la Sala recuerda que «sólo procederá la inadmisión a trámite de la querella si de la simple lectura de la misma se puede descartar la tipicidad de los hechos que en ella se expresan».

Si eso no ocurre, añade, «habrá de admitirse a trámite y será más tarde, en el ámbito del procedimiento correspondiente, donde ha de decidirse la continuación en la tramitación de la causa o su sobreseimiento».

Además, señala el auto, para resolver la admisión a trámite de una querella «el juez no ha de entrar en contacto con ningún medio de prueba ni diligencia de investigación».

La Sala concluye que, puesto que los hechos reflejados en la querella «pudieran ser constitutivos de los delitos que en la misma se expresan», procede estimar el recurso de apelación.

El auto -contra el que no cabe recurso- señala que el juez deberá tomar declaración a los querellados y decidir después «acerca del resto de las pruebas pedidas con total libertad de criterio».

Borrell no asistió al consejo que aprobó las indemnizaciones a los directivos de Abengoa, pero lo hizo por delegación

Servimedia / EFE.- El exministro socialista de Obras Públicas, Josep Borrell, afirmó a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que no asistió a la reunión del consejo de administración de Abengoa celebrada en septiembre de 2015, en el que se aprobaron indemnizaciones millonarias para el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y el exCEO, Manuel Sánchez Ortega.

Sin embargo, Borrell reconoció en su declaración como testigo que delegó su voto de manera «automática» y que su representante sí refrendó el pago de esas indemnizaciones, según explicó el letrado de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa , que representa a un centenar de accionistas y bonistas de la compañía y está personada en la causa. La jueza Lamela trata de esclarecer el origen de las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, tras su salida de Abengoa poco antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores.

Borrell explicó que el día de la reunión del consejo estuvo en un acto de presentación de su libro Cuentas y cuentos de la independencia y aseguró que las dificultades financieras de Abengoa fueron una «sorpresa» para el consejo, que en todo momento pensó que la situación era saneada. Sin embargo, la defensa de los accionistas destaca que fue ese consejo del 23 de septiembre el mismo que tramitó créditos bancarios que supusieron la inyección de 160 millones de euros de liquidez y que quedaron tramitados esa misma noche. Los dos directivos imputados por administración desleal e información privilegiada han venido sosteniendo que Abengoa sólo tenía un problema de liquidez, una idea que también defendió el exministro en su declaración.

Comparecencia de todo el consejo

La magistrada ya ha rechazado en dos ocasiones ampliar la querella al resto de miembros del consejo, al considerar que «podría provocar un retraso injustificado en el procedimiento». Esta semana también están compareciendo Santiago Seage, Mercedes Gracia, Ricardo Martínez y Alicia Velardo, José Joaquín Abaurre, José Luis Aya, Ignacio Solís, Fernando Solís, Carlos Sundheim, Ricardo Hausmann, Claudi Santiago y José Domínguez Abascal. Estas citaciones fueron solicitadas por la Fiscalía, que pidió que declararan los miembros del consejo de administración que aprobaron las indemnizaciones en la misma reunión en la que aprobó una ampliación de capital por la precaria situación económica de la empresa. Se trata de comprobar si la decisión se tomó con conocimiento de la situación real de Abengoa.

La defensa de los afectados de Abengoa destaca que Borrell fue quien firmó en nombre de la multinacional la modificación del contrato mercantil de los dos directivos a contrato laboral en febrero de 2015, para adaptarse a la nueva legislación. Precisamente, con motivo de ese cambio se aprobó el monto de las nuevas indemnizaciones. Según la consulta de esta Plataforma a las cuentas depositadas por Abengoa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las indemnizaciones se elevaron a 16 millones en el caso de Benjumea y a 8 para Sánchez Ortega, en virtud del pago de varios seguros.

El expresidente del Parlamento Europeo aseguró que comparecía con la voluntad de “colaborar con la Justicia y ayudar a la juez Lamela a esclarecer lo sucedido”. Preguntado por el elevado monto de las indemnizaciones y la contratación de Benjumea como asesor externo, Borrell aseguró en su declaración que era importante conservar el «talento» en Abengoa y por ello se le contrató tras su salida de la multinacional. Por su parte, Santiago Seage, declaró en el mismo sentido que Borrell y aseguró que la contratación de Benjumea como asesor externo se decidió «por el bien de los accionistas» de la compañía.

La causa contra Benjumea y Sánchez Ortega se inició el pasado diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían «asegurar su permanencia en el cargo». Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que también se enfrenta a una acusación por uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.